SAP Madrid 404/2006, 29 de Junio de 2006
| Ponente | MARIA TARDON OLMOS |
| ECLI | ES:APM:2006:7271 |
| Número de Recurso | 64/2006 |
| Número de Resolución | 404/2006 |
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 27ª |
MARIA TARDON OLMOS FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES MARIA TERESA CHACON ALONSO
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID.
SECCIÓN VIGÉSIMO SÉPTIMA
ROLLO Nº 64/2006 -RP
JUICIO ORAL Nº 157/2005
JUZGADO DE LO PENAL Nº 11 de MADRID
SENTENCIA Nº 404/2006
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS
DÑA. MARIA TARDON OLMOS (PONENTE)
D. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES
DÑA. MARIA TERESA CHACÓN ALONSO
En Madrid, a veintinueve de junio de dos mil seis.
Vistos, en segunda instancia ante la Sección Vigésimo Séptima de esta Audiencia Provincial de Madrid, los autos correspondientes al juicio oral nº 157/2005 de los de el Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid, seguidos por delito de Lesiones, contra el acusado D. Eusebio y venidos a conocimiento de este Tribunal a virtud de recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por la representación procesal de Dña. María Esther, contra la sentencia dictada por el indicado Juzgado de lo Penal en fecha 6 de junio de 2005; habiendo sido partes en la sustanciación del presente recurso dicha apelante, representada por el Procurador Sr. Nuñez Pagan y defendida por el Letrado Sr. Luis de Villora, con adhesión efectuada por el Ministerio Fiscal, y con impugnación formalmente efectuada por el mencionado acusado, representado por la Procuradora Sra. Esquerdo Villodres y defendido por el Letrado Sr. García Martín; siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada de este Tribunal Dña. MARIA TARDON OLMOS.
Por el Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid, se dictó, con fecha 6 de junio de 2005, Sentencia en el referido proceso cuya parte dispositiva dice literalmente lo siguiente: "Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a Eusebio con DNI NUM000 (folio 3) de los hechos a que se refieren las presentes actuaciones, declarando de oficio las costas devengadas."
En la interposición del recurso la representación procesal de la apelante Dña. María Esther, alegó lo que estimó de aplicación en apoyo de sus pretensiones.
Al dar traslado del recurso planteado a las partes, el Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 12 de diciembre de 2005, se adhiere al recurso interpuesto, y la representación de D. Eusebio, en escrito de fecha 25 de noviembre de 2005, ha impugnado el recurso solicitando la confirmación de la resolución recurrida.
Recibidas las actuaciones en esta Sección de la Audiencia Provincial, se formó el correspondiente rollo de apelación, y por providencia de 26 de Enero de 2006 se señaló para deliberación el día 8 de mayo siguiente.
SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, que se dan aquí por reproducidos.
Impugna la apelante, con la adhesión del Ministerio Fiscal, la sentencia dictada en el presente procedimiento, alegando que incurre en error en la apreciación de la prueba, por cuanto de su declaración y de la del propio acusado queda probada la existencia de unos malos tratos.
Según el Tribunal Constitucional, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Tribunal Superior para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un -novum iuditium- (SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93, 120/1994, 272/1994 y 157/1995 ). Si bien, se excluye toda posibilidad de -reformatio in peius-; es decir, una reforma de la situación jurídica creada en la primera instancia, que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual aquél en cuyo perjuicio se produce no tuvo ocasión de defenderse, salvo, claro está, que el perjuicio resulte como consecuencia de la aplicación de normas de orden público o del principio de legalidad cuya recta aplicación es siempre deber de los Jueces y Tribunales (SSTC 15/1987, 17/1989 y 47/1993 ). El supremo intérprete del texto constitucional tiene también igualmente declarado que nada se ha de oponer a una resolución que a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia, (STC 43/1997 ), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba" el Juez -ad quem- se halla "en idéntica situación que el Juez a quo" (STC 172/1997, fundamento jurídico 4º; y asimismo, SSTC 102/1994, 120/1994, 272/1994, 157/1995, 176/1995 ). En consecuencia, "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como, examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo" (SSTC 124/1983, 23/1985, 54/1985, 145/1987, 194/1990, 323/1993, 172/1997 y 120/1999 ).
Sin embargo, esta doctrina sobre el recurso de apelación ha sido matizada y, en no escasa medida, rectificada por la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2002, para los supuestos de recursos de apelación contra sentencias absolutorias. En estos casos, cuando la revisión se centra en la apreciación de la prueba, es decir, si en la segunda instancia no se practican nuevas pruebas no puede el Tribunal -ad quem- revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, siempre que por la índole de las mismas sea exigible la inmediación y la contradicción (fundamento jurídico primero, en relación con los fundamentos jurídicos ordinales 9 a...
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