STS 770/2023, 17 de Octubre de 2023

PRIMERO .- La Sentencia dictada con fecha 11 de octubre de 2021, por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, confirmó la de fecha 1 de junio de 2021, pronunciada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, por la que se condenó a la acusada Sonsoles, como autora de un delito de asesinato del art.139.1.1ª del C. Penal en grado de tentativa acabada, concurriendo la agravante mixta de parentesco del art. 23 del mismo texto legal, a la pena de once años, tres meses y un día de prisión, con las accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio directo o indirecto con Donato durante 15 años, la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, exclusivamente en su vertiente de prohibir cualquier comunicación directa o indirecta y derecho de visitas de la acusada, respecto de su hijo durante el tiempo que ésta permanezca ingresada en prisión, es decir, mientras la acusada se encuentre en Centro Penitenciario, y a que indemnice a Donato, en la cantidad de 121.908 euros, suma que devengara los intereses legales del art. 576 de la LECivil, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Frente a dicha resolución judicial, ha interpuesto este recurso de casación la representación procesal de la referida acusada, recurso que seguidamente procedemos a analizar y resolver.

SEGUNDO .- Mediante el motivo primero, formalizado al amparo de lo autorizado en los arts. 852 Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo.

Considera el recurrente que los resultados arrojados por los distintos medios de prueba practicados durante el juicio no debieron permitir al Tribunal alcanzar una firme y plena convicción de que la acusada fuera autora de los hechos en la forma en que ha sido consignados en la sentencia, y esta falta de convicción plena solo puede ser resuelta a través del derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, rechazando una actitud alevosa, en favor de la existencia de un mecanismo de arrebato.

El recurso de casación frente a las Sentencias dictadas en apelación por los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, responde a este esquema esencial:

1. El recurso de casación se plantea frente a la Sentencia resolutoria del recurso de apelación, de ahí que no puedan ser reclamadas cuestiones jurídicas "per saltum", sencillamente porque no se ha dado oportunidad al órgano de apelación de resolverlas y se produce el vicio constitucional de inexistencia de contradicción, que no puede ser sustituida por otra en instancia superior, porque las partes tienen derecho de interpelarse entre sí en todas las instancias, no cuando el recurrente desee plantear su disidencia. Por lo demás, tales cuestiones ya han sido consentidas por la parte que improcedentemente puentea la apelación.

2. Frente a tal Sentencia, el recurrente deberá plantear su discrepancia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria.

3. En el ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

4. No le corresponde a esta Sala casacional la valoración de pruebas que no ha presenciado con la debida inmediación, ni sustituir la valoración probatoria de la sala de instancia por la que proponen alguna de las partes.

5. Si de lo que se trata es de una infracción de ley, la función primordial de la casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala, en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal.

6. Los quebrantamientos de forma, solamente acceden a la casación si han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a nuestro recurso.

TERCERO .- Descendiendo al caso concreto, el Tribunal sentenciador tuvo en consideración para declarar el factum al que llegan: a) el expreso reconocimiento de la acusada del apuñalamiento por la espalda a preguntas del Ministerio Fiscal; b) la naturaleza del arma empleada (cuchillo de cocina de 17 cm de hoja y 28,05 centímetros de longitud), las zonas vitales de la anatomía a la que fue dirigida la primera cuchillada, escápula izquierda la cual penetró hasta la pleura pulmonar ocasionando un neumotórax y colapso pulmonar, herida potencialmente mortal de no haberse actuado con asistencia médica rápida y eficaz, y la reiteración de cuchilladas; c) la producción de la puñalada por la espalda, que en palabras del médico forense, la persona que maneja el arma está por detrás porque es inverosímil otro mecanismo; d) la zona vital donde se dirigió el primer ataque y la existencia de un segundo ataque y un posterior forcejeo; e) la acusada actuó con evidente dolo de matar asumiendo que la muerte de la víctima podría ser el resultado más que probable de su acción.

Respecto a la trayectoria de las cuchilladas, las dos primeras se dirigieron hacia una zona vital como es la región torácica y la lesión pulmonar en palabras del forense Ángel tiene carácter grave y fue potencialmente mortal de no haber recibido asistencia médica inmediata y eficaz y la segunda se dirigió al pecho aunque la víctima lograra desviarla, donde existen órganos cuya afectación puede derivar en la pérdida de la vida. Por último, según resulta de las lesiones padecidas fueron varios los ataques que cesaron tras un forcejeo entre acusado y víctima.

CUARTO .- El carácter alevoso del ataque resulta claramente del acometimiento por la espalda, tras una discusión, de la que, en absoluto, pudiera esperarse una reacción tan desproporcionada, de modo que la eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima que la alevosía exige ha de ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia, y es compatible con intentos defensivos nacidos del propio instinto de conservación pero sin capacidad verdadera de surtir efecto contra el agresor y la acción homicida.

Por otra parte, el dolo eventual surge, según describe el factum, del comportamiento que inspiró la acción del recurrente, compatible con la agravante que se discute. Así lo ha admitido la jurisprudencia de esta Sala. En palabras de la STS 563/2015 de 24 de septiembre (que condensa otros precedentes sobre este extremo) "no hay ninguna incompatibilidad ni conceptual ni ontológica en que el agente trate de asegurar la ejecución evitando la reacción de la víctima - aseguramiento de la ejecución- y que al mismo tiempo continúe con la acción que puede tener como resultado de alta probabilidad la muerte de la víctima, la que acepta en la medida que no renuncia a los actos efectuados".

La alevosía es compatible con una situación de pelea verbal en determinados supuestos en que concurren circunstancias excepcionales, como sucede en el caso enjuiciado. Aquí no estamos en presencia de una riña mutuamente aceptada, a la que se ha referido nuestra jurisprudencia para excluir la alevosía porque se considera que todos los participantes en ella pueden esperar un ataque de los demás intervinientes.

Tampoco sería de aplicación la teoría de la alevosía frustrada, acuñada por la STS 790/2021, de 18 de octubre, según la cual para que la alevosía cualifique el homicidio convirtiéndolo en asesinato ha de ser predicable del tramo final del episodio y no solo del inicio de la agresión, porque tal estructura argumental no es aplicable al caso enjuiciado en estas actuaciones

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

QUINTO .- En el segundo motivo, la recurrente, al amparo de lo autorizado en el art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.

La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que se citen con toda precisión los documentos en que se base la queja casacional, incorporados a la causa, con designación expresa de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido; c) que tales documentos sean literosuficientes, es decir, que basten por sí mismos para llegar a la conclusión acreditativa que se pretende, evidenciando el objeto de prueba sin necesidad de acudir a otras fuentes probatorias o a complejos desarrollos argumentales; d) que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa; e) que el recurrente lleve a cabo, al menos, una mínima justificación argumental como causa de la impugnación; f) que el recurrente proponga una nueva redacción del "factum" derivada del error de hecho denunciado en el motivo; y g) que tal rectificación del "factum" no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear una premisa distinta a la establecida y, consiguientemente, para posibilitar una subsunción jurídica diferente de la que se impugna.

La recurrente propone que se añada a los hechos probados un nuevo apartado con la siguiente redacción: la acusada, diagnosticada de rasgo de personalidad impulsiva elevada en estabilidad emocional, en el momento del acaloramiento producido por la fuerte discusión mantenida con Donato, sufrió una merma de su condición, deliberando peor sobre las consecuencias de su actuación.

Es el antecedente previo de su motivo siguiente, solicitando la estimación de una disminución en su imputabilidad consecuencia de tal pérdida del control de sus actos derivado del acaloramiento desembocado por la discusión.

El TSJ, en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia apelación, da cumplida respuesta a idéntica pretensión planteada en el recurso de apelación. Por un lado, considera huérfana de prueba la alegación sobre la concurrencia de un estado pasional arrebato en la conducta de la acusada, porque se pretende sustentar en las declaraciones de la víctima o de una vecina sobre el estado en que se encontraba tras suceder los hechos o en un informe psiquiátrico elaborado años después de ocurridos los hechos. Y entiende que la ejecución del plan en la forma en que se declara probada, no permite considerar la presencia de una emoción súbita y de corta duración que module la responsabilidad de la acusada. Por otro lado, señala que: a) consta en el informe médico forense que la acusada, horas después de los hechos, fuese examinada por el psiquiatra de urgencias quien no detectó psicopatología alguna salvo la ansiedad reactiva a la situación estresante y se afirmaba que conservaba el juicio de la realidad; b) los médicos forenses que la asistieron en el juzgado de guardia no encontraron alteraciones intelectuales, de pensamiento, percepción, memoria, ni del estado de ánimo, conservando un juicio correcto de la realidad; c) que el diagnóstico de los profesionales que la han atendido desde la niñez solo informan de rasgos de personalidad como una forma de ser y no de trastornos, concluyendo que no presenta psicopatología y mantenía íntegra la capacidad la capacidad intelecto volitiva; y d) el propio informe de parte sostiene que al tratarse de diagnóstico retrospectivo tiene sin duda dificultades, dado que falta la observación y exploración directa en el momento de los hechos y no podemos obviar las dudas que pueden quedar abiertas en muchos casos, así como que las conclusiones son meras hipótesis de cómo pudo encontrarse una persona ante unos hechos.

Como dice acertadamente el Ministerio Fiscal, la respuesta del Tribunal de apelación permite comprobar que existiendo dictámenes contradictorios, el Tribunal se ha inclinado por aquellos que se realizaron con inmediación a la comisión del hecho y que no advirtieron trastorno alguno conductual en la persona de la acusada, supuesto en el que según reiterada doctrina jurisprudencial, no es posible estimar el motivo por el error de hecho en la apreciación de la prueba.

El motivo no puede prosperar.

SEXTO .- En el motivo tercero, y al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se reclama la atenuante de arrebato del artículo 21.3º del Código Penal, bien como propia o como analógica del artículo 21.7º del mismo texto legal.

La atenuante de estado pasional requiere de los siguientes elementos: a) el objetivo que lo conforman las causas o estímulos poderosos y b) el subjetivo que es la producción de arrebato, obcecación u otro estado pasional de semejante entidad, debiendo ambos elementos estar ligados en una relación de causalidad psicológica y determinante de la acción.

Y como requisitos:

1. Debe constatarse la existencia de estímulos o causas, generalmente procedentes de la víctima ( STS 256/2002, de 13 de febrero), que puedan ser calificados como poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. Es en este sentido en el que ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre el estímulo y la alteración de la conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la reacción resulta absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador no cabe aplicar la atenuación ( STS de 27 de febrero de 1992), pues no es posible otorgar efectos atenúatenos a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en que el arrebato consiste y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor ( STS 1483/2000, de 6 de octubre).

2. La activación de los impulsos ha de ser debida a circunstancias no rechazables por las normas socioculturales de convivencia. El estímulo no debe ser repudiable desde la perspectiva de un observador imparcial dentro del marco normal de convivencia ( STS 1301/2000, de 17 de julio). Por tanto, la actuación del agente se ha de producir dentro de un cierto sentido ético ya que su conducta y sus estímulos, no pueden estar amparadas por el Derecho cuando se apoyan en una actitud antisocial reprobada por la conciencia social imperante ( STS 114/2021, de 11 de febrero).

3. Tiene que existir una razonable conexión temporal entre la causa o el estímulo y la emoción o la pasión con la que se ha actuado.

4. Además ha de existir también una relación causal entre estímulo y acción delictiva, de manera que la conducta sea una consecuencia de la trascendencia del estímulo.

5. Debe probarse, finalmente, que tal estímulo, desde un plano psicológico, produjo necesariamente la reacción del agente, juzgada en la causa.

Ninguno de tales requisitos se cumple, a tenor de los hechos probados, y por ello, el recurrente anuda el éxito de la pretensión a la estimación del motivo anterior. Pero la desestimación de este último, conduce directamente al rechazo del presente motivo.

Por lo demás, resulta evidente que las desavenencias mantenidas entre agresor y su víctima como consecuencia de la demanda de guarda y custodia, en modo alguno pueden sustentar la existencia de estímulos o causas, que puedan ser calificados como poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción de la acusada de acabar con la vida de su pareja, como tampoco puede ocasionar un estado de ofuscación, incompatible, además, con la forma del ataque que revela una evidente frialdad de ánimo en su ejecución.

Si no es posible apreciar la atenuante por ausencia de sus requisitos básicos, menos aún se puede apreciar como atenuante por analogía, o con el carácter de muy cualificada.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

SÉPTIMO .- Por el motivo cuarto, formalizado por estricta infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se pretende la estimación de la atenuante de reparación del daño del artículo 21.5º del Código Penal.

El planteamiento del recurrente en este caso se basa en una mera suposición, pues ni consta en los hechos probados elemento alguno de donde deducir que se ha reparado en términos económicos el delito, ni puede producirse una conducta de tal naturaleza, toda vez que, con los datos integrados en la pieza de responsabilidad civil, se ha acreditado el estado de insolvencia de la acusada, ofreciendo una consignación de 7.000 euros.

La reciente STS 953/2021, de 2 de diciembre, reitera que la reparación debe ser relevante, atendiendo no sólo al daño patrimonial, sino al dañomoral y personalísimo en hechos de especial gravedad.

Y aunque no pueden pasar desapercibidos, tanto el contexto económico o las posibilidades patrimoniales del acusado y su entorno para indemnizar ( STS 612/2005, de 12 de mayo), no puede estimarse si no hay algún componente económico de donde extraer la consecuencia del esfuerzo (económico) del acusado para resarcir del delito a la víctima, ya que esta atenuante no puede basarse en un mero deseo.

Hemos declarado con reiteración que la reparación ha de ser significativa y satisfactoria desde el punto de vista de la víctima. Lo meramente simbólico, no repara nada. Ni el perjudicado por el delito tiene culpa de que el autor del hecho delictivo sea insolvente, ni puede estimarse concurrente tal atenuante en lo que dista mucho de ser una completa reparación económica de las lesiones y de los daños morales derivados de un ataque mortal, siempre tomando en consideración que no es significativamente esencial, pues los daños ocasionados respecto de bienes jurídicos personales, son irreparables y carecen de vuelta atrás ( STS 612/2005, de 12 de mayo), quedando particularmente insatisfechos cuando el comportamiento delictivo que se persigue es de suma gravedad y comporta para la víctima una lesividad difícil de integrar en su experiencia vital.

Lo expuesto conduce al rechazo de la pretensión, porque la consignación de 7.000 euros constituye una reparación simbólica y no relevante de poco más del 5% del montante indemnizatorio fijado en la sentencia, que se ha fijado en la cantidad de 121.908 euros.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

OCTAVO .- Por el motivo quinto, formalizado al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de nuevo esta recurrente denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.

Trata de cuestionar la aplicación de la circunstancia mixta de parentesco, en este caso funcionando como agravante, a base de los informes forenses de fecha 23 de agosto de 2018 y 19 de noviembre de 2018, en los particulares en los que se recogen las manifestaciones del acusado respecto de su relación sentimental.

Con arreglo a los citados documentos propone la adición al relato de hechos probados del siguiente apartado: la procesada y el denunciante habían mantenido una relación sentimental análoga al matrimonio durante 13 meses conviviendo en el domicilio sito en la CALLE000 número NUM002 de Ciudad Real desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2018. Consta en los informes de los forenses que según les manifestó el lesionado la relación sentimental que ha mantenido con la acusada ha sido breve y poco satisfactoria, con continuas desavenencias.

Como dice el Ministerio Fiscal, el planteamiento del motivo conduce directamente a su rechazo, por qué no puede entenderse como documentos literosuficientes simples manifestaciones de un lesionado al médico forense encargado de su reconocimiento médico, cuando corresponde al Tribunal sentenciador la valoración de las pruebas practicadas a su presencia y sometidas a la necesaria contradicción.

De todos modos, del pasaje propuesto no se deduce la inexistencia de una relación análoga a la matrimonial, sino, por el contrario, un periodo de convivencia de relación afectiva.

En consecuencia, este motivo no puede prosperar, ni tampoco el siguiente, que trataba de anclar su fundamento jurídico en unos hechos probados modificados, pero que, al no producirse la estimación del motivo anterior, carecen ahora del adecuado sustento fáctico.

NOVENO .- En el motivo séptimo (numerado incorrectamente como octavo por el recurrente), y al amparo de lo autorizado en el art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la indebida aplicación de la medida de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad establecida en el artículo 55 del Código Penal, en su aspecto concerniente a la prohibición de cualquier comunicación directa o indirecta y derechos de visita a la madre.

Considera el recurrente, que la prohibición de contactos con el hijo menor de edad durante el largo período de tiempo que la madre permanecerá en un centro penitenciario, caso de confirmarse la sentencia, priva al propio hijo de la presencia de su madre y desatiende el interés superior del menor de contar con la figura materna. Se trata de una medida que no puede ser automática, sino que debe atender a las circunstancias del menor y a la necesaria vinculación materno filial.

Razona el Tribunal Superior de Justicia "a quo" (FJ 7º) que el artículo 55 CP se remite a la totalidad de la regulación civil sobre la privación de la patria potestad, incluso a su naturaleza protectora en cuanto su aplicación deriva de la naturaleza de protección al menor de edad. Por tanto, debe primar en su imposición, no la voluntad de sancionar al progenitor, sino la apreciación de un daño o de un riesgo probable del mismo para el desarrollo del menor de tal entidad que exija que se adopte esta medida. Consecuentemente la norma no establece ni exige que los delitos cometidos hubiesen recaído sobre el menor, de cuya patria potestad se prive, sino que el comportamiento delictivo objeto de condena tenga relación directa, con el ejercicio de la patria potestad, y los deberes que implica; al margen de cuál haya sido el comportamiento previo del condenado con el menor. Es, la protección del bien superior del menor, la finalidad que debe prevalecer para determinar la aplicación de esta inhabilitación especial.

La sentencia de primera instancia, dicen los jueces "a quibus", de forma ponderada y que consideramos acertada, asumiendo la gravedad de los hechos y su vinculación con las medidas paterno filiales (tanto si asumimos que se produce como consecuencia de la interposición de la demanda como si lo es porque se trata de un intento del padre de estar a solas con su hijo), se limita a inhabilitar a la acusada para el ejercicio de la patria potestad, prohibiendo exclusivamente cualquier comunicación directa o indirecta y derecho de visitas de la acusada, respecto de su hijo durante el tiempo que efectivamente permanezca ingresada en prisión, con exclusión de los permisos de salida y libertad que le pueda corresponder según el grado de clasificación. No podemos olvidar que ha intentado dejar sin padre al menor, que de haberse consumado hubiera implicado dejarlo en una situación de desamparo, al privar de la vida a uno de los progenitores, y lógicamente encontrarse el otro en situación de privación de libertad, con lo que ello conlleva de distorsión en su vida y desarrollo emocional, lo que no supuso un freno para la conducta de la acusada; y que ejecutó los hechos en su presencia más inmediata, aunque por su corta edad no los percibiera. El menor, nacido el NUM003 de 2017, dice la sentencia recurrida, en nada se beneficiaría de la relación en el centro penitenciario; sin perjuicio de los espacios que puedan crearse en los períodos de exclusión.

La sentencia se limita a inhabilitar a la acusada para el ejercicio de la patria potestad, prohibiendo las comunicaciones directas y derecho a visitas de la acusada respecto de su hijo durante el tiempo que efectivamente permanezca ingresada en prisión, con exclusión de los permisos de salida y libertad que le puedan corresponder según el grado de clasificación. Y, añade, que no se puede olvidar que ha intentado dejar sin padre al menor y que de haberse consumado la acción hubiera implicado dejar una situación de desamparo al privar de la vida a uno de los progenitores y lógicamente encontrarse el otro en situación de privación de libertad; aquello conlleva la distorsión en su vida y desarrollo emocional, a lo que debe añadirse que ejecutó los hechos en su presencia más inmediata, aunque por su corta edad no los percibiera.

La decisión del tribunal que limita los efectos expansivos de la pena impuesta atiende al interés superior del menor, siguiendo consolidada doctrina jurisprudencial de la que se hace eco la reciente STS 180/2020, de 19 de mayo, que señal en su FD 14:2.

El art. 55 CP, tras la reforma operada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, establece en relación a las penas de prisión igual o superior a diez años que el Juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad... o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Añade que esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia. Norma que priva de eficacia a la jurisprudencia anterior que declaraba que, ante la ausencia de previsión normativa, no cabía acordar la privación de la patria potestad mediante una aplicación directa por el Tribunal penal de las normas del derecho de familia ex art. 170 CC.

Expresamente la exposición de motivos del anteproyecto que da origen a la reforma, indicaba como motivos que justifican la incorporación de la privación de la patria potestad en el Código Penal el interés del menor y razones de economía procesal, al otorgar al Juez o Tribunal penal la facultad de aplicar lo dispuesto en el art. 170 del Código Civil, en cuanto esta norma contiene una atribución legal que determina una extensión de la jurisdicción de los tribunales penales a cuestiones que, en principio, corresponden a la jurisdicción civil.

Por tanto, con esta reforma del artículo 55 (en correlación con el art. 46) el Código Penal se remite a la totalidad de la regulación civil sobre la privación de la patria potestad, incluso a su naturaleza protectora en cuanto su aplicación deriva de la naturaleza de protección al menor de edad. Por tanto, debe primar en su imposición, no la voluntad de sancionar al progenitor, sino la apreciación de un daño o de un riesgo probable del mismo para el desarrollo del menor de tal entidad que exija que se adopte esta medida.

En desarrollo de ese precepto, el artículo 55 CP en la redacción reformada, esta Sala ha dictado las sentencias 568/2015 de 30 de septiembre; 118/2017 de 23 de febrero; 477/2017 de 26 de junio; 247/2018 de 24 de mayo; ó 452/2019, de 8 de octubre, que siguen el criterio protector expuesto frente al meramente sancionador.

Consecuentemente estas resoluciones expresan que la norma no establece ni exige que los delitos cometidos hubiesen recaído sobre el menor o persona con discapacidad, de cuya patria potestad se prive, sino que el comportamiento delictivo objeto de condena tenga relación directa, con el ejercicio de la patria potestad, y los deberes que implica; al margen de cuál haya sido el comportamiento previo del condenado con el menor o el que padezca cualquier tipo de discapacidad ( STS 118/2017 de 23 de febrero).

Es la protección del bien superior del menor, la finalidad que debe prevalecer para determinar la aplicación de esta inhabilitación especial ( STS 1083/2010, de 15 de diciembre). Igualmente, la 477/2017 de 26 de junio, con cita de las anteriores, recuerda que la finalidad que debe prevalecer para determinar la aplicación de esta inhabilitación especial es la protección del bien superior del menor, lo que resulta aplicable igualmente a los casos de privación del derecho.

De todos modos, el art. 94 del Código Civil, destaca, en su párrafo cuarto, que no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Y taxativamente, el párrafo quinto, que no procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

DÉCIMO .- Al proceder la desestimación del recurso, se está en el caso de condenar en costas procesales a las parte recurrente ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1. - DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la representación legal de la encausada DOÑA Sonsoles , frente a la Sentencia 45/2021, de 11 de octubre de 2021 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

2. - CONDENAR a dicha recurrente al pago de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por su recurso.

3. - COMUNICAR la presente resolución al Tribunal Superior de Justicia de procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.