ATS, 31 de Mayo de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 31 Mayo 2023 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 31/05/2023
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 7642/2021
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 DE BURGOS
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andrés Sánchez Guiu
Transcrito por: AVS/C
Nota:
CASACIÓN núm.: 7642/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andrés Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
En Madrid, a 31 de mayo de 2023.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.
La representación procesal de D. Carlos Jesús, actuando en su calidad de administrador concursal de Sílices del Mediterráneo, S.L., interpuso recurso de casación contra la sentencia n.º 385/2021, de 26 de julio, dictada por la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3.ª, en el rollo de apelación n.º 209/2021, dimanante de los autos de incidente concursal n.º 622/2014, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Burgos.
Mediante diligencia de ordenación se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
Formado el rollo de sala, se tuvo por personado al procurador D. Antonio Martínez de la Casa Rodríguez, en nombre y representación de D. Carlos Jesús, actuando en su calidad de administrador concursal de Sílices del Mediterráneo, S.L., en concepto de parte recurrente. Por su parte el Abogado del Estado presentó escrito en la representación que legalmente ostenta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, personándose en calidad de parte recurrida.
Por providencia de fecha 12 de abril de 2023 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Por diligencia de ordenación de fecha 3 de mayo de 2023 se hace constar que todas las partes personadas han presentado alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión.
Por la parte recurrente se ha constituido el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio tramitado por las normas del incidente concursal, el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, acreditando la existencia de interés casacional.
El recurso de casación se formula a través de la vía adecuada y se articula en torno a tres motivos.
El primero se encabeza: "Al amparo del artículo 477.2.3 y 477.3 por infracción por aplicación indebida de la D.T. 3 de la Ley 25/2015 al haber quedado derogada tras la entrada en vigor del R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal".
Estima la existencia de interés casacional al ser la norma invocada de vigencia inferior a cinco años.
Por su parte, el motivo segundo se encabeza: "Al amparo del artículo 477.2.3 y 477.3 por existir jurisprudencia contradictoria en relación con el artículo 247 del TRLC respecto a la fuerza vinculante de los informes trimestrales y no a ver deducido incidente concursal"
Invoca las SAP Valladolid, de 14 de noviembre de 2016, SAP Zaragoza, de 15 de septiembre de 2017 y SAP Murcia de 3 de diciembre de 2015, SAP Murcia de 20 de noviembre de 2014, SAP Murcia de 4 de diciembre de 2014, SAP Valencia de 18 de diciembre de 2020.
Añade que se infringe la doctrina de los actos propios. Cita la STS de 25 de julio de 2000, STS de 23 de octubre de 2017, STS de 13 de septiembre de 2017, STS de 2 de octubre de 2017. De igual forma, invoca la doctrina del ejercicio de los derechos conforme el principio de la buena fe, con cita de la STS de 4 de julio de 1997, STS de 7 de junio de 2010 y STS de 12 de diciembre de 2011. Finaliza con la alegación de la infracción de la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos, con cita de la STS de 26 de septiembre de 2013.
Finalmente, el motivo tercero se encabeza: "Al amparo del artículo 477.2.3 y 477.3 por inaplicación del Texto Refundido de la Ley Concursal y su posible retroactividad".
No cita precepto alguno como infringido, ni tampoco doctrina jurisprudencial alguna como vulnerada.
Así expuesto, el recurso de casación, ha de ser inadmitido. Su motivo primero al incurrir en la causa de inadmisión de ausencia de interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC) por ajustarse a la doctrina jurisprudencial (por no oponerse a la doctrina de la Sala), si se respetan los hechos probados y la ratio decidendi [razón de decidir] de la sentencia recurrida.
En materia de vigencia de la disposición transitoria tercera de la Ley 25/2015, tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, hemos dicho recientemente, en la STS 639/2021, de 28 de septiembre (Fundamento de Derecho Segundo) que:
"[...] conviene advertir que la DT3ª Ley 25/2015 no ha quedado derogada con la entrada en vigor del RDLeg 1/2020, de 5 de mayo. En primer lugar, no aparece mencionada expresamente en la enumeración contenida en el apartado 2 de la disposición derogatoria única del RDLeg 1/2020, de 5 de mayo.
Es cierto que la enumeración contenida en el apartado 2 de la disposición derogatoria única no constituye una lista cerrada, a tenor de su introducción:
"Quedan también derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto legislativo y en el texto refundido que aprueba y, en particular, las siguientes: (...)".
Pero no se advierte que concurra en presupuesto genérico de la derogación. La DT3ª de la Ley 25/2015 no se opone a lo dispuesto en el RDLeg 1/2020, de 5 de mayo, que aprueba el texto refundido, pues el régimen de retribución regulado en los arts. 84 y ss. del Texto Refundido no ha entrado en vigor, al estar afectado por la disposición transitoria única, apartado 1, del propio RDLeg 1/2020, de 5 de mayo, según la cual:
"1. El contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 todos ellos inclusive, de este texto refundido, que corresponda a las modificaciones introducidas en los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de dicha ley. Entre tanto permanecerán en vigor los artículos 27, 34 y 198 de la Ley Concursal en la redacción anterior a la entrada en vigor de dicha Ley 17/2014, de 30 de septiembre".
Por lo que mientras no se alteré el régimen legal vigente ( arts. 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, en la redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre), con la aprobación del reseñado reglamento, no cabe considerar tácitamente derogada la DT3ª Ley 25/2015. Y de hecho es muy significativo que entre las normas derogadas que se mencionan en el listado del apartado 2 de la disposición transitoria única del RDLeg 1/2020, de 5 de mayo, se haga expresa mención, en la letra u), al artículo 1 y a la disposición transitoria primera de la Ley 25/2015, y no se mencione la disposición transitoria tercera [...]".
En consecuencia, no cabe afirmar la aplicación indebida de la disposición transitoria tercera.
Por su parte, el motivo segundo incurre en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC).
Hemos reiterado que cuando se trata del supuesto de interés casacional consistente en la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, se exige que se invoquen al menos dos sentencias dictadas por una misma sección de una audiencia provincial en las que se decida colegiadamente en un sentido y al menos otras dos, procedentes también de una misma sección de una audiencia provincial, diferente de la primera, en las que se decida colegiadamente en sentido contrario; en uno de estos dos grupos debe figurar la sentencia recurrida. Debe además la parte recurrente expresar el modo en que se produce esa contradicción y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria invocada ( STS 430/2017, de 7 de julio).
No se hace así en el recurso, en el que se citan diversas sentencias de audiencias provinciales diferentes, sin indicar la sección, que no sólo mantendrían un único criterio, sin indicar la existencia de doctrina de otras audiencias en sentido contrario, sino que, además, se refieren a cuestiones alejadas de la resuelta por la sentencia recurrida, la impugnación de la rendición de cuentas con petición de reintegro de pagos indebidos por la administración concursal. A ello se añade que la recurrente introduce confusión en el planteamiento, al mencionar como infringida la doctrina de la buena fe, los actos propios y el retraso desleal en el ejercicio del propio derecho.
Todo ello motiva que no quepa entender acreditado interés casacional alguno.
Finalmente, el motivo tercero debe ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de incumplimiento de los requisitos del escrito de interposición por falta de cita del precepto legal infringido ( art. 483.2.2.º LEC).
Según tenemos reiterado, así últimamente, en la STS n.º 85/2021, de16 de febrero:
"[...] el recurso de casación, conforme al art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de basarse en una concreta infracción de una determinada norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de infracción. Y, como ha venido insistiendo esta sala, es esencial identificar esa norma jurídica infringida en el encabezamiento del motivo de casación.
-
- Como afirmamos en la sentencia 399/2017, de 27 de junio:
"Constituye una exigencia mínima de la formulación de los motivos de casación, como hemos recordado recientemente en el acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación, que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo así, además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara".
-
- Ello responde a que en un recurso extraordinario como es el de casación, no es posible que sea la Sala la que, supliendo la actividad que la regulación de tal recurso atribuye a la parte, investigue si el agravio denunciado deriva de la infracción de una norma sustantiva, identifique la norma vulnerada y construya la argumentación del recurso a fin de precisar en qué y porqué resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso.
-
- De ahí que esta sala haya venido insistiendo en que es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación, y más concretamente, en su encabezamiento ( sentencias 121/2017, de 23 de febrero, 645/2017, de 24 de noviembre, 293/2018, de 22 de mayo, y 330/2019, de 6 de junio).
-
- En concreto, en las sentencias 487/2018, de 12 de septiembre, y 518/2018, de 20 de septiembre, hemos declarado:
"Hemos interpretado los arts. 481.1 y 487.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que la indicación precisa de la norma infringida ha de realizarse en el encabezamiento de cada uno de los motivos en que se funde el recurso, sin que sea suficiente que pueda deducirse del desarrollo de los motivos y sin que tenga que acudirse al estudio de su fundamentación".
-
- Solo es admisible que se cite exclusivamente como infringida la jurisprudencia de la sala cuando la regla jurídica haya sido enunciada exclusivamente por la jurisprudencia, lo que no es el caso. Cuando la norma jurídica infringida viene enunciada en un precepto legal, es necesario que se cite este precepto, en cuyo caso la cita de la jurisprudencia infringida solo sirve para justificar el interés casacional en el caso de que el acceso al recurso se haga por la vía del art. 477.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
-
- La referencia a la existencia de oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sirve para justificar el interés casacional, pero no es propiamente el motivo del recurso, sino un presupuesto del mismo. El verdadero motivo debe estar en el "conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso" (entre otras, sentencias 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, y 380/2017, de 14 de junio). La norma a que se hace referencia ("el artículo único, nº 7 de la Ley 25/2015") no sería la norma infringida, pues la infracción vendría referida a la retroactividad en su aplicación.
-
- Como declaró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 19 de diciembre de 1997 (asunto 155/1996 774/975, Brualla Gómez de la Torre contra España ), los requisitos de admisibilidad de un recurso de casación pueden ser más rigurosos que los de un recurso de apelación, siendo compatible con el Convenio un mayor formalismo para el recurso de casación (parágrafos 37 y 38) [...]".
En el motivo examinado, la recurrente no menciona precepto alguno como infringido, señalando la inaplicación de todo un texto legislativo, lo que impide concretar un interés casacional.
Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia previa a esta resolución, mediante escrito de fecha 27 de abril de 2023, no desvirtúan los anteriores argumentos, al reiterar lo expuesto en su escrito de recurso. Consecuentemente, procede declarar inadmisible el recurso de casación, y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC, dejando sentado el art. 483.5 LEC, que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 LEC, la parte recurrida ha formulado alegaciones, por lo que se condena al pago de las costas a la parte recurrente.
Siendo inadmisible el recurso de casación la parte recurrente perderá el depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
LA SALA ACUERDA:
-
Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Carlos Jesús, actuando en su calidad de administrador concursal de Sílices del Mediterráneo, S.L., contra la sentencia n.º 385/2021, de 26 de julio, dictada por la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3.ª, en el rollo de apelación n.º 209/2021, dimanante de los autos de incidente concursal n.º 622/2014, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Burgos.
-
Declarar firme dicha sentencia.
-
Imponer las costas del recurso a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
-
Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
