STS 112/2023, 8 de Febrero de 2023

Con fecha 5 de abril de 2021 el Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

" 1º.- El demandante ha venido prestando servicios para la demandada, desde el 19.01.2018, con categoría profesional de cocinero y salario de 52,66 euros diarios brutos prorrateados.

2. - En fecha 01.01.2002, se suscribió contrato de arrendamiento de industria, habiendo sido prorrogadas, para desarrollar actividad de Hostelería, entre entidad RESTAURANTE CASA LUIS SL y DON Carlos Alberto (arrendador) y K.D. REGULADORA DE INVERSIONES SL., (arrendador), comunicando en fecha 13.01.2020 la rescisión del contrato. De conformidad con el contrato de fecha 01.01.2011, suscrito entre las partes, entidad RESTAURANTE CASA LUIS SL (arrendatario) y DON Carlos Alberto (arrendador) y K.D. REGULADORA DE INVERSIONES SL., (arrendador), se refiere en la cláusula Tercera; "... En consecuencia llegado el día treinta y uno de diciembre de 2011 el arrendatario hará entrega al arrendador del negocio en perfecto estado con los medios materiales existentes en la actualidad o lo que sean sustitutos de aquellos." Cláusula Sexta: " Al término del contrato el arrendatario dejará libre y expedito el local y muebles que se hallan en el mismo, al efecto de que la entidad propietaria pueda continuar con la explotación de los locales como negocio de hostelería o comercio,..." De conformidad con el contrato de fecha 01.01.2017, suscrito entre las partes, entidad RESTAURANTE CASA LUIS SL (arrendatario) y DON Carlos Alberto (arrendador) y K.D. REGULADORA DE INVERSIONES SL., (arrendador), se refiere en la cláusula Tercera; "... En consecuencia llegado el día treinta y uno de diciembre de 2017 el arrendatario hará entrega al arrendador del negocio en perfecto estado con los medios materiales existentes en la actualidad o lo que sean sustitutos de aquellos." Cláusula Sexta: "Al término del contrato el arrendatario dejará libre y expedito el local y muebles que se hallan en el mismo apto para ser explotado con independencia de los locales a los que en la actualidad se halla unido".

3. - Tras la tramitación de expediente de despido colectivo y agotado el periodo de consultas sin acuerdo (acta final de fecha 29 de febrero de 2020), en fecha 02.03.2020, la demandada dirige carta de despido al actor por la cual le comunica la decisión de la empresa de proceder a la extinción de su contrato de trabajo por razones objetivas por causas económicas, productivas y organizativas, en atención a lo dispuesto por los artículos 52. c) y 53 del ET, con fecha efectos 02.03.2020, con el siguiente tenor literal; "Partiendo de la base de que las causas que provocan esta extinción, son las que Ud. ya conoce y son como consecuencia de la rescisión del contrato de arrendamiento suscrito con el arrendador, lo que hace inviable la continuidad de la actividad empresarial, unido a las causas organizativas las que afectan y se refieren a la gestión y empleo, y las productivas las que afectan a la capacidad productiva e imponen el expediente de regulación de empleo que se ha tenido que tramitar como consecuencia del cierre del negocio, por lo que esta empresa ha tomado la decisión mencionada. Con fecha 1 de enero de 2002 se suscribió contrato de arrendamiento para desarrollar la actividad de hostelería, sobre el Bar Restaurante Casa de Luis sito en el edificio Brocemar, Avda de Italia n.º 14, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Dicho contrato ha sido prorrogado a través de diferentes contratos suscritos con posterioridad en fecha 1/10/2008, 1/01/2011 y 1/01/2017. Sin embargo, en los últimos años el negocio ha atravesado unas circunstancias económicas adversas, habiendo llevado al arrendatario a no poder afrontar el abono de todas las rentas pactadas por arrendamiento en el último año." Tras narrar las vicisitudes relativas al impago de rentas, concluye que tras nuevo requerimiento del arrendador se decidió proceder a los despidos por cierre del centro de trabajo. A continuación, en la carta de despido, se expresa la situación económica negativa de la empresa en los últimos cinco años, primero en función de la evolución de resultados por la diferencia entre prestación de servicios y gastos; evolución del coste de personal, liquidez general, solvencia y fondo de maniobra, todos ellos negativos. Por último, se reconoce adeudar la falta de preaviso y la cantidad en concepto de indemnización, por falta de liquidez, atendido el saldo bancario medio y las deudas contraídas con distintos organismos públicos.

4. - El inmueble arrendado como arrendamiento de industria, tras el cese de la actividad, presentaba un estado de deterioro general: -suelos: algunos espacios tienen baldosas rotas, por ejemplo en cocina, y el resto precisa de reposición. - techos: los techos rasos presentan deterioro total derivados de humedades y el resto precisan refilado y pintura. -urinarios: deteriorados y no adaptados a normativa actual ni de accesibilidad. -instalación eléctrica: no cumple la normativa actual del Reglamento de Baja Tensión. -mobiliario: deteriorado y en su mayor parte inservible. No hay mobiliario de terraza, cafetera y lavavajillas y elementos de frío. El inmueble permanece vacío y sin actividad desde el 2 de marzo de 2020.

5. - Se intentó conciliación ante el SEMAC, celebrándose el acto con el resultado de sin efecto".

En dicha sentencia consta el siguiente fallo: "Que, ESTIMANDO la demanda interpuesta por Luis Andrés contra RESTAURANTE CASA LUIS SL, Carlos Alberto, K.D. REGULADORA DE INVERSIONES SL., y FOGASA, debo declarar y declaro IMPROCEDENTE el cese efectuado por la empresa demandada, RESTAURANTE CASA LUIS SL, a la parte actora; en su virtud, debo condenar y condeno a la expresada empresa demandada a que readmita a la parte actora en el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes del despido o la indemnice en la cantidad de 3.765,19 €; dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo de 5 días desde la notificación de esta sentencia; para el caso en que la demandada no ejercite ningún tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede la readmisión; en el caso de que se opte por la readmisión, debo condenar y condeno a la demandada a que, además, abone a la parte actora el importe de los salarios de tramitación, a razón de 52,66€ diarios devengados desde el 03/03/20 hasta la notificación de la presente; absolviendo a Carlos Alberto y K.D. REGULADORA DE INVERSIONES SL., de los pedimentos efectuados en su contra; debiendo el FOGASA estar y pasar por dicho pronunciamiento".

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el actor ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, sede en Las Palmas de Gran Canaria, la cual dictó sentencia en fecha 15 de octubre de 2021, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Estimar el recurso de suplicación interpuesto por D. Luis Andrés frente a la sentencia nº 133/21 del juzgado de lo social nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, dictada en los autos nº 636/20 y previa revocación parcial de la sentencia, se estima la demanda planteada y se mantiene la declaración de improcedencia del despido del actor, con los efectos jurídicos declarados en el fallo de la sentencia recurrida, si bien condenando solidariamente a RESTAURANTE CASA LUIS SL, a DON Carlos Alberto Y K.D REGULADORA DE INVERSIONES SL. Confirmándose todos los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida. Sin costas".

Por la representación letrada de K.D. Reguladora de Inversiones, S.L. y D. Carlos Alberto se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, con sede en Las Palmas, de 16 de septiembre de 2021 -rec. 1013/2021-. Se considera infringido el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Admitido a trámite el presente recurso, se dio traslado del escrito de interposición y de los autos a las representaciones procesales de las partes recurridas para que formalicen sus impugnaciones en el plazo de quince días. Tras ser impugnado por el actor y la mercantil Restaurante Casa Luis, S.L., se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que emitió informe en el sentido de interesar que se declare la procedencia del recurso.

Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 7 de febrero de 2023, fecha en que tuvo lugar.

1.- La cuestión a resolver es la de determinar si se ha producido una situación jurídica de sucesión legal de empresa conforme al art. 44 ET, de la que se desprenda la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario en las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión que no hubieren sido satisfechas.

La sentencia del juzgado de lo social desestima en ese extremo la demanda, califica como improcedente el despido del trabajador demandante, y condena exclusivamente a la empresa cedente por entender que no concurren los presupuestos legales para que opere la sucesión de empresa.

El recurso del trabajador es acogido en la sentencia de la Sala Social del TSJ de Canarias/Las Palmas de Gran Canaria de 15 de octubre de 2021, rcud. 1134/2021, que declara la existencia de sucesión empresarial y condena solidariamente a las empresas cedente y cesionarias.

2. - Contra esa sentencia recurren en casación unificadora las empresas cesionarias. Denuncian infracción del art. 44 ET, para sostener que no concurren los presupuestos que configuran la sucesión legal de empresa regulada en dicho precepto.

   Invocan de contraste la sentencia de la misma Sala Social del TSJ de Canarias/Las Palmas de Gran Canaria de 16 de septiembre de 2021, rec. 1013/2021.

3. - El Ministerio Fiscal informa en favor de la estimación del recurso por no existir una situación jurídica de sucesión empresarial. El trabajador demandante y la empresa cedente interesen su desestimación.

1.- Debemos resolver si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

Lo que ninguna parte discute y merece sin duda una respuesta afirmativa, puesto que en el caso de la sentencia referencial se trata de otro trabajador de la misma empresa afectado por esa misma situación jurídica, en idénticas circunstancias de hecho y de derecho.

2. - Los coincidentes hechos declarados probados en ambos asuntos, son como siguen:

   1. Las empresas K.D. Reguladora de Inversiones SL (en adelante KD) y D. Carlos Alberto son cotitulares del negocio de hostelería sito en el edificio Brocemar, Avenida de Italia 14 de San Bartolomé de Tirajana; b) En calidad de arrendadores suscriben el 1 de enero de 2002 contrato de arrendamiento de industria con Restaurante Casa Luis, SL, como arrendatario; c) Su clausulado establece que llegada su finalización "el arrendatario hará entrega al arrendador del negocio en perfecto estado con los medios materiales existentes en la actualidad o lo que sean sustitutos de aquellos." Cláusula Sexta: "Al término del contrato el arrendatario dejará libre y expedito el local y muebles que se hallan en el mismo apto para ser explotado con independencia de los locales a los que en la actualidad se halla unido."; d) Los arrendadores notifican al arrendatario la rescisión del contrato el 13 de enero de 2020; e) Restaurante Casa Luis, SL procede al despido colectivo de todos sus trabajadores.

   Finalmente, el hecho probado cuarto de la sentencia recurrida indica que "El inmueble arrendado como arrendamiento de industria, tras el cese de la actividad, presentaba un estado de deterioro general:

   -suelos: algunos espacios tienen baldosas rotas, por ejemplo en cocina, y el resto precisa de reposición.

   -techos: los techos rasos presentan deterioro total derivados de humedades y el resto precisan refilado y pintura.

   -urinarios: deteriorados y no adaptados a normativa actual ni de accesibilidad.

   -instalación eléctrica: no cumple la normativa actual del Reglamento de Baja Tensión.

   -mobiliario: deteriorado y en su mayor parte inservible. No hay mobiliario de terraza, cafetera y lavavajillas y elementos de frío.

   El inmueble permanece vacío y sin actividad desde el 2 de marzo de 2020."

   En la sentencia de contraste se reproducen literalmente los mismos hechos probados, a salvo de que en el último inciso del ordinal cuarto se añade "La licencia para la explotación del local está expirada".

3. - En ambos supuestos aparecen codemandadas las mismas empresas, y en los dos asuntos resultan absolutamente coincidentes los hechos, pretensiones y fundamentos de la reclamación.

   Las circunstancias de las sentencias en comparación son exactamente iguales, y se trata en definitiva de determinar si opera la figura legal de la sucesión empresarial.

   La recurrida considera que concurren todos los presupuestos legales que determinan la existencia de la sucesión, sin que resulte impedimento para ello el hecho de que el arrendatario del negocio lo hubiere devuelto a la propiedad con tan graves deterioros.

   La referencial concluye lo contrario, y entiende que las defectuosas condiciones en las que el arrendatario ha devuelto el negocio impiden al arrendador continuar con su explotación, sin que opere en consecuencia la figura de la sucesión de empresa.

1.- En lo que ahora interesa, el art. 44.2 ET, dispone que "A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria".

La resolución del asunto exige que expongamos brevemente la doctrina general aplicable en interpretación de esa norma, para decidir seguidamente las consecuencias jurídicas de su traslación a las singulares circunstancias concurrentes en el caso de autos, en razón al hecho de que el arrendatario ha devuelto el negocio alquilado en condiciones que impiden o dificultan gravemente la inmediata continuidad de la actividad empresarial.

Por citar alguna de las más recientes, la STS 20/5/2021, rec. 145/2020, recuerda que "Existe sucesión empresarial cuando se transmite "una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria" [ art. 44.2 del ET y art. 1.1.b) de la Directiva 2001/23/CE].

El art. 44 del ET exige, bien la trasmisión de elementos patrimoniales y de personas, o bien, en el caso de que la actividad en concreto descanse fundamentalmente en la mano de obra, que sea esta (mano de obra) la que se transmita (por todas, sentencias del TS de 16 de abril de 2018, recurso 2392/2016; 29 de enero 2020, recurso 2914/2017; y 24 de septiembre de 2020, recurso 300/2018).

3. - No se aplica el art. 44 del ET cuando se produce la mera sucesión en la ejecución de una actividad económica porque "una entidad empresarial no puede reducirse a la actividad de que se ocupa y por ello el mero cambio en el titular de la actividad no determina la aplicación de la normativa sobre transmisión de empresa, en tanto la operación no vaya acompañada de una cesión -entre ambos empresarios- de elementos significativos del activo material o inmaterial. Porque -y este es el caso- en las contratas sucesivas de servicios, en las que lo que se transmite no es una empresa ni una unidad productiva con autonomía funcional, sino de un servicio carente de tales características, no opera, por ese solo hecho, la sucesión de empresas establecida en el artículo 44 ET" ( sentencia del TS de 12 de diciembre de 2017, recurso 668/2016, y las citadas en ella).

   ...La doctrina jurisprudencial ha hecho hincapié en "la entrega de los elementos patrimoniales que resultan inevitables para la continuidad de la actividad, lo que revela la transmisión de un conjunto de instalaciones y medios que conforman una determinada actividad económica que mantiene su identidad" ( sentencias del TS de 4 de julio de 2018, recurso 2609/2017 y 12 de marzo de 2020, recurso 1916/2017).

   La sentencia del TS de 27 de enero de 2015, recurso 15/2014, explica que "lo importante no es el coste de las inversiones en medios materiales, sino la necesidad de los mismos, ya que, la importancia de los factores que intervienen en la producción no se mide en términos cuantitativos, sino cualitativos, esto es atendiendo a la necesidad de los mismos para el funcionamiento de la actividad".

   A lo que finalmente añade "El TJUE explica que el criterio decisivo para determinar la existencia de una transmisión de empresa "consiste en saber si la entidad económica mantiene su identidad, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude [...] Para determinar si se cumple este requisito, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación examinada, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario contrate o no a la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades" ( sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2020, C-298/18, y las citadas en ella)".

2. - Llegados a este punto, no está de más recordar que los efectos jurídicos derivados de la sucesión de empresa se desarrollan en diferentes ámbitos y aspectos de la relación laboral.

   De una parte, conforme al art. 44.1 ET, la sucesión no extingue por sí misma las relaciones laborales y el nuevo empresario está obligado a subrogarse en los contratos de trabajo que sigan vigentes en el momento de la transmisión. Como recuerda la STS 30/3/2022, rec. 104/2020, "es requisito constitutivo, para que se produzca la subrogación contractual, que los contratos de trabajo, cuya subrogación se persigue, estén vigentes".

   Es obvio que en el caso de autos no se genera ese efecto subrogatorio, por cuanto las relaciones laborales fueron extinguidas mediante despido colectivo por el empresario cedente antes de la transmisión, sin que ahora se cuestione en casación la validez de esa actuación.

   Pero, por otra parte, según dispone el art. 44.3 ET, "el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas".

   Y este es el ámbito en el que se plantea en este litigio el alcance de las obligaciones imputables a la empresa cesionaria, como responsable solidaria de las deudas anteriores a la transmisión que no han sido satisfechas.

   Dicho eso, debemos analizar si se ha producido una situación jurídica de sucesión de empresa, que obligue a todas las codemandadas a responder solidariamente de la deuda reclamada por el trabajador demandante.

3. - La STS 10/9/2020, rcud. 1037/2018, aborda específicamente la problemática que en esta materia se genera cuando la relación jurídica existente entre las empresas implicadas es un contrato de arrendamiento de industria, cuya finalización comporta la recuperación del negocio alquilado por parte de la arrendadora.

   Exactamente igual que sucede en el presente asunto, también alegaba la empresa recurrente en aquel otro supuesto, que "al no haber tenido lugar el mantenimiento de la industria o negocio supuestamente arrendado no podría existir sucesión empresarial, que requeriría, en todo caso, el mantenimiento de la actividad o, al menos serios indicios de una intencionalidad de mantenimiento en un momento posterior. Añadiendo, además, que aun cuando se entendiera que se da una sucesión en la actividad, no existiría la sucesión del artículo 44 ET por cuanto que, con la resolución del contrato de arrendamiento, no se ha revertido la organización productiva que constituye la actividad económica de la arrendataria".

   Argumento que coincide plenamente con el esgrimido en este caso por las recurrentes, que niegan la existencia de sucesión de empresa porque la arrendataria habría retornado el negocio en unas condiciones que, a su juicio, imposibilitarían el mantenimiento y la inmediata continuidad de la actividad de restauración que constituye su objeto.

   A diferencia de aquel antecedente, en el caso de autos no se discute que el negocio jurídico existente entre ambas empresas es un arrendamiento de industria, con lo que es plenamente aplicable lo que nuestra precitada sentencia señala en este particular, al decir que "el arrendamiento de empresa, industria o negocio, opera como un instrumento pluridireccional de cambio en la titularidad de la empresa ya que vincula tanto al arrendador como al arrendatario y, al término del contrato, a quien resulte continuador de la actividad arrendada, bien sea el propio arrendador, bien sea un segundo arrendatario ( SSTS 12 diciembre 2002, Rcud. 764/2002 y de 1 de marzo de 2004, Rcud. 4686/2002)".

   Tras lo que seguidamente invoca la doctrina de la Sala Civil de este Tribunal (entre otras, STS de 18 de marzo de 2009, Rec. 665/2003) en la que se ha precisado que "los arriendos de locales para negocio se diferencian de los de industria en que, respecto a los primeros, lo que se cede es el elemento inmobiliario, en cambio, en los segundos, el objeto contractual está determinado por una doble composición integradora; por un lado, el local, como soporte material; y, por otro, el negocio o empresa instalada y que se desarrolla en el mismo, con los elementos necesarios para su explotación, que conforman un todo patrimonial autónomo, sin que sea preciso que el arrendador facilite necesariamente todos los medios para la comercialización de la actividad negocial a desarrollar, que pueden ser ampliados o mejorados con los que aporte el arrendatario, incluso sustituidos, sin que ello afecte a la calificación y naturaleza del contrato como de locación industrial; además, dicho contrato queda extinguido cuando expira el término convencional, como dispone el artículo 1569.1 del Código Civil".

4. - Razones por las que en la citada STS 10/9/2020, rcud. 1037/2018, concluimos que "La finalización de un contrato de arrendamiento de empresa o negocio determina que, a su finalización, se produzca un cambio de titularidad y la oportuna aplicación del artículo 44 ET. La subrogación en la posición empresarial por parte de la propiedad del negocio o industria arrendado viene determinada por el hecho de que el arrendador recupera lo arrendado a la finalización del término estipulado en el contrato y como tal propietario podrá asumir el negocio directamente, de manera total o parcial; cederlo, a través de un nuevo contrato de arrendamiento a un tercero; o, en definitiva, poner fin a la explotación del negocio. En cualquier caso, de inmediato y con independencia de lo que suceda después, por mor del artículo 44 ET se habrá subrogado en la posición de empresario y deberá responder de las obligaciones que de tal posición se deriven".

   Consecuencia jurídica que, como en ella decimos, queda indisociablemente vinculada a la circunstancia de que la arrendadora "recuperó lo que constituía el objeto del contrato de arrendamiento en los términos ya indicados, convirtiéndose de esa manera en empresario de los trabajadores afectos al negocio arrendado; y, ello con independencia, de que con posterioridad la dirección del hotel decidiese explotar únicamente una parte de lo anteriormente arrendado".

   Lo que en aquel otro caso nos llevó a entender que se produjo el cambio de titularidad o la transmisión de empresas a que se refiere el art. 44 ET, puesto que "lo cedido fue una unidad productiva autónoma, es decir, de una empresa, sin que sea obstáculo que el título sea un contrato de arrendamiento, pues para ser empresario no es necesario ser propietario de los bienes fundamentales de la empresa, sino poseer la titularidad del negocio, y no cabe duda que en el caso de autos la cesión de los servicios antes relacionados son un negocio cuya titularidad se cede; como se dice en la Directiva 98/50 y de conformidad con lo ordenado en el art. 44 del ET, lo cedido fue una entidad económica con propia identidad, como conjunto de medios organizados ( STS de 12 de diciembre de 2007, Rcud. 3994/2006).

   Esta es la doctrina general en los supuestos de arrendamiento de industria cuando el arrendador recupera el negocio tras la resolución del contrato, en tanto que lo que retorna no es solo un local o espacio físico, sino una explotación que dispone de todos los elementos y de la infraestructura necesaria para el desempeño de la industria en cuestión y constituye un conjunto de medios organizados que permite el desarrollo de la actividad económica de que se trate, entrando por este motivo de lleno en la definición del art. 44.2 ET.

5. - Aquí se trata ahora de decidir si esa misma solución es aplicable cuando el arrendatario ha devuelto el negocio en condiciones tan deplorables que no permiten la inmediata continuidad de la actividad y hacen necesaria la realización de obras de reforma para subsanar esos defectos.

   Ninguna duda cabe que en el presente supuesto también se trata de la finalización de un contrato de alquiler de industria, que tiene por objeto la explotación de un restaurante cuyas instalaciones retornan al titular de la explotación.

   De la misma forma que en nuestra antedicha sentencia, el objeto del contrato de alquiler entre las empresas demandadas no se limitó exclusivamente a un local como el espacio físico donde el arrendatario pusiere en marcha posteriormente un negocio, sino que se arrendó un restaurante con todas las instalaciones, maquinaria y la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad de restauración.

   Lo que comporta el alquiler de un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo esa actividad, que dispone de entidad económica propia y permite el completo desarrollo y explotación del negocio de restauración que constituye el objeto del arrendamiento de industria.

   Dicho lo anterior, lo que puntualmente se suscita en este caso es si debe producirse la sucesión de empresa cuando se da la circunstancia de que la industria alquilada ha sido devuelta por el arrendatario con desperfectos y defectos de muy relevante entidad, hasta el punto de que dificulten gravemente, o, hagan incluso inviable, la inmediata continuidad de la actividad objeto del negocio alquilado, siendo necesario para su reanudación la realización de obras de reforma y adaptación de importante envergadura.

   No consta el estado en el que se encontraban las instalaciones del restaurante cuando fue alquilado en el año 2002. Es indudable que puede haber sufrido un grave deterioro durante la vigencia del alquiler y hasta el momento de su devolución al arrendador en 2022. Cabe incluso la posibilidad de que haya variado la normativa legal aplicable en alguna materia, como la atinente, por ejemplo, al reglamento que regula las instalaciones eléctricas de baja tensión a que se refieren los hechos probados, o cualquier otra, como bien pudiere ser la de la accesibilidad al local o a los baños, hasta el punto de que sea necesario renovar la licencia de explotación del negocio como se dijo en la sentencia de contraste.

   Pero ninguna de estas circunstancias impide que opere la sucesión de empresa.

   El objeto del alquiler de industria fue un negocio de restauración en el estado, situación y condiciones jurídicas existentes en aquel momento. Y ese mismo negocio de restauración es lo que el arrendatario retorna al titular de la industria.

   La circunstancia de que pudieren haberse producido cambios legales durante la vigencia del contrato que exijan renovar alguna sus instalaciones para cumplir adecuadamente con la normativa que permita renovar la licencia, o el hecho de que las instalaciones se encuentren gravemente deterioradas, podrá suponer eventualmente algún tipo de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del arrendatario y dar lugar a una reclamación de daños y perjuicios por parte del arrendador, pero no ha de impedir la aplicación de las garantías y obligaciones que impone el art. 44 ET frente a los trabajadores que prestan servicios en la actividad industrial alquilada que retorna a su propietario tras la finalización del alquiler.

   Todas esas circunstancias se generan en el ámbito de la relación jurídica entre las partes del contrato de arrendamiento de industria y deberán ser resueltas en ese mismo marco mediante el ejercicio de las acciones legales oportunas entre los contratantes, pero no inciden en las obligaciones legales que a cada uno de ellos les corresponden frente a los trabajadores que prestan servicios en el negocio conforme a lo dispuesto en el art. 44 ET.

   Solución que es acorde con el criterio que emana de la STJUE de 127/2/2020, asunto C-298/18, en el que el Tribunal concluye que no obsta la existencia de sucesión de empresa el hecho de que la infraestructura material utilizada hasta el momento de la transmisión por la empresa cedente resulte inservible para la continuidad de la actividad, por no cumplir los nuevos requisitos jurídicos, medioambientales y técnicos necesarios para ello.

6. - Finalmente, no resulta aplicable en este caso la doctrina de nuestra precitada STS 30/3/2022, rec. 104/2020, que negó la existencia de sucesión empresarial en un supuesto en el que ciertamente concurrían algunos elementos similares al presente.

   Resuelve un asunto muy particular, en fase de ejecución definitiva de sentencia en la que se solicita la extensión de la ejecución a una tercera empresa.

   La concesionaria de la explotación de unas instalaciones deportivas públicas las retorna al organismo titular de las mismas en condiciones que hacen del todo imposible la continuidad de la actividad, y tras haber extinguido por despido colectivo la totalidad de los contratos de trabajo.

   Eso obligó a cerrar las instalaciones durante un año para realizar obras de reparación por importe de 300.000 euros, tras lo que vuelve a adjudicarse la concesión a una tercera empresa.

   En la sentencia firme que puso fin al procedimiento ya se declaró que no existía sucesión entre la empresa saliente y el organismo público propietario de las instalaciones, lo que nuestra precitada sentencia entiende que "provoca un cortafuegos infranqueable sobre la transmisión de la unidad productiva autónoma desde Aiguagest, SL a la DPC, una vez descartada dicha transmisión por sentencia firme, que despliega plenos efectos de cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 LEC".

   A lo que asimismo añade que las instalaciones estuvieron cerradas durante un año para realizar aquellas obras, de tal manera que la administración pública titular de las mismas no ha llegado a desempeñar en ningún momento esa actividad.

   Tras lo que finalmente concluye que no habiéndose acreditado la concurrencia de transmisión de la unidad productiva desde la empresa saliente al organismo titular de la instalación, no puede haber tampoco transmisión respecto al nuevo adjudicatario de la explotación.

   No es esto lo que sucede en el asunto de autos. En primer lugar, porque el restaurante ha sido devuelto directamente a su titular, sin que haya otra empresa Intermedia que de alguna forma interrumpa la cadena sucesoria. Y además, porque lo único que aparece es que se encontraba en un lamentable estado de conservación que hace necesaria la realización de obras de reforma para recuperar su actividad, pero no hay constancia de que lo que hubiere sucedido con posterioridad sobre la posible y eventual reanudación de la actividad.

   A lo que podemos añadir la mayor intensidad que en orden a la sucesión de empresa generan los vínculos jurídicos existentes entre arrendador y arrendatario en un contrato de arrendamiento de industria, en la medida en que el arrendador es el titular de un negocio que dispone de toda la infraestructura y medios organizados necesarios para su explotación, que constituye por lo tanto una unidad productiva objeto de arrendamiento.

   Y puesto que lo alquilado es una industria en explotación, el arrendador se obliga a devolverlo a su finalización en las mismas condiciones adecuadas para la continuidad de la actividad, tal y como así se hace constar expresamente en el contrato de arrendamiento.

   Intensidad del vínculo jurídico que refuerza el hecho de que en este caso se formaliza el contrato en el año 2002, y es renovado el 1 de enero de 2011, con la firma de un nuevo contrato en el que se hace constar expresamente que el arrendatario recibe el negocio en perfecto estado y se obliga a devolverlo en las mismas condiciones de uso y explotación; pactos que se reiteran en esos mismos términos en el contrato firmado el 1 de enero de 2017, cuya definitiva resolución en marzo de 2020 da lugar al litigio.

   Lo que evidencia hasta qué punto se incluye en el contrato de arrendamiento de industria la obligación de devolver el negocio en las mismas condiciones en las que fue entregado para el desempeño de la actividad económica que constituye su objeto. Algo que, a su vez, pone de manifiesto la mayor o menor diligencia del propio arrendador que renueva el contrato con la expresa indicación de que el negocio sigue en perfecto estado de uso, asumiendo de esta forma que es factible la explotación y continuidad de la actividad.

   Con independencia de que en las renovaciones del contrato de 2011 y 2017 se haga constar que el negocio se entrega en perfecto estado, el eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del arrendatario no desvirtúa la existencia de la sucesión de empresa tras la recuperación de la industria por el arrendador, sin perjuicio, ya lo hemos dicho, de la acción de repetición o reclamación de daños y perjuicios que pueda ejercitar frente a la contraparte.

Conforme a lo razonado y oído el Ministerio Fiscal, es la sentencia recurrida la que contiene la buena doctrina, lo que obliga a desestimar el recurso para confirmarla en sus términos y declarar su firmeza. Con imposición de costas a la recurrente en cuantía de 1.500 euros en favor de cada una de las partes impugnantes de su recurso y pérdida del depósito constituido para recurrir. Dese el destino legal a la cantidad consignada.