STSJ Galicia 4159/2022, 14 de Septiembre de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 4159/2022 |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sala social |
| Fecha | 14 Septiembre 2022 |
T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL
A CORUÑA
SENTENCIA: 04159/2022
PLAZA DE GALICIA, S/N
15071 A CORUÑA
Tfno: 981-184 845/959/939
Correo electrónico: sala3.social.tsxg@xustiza.gal
NIG: 15030 44 4 2021 0001200
Equipo/usuario: MC
Modelo: 402250
SECRETARÍA LETRADA. SRA. IGLESIAS FUNGUEIRO
RSU RECURSO SUPLICACION 0002870 /2022 -mjc
Procedimiento origen: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000196 /2021
RECURRENTE/S D/ña Luis Pedro
ABOGADO/A: MARTA CARBALLUDE SANCHEZ
RECURRIDO/S SUMINISTRO INDUSTRIALES CIRE SL
ABOGADO/A: JOSE IGNACIO LORENZO RUBIN
ILMO SR. D. ANTONIO J. GARCIA AMOR
ILMA SRª Dª MARIA TERESA CONDE-PUMPIDO TOURON
ILMO SR. D. CARLOS VILLARINO MOURE
En A CORUÑA, a catorce de septiembre de dos mil veintidós.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el RECURSO SUPLICACION 2870/2022, formalizado por la letrada Dª Marta Carballude Sánchez, en nombre y representación de Don Luis Pedro, contra la sentencia 526/2021 dictada por el XDO. DO SOCIAL N. 2 de A CORUÑA en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 196/2021, seguidos a instancia de D. Luis Pedro frente a SUMINISTROS INDUSTRIALES CIRE, SL., siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. CARLOS VILLARINO MOURE.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
D. Luis Pedro presentó demanda contra SUMINISTROS IDUSTRIALES IRE, S.L, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 526/2021, de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno
En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados: 1º.- Se declara probado que el actor prestó servicios por cuenta de la entidad demandada, con una antigüedad de 7 de julio de 2010, en virtud de un contrato indefinido a tiempo completo, con la categoría profesional conductor de camión, percibiendo un salario medio mensual de 1.487,60 euros. 2º.- La empresa entregó al demandante carta de despido disciplinario, con fecha de efectos de 4 de febrero de 2021, por la comisión de una falta laboral muy grave de indisciplina o desobediencia en el trabajo y transgresión de la buena fe contractual, recogida en el artículo 54.2 del ET; los motivos constan en la propia carta aportada a los autos como doc. nº 1 de los que acompañan la demanda, cuyo contenido se da íntegramente por reproducido en aras de la brevedad. 3º.- Se declara probado que fecha 11 de enero de 2021 el actor manifiesta al encargado de la empresa que no puede realizar las funciones de conductor de camión pues tiene el carnet de conducir caducado. 4º.- Por medio de burofax de 18 de enero de 2021 la empresa solicita al actor que le informe si su carnet de conducir se encuentra caducado. El trabajador no ofreció ningún tipo de explicación. 5º.- El actor curso baja médica el 27 de enero de 2021 hasta el 23 de febrero de 2021 que fue dado de alta médica por enfermedad común. 6º.- El trabajador no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al despido, la condición de delegado de personal. 7º.- El actor instó acto de conciliación ante el SMAC.
En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: Se desestima la demanda sobre despido formulada por D. Luis Pedro contra SUMINISTROS INDUSTRIALES CIRE, SL., declaro la procedencia del despido con fecha de efectos de 4 de febrero de 2021
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado el recurso por la empresa demandada. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al ponente, procediéndose a dictar la presente sentencia tras la deliberación correspondiente.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes:
Aproximación al objeto del recurso
La sentencia de instancia desestimó la demanda, en la que se instaba la declaración de nulidad, o, subsidiariamente, de improcedencia del despido.
Por la parte actora se recurre en suplicación al amparo del art. 193 b) y c) LRJS, solicitando que se revoque la sentencia de instancia, y se declare la improcedencia del despido, con las consecuencias legales inherentes.
Por la empresa se impugnó el recurso, solicitando su desestimación.
Revisión de hechos probados del art. 193 b) LRJS
La parte demandante, en su escrito de recurso, discute el relato fáctico de la sentencia de instancia, al amparo del art. 193 b) LRJS -" Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas "-.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de los Tribunales Superiores, interpretando el precepto citado, han venido exigiendo para acoger una revisión de hechos en aplicación del art. 193 b) LRJS:
(1) Que tal revisión se funde en un medio de prueba hábil. Con el art. 193. b) LRJS ha de tratarse de la prueba documental y de la pericial. No se ha admitido la alegación de prueba negativa, es decir, la consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido suficientemente, salvo en el caso de
que se haya infringido la regla constitucional de mínima actividad probatoria, es decir, si existe una total y absoluta falta de prueba al respecto - STS 18-3-1991 y STS 3-4-1998-.
(2) No se han incluido dentro de la prueba documental o pericial los informes de investigadores privados ( STS 24 febrero 1992). Tampoco los medios de reproducción de la palabra, de la imagen o del sonido ( STS 16 junio 2011), pero el Tribunal Supremo ha matizado o precisado su jurisprudencia en la STS de 23 de julio de 2020 (rec: 239/2018), que citamos en parte, dada su relevancia:
"Hay que distinguir entre medios de prueba y fuentes de prueba. Medios de prueba son los instrumentos de intermediación requeridos por el proceso para la constancia material de los datos existentes en la realidad exterior; mientras que la fuente de prueba se refiere a la fuente de información del mundo exterior que está en capacidad de ofrecer el medio de prueba. Las fuentes de prueba que se incorporan al proceso a través de los medios de prueba son ilimitadas ( art. 299.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -en adelante LEC). La LEC sanciona el carácter de númerus apertus de las fuentes de prueba, pero los medios de prueba únicamente pueden ser los regulados en la LEC. La controversia radica en determinar si la concisa regulación de estos medios probatorios establecida en la LEC (arts. 299.2 y 382 a 384 ) configura unos medios de prueba autónomos, es decir, unos complejos normativos completos, o si dichas normas no constituyen medios de prueba independientes sino que deben ponerse en relación con la prueba documental.
-
La LEC contiene preceptos favorables al concepto amplio de prueba documental: arts. 326.3, 327, 333 y 812.1.1º. A juicio de este Tribunal, la LEC no regula dos medios de prueba nuevos sino únicamente unas fuentes de prueba. Los arts. 299.2, 382.1 y 384.1 de la LEC se limitan a enumerar diferentes instrumentos y actividades. Se trata de una regulación brevísima: la LEC se ha limitado a establecer las peculiaridades de estas fuentes de prueba porque, a diferencia de los documentos escritos, no basta con dar traslado de estas pruebas a la parte contraria sino que normalmente es preciso proceder al visionado del vídeo, a la escucha del audio o al examen del instrumento de archivo. Pero los medios de prueba son los enumerados en el art. 299.1 de la LEC, los cuales constituyen un númerus clausus. (...)
El avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la prueba de autenticación). Si no se postula un concepto amplio de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será exiguo. En consecuencia, debemos atribuir la naturaleza de prueba documental a los citados correos electrónicos obrantes a los folios 730, 731 y 505 de las actuaciones. Ello no supone que todo correo electrónico acredite el error fáctico de instancia, al igual que sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia."
(3) Que la prueba alegada revele un error del juzgador, de modo palmario o evidente, sin necesidad de conjeturas, ni hipótesis o razonamientos. Fuera del supuesto referido, ha de prevalecer la apreciación fáctica del órgano de instancia, y en especial en el caso de que la prueba invocada resulte contradicha por otros medios de prueba - SSTC nº 44/1989 de 20-2-89; y 24/1990, de fecha 15-2-1990; y SSTS 30-10-91, 22-5-93, 16-12-93 y 10-3-94-. Y así, con la excepción indicada, no es posible sustituir la percepción de la prueba del juzgador de instancia por un juicio valorativo de la parte interesada ( SSTS 6-5-85 y 5-6-95).
En tal sentido, ha señalado la STS de 23 de julio de 2020 (rec: 239/2018), en relación con ello que: "En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial...
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