STS 602/2022, 14 de Septiembre de 2022

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Sara Gil Furió, en nombre y representación de la entidad Inversiones Mebru S.A., interpuso demanda de juicio incidental de oposición a la aprobación judicial de convenio ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia, contra la entidad Regesta Regum S.L., para que se dictase sentencia por la que:

   "Declare no haber lugar a aprobar la propuesta de convenio de acreedores de Regesta Regum S.L. proclamada en el acto de la Junta".

2. La procuradora Evelia Navarro Saiz, en representación de la entidad Regesta Regum S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

   "por la que se desestime íntegramente la pretensión deducida por Inversiones Mebru S.A., en el procedimiento de referencia, todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandante".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia dictó sentencia con fecha 26 de marzo de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Fallo: Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Inversiones Mebru, S.A., y en consecuencia procede aprobar el convenio aceptado en junta de fecha 28 de septiembre de 2017, con todos sus efectos legales inherentes, cesando los administradores concursales en el cargo debiendo rendir cuenta de su actuación en el plazo de 15 días, informe que será remitido mediante comunicación telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica tenga conocimiento.

   "Las costas del presente incidente se imponen a la parte actora".

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Inversiones Mebru S.A. y su administración concursal.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia mediante sentencia de 27 de marzo de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Desestimamos Íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Inversiones Mebru, S.A. contra la sentencia de 26 de marzo de 2018, dictada por la Ilma. Magistrada-Juez titular del Juzgado Mercantil núm. 3 en el seno del concurso de acreedores 780/2013 siendo la deudora Regesta Regum, S.L. recaída en el incidente concursa! 848/2017 que resuelve un incidente concursa! de oposición a la aprobación del convenio, y Confirmamos dicha resolución.

"Ello sin imposición de costas de la alzada a la parte apelante y con la pérdida del depósito constituido para recurrir, en caso de haber sido prestado".

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación

1. La procuradora Sara Gil Furió, en representación de la entidad Inversiones Mebru S.A., interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "1º) Infracción por inaplicación del artículo 51 de la LC y por aplicación indebida del art. 54 de la Ley Concursa!, junto con vulneración de la doctrina que los interpreta y aplica.

   "2º) Infracción por vulneración del art. 24 de la Constitución Española, tanto en su vertiente al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (apartado 1), como la vertiente del derecho a un proceso con todas las garantías legales (apartado 2)".

   El motivo del recurso de casación fue:

   "1º) Infracción por inaplicación del artículo 51 de la LC y por aplicación indebida del art. 54 de la Ley Concursal".

2. Por diligencia de ordenación de 3 de mayo de 2019, la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Inversiones Mebru S.A., representada por la procuradora María Victoria Pérez-Mulet y Díez-Picazo; y como parte recurrida la entidad Regesta Regum S.L., representada por el procurador Ignacio Aznar Gómez.

4. Esta sala dictó auto de fecha 9 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Inversiones Mebru, S.A., contra la sentencia n.º 385/2019, de 27 de marzo, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª, en el rollo de apelación n.º 1723/2018, dimanante de los autos de incidente concursal n.º 848/2017, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valencia".

   Por la representación de la parte recurrente se solicitó la aclaración de la anterior resolución. Con fecha 14 de septiembre de 2021 se dictó auto con la siguiente parte dispositiva:

   "Rectificar el error material apreciado tanto en el antecedente de hecho primero del auto de 9 de junio de 2021, dictado en las presentes actuaciones, como en su parte dispositiva, de forma que donde dice "[...] Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valencia [...]", debe decir: "[...] Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia [...]". Contra la presente resolución no cabe recurso alguno".

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Regesta Regum S.L. presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 7 de septiembre de 2022, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

1. En el concurso de acreedores de Regesta Regum S.L., la entidad Inversiones Mebru S.A. tenía reconocido un crédito con la consideración de contingente.

   En la junta de acreedores celebrada el 28 de septiembre de 2017, se aprobó la propuesta de convenio con el voto a favor de la mayoría exigida por la ley.

2. Inversiones Mebru S.A., que no había intervenido en la junta de acreedores por ser acreedor de un crédito contingente, presentó una demanda de oposición a la aprobación judicial del convenio, el 16 de octubre de 2017.

   Inversiones Mebru S.A. había sido declarada en concurso de acreedores por auto de 7 de noviembre de 2016, que acordó la suspensión de facultades patrimoniales de la concursada.

   Antes de que fuera admitida a trámite la demanda de oposición a la aprobación del convenio, la administración concursal de Inversiones Mebru, S.A. prestó su consentimiento, y así se dejó constancia por diligencia del LAJ el 19 de octubre de 2017. La demanda fue admitida el 7 de noviembre de 2017.

3. La sentencia dictada en primera instancia, de fecha 26 de marzo de 2018, desestimó la demanda de oposición y aprobó el convenio. Entendió que Inversiones Mebru S.A. carecía de capacidad y de legitimación para impugnar. En primer lugar, carecía de capacidad porque estaba en concurso con suspensión de sus facultades patrimoniales, y correspondía en todo caso a la administración concursal el ejercicio de la demanda conforme al art. 54.1 LC. Y, en segundo lugar, carecía de legitimación porque, al ser titular de un crédito contingente, su crédito no podía ser tenido en consideración para el cálculo de los mayorías para la aceptación del convenio, ni consiguientemente gozaba de legitimación para oponerse a su aprobación, a la vista de lo previsto en el art. 128.1 LC.

4. Inversiones Mebru S.A. interpuso el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia. La Audiencia desestima el recurso. Se centró en la falta de capacidad del concursado demandante de oposición y ratifica el criterio seguido por el juzgado: entiende que cuando presentó la demanda ya había sido declarada en concurso de acreedores, con suspensión de facultades patrimoniales, razón por la cual no podía presentar una demanda de contenido patrimonial, sino que esto correspondía a la administración concursal, conforme al art 54.1 LC.

5. Frente a la sentencia de apelación, Inversiones Mebru S.A. interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. En ambos recursos impugna que se haya declarado que carecía de capacidad para presentar la demanda de oposición a la aprobación del convenio de Regesta Regum, y que debía haberla formulado directamente la administración concursal de Inversiones Mebru S.A.

   La cuestión controvertida, objeto de ambos recursos, se refiere a la interpretación del art. 54.1 LC relativo a la legitimación para interponer una demanda de índole no personal, cuando el demandante ha sido declarado en concurso de acreedores con suspensión de sus facultades patrimoniales. La cuestión podía ser planteada por medio de ambos recursos, extraordinario por infracción procesal y casación, pero consideramos más oportuno analizar el de casación, sin perjuicio del efecto reflejo que la resolución adoptada tenga sobre el recurso extraordinario por infracción procesal.

Recurso de casación

1. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción por inaplicación del art. 51 LC y por aplicación indebida del art. 54 LC, y la jurisprudencia que los interpreta, según la cual, en los supuestos en los que el administrador concursal no ha sustituido a la concursada en los procedimientos en trámite ex art. 51.2 LC, a efectos de la realización de actos procesales, debe entenderse que se precisa de la intervención de dicha administración concursal mediante autorización ( art. 51.3 LC), que puede darse antes o después de la formulación del acto procesal (recurso o, en nuestro caso, demanda incidental), siempre y cuando la autorización se otorgue antes de que haya recaído resolución resolviendo el recurso ( sentencias del Tribunal Supremo 570/2018, de 15 de octubre; 295/2018, de 23 de mayo; y sentencia 321/2012 de 28 de mayo).

   Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. El presente caso difiere de los antecedentes invocados en el recurso. Cuando Inversiones Mebru S.A. interpuso la demanda de oposición a la aprobación judicial del convenio, el 16 de octubre de 2017, ya estaba en concurso de acreedores y tenía suspendidas sus facultades de administración y disposición de bienes. El concurso había sido declarado por auto de 7 de noviembre de 2016, que acordó la suspensión de facultades patrimoniales de la concursada.

   La legitimación para interponer la demanda venía regulada, en aquel entonces, en el art. 54 LC, en concreto en el apartado 1, según el cual:

   "1. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la administración concursal la legitimación para el ejercicio de las acciones de índole no personal. Para el ejercicio de las demás acciones comparecerá en juicio el propio deudor, quien precisará la conformidad de los administradores concursales para interponer demandas o recursos, allanarse, transigir o desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio".

   No se cuestiona que la demanda de oposición al convenio ejercita una acción de índole no personal, por lo que la ley restringe la legitimación activa a la administración concursal.

3. El presente caso se diferencia de los que habíamos resuelto hasta ahora en las sentencias 295/2018, de 23 de mayo, 570/2018, de 15 de octubre, y 457/2022, de 1 de junio. Estos tres precedentes tienen en común que cuando se interpone la demanda, la demandante no tenía suspendidas sus facultades patrimoniales.

   En el caso de la sentencia 295/2018, de 23 de mayo, la demandante si bien había sido declarada en concurso, al tiempo de interponerse la demanda se había aprobado un convenio y, como efecto consiguiente, se había levantado la limitación de facultades patrimoniales.

   En el caso de la sentencia 570/2018, de 15 de octubre, la demandante, aunque estaba en concurso de acreedores cuando interpuso la demanda, sólo tenía intervenidas sus facultades patrimoniales, y la demanda iba acompañada de la preceptiva autorización de la administración concursal.

   Y en el caso de la sentencia 457/2022, de 1 de junio, al tiempo de interponerse la demanda, la demandante no se encontraba en concurso de acreedores.

   Lo que se cuestionaba en todos ellos era la legitimación para recurrir en apelación, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda y durante la pendencia del procedimiento, a la demandante se le había aplicado la suspensión de facultades patrimoniales.

4. Esta sala ha interpretado los arts. 51 y 54 LC de forma conjunta y sistemática. En ambos casos, iniciado un procedimiento cuando el demandante no estaba todavía en concurso, y por ello no tenía limitadas sus facultades patrimoniales, o estaba en concurso pero con intervención de sus facultades patrimoniales, y contaba con la autorización de la administración concursal, si durante la tramitación del procedimiento se acuerda la suspensión de sus facultades patrimoniales, la administración concursal sustituirá al deudor concursado en los procedimientos judiciales en trámite, sin perjuicio de la posibilidad que la ley confiere al deudor para seguir personado en el procedimiento bajo su propia representación procesal y asistencia letrada.

   En relación con los procedimientos iniciados antes de que el demandante fuera declarado en concurso, en la sentencia 295/2018, de 23 de mayo, interpretamos el art. 51.2 LC en el siguiente sentido:

   "Sin perjuicio del régimen previsto de sustitución del deudor concursado por la administración concursal, que debería ser interesada por esta última, la norma - art. 51.2 LC- permite al deudor mantener su propia representación y defensa separada, por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice que los eventuales gastos generados por estas actuaciones no repercutirán en la masa del concurso.

   "La norma quiere asegurar que sea la administración concursal la que valore la conveniencia de continuar el procedimiento pendiente y, en su caso, recurrir la resolución judicial que se hubiera dictado en el mismo, en atención a las consecuencias económicas que podrían derivarse para la masa del concurso . Pero permite que la propia concursada continúe con dicho procedimiento siempre que no ponga en riesgo la masa del concurso con eventuales costas y gastos procesales. [...]

   "Mientras no se produzca la sustitución del deudor concursado por la administración concursal, prevista en el párrafo primero del art. 51.2 LC, no opera la posibilidad, concedida en el párrafo segundo al deudor concursado, de mantener su representación y defensa separadas, con las garantías antes descritas. Por lo que no resulta de aplicación este régimen especial.

   "En casos como el presente, en que a la administración concursal le corresponde sustituir al deudor concursado en los procesos judiciales pendientes, pero hace dejación de esta función y con ello permite que la concursada continúe en la defensa de sus derechos patrimoniales objeto de litigio, el deudor concursado se encuentra de facto bajo el régimen previsto en el apartado 3 del art. 51 para los casos de intervención. Esto es, mantiene en ese pleito la capacidad procesal, pero su legitimación procesal queda condicionada al régimen de autorizaciones previsto en este precepto. Es lógico por ello que, una vez dictada la sentencia de primera instancia, para recurrir en apelación necesitara la conformidad de la administración concursal. Aunque esta exigencia de conformidad no esté explicitada en el art. 51.3 LC respecto de la actuación procesal de recurrir la sentencia, debemos considerarla integrada, a la vista de lo regulado en el art. 54.2 LC respecto del ejercicio de acciones del concursado.

   "Esta exigencia responde a la lógica de la limitación de facultades patrimoniales y la prevención legal de que una incontrolada actuación procesal de la concursada pueda generar gastos injustificados para la masa de activa, en perjuicio de los acreedores".

   Esta doctrina fue reiterada en la sentencia 570/2018, de 15 de octubre, en un caso en que resultaba de aplicación el art. 54 LC, pues la demanda se interpuso después de que el demandante hubiera sido declarado en concurso de acreedores con intervención de sus facultades patrimoniales, y fue más tarde, cuando se acordó la suspensión de facultades patrimoniales:

   "(R)especto de los procedimientos iniciados después de la declaración de concurso por la concursada intervenida con la preceptiva autorización de la administración concursal, si al tiempo de dictarse la sentencia de primera instancia se hubiera acordado la suspensión de facultades patrimoniales como consecuencia de la apertura de la liquidación, la administración concursal está legitimada para personarse e interesar sustitución procesal de la concursada. Pero mientras no lo haga, persiste la legitimación procesal de la concursada, sin perjuicio de que para recurrir en apelación deba contar con la autorización de la administración concursal prevista en el art. 54.2 LC. La necesidad de esta conformidad de la administración concursal es la garantía de que el recurso de apelación, con el riesgo de condena en costas que gravaría la masa activa del concurso, no contradice los intereses del concurso.

   "Para la ratio del art. 54 LC, no es necesario imponer en todo caso la sucesión procesal de la concursada por la administración concursal cuando hubiera un cambio del régimen de intervención al de suspensión de facultades patrimoniales, y por eso no lo prevé. Los intereses del concurso, representados en este caso por no asumir innecesariamente riesgos de gastos y costas a cargo de la masa activa, están garantizados en cuanto que de la misma manera que para interponerse la demanda fue necesaria la conformidad de la administración concursal, para recurrir también será necesaria. [...]

   "De tal forma que, mientras la administración concursal no se persone y solicite la sustitución procesal de la concursada, está sigue legitimada para continuar con el procedimiento, aunque para recurrir en apelación necesita la conformidad de la administración concursal prevista en el art. 54.2 LC".

5. Los citados precedentes tienen en común que la demanda se interpuso correctamente, cumpliendo con las exigencias legales de legitimación, ya sea porque todavía no había sido declarado en concurso el demandante, o como consecuencia de la aprobación del convenio no regía la limitación de facultades patrimoniales, ya sea porque había sido declarado en concurso con intervención de facultades patrimoniales, y contaba con la autorización de la administración concursal.

   En esas sentencias se analizaba la incidencia de la posterior suspensión de facultades patrimoniales del deudor concursado demandante, respecto de la legitimación para interponer un recurso de apelación. En síntesis, hemos entendido que mientras no se produzca la sustitución, el deudor concursado sigue estando legitimado para actuar en el proceso representando los intereses patrimoniales afectados por el concurso, pero para algunas actuaciones procesales, como es recurrir en apelación, precisa de la autorización o confirmación de la administración concursal.

   Pero en el presente caso, la cuestión es distinta. Cuando se interpuso la demanda, el demandante ya estaba sujeto a la suspensión de facultades patrimoniales, y, en aplicación del art. 54.1 LC, carecía de legitimación para interponer la demanda. Sólo podía hacerlo la administración concursal. Sin que para la interposición de la demanda podamos hacer una interpretación extensiva de lo resuelto para recurrir en apelación, porque el tratamiento legal es diferente.

   En caso de suspensión de facultades patrimoniales, la ley restringe la legitimación para presentar demandas con acciones de índole no personal a la administración concursal ( art. 54.1 LC) y no hay margen para que pueda hacerlo el propio deudor.

   El deudor sólo está legitimado para "personarse y defenderse de forma separada en los juicios que la administración concursal haya promovido" ( art. 54.3 LC); y en aquellos casos en que hubiera iniciado el propio deudor (cuando no estaba afectado por una limitación de facultades patrimoniales, o estaba sujeto a intervención y contaba con la anuencia de la administración concursal) y durante la tramitación del procedimiento pasa al régimen de suspensión de facultades patrimoniales y la administración concursal le sustituye en el procedimiento.

   El texto refundido de 2020 lo regula ahora en el art. 121, en unos términos más claros:

   "1. El concursado podrá actuar de forma separada, por medio de procurador y abogado distintos de los de la administración concursal, en los procedimientos en trámite a la fecha de la declaración de concurso en que hubiera sido sustituido por la administración concursal y en los nuevos procedimientos promovidos por esta, siempre que un tercero haya garantizado de forma suficiente ante el juez del concurso que los gastos de su actuación procesal y, en su caso, la efectividad de la condena al pago de las costas no recaerán sobre la masa activa del concurso, y así lo acredite el concursado en el procedimiento en que estuviera personado".

   En los precedentes anteriores, partiendo de la base de que la demanda se había interpuesto cumpliendo con los requisitos de legitimación y que si, como consecuencia de la posterior suspensión de facultades patrimoniales, la administración concursal se personaba y sustituía al deudor concursado, este estaba legitimado para continuar personado en el procedimiento pero de forma separada, interpretamos que mientras no se hiciera efectiva la sustitución el deudor podía seguir actuando en el procedimiento, sin perjuicio de la necesidad de recabar la autorización de la administración concursal para apelar.

   En el presente caso, no se cumple este presupuesto. Cuando el deudor tiene suspendidas sus facultades patrimoniales, no puede presentar demandas con acciones de índole no personal, ni siquiera con la autorización de la administración concursal. En esos casos, la legitimación para interponer esas demandas se restringe a la administración concursal. De tal forma que al deudor sólo se le permite personarse y actuar de forma separada, cuando previamente el procedimiento ha sido iniciado por la administración concursal.

   En consecuencia, el criterio seguido por el tribunal de instancia es correcto y procede desestimar el recurso de casación y por las mismas razones el recurso extraordinario por infracción procesal, que planteaba, la misma cuestión.

Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y casación, procede imponer las costas de ambos recursos a la parte recurrente ( art. 398.1 LEC), con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.