STS 1065/2022, 20 de Julio de 2022

JurisdicciónEspaña
PonenteEDUARDO CALVO ROJAS
Número de resolución1065/2022
Fecha20 Julio 2022

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 1.065/2022

Fecha de sentencia: 20/07/2022

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 3963/2021

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 05/07/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas

Procedencia: T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.3

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 3963/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Martín Contreras

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 1065/2022

Excmos. Sres.

D. Eduardo Espín Templado, presidente

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

D. Eduardo Calvo Rojas

D. José María del Riego Valledor

D. Diego Córdoba Castroverde

En Madrid, a 20 de julio de 2022.

Esta Sala ha visto ha visto el recurso de casación nº 3963/2021 interpuesto por el Procurador D. José Paz Montero en representación de VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN S.A. contra la sentencia nº 67/2021 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 19 de febrero de 2021 (apelación 7191/2020) en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la referida entidad contra la sentencia nº 127/2020, de 18 de septiembre del 2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela (procedimiento ordinario nº 287/2019).

Ha comparecido como parte recurrida la XUNTA DE GALICIA, representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La representación de Volkswagen Group España Distribución S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia de 23 de abril de 2019 (expediente RA-IGC 1.41/17) que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Director del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia de 29 de marzo de 2017 (expediente 15 R001-735-2016) en la que se impone a dicha entidad multa por importe de 62.063,62 euros por la comisión de una infracción grave prevista en los artículos 82.8, 82.14 y 82.31 de la Ley gallega 2/201-2, de 28 de marzo, de protección general de las personas consumidoras y usuarias.

El recurso contencioso-administrativo fue desestimado por sentencia nº 127/2020, de 18 de septiembre del 2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela (procedimiento ordinario nº 287/2019), en la que no se hace imposición de las costas procesales.

La representación de Volkswagen Group España Distribución, S.A. interpuso contra dicha sentencia recurso de apelación que fue desestimado por sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 19 de febrero de 2021 (apelación 7191/2020), ahora recurrida en casación.

SEGUNDO

La sentencia de la Sección 3ª de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia fundamenta la desestimación del recurso de apelación, y, con ello, la confirmación de la sentencia del Juzgado, en las siguientes razones:

"(...) TERCERO.- En el caso que ahora examinarnos la dirección letrada de la entidad mercantil apelante se ha limitado, como se deja expuesto, en su escrito de interposición, a reiterar miméticamente, aunque revestidos de crítica formal de la Sentencia apelada (básicamente el error evidente de dar por válidas y avalar la notificaciones por correo postal; de que acaso sugiere la sentencia apelada que la obligación de comunicarse electrónicamente solo le incumbe al interesado en sus relaciones con la Administración, unidireccionalmente luego, sin, que la práctica de las mismas se haya efectuado conforme dispone el art. 41 de la LPAC, pretendiendo en consecuencia Administración beneficiarse de su incumplimiento sin que la moratoria en la entrada en vigor de las disposiciones relativas al registro electrónico de apoderamientos (...) afecte de modo alguno a su obligación de practicar la misma en la manera que exige el art. 41.1 y demás concordantes de la citada Ley 39/2015..., trayendo a colación las propias guías e instrucciones publicadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que adjunta cono documento núm. 1, etc.), argumentos casi idénticos y sustancialmente iguales punto por punto, a los que ya barajó en la demanda presentada en la Instancia, siendo así que los indicados argumentos fueron cumplida y certeramente respondidos en la sentencia que se pretende combatir, por lo que bastaría con aludir a estos propios y acertados fundamentos de la sentencia apelada, que como ya dijimos este Tribunal hace suyos, pues constituyen base suficiente para tal desestimación, resultando innecesaria superflua su reiteración en esta Sentencia ya que, a la vista de los mismos, poco más se puede añadir con especial relevancia para la resolución de la controversia suscitada, por Io (que) no procede abundar más en el examen de los motivos (alegaciones) en que se basa la apelación, al ni siquiera conducir a la prosperabilidad del presente recurso.

CUARTO.- Si a mayor abundamiento tomamos en consideración las fundadas objeciones que de adverso la notificación se efectúan en el escrito de oposición, tampoco procede estimar el presente recurso de apelación, por cuanto éstas corroboran el acierto de la sentenc ia que se apela, pues, en efecto, arguye en primer lugar que no puede compartirse que la notificación electrónica fuese obligatoria en aquel momento puesto que existe una prórroga en virtud de la disposición final séptima dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, como reconoce la sentencia recurrida. Y para el caso de que se estimase obligatoria la notificación por medios electrónicos, lo cierto es que debido al cambio que supuso la introducción en nuestro ordenamiento de las notificaciones electrónicas, es necesario extremar la cautela en la interpretación y aplicación del nuevo régimen de notificaciones, como señaló el TSJ de Galicia en sentencia núm. 116/2019 de 15 mayo. Por otra parte, es indudable que, como reconoce la juzgadora a quo, la notificación por medios electrónico no es exclusiva, sino preferente. En este caso concurre, además, una circunstancia que justificó la notificación en papel de la resolución sancionadora. Y es que la propuesta de arbitraje ya se notificó de esta forma con éxito, por Io que la notificación en papel se mostró eficaz a efectos de lograr el conocimiento por parte de VGED de los actos y resoluciones administrativas.

La propuesta de arbitraje fue entregada a la misma persona y en el mismo domicilio en el que posteriormente tuvo lugar la notificación de la resolución sancionadora (véanse folios 12, 13 y 34 del expediente relativos a los acuses de recibo de la propuesta de arbitraje y dela resolución sancionadora, respectivamente, para acreditar que fueron recibidos por la misma persona en la sede o domicilio de VGED).

Que exista una notificación anterior en papel no es una cuestión baladí puesto que la propia empresa reconoció haber recibido la propuesta de arbitraje y formuló alegaciones frente a ella, demostrando así que esa forma de notificación era eficaz. De ahí que, una vez demostrado 'que la notificación en papel era un medio hábil para lograr el conocimiento por parte del destinatario del contenido de los actos administrativos objeto de notificación, la Administración autonómica continuase practicando las notificaciones en papel. Es más, entiende la Administración y entendemos la Sala -como aconteció en otros supuestos enjuiciados- que VGED admitió implícita explícitamente que se practicasen notificaciones en papel puesto que no sólo no formuló ningún tipo de queja o reparo res-pecto de aquella primera notificación en papel, sino que señaló en su respuesta a la propuesta de arbitraje un domicilio físico a efectos de notificaciones. Esto es, admitiendo implícita y explícitamente la validez y eficacia de la misma.

Respecto de la segunda irregularidad que advierte la recurrente en la notificación es que fue recibida por una persona que no era trabajador de VGED, Lo primero que se ha de señalar al respecto es que no constituye vicio o defecto que la persona que recibe la notificación y firma el acuse de recibo no sea un trabajador de la empresa demandante porque el art. 42.2 de la LPAC permite expresamente que en ausencia del destinatario cuando la notificación se practique en el domicilio esta pueda ser recibida por cualquier persona, es decir, ni la ley ni la jurisprudencia exigen que el receptor sea personal de VGED.

Además, aun cuando la actora trata de desvincular totalmente a D. Bernabe de la organización de VGED, el receptor no es un tercero ajeno a Volkswagen, sino que trabaja para una empresa subcontratista encargada del mantenimiento de las oficinas de VGED. Por tanto, existe una relación, siquiera indirecta, entre el destinatario de la notificación y el receptor, como demuestra el hecho de que todas las notificaciones fuesen recibidas por Bernabe en el domicilio de la empresa, identificándose como autorizado (folios 12, 24 y 34 relativos a los. acuses de recib o). Por último, el demandante sostiene la notificación no es válida en tanto que el acuse de recibo no presenta el sello de la empresa corno sería preceptivo al amparo del art. 44 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.

En este caso, la falta del sello es un defecto de carácter secundario, como señala la sentencia de instancia, en la medida en que el sello no constituye una garantía imprescindible para asegurar conocimiento de notificación por- el destinatario. Buena prueba de ello es que el acuse de recibo de la propuesta de arbitraje no presenta el sello de la empresa a pesar de que la propia empresa reconoce haberlo recibido. tales efectos, se ha resuelto en un caso idéntico por el TSJ de la Comunidad. Valenciana, (Sala de Io Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) en sentencia núm. 2087/2014 de 4 junio.

En síntesis se considera que la fundamentación y motivación de la sentencia de instancia es correcta en tanto no se puede prescindir del casuismo que rige en materia de notificaciones y que obliga al juzgador a quo a tomar en consideración una serie de circunstancias que en el presente supuesto determinan necesariamente la desestimación del recurso, a saber: 1) Con anterioridad fueron practicadas con éxito notificaciones en papel en idénticas condiciones a aquellas en que tuvo lugar la notificación de la resolución sancionadora. Tales notificaciones se practicaron, igual que la resolución sancionadora, en el domicilio de la empresa y fueron recibidas por la misma persona. 2) El receptor de la notificación se identificó siempre como autorizado, tratándose de un trabajador que presta servicios en las oficinas de VGED por cuenta de una empresa sub-contratista y que se encontraba físicamente en las oficinas de la destinataria.

Por último, sobre la inadmisibilidad del recurso si, como se ha dicho, la notificación es válida y eficaz y, debe tenerse por hecha el día 10 de abril de 2017 (folio 34 del expediente), el plazo de un mes para la interposición del recurso de alzada concluía el 10 de mayo de 2017, conforme al art. 124 de la LPAC. Sin embargo, el recurso de alzada tuvo entrada en el registro de la Xunta de Galicia el día 22 de mayo de 2017 por Io que la resolución que acuerda la inadmisión por extemporáneo del recurso es ajustada a derecho (folio 35 del expediente relativo al escrito de recurso). Obviamente la resolución sancionadora; al no haber sido recurrida en plazo es un acto definitivo y firme, no susceptible de impugnación en vía jurisdicción al amparo de lo dispuesto el art. 28 y 69. c de la LJCA".

TERCERO

Notificada a las partes la sentencia que resolvió el recurso de apelación, preparó recurso de casación contra ella la representación de Volkswagen Group España Distribución, S.A., siendo admitido a trámite el recurso por auto de la Sección Primera de esta Sala de 8 de septiembre de 2021 en el que asimismo se acuerda la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera, con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.

En la parte dispositiva del auto de admisión se acuerda, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

"(...) 2º/ Declarar que la cuestión suscitada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos.

  1. / Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Ello sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA".

CUARTO

La representación procesal de Volkswagen Group España Distribución, S.A. formalizó la interposición del recurso de casación mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2021 en el que, dicho ahora de forma resumida, la recurrente alega la infracción de los arts. 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la medida en que la sentencia dispensa a la Administración de su obligación legal de notificar por medios electrónicos sus actos y resoluciones a determinados sujetos obligados, y, en particular, a las personas jurídicas.

La carga de practicar notificaciones por medios electrónicos a las personas jurídicas sólo queda dispensada, excepcionalmente, en determinados supuestos previstos legalmente ( artículos 41.1 y 41.2 LPAC), que no concurren en este caso ni en la sentencia se insinúa que puedan concurrir, por lo que quedan al margen de su fundamentación.

El incumplimiento por parte de la Administración de su obligación de notificar electrónicamente sus actos y resoluciones a las personas jurídicas carece eventualmente de trascendencia cuando el propio interesado hubiese aceptado expresamente notificaciones por otros medios (y sólo desde entonces) o su práctica por esos otros medios no le hubiese irrogado indefensión material. Sin embargo, no puede (ni debe) quedar eximida la Administración del cumplimiento de sus obligaciones legales en supuestos distintos de aquellos contemplados por la normativa vigente y al margen de los derechos del interesado ni, tampoco, derogarse aquellas obligaciones en supuestos singulares y a voluntad o beneficio de la propia Administración.

La sentencia recurrida termina por asociar indebidamente el necesario cumplimiento de la legalidad vigente por parte la Administración con la previa actuación del interesado en el procedimiento administrativo (en nuestro caso, en el marco del requerimiento del IGC con propuesta de arbitraje de consumo, previo al expediente sancionador), de modo que dispensa a la primera de sus obligaciones legales porque el segundo no se opuso a la práctica de otras notificaciones en papel con anterioridad.

Esas notificaciones anteriores carecen de toda relevancia en orden a condicionar el cumplimiento de la legalidad por parte de la Administración y reprochar al interesado su proceder por, simplemente, "no quejarse" de esa falta de cumplimiento normativo en supuestos en los que las circunstancias del incumplimiento no habían determinado indefensión. Es claro que tales notificaciones no asientan "precedente" alguno, y, por el contrario, si surtieron efecto, sin ser válidas, ese debe, sencillamente, al hecho de que el propio interesado se diese por notificado mediante la realización de actuaciones que supusieran conocimiento del acto notificado o la interposición del correspondiente recurso; surtiendo efectos sólo a partir de ese momento ( artículo 40.3 LPAC).

La sentencia recurrida se opone frontalmente al criterio seguido por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sentencia núm. 395/2019, de 25 de octubre (recurso núm. 66/2019).

La sentencia recurrida interpreta erróneamente los artículos 14.2 y 41.1 LPAC, dispensando a la Administración de sus obligaciones legales en la forma de notificar por medios electrónicos a las personas jurídicas, adelantando con ello la firmeza de los actos y resoluciones administrativas y su inimpugnabilidad, en la medida en que avala la práctica de notificaciones físicas en papel.

Los artículos 14.2 y 41.1 LPAC deben interpretarse en el sentido de que la Administración se encuentra legalmente obligada a notificar sus actos y resoluciones por medios electrónicos a las personas jurídicas, con independencia de cualesquiera otras notificaciones o comunicaciones anteriores y salvo en los supuestos excepcionales previstos por la normativa aplicable. El incumplimiento de esta 8 obligación supone la falta de validez de las notificaciones practicadas por otros medios de forma irregular e impide el transcurso de los plazos de impugnación.

Otras infracciones conexas en las que incurre la sentencia son -según la recurrente- las de los artículos 42.2 y 40.3 LPAC y 24 de la Constitución.

En definitiva, parte recurrente pide que se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:

"1. Fije como doctrina en interpretación de los artículos 14.2 y 41.1 LPAC, así como de los artículos 40.3 y 42.2 LPAC y 24.1 de la Constitución que, en los supuestos de obligación de notificación electrónica a personas jurídicas, las notificaciones realizadas en forma distinta a la prevista en los artículos 14.2 y 41.1 LPAC no producirán efectos, en particular en relación con el inicio del cómputo del plazo de recurso, hasta que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interp onga cualquier recurso que proceda.

  1. Declare haber lugar al presente recurso de casación interpuesto contra la sentencia 67/2021, de 19 de febrero, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso -administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso de apelación 7191/2020 y, en consecuencia, case y anule dicha sentencia.

  2. Estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta parte contra la resolución del Consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, de 23 de abril de 2019 (expediente nº RA-IGC 141/17) conforme a lo solicitado en la demanda, y, en consecuencia, anule dicha resolución y acuerde retrotraer las actuaciones al momento anterior a la inadmisión del recurso de alzada planteado por VGED contra la Resolución Sancionadora, salvaguardando su derecho de defensa en el procedimiento sancionador de referencia; todo ello con imposición de las costas de la primera instancia a la parte recurrida".

QUINTO

Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, mediante providencia de 29 de octubre de 2021 se tuvo por interpuesto el recurso de casación y se acordó dar traslado a la parte recurrida para que pudiese formular su oposición.

SEXTO

La representación de la Xunta de Galicia formalizó su oposición al recurso mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2021 en el que expone las razones de su oposición a los motivos de impugnación esgrimidos por la recurrente.

Aduce la Administración recurrida que la notificación por medios electrónicos no es exclusiva, sino preferente; y además, si atendemos a la fecha a que se refiere el asunto litigioso, en aquel momento la notificación electrónica no era necesaria debido a la prórroga prevista en la disposición final séptima de la Ley 39/2015 ("La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley"); extremo sobre el que nada dice la recurrente pese a ser acogido por la sentencia recurrida.

Es decir, la entrada en vigor de la nueva regulación en esos aspectos tuvo lugar el 2 de octubre de 2018, fecha posterior a la notificación de la resolución sancionadora, si bien a través de sucesivas modificaciones la entrada en vigor de este régimen no ha tenido lugar, finalmente, hasta 2 de abril de 2021 ( disposición final 9 de la Ley 10/2021, como anteriormente disposición final 9 del Real Decreto-ley 28/2020, disposición final 6 del Real Decreto-ley 27/2020 y la primera de las modificaciones: artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2018).

Por tanto, de inicio, en el presente caso la notificación electrónica no era obligatoria, visto su carácter y, sobre todo, el momento al que va referida, en el que no estaban vigentes aun las disposiciones sobre punto de acceso general electrónico contenidas en la LPAC.

Ahora bien, para el caso de que se estimase obligatoria tal notificación por medios electrónicos, incluso atendida la fecha en que se practicó, es necesario extremar la cautela en la interpretación y aplicación del nuevo régimen de notificaciones. Y para tratar esta cuestión, lo primero que se debe reseñar es que la notificación es un requisito de eficacia y no de validez. Por tanto huelga toda crítica sobre el medio en definitiva empleado, puesto que lo que no se puede poner en ningún momento en discusión, y la adversa no lo hace, es que la notificación fue recibida por ella, dado que se practicó en su domicilio mediante la entrega de la misma a quien se hallaba allí, demostrando su relación con la empresa, que se identificó como autorizado y que resulta ser la misma persona a quien se han notificado las anteriores resoluciones en papel respecto de las que no mostró óbice alguno la recurrente, cumplimentando todos los trámites en ellas conferidos.

Debe imperar la doctrina relativa al efectivo conocimiento del acto notificado por el interesado: si la notificación en papel es practicada con resultado satisfactorio, no estaremos ante un vicio que cause la nulidad, por no darse indefensión material, sino, a lo sumo, ante una irregularidad no invalidante por empleo de un medio de notificación no prevenido inicialmente. Lo esencial del medio de notificación, realmente, es la constancia de su recepción, así como la constancia de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. Si estos elementos se cumplen, la notificación será válida y se cumplen los requisitos para la eficacia del acto.

Si acudimos al expediente administrativo, la propuesta de arbitraje se notificó de esta forma con éxito, por lo que la notificación en papel se mostró eficaz a efectos de lograr el conocimiento por parte de VGED de los actos y resoluciones administrativas. La propuesta de arbitraje fue entregada a la misma persona y en el mismo domicilio en el que posteriormente tuvo lugar la notificación de la resolución sancionadora (véanse folios 12, 13 y 34 del expediente relativos a los acuses de recibo de la 11 propuesta de arbitraje y de la resolución sancionadora, respectivamente, para acreditar que fueron recibidos por la misma persona en la sede o domicilio de Volkswagen). Que exista una notificación anterior en papel no es una cuestión baladí puesto que la propia empresa reconoció haber recibido la propuesta de arbitraje y formuló alegaciones frente a ella, demostrando así que esa forma de notificación era eficaz. De ahí que, una vez demostrado que la notificación en papel era un medio hábil para lograr el conocimiento por parte del destinatario del contenido de los actos administrativos objeto de notificación, la Administración autonómica continuase practicando las notificaciones en papel. Es más, entendemos que Volkswagen admitió implícita y explícitamente que se practicasen las notificaciones en papel puesto que no sólo no formuló ningún tipo de queja o reparo respecto de aquella primera notificación en papel, sino que señaló en su respuesta a la propuesta de arbitraje un domicilio físico a efectos de notificaciones. Esto es, admitiendo implícita y explícitamente la validez y eficacia de la misma.

Por todo ello, el pronunciamiento que pretende la parte recurrente debe ser rechazado, siendo ajustado a derecho el contenido en la propia sentencia recurrida: que la notificación practicada por medios físicos -soporte papel- es válida por ser medio preferente, que además lo es por el momento en que esta se produce, habida cuenta de que el punto de acceso electrónico no se hallaba previsto, finalmente, hasta el 2 de abril de 2021 y sobre todo, en lo que atañe a la concreta cuestión casacional fijada en el Auto de admisión, que siendo la notificación requisito de eficacia y no de validez del acto, la práctica de la misma en papel no causará irregularidad invalidante siempre que esta, en definitiva, sea recibida por el interesado.

Partiendo de lo anterior, el recurso contencioso ha sido correctamente desestimado y así debe confirmarse en esta sede. La recurrente ha recibido la notificación en su domicilio por persona que se halla en el mismo y se identifica como autorizada, lo que per se constituye la recepción misma por Volkswagen por la presunción iuris tantum que ha de regir. Además, se ha practicado correctamente y del mismo modo que todas las anteriores, lo que lleva a concluir que ha sido además conocida en el mismo momento que el autorizado la recibe por la recurrente.

SÉPTIMO

Mediante providencia de 2 de diciembre de 2021 se acordó no haber lugar a la celebración de vista y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo. Finalmente, mediante providencia de 28 de abril de 2022, se fijó al efecto el día 5 de julio de 2022, fecha en la que se inició la deliberación, que continuó luego en sesiones sucesivas y fue concordada con el examen del recurso de casación 1662/2021, señalado para el día 19 de julio de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto del presente recurso.

El presente recurso de casación nº 3963/2021 lo interpone la representación procesal de Volkswagen Group España Distribución S.A contra la sentencia nº 67/2021 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 19 de febrero de 2021 (apelación 7191/2020) en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la referida entidad contra la sentencia nº 127/2020, de 18 de septiembre del 2020, del Juzgado de lo Contencioso_Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela (procedimiento ordinario nº 287/2019).

Como hemos visto en el antecedente primero, la sentencia del Juzgado nº 1 de Santiago de Compostela desestima el recurso contencioso-administrativo que interpuso Volkswagen Group España Distribución S.A. contra la resolución de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia de 23 de abril de 2019 (expediente RA-IGC 1.41/17) que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Director del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia de 29 de marzo de 2017 (expediente 15 R001-735-2016) en la que se impone a dicha entidad multa por importe de 62.063,62 euros por la comisión de una infracción grave prevista en los artículos 82.8, 82.14 y 82.31 de la Ley gallega 2/201-2, de 28 de marzo, de protección general de las personas consumidoras y usuarias.

La sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 19 de febrero de 2021 -ahora recurrida en casación- desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de Volkswagen Group España Distribución, S.A. contra la sentencia del Juzgado.

Ya hemos visto en el antecedente segundo las razones que expone la sentencia de la Sección 3ª de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para fundamentar la desestimación del recurso de apelación, y, con ello, la confirmación de la sentencia del Juzgado. Y en los antecedentes cuarto y sexto hemos reseñado las razones y argumentos que esgrimen las representaciones procesales de Volkswagen Group España Distribución, S.A. (parte recurrente) y de la Xunta de Galicia (parte recurrida) en sus respectivos escritos de interposición y de oposición al recurso de casación.

Procede entonces que entremos a examinar las cuestiones suscitadas en casación, en particular la señalada en el auto de la Sección Primera de esta Sala de 8 de septiembre de 2021. Y es oportuno recordar que, como ya hemos visto en el antecedente séptimo, la deliberación del presente recurso se ha llevado a cabo de forma concordada con la del recurso de casación 1662/2021, señalado para el día 19 de julio de 2022, con el que guarda estrecha relación.

SEGUNDO

Cuestión que reviste interés casacional.

Como hemos visto en el antecedente tercero, el auto en el que se acuerda la admisión del presente recurso declara que la cuestión suscitada que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de determinar cuáles son las consecuencias que se derivan de una notificación efectuada a una persona jurídica en formato papel, y no a través de medios electrónicos.

El auto de admisión del recurso identifica las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: artículos 14.2 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Ello -añade el propio auto- sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones 14 y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 90.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

TERCERO

Sobre la normativa que estaba vigente en la fecha en la que se practicó la notificación en papel a la que se refiere la controversia.

La representación procesal de la Xunta de Galicia aduce -según hemos visto en el antecedente sexto- que en la fecha en la que se practicó la notificación en papel (10 de abril de 2017) la notificación electrónica no era necesaria, dada la prórroga o moratoria establecida en la disposición final séptima de la Ley 39/2015 ("La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley"); moratoria que luego fue ampliada por sucesivas modificaciones legislativas (Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto; Real Decreto ley 27/2020, de 4 de agosto; Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre; y, finalmente, Ley 10/2021, de 9 de julio), de manera que la entrada en vigor del régimen legal que ahora interesa no tuvo lugar hasta 2 de abril de 2021.

El planteamiento de la Administración autonómica no puede ser acogido en este punto pues, como hemos visto, la prórroga o moratoria de la entrada en vigor prevista en la disposición final séptima de la Ley 39/2015 viene referida a las previsiones legales "...relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico", sin que tal moratoria afecte a los preceptos que regulan el modo en que han de practicarse las notificaciones y sus efectos (en particular, artículos 40 al 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

CUARTO

Sobre las consecuencias de que la notificación a una persona jurídica no se haga por vía electrónica.

Ante todo, tiene razón la representación de la Xunta de Galicia cuando señala que la notificación es un requisito de eficacia y no de validez del acto administrativo ( artículo 39, apartados 1 y 2, de la Ley 39/2015).

Por lo demás, es oportuno destacar que en el caso que examinamos la notificación de la resolución sancionadora no se tacha de defectuosa porque su contenido fuera incompleto, ni porque se omitiera en ella alguna indicación de las que la norma señala como necesarias, sino, únicamente, por haberse practicado la notificación en papel y no por medios electrónicos.

En fin, es relevante señalar que en el expediente administrativo hay constancia de que en el mismo procedimiento hubo otras actuaciones administrativas anteriores que se notificaron a la recurrente en la misma vía que la resolución sancionadora a la que se refiere la controversia. En particular, la notificación de la propuesta de arbitraje que la Administración actuante dirigió a la recurrente fue entregada a la misma persona y en el mismo domicilio en el que posteriormente se practicaría la notificación de la resolución sancionadora (folios 12, 13 y 34 del expediente, donde constan los acuses de recibo de la propuesta de arbitraje y de la resolución sancionadora). Y la propia entidad recurrente admite haber recibido aquella notificación de la propuesta de arbitraje, a la que formuló alegaciones, sin que la representación de Volkswagen formulase entonces objeción ni protesta alguna.

Con tales antecedentes, bien puede decirse que la entidad Volkswagen admitió, siquiera de forma implícita, que se practicasen las notificaciones en papel.

Esta Sala no ignora los preceptos de los que resulta la procedencia de la notificación por medios electrónicos cuando se trata de personas jurídicas establecido ( artículos 14.2.a/ y 41.1 de la Ley 39/2015). Sin embargo, siendo así que, como ya hemos señalado, en actuaciones anteriores del mismo procedimiento administrativo la entidad Volkswagen había admitido que se practicasen las notificaciones en papel, y no habiendo duda de que la recurrente tuvo pleno conocimiento de la resolución sancionadora notificada por esa vía, no cabe tachar de inválida tal notificación por haberse practicado de ese modo. A tal efecto es obligado tener presente que, según el citado artículo 41.1 de la Ley 39/2015, "(...) Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente".

En definitiva, no cabe afirmar se haya causado indefensión a la recurrente. Por ello entendemos que el hecho de haberse llevado a cabo la notificación en papel constituye una irregularidad que carece de relevancia invalidante ( artículo 48.2 de la Ley 39/2015).

QUINTO

Resolución del recurso y costas procesales.

Sin que proceda la formulación de una doctrina de alcance general, dado que nuestra respuesta queda vinculada a las circunstancias del caso que se examina, las consideraciones expuestas en el apartado anterior llevan a concluir que debemos declarar no haber lugar al presente recurso de casación.

Por lo demás, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.4, 139.1 y 139.4 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, entendemos que no procede la imposición de las costas de casación a ninguna de las partes. Y en cuanto a las costas del proceso de instancia y del recurso de apelación, deben mantenerse los pronunciamientos que sobre ello hicieron el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela y la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sus respectivas sentencias.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

1/ No ha lugar al recurso de casación nº 3963/2021 interpuesto en representación de VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN S.A contra la sentencia nº 67/2021 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 19 de febrero de 2021 (apelación 7191/2020) en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la referida entidad contra la sentencia nº 127/2020, de 18 de septiembre del 2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela (procedimiento ordinario nº 287/2019).

2/ No se imponen las costas derivadas del recurso de casación a ninguna de las partes, manteniéndose los pronunciamientos que hicieron el Juzgado y la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en lo que refiere a las costas del proceso de instancia y del recurso de apelación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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