STS 618/2022, 6 de Julio de 2022

Con fecha 6 de noviembre de 2020, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Toledo, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que desestimando la demanda presentada por D.ª Dolores contra la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO, en materia de despido, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones ejercitadas".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

"PRIMERO.- D.ª Dolores ha prestado servicios para la entidad demandada en virtud de los siguientes contratos:

-contrato de 3 de junio de 2008 de interinidad para sustituir al trabajador Bienvenido que accedió en tal fecha a la situación de jubilación anticipada, hasta el 2 de junio de 2009. En tal contrato se indica que su duración será de 12 meses desde el día 3 de junio de 2008 al 2 de junio de 2009, ambos inclusive.

-contrato de 3 de junio de 2009 de interinidad para cubrir temporalmente el mismo puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. En tal contrato se indica que se celebra para cubrir temporalmente el puesto de trabajo vacante en la plantilla laboral, con motivo de la jubilación del trabajador municipal D. Bienvenido y se extenderá hasta su cobertura definitiva, por el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

(doc. 2 y 3 de la parte actora).

En uno y otro contrato la demandante ocupó el mismo puesto de trabajo de capataz de parque móvil y salario de 2688,14 euros mensuales con prorrata de pagas extras.

La relación laboral se rige por el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Toledo.

SEGUNDO.- El inicio de la relación laboral de la demandante tuvo lugar tras la constitución de una bolsa de trabajo para el puesto de Capataz del Parque Móvil Municipal, en fecha 16 de mayo de 2008, bolsa en la cual tras la valoración de méritos la demandante obtuvo la máxima puntuación, colocándose en primer lugar de la bolsa constituida (doc. 2 de la entidad local).

TERCERO.- Con fecha 5 de diciembre de 2019 se comunicó a la demandante la extinción de su contrato el 31 de diciembre de 2019 como consecuencia de la cobertura definitiva de la plaza por el proceso selectivo convocado por Resolución nº 1567 de 11 de marzo de 2019 para su cobertura definitiva por el sistema de promoción interna.

CUARTO.- En virtud de Decreto de Concejalía de Régimen Interior de 11 de marzo de 2019 (BOP 27 de marzo de 2019) se incluyó la plaza ocupada por la demandante en un proceso selectivo de promoción interna.

Tal proceso selectivo concluyó con la asignación de tal plaza a D. Dimas, el cual toma posesión de la misma en fecha 1 de enero de 2020. (doc. 3 de la entidad local).

QUINTO.- En virtud de resolución del Ayuntamiento de 3 de mayo de 2019 la actora fue excluida del proceso selectivo por incumplimiento de la base 2.1.

SEXTO.- La demandante tiene interpuesta en fecha 3 de abril de 2019, demanda con solicitud de reconocimiento de su condición de indefinida no fija ( autos nº 346/2019 del Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo), los cuales se hayan pendientes de celebración de la vista (el 10 de mayo de 2021)".

Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictó sentencia con fecha 21 de mayo de 2021, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación de Dª. Dolores, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Toledo, de fecha 6 de noviembre de 2020, en Autos nº 53/2020, sobre despido, siendo recurrido el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, debemos confirmar la indicada resolución. Sin costas".

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictó con fecha 29 de junio de 2021 auto de complemento, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "LA SALA ACUERDA, llevar a cabo el complemento de la sentencia de fecha 21 de mayo de 2021, dictada por esta Sala en el Recurso de Suplicación nº 297/2021, debiéndose entender complementada dicha resolución con la nueva redacción del Fundamento Jurídico Segundo, en los términos que se han dejado expuestos, manteniendo en su integridad el contenido de su Fallo".

Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de doña Dolores, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por el Tribunal Supremo de fecha 28 de junio de 2021, rcud 3263/2019.

Admitido a trámite el presente recurso, se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Evacuado el trámite de impugnación, pasó todo lo actuado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminando en el sentido de considerar que procede la estimación del recurso. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos.

Por Providencia de fecha 30 de mayo de 2022, se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 5 de julio de 2022.

1.- Constituye el objeto del presente recurso de casación para la unificación de la doctrina determinar si la trabajadora, parte recurrente en el actual recurso, tiene derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, tras la extinción de la relación laboral que veía manteniendo, mediante contrato de interinidad por vacante, con el Ayuntamiento de Toledo, en un supuesto en que la duración del contrato fue muy superior a tres años.

2. - La trabajadora, desde el 3 de junio de 2008, venía prestando servicios para el Ayuntamiento de Toledo, en virtud de dos contratos laborales temporales de interinidad. El contrato de interinidad de 3 de junio de 2009, para cubrir el puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. El contrato se extinguió el 31 de diciembre de 2019 como consecuencia de la cobertura definitiva de la plaza.

3. - La trabajadora demandó al Ayuntamiento de Toledo por fraude de ley en la contratación temporal, por lo que se le debía de considerar trabajadora indefinida no fija.

   Subsidiariamente, la trabajadora solicitaba una indemnización de veinte días de salario por año de servicio.

   La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Toledo de 6 de noviembre de 2020 (autos 53/2020) desestimó la demanda.

4. - La trabajadora recurrió en suplicación la sentencia del juzgado de lo social, siendo desestimado el recurso por la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha 848/2021, 21 de mayo de 2021 (rec. 297/2021), complementada por el auto de 29 de junio de 2021.

5. - La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha 848/2021, 21 de mayo de 2021 (rec. 297/2021), complementada por el auto de 29 de junio de 2021, ha sido recurrida en casación para la unificación de doctrina por la trabajadora.

   El recurso invoca como sentencia de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 649/2021, 28 de junio de 2021 (rcud 3263/2019) y denuncia la infracción del artículo 4.2 b) del Real Decreto 2720/1998, en relación con el artículo 70 EBEP.

   El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y que se reconozca que la trabajadora fue objeto de un despido improcedente, al ser indefinida no fija, y que se condene al ayuntamiento al abono de la indemnización legalmente establecido para el despido improcedente adoptado por una administración pública.

6. - El Ayuntamiento de Toledo ha impugnado el recurso, solicitando su inadmisión por ausencia de contradicción o, subsidiariamente, su desestimación y la confirmación de la sentencia del juzgado de lo social.

7. - Partiendo de la existencia de contradicción, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

1.- Apreciamos, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste.

2. - En efecto, ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente idénticos, la sentencia recurrida declara que la trabajadora no tiene derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio, mientras que la sentencia de contraste declara que la trabajadora sí tiene derecho a esa indemnización.

1.- La resolución del recurso ha de necesariamente partir de la STS 649/2021, 28 de junio de 2021, dictada por el Pleno de esta Sala en el rcud 3263-2019 y de las demás sentencias deliberadas en el Pleno de 22 de junio de 2021, reiteradas por muchas otras sentencias posteriores, debiendo mencionarse especialmente la STS de 2 de diciembre de 2021 (rcud 1929/2019), dictada en un supuesto sustancialmente idéntico al presente. Razones de seguridad jurídica y de igualdad en aplicación de la ley conducen a aplicar la doctrina sentada.

La mencionada STS 649/2021, 28 de junio de 2021, dictada por el Pleno de esta Sala en el rcud 3263-2019, es precisamente la sentencia invocada de contraste en el presente recurso de casación unificadora.

2. - La presente sentencia reproduce parcialmente la mencionada STS 649/2021, 28 de junio de 2021 (Pleno, rcud 3263-2019).

Como señala esta sentencia, el examen del recurso exige que, con independencia del hecho de que la Sala haya resuelto múltiples asuntos muy parecidos al presente, examinemos la incidencia que sobre nuestra decisión haya de tener la STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19). Esta sentencia resuelve una decisión de cuestión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Auto de 23 de septiembre de 2019, interpuesta en un asunto muy similar al que aquí debemos resolver, en el que plantea cinco cuestiones diferentes, cuyo denominador común consiste en preguntarle al TJUE si la legislación española, en la interpretación que de la misma viene efectuando esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo, es conforme a la Directiva 1999/70, en especial a las cláusulas 1 y 5 del Acuerdo Marco, sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva.

La sentencia en su parte dispositiva contiene dos declaraciones:

1. La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, que, por un lado, permite, a la espera de la finalización de los procesos selectivos iniciados para cubrir definitivamente las plazas vacantes de trabajadores en el sector público, la renovación de contratos de duración determinada, sin indicar un plazo preciso de finalización de dichos procesos, y, por otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a trabajadores indefinidos no fijos" como la concesión de una indemnización a esos mismos trabajadores. En efecto, esta normativa nacional, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada.

2. La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada

1.- A tenor de lo dispuesto en la referida sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021 y en otras que han interpretado algunos preceptos del Acuerdo Marco que figura como Anexo a la Directiva 199/70/CE [ SSTJUE de 5 de junio de 2018 (C-677/16), de 21 de noviembre de 2018, ( de Diego Porras, C-619/175), de 19 de marzo de 2020 ( asuntos acumulados C-103/18 y C-429/2018) y de 11 de febrero de 2021, (M. V. y otros C-760/18)], resulta necesario efectuar una nueva reflexión sobre algunos aspectos de nuestra doctrina y, especialmente, sobre las circunstancias de su aplicación en los términos que seguidamente se expondrán.

2. - El contrato de interinidad por vacante es aquél que puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. Se trata de un contrato a término, aunque de fecha incierta respecto de su finalización, en la medida en que su persistencia será la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva de la plaza que, en el caso de las Administraciones Públicas, coincidirá con el tiempo que duren dichos procesos, de conformidad con la normativa específica que en cada caso será aplicable.

   Desde antiguo, la jurisprudencia ha admitido la legalidad de este tipo contractual respecto de las administraciones públicas ( SSTS de10 de julio de 2007, Rec. 3468/1995; de 9 de octubre de 1997, Rec. 505/1997 y de 3 de febrero de 1998, Rec.400/1997), lo que implica la licitud y regularidad de la contratación, a través del contrato de interinidad, para ocupar plazas vacantes hasta que éstas sean cubiertas en propiedad del modo reglamentariamente establecido ( SSTS de 6 de octubre de 1995, Rec. 1026/1995 y de 1 de junio de 1998, Rec. 4063/1997; entre otras). Obviamente, la licitud de la contratación está supeditada a la existencia de vacante, de suerte que la ausencia de plaza vacante determina que la contratación efectuada se considere fraudulenta por inexistencia de causa que la justifique y, obviamente, el contrato se considere por tiempo indefinido y a jornada completa ( SSTS de 8 de junio de1995, Rec. 3298/1994 y de 20 de junio de 2000, Rec. 4282/1999).

   Técnicamente, dado que, por definición, el contrato se extiende hasta que la plaza vacante que ocupa el interino sea cubierta por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, mientras esto no ocurra estaremos en presencia de un único contrato y, en ningún caso, de contratos sucesivos, salvo que el trabajador sea cambiado a otra vacante. Sin embargo, esta visión, que pudiera considerarse técnicamente correcta y amparada por la jurisprudencia europea en la medida que son los Estados miembros a los que les corresponde determinar en qué condiciones los contratos de duración determinada se considerarán sucesivos ( STJUE de 1 de febrero de 2021, C-760/18), no es, sin embargo, coherente con la propia finalidad del Acuerdo Marco cuyo objetivo es, en todo caso, evitar los abusos en la materia.

   Por ello, teniendo en cuenta que, en la interpretación del derecho interno, los órganos judiciales nacionales estamos obligados a garantizar el resultado perseguido por el Derecho de la Unión y que evitar el abuso en la contratación temporal constituye objetivo básico del mismo, la interpretación del contrato de interinidad debe tener en cuenta, además de los aspectos técnico jurídicos, la situación del trabajador interino, sus expectativas y la actividad desplegada por la Administración como entidad contratante.

   Desde tal perspectiva, aun cuando el contrato haya cumplido los requisitos, previstos en el artículo 4.1 y 2.b RD 2720/1998, de 18 de diciembre, lo cual comporta que haya identificado la plaza, cuya cobertura legal o reglamentaria se pretende - cobertura que queda necesariamente vinculada al oportuno proceso de selección previsto legal o reglamentariamente-, no cabe duda de que una duración excesivamente larga del contrato de interinidad debida, exclusivamente, a la falta de actividad administrativa dirigida a la cobertura definitiva de la plaza debe ser tenida en cuenta como elemento decisivo en orden a la configuración de la decisión judicial sobre la duración del contrato. Igualmente, el no cumplimiento de las expectativas del trabajador contratado en orden a la duración de su contrato, expectativas que derivan de los tiempos ordinarios para la cobertura de la vacante que ocupa, y que deben ser tenidas en cuenta en la apreciación judicial de la situación y en la calificación de la propia contratación. También el hecho de que los trámites administrativos para la cobertura de la vacante se dilaten en el tiempo de manera innecesaria. Circunstancias todas ellas que obligan a prescindir de la idea de que estamos teóricamente ante un único contrato porque la realidad es que el efecto útil del contrato suscrito inicialmente ha perdido todo valor en atención al incumplimiento de las exigencias de provisión que toda vacante conlleva y de las indeseables consecuencias inherentes a tal situación cuales son la persistencia innecesaria en situación de temporalidad.

3. - Desde otra perspectiva, cabe también reflexionar sobre las diferentes normas presupuestarias que, a raíz de la crisis del 2008, paralizaron la convocatoria de ofertas públicas de empleo. Aunque la Sala nunca ha afirmado que las consecuencias de aquella crisis podían justificar la extensión de la contratación, si entendió que quedaba justificada aquella detención de convocatorias cuando las normas legales españolas ( artículos 3 RDL 20/2011 y 21 de las Leyes 22/2013 y 36/2014, entre otras) paralizaron las convocatorias públicas de empleo, dando así cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, tratando de garantizar, de esta forma, una adaptación continua y automática a la normativa europea a través de tales normas que perseguían continuar con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

   La paralización de las ofertas públicas de empleo eran medidas al servicio de la estabilidad presupuestaria y del control del gasto pero, dado que impedían la convocatoria de vacantes que estaban ocupadas por trabajadores interinos, el cumplimiento de tales finalidades resulta dudoso ya que, con la convocatoria y subsiguiente ocupación de plazas vacantes cubiertas por trabajadores interinos, el gasto no se incrementa porque ya existía puesto que no se trataban de plazas de nueva creación sino de plazas que ya estaban cubiertas interinamente y que provocaban el mismo gasto que si hubieran estado cubiertas de forma definitiva. Por tanto, la justificación de la inactividad administrativa ya no resulta tan clara ya que, materialmente, tal inactividad no contribuía, ni directa ni indirectamente, a la sostenibilidad presupuestaria o a la contención del gasto público.

   Y aquí es donde incide el pronunciamiento de la precitada STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19), con el que se establece que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Con esa conclusión el TJUE viene a alterar las consecuencias jurídicas derivadas de las previsiones contenidas en la normativa presupuestaria que hemos citado anteriormente -en las que se contemplaba la suspensión de los procedimientos de cobertura de las plazas vacantes en los organismos del sector público-, que hasta la fecha hemos considerado como el dato decisivo para entender justificada la dilación en el tiempo de los procesos de convocatoria y cobertura de vacantes, que legitimaban la concertación y el mantenimiento de los contratos de interinidad.

   Desaparece de esta forma la razón por la que nuestra anterior doctrina entendía justificada, en concretas y determinadas circunstancias ligadas a la vigencia temporal de las leyes presupuestarias citadas, la prolongada extensión de tales contratos, lo que necesariamente obliga a rectificarla en ese extremo.

4. - La conclusión de cuanto se lleva expuesto, tanto de nuestra propia y consolidada jurisprudencia, como de la aplicación de las conclusiones que se extraen de la doctrina del TJUE [ SSTJUE de 19 de marzo de 2020 (asuntos acumulados C- 103/18 y C-429/2018) y de 11 de febrero de 2021, (M. V. y otros C-760/18), entre otras] debe conducir a precisar y rectificar la aplicación de nuestra doctrina, en el sentido expresado, para afirmar que, aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del artículo 4.1 y 2.b RD 2720/1998 en los términos ya expuestos, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada - hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva- ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo.

   Con carácter general no establece la legislación laboral un plazo preciso y exacto de duración del contrato de interinidad por vacante, vinculando la misma al tiempo que duren dichos procesos de selección conforme a lo previsto en su normativa específica [ artículo 4.2 b) RD 2720/1998, de 18 de diciembre), normativa legal o convencional a la que habrá que estar cuando en ella se disponga lo pertinente al efecto. Ocurre, sin embargo, que, en multitud de ocasiones, la norma estatal, autonómica o las disposiciones convencionales que disciplinan los procesos de selección o de cobertura de vacantes no establecen plazos concretos y específicos, para su ejecución. En tales supuestos no puede admitirse que el desarrollo de estos procesos pueda dejarse al arbitrio del ente público empleador y, consecuentemente, dilatarse en el tiempo de suerte que la situación de temporalidad se prolongue innecesariamente. Para evitarlo, la STJUE de 3 de junio de 2021, citada, nos indica la necesidad de realizar una interpretación conforme con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada incorporado como Anexo a la Directiva 1999/70/CE; y, especialmente, nos compele a aplicar el derecho interno de suerte que se satisfaga el efecto útil de la misma, especialmente por lo que aquí interesa, del apartado 5 del citado Acuerdo Marco. En cumplimiento de tales exigencias esta Sala estima que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga.

   Dicho plazo es el que mejor se adecúa al cumplimento de los fines pretendidos por el mencionado Acuerdo Marco sobre contratación determinada y con el carácter de excepcionalidad que la contratación temporal tiene en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, ese plazo de tres años es o ha sido utilizado por el legislador en bastantes ocasiones y, objetivamente, puede satisfacer las exigencias que derivan del apartado 5 del reiterado Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. Así, ese es el límite general que tienen los contratos para obra o servicio determinado [ artículo 15.1 a) ET]; constituye, también, el límite máximo de los contratos temporales de fomento al empleo para personas con discapacidad (Ley 44/2006, de 29 de diciembre) y ha sido usado por el legislador en otras ocasiones para establecer los límites temporales de la contratación coyuntural. Por otro lado, tres años es el plazo máximo en el que deben ejecutarse las ofertas de empleo público según el artículo 70 EBEP. La indicación de tal plazo de tres años no significa, en modo alguno, que, en atención a diversas causas, no pueda apreciarse con anterioridad a la finalización del mismo la irregularidad o el carácter fraudulento del contrato de interinidad. Tampoco que, de manera excepcional, por causas extraordinarias cuya prueba corresponderá a la entidad pública demandada, pueda llegar a considerarse que esté justificada una duración mayor.

1.- En el caso presente estamos ante un contrato de interinidad por vacante suscrito el 3 de junio de 2009 que finalizó el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de la provisión reglamentaria del puesto, sin que se pueda apreciar ninguna razón justificativa de la falta de provisión de la vacante durante tan largo periodo de tiempo.

2. - El hecho de que la trabajadora en el momento de la extinción de su contrato tuviera la consideración de indefinida no fija, conduce a la aplicación de nuestra doctrina (expresada en la STS -pleno- de 28 de marzo de 2017, rcud 1664/2015 y seguida, entre otras, por las SSTS de 9 de mayo de 2017, rcud 1806/2015, de 12 de mayo de 2017, rcud 1717/2015, de 19 de julio de 2017, rcud 4041/2015, y de 2 de diciembre de 2021, rcud 2497/2018, según la que la extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba implica el reconocimiento a su favor de una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades. A tal efecto, el importe de la indemnización se establece partiendo de los datos que se expresan en el relato de hechos probados de la sentencia, sobre antigüedad (3 de junio de 2008), salario (2.688,14 euros mensuales con prorrata de pagas extraordinarias) y fecha de efectos de la extinción del contrato (31 de diciembre de 2019), asciende a la cantidad de 20.474,05 euros.

2. - En virtud de lo expuesto y de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede estimar parcialmente el recurso de casación para la unificación de la doctrina; casar y anular la sentencia recurrida; y resolver el debate de suplicación, en el sentido de estimar la pretensión subsidiaria del recurso de tal clase interpuesto por la trabajadora sobre la indemnización de veinte días de salario por año de servicio, revocar la sentencia del juzgado de lo social y estimar la pretensión subsidiaria de la demanda de reconocer a la trabajadora una indemnización de veinte días de servicio por año de servicio, que se traduce en una cuantía de 20.474,05 euros.

3. - Sin costas ( artículo 235.1 LRJS).