STS 494/2022, 23 de Mayo de 2022

El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Igualada incoó DP 522/13 por delito de falsedad documental contra DOÑA Virtudes, DON Hernan, DOÑA Florencia, DOÑA Julia, DOÑA Ofelia, DOÑA Petra, DOÑA Regina, DON Adolfo, DON Arturo, DOÑA Adelina, DOÑA Adriana, DON Belarmino, y DON Héctor, y una vez conclusas las remitió a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona que con fecha 17 de junio de 2019 dictó Sentencia, cuyos HECHOS PROBADOS son los siguientes:

"La acusada Julia, con DNI. NUM000, nacida el NUM001/1951 en Cáceres y con antecedentes penales en cuanto que condenada por delito de falsedad en documento oficial por sentencia de fecha 19.20.12 firme el 19.2.13 a una pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y ejecutada por el Juzgado Penal n° 24 de Barcelona, y actuando con la finalidad de que los facultativos del ICAM que intervienen en la valoración de las situaciones de Incapacidad permanente creyeran erróneamente que los acusados tenían gravemente limitadas sus facultades psíquicas, o en todo caso padecían enfermedades más graves de las que en realidad tenían e informaran favorablemente sus peticiones de incapacidad permanente, realizó las siguientes acciones:

1. Elaboró, para cada acusado, los informes médicos personalizados simulados y dotados de la apariencia de documentos oficiales que se dirá. En estos documentos Incluía el logotipo del Institut Catalá de la Salut y su emisión se atribuía, en la mayoría de los casos, a, facultativos especialistas en neurología o psiquiatría. En estos informes se hacía constar que el supuesto paciente padecía graves enfermedades psiquiátricas o neurológicas con importantes limitaciones funcionales que le Impedían llevar cabo actividades laborales y sin posibilidades de tratamiento. En algunos de los Informes simulados se incluían afirmaciones sobre que la persona necesitaba ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria con la finalidad de acceder, como así sucedió en algún caso, al grado de gran invalidez. Los diagnósticos que se repiten con mayor frecuencia en los informes médicos simulados son los siguientes: "trastorno depresivo mayor recurrente grave, trastorno cognoscitivo no especificado y trastorno de insomnio".

   En otros casos y, con la misma finalidad de aparentar un cuadro de mayor gravedad que el padecido realmente, alteró parcialmente el contenido-de informes médicos realmente emitidos por los facultativos que trataban a los acusados.

2. Los informes médicos alterados (en todo o en parte) eran entregados al facultativo del ICAM, por cada uno de los Interesados en la pensión de incapacitación después de haberlos recibido de la acusada Julia, durante la preceptiva visita médica con la finalidad de que, engañado por la apariencia de oficialidad y la gravedad de los diagnósticos que en ellos se advertía, emitiera un informe que presumiera la existencia de la situación de incapacidad permanente, obteniendo así el reconocimiento por el INSS de la pensión. En algunos casos era la propia acusada Julia, quien efectuaba la entrega en el mostrador del ICAM. De la prueba practicada en el acto del juicio oral, y según se especifica en cada caso, no queda debidamente acreditado que algunos de "los acusados enjuiciados", tuviesen conocimiento de que se estuviesen entregando documentos ficticios en sus expedientes, toda vez que habían depositado la confianza en el "equipo" de profesionales que la acusada Julia decía que tenía a su disposición.

3. Para asegurar la operación la acusada Julia, acompañaba a los mentados solicitantes de la pensión, sin que haya quedado debidamente acreditado, salvo en los casos que se dirá, que estos simulasen de forma exagerada y deliberada, síntomas y comportamientos coherentes con los diagnósticos contenidos en los informes falsificados a instancias de la acusada. La acusada Julia, percibía por la "gestión" realizada cantidades adicionales de dinero, de entre 200 a 320 euros, y superiores y los acompañaba durante la visita ante los facultativos del ICAM (y, en su caso, ante los consultores especialistas en psiquiatría o neurología a los que dicho organismo derivaba).

   No queda debidamente acreditado que Eva acudiese ante el ICAM con la acusada Julia, y con la finalidad de ser visitada y, aportase un informe médico inauténtico con membrete del ICS, y supuestamente emitido en fecha 27/05/2011 por el Dr, Cesar en calidad de especialista, en psiquiatría, por más que si fue presentada por persona desconocida una solicitud de incapacitación permanente a nombre da Eva, en fecha 1-6-11, con la mentada documentación inauténtica elaborada por Julia que fue desestimada por el ICAM.

   Ofelia, solicitó pensión de incapacidad permanente el 29/11/2012 en el Centro de Atención e Información del INSS en Igualada tras contactar con la acusada Julia, con la finalidad de obtener Indebidamente la pensión de incapacidad permanente, compareció hasta en dos ocasiones al preceptivo reconocimiento médico ante el ICAM, acompañada de la acusada Julia.

   En las visitas al ICAM, Ofelia, se entregó un informe médico con membrete del ICS, supuestamente emitido por un psiquiatra llamado José el 21/12/2012, de contenido idéntico a los otros aportados por Julia, en el que costaban los diagnósticos siguientes: "trastorno depresivo mayor recurrente DSM IV: 296.32, trastorno cognoscitivo no especificado, trastorno de insomnio". Destacan las coincidencias en su contenido y en diagnósticos con otros informes también mendaces correspondientes a otros acusados y el facultativo que supuestamente o emite, esto es Dr. José, no consta que haya prestado servidos para el ICS.

   De la prueba practicada en el acto del juicio oral, no quede debidamente acreditado que Ofelia tuviese conocimiento de que se estuviese entregado documentos mendaces en su expediente, siendo que sufría dolencias distintas a las puestas de manifiesto en los informes presentados.

   El diagnóstico de los informes aportados era de especial gravedad, y en él se incluyó que la acusada Ofelia necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida y que no se encontraba en condiciones de incorporarse al trabajo. El facultativo del ICAM consideró oportuno contar con la opinión dé un consultor especialista en psiquiatría, cuyo examen y valoración el 29/01/2013, descarté que Ofelia padeciera patología psiquiátrica incapacitante apreciando; además, magnificación de síntomas.

   Tras esta valoración, los informes médicos del ICAM emitidos en fechas 04/02/2013 y 16/04/20 .13 (este último con ocasión de un proceso de incapacidad temporal Iniciado el. 03/12/20 12), consideraron que Ofelia no padecía patología incapacitante y, en fecha 18/02/2013, el, Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución -denegando la pensión de incapacidad permanente solicitada.

   Petra, solicitó pensión de incapacidad permanente el 17-12-20 12 en el CAISS Les Corta, en Barcelona capital, bajo asesoramiento. en la tramitación del expediente de incapacidad permanente de la acusada Julia, quien actuó con ánimo de lucrarse.

   Acudió ante el ICAM , para efectuar la preceptiva valoración médica acompañada por la acusada Julia, informando ésta última al facultativo del ICAM que la misma padecía un trastorno de conducta con desorientación temporo-espacial. Aportaron al menos un informe falso a nombre del Dr. Victorio, con membrete de! ICS, pretendiendo acreditar una patología psiquiátrica grave (Trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno cognoscitivo no especificado y trastorno de insomnio), facilitados por la acusada Julia. De la prueba practicada en el acto del Juicio oral, no queda debidamente acreditado que Petra tuviese conocimiento de que se estuviese entregado documentos mendaces en su expediente, siendo que sufría dolencias distintas a las puestas .de manifiesto en los Informes presentados, tales como fibromialgia y depresión.

   El médico evaluador del ICAM, solicitó la opinión de un consultor especialista en psiquiatría, la Dra. Matilde, que visitó a Petra el 16/11/2012. Acudió a esta visita acompañada por Julia, la mentada especialista no entendió acreditadas las dolencias alegadas.

   Como consecuencia de este informe del psiquiatra consultor, el ICAM, en fecha 26/11/2012 emitió dictamen propuesta dirigido al INSS en el que consideraba que Petra no se encontraba en situación de incapacidad permanente y el INSS, mediante resolución de fecha 20/1212012, denegó la prestación a la acusada.

   Regina, solicitó pensión de Incapacidad permanente en el Centro de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Igualada, tras contactar, con la coacusada Julia para que le tramitara la pensión, objetivo que finalmente alcanzaron, y le abonó la cantidad de 200 euros cada vez que la acompañaba al médico.

   Acudió al reconocimiento ante el facultativo del ICAM acompañada de la acusada Julia. En la visita aportaron al menos un informe inauténtico que Incluía patologías psíquicas de extrema gravedad, - en todo caso- queda acredítate la falta de veracidad del informe fechado el 20/09/2011 y emitido supuestamente por el Dr. Casiano que incluía diagnósticos de trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno cognitivo general no especificado, trastorno progresivo de demencia de origen frontal grave. En éste se indica que la Sra. Regina es dependiente para la mayoría de actividades de la vida diaria (no controla esfínteres, no higiene, no vestirse, deambulación muy escasa) haciendo referencia también a un diagnóstico de Altzheimer. De la prueba practicada en el acto del juicio oral, no queda debidamente acreditado que Regina tuviese conocimiento de que se estuviese entregado documentos inauténticos en su expediente, siendo que sufría dolencias distintas a las puestas de manifiesto en los Informes presentados.

   Ante la aparente gravedad de la sintomatología, el facultativo del ICAM solicitó informe de un neurólogo consultor a cuya visita acudió la acusada acompañada de la acusada Arturo, mostrando un comportamiento pasivo y aportando los informes médicos ya citados.

   La mendacidad de los informes aportados dio lugar a que el neurólogo Dr. Justo emitiera informe de fecha 18/10/2011, considerando que la patología de la Sra. Regina le impedía desempeñar todo tipo de trabajo y que, además, necesitaba de la ayuda de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida.

   Como consecuencia de ello, el facultativo del ICAM en su informe dirigido al INSS de fecha 14/11/2011 consideró que la situación de la imputada es tributaria de incapacidad permanente con ayuda de tercera persona y la Dirección Provincial del INSS en Barcelona mediante Resolución de 07/12/2011 le reconoció pensión de incapacidad permanente en el grado de gran invalidez con derecho a una pensión inicial a percibir desde el 26/09/2011 de 758Ž91 euros más un complemento por gran invalidez de 557Ž36 destinado a remunerar a la persona que le asiste para realizar los actos esenciales de la vida.

   En el periodo comprendido entre el 26/09/2011 y el 31/12/2013 fecha en que, como medida cautelar, fue suspendido el pago de la pensión mediante Auto del Juzgado de Instrucción n° 2 de Igualada, Regina ha percibido la cantidad de 42.422,63 euros en concepto de pensión de gran invalidez.

   Adolfo solicitó pensión de incapacidad permanente en el CAISS de Igualada el 25/10/2011 tras contactar pon Julia que pera que le gestionara el reconocimiento y obtención de la pensión previo abono de la cantidad de 300 euros. Con esa finalidad Julia aportó en el expediente al menos un informe inauténtico con membrete del ICS de fecha 2/10/2011 emitido supuestamente. por la Dra. Rosalia., especialista en neurología que recogía en la orientación diagnóstica patologías psiquiátricas y neurológicas graves, concretamente depresivo mayor recurrente. DSM IV: 296.32, trastorno cognoscitivo no especificado, trastorno de insomnio añadiendo que. textualmente "no se encuentra en condiciones de reincorporarse a una actividad laboral ni es previsible que pueda hacerlo en el futuro". De la prueba practicada en el acto del juicio oral, no queda debidamente acreditado que Adolfo tuviese conocimiento de que estuviese entregando documentos mendaces en su expediente, siendo que sufría dolencias distintas a las puestas de manifiesto en los informes presentados.

   El citado informe presenta gran similitud de contenido con otros informes presentados con la misma finalidad y, respecto del atribuido a la Dra. Rosalia en fecha 28/10/2011, esta doctora negó haberlo realizado y no recuerda haber tenido como paciente a Adolfo.

   Los Informes presentados dieron lugar a que el facultativo del ICAM diera veracidad a su contenido y, en informe de 31/10/201 consideró que existía presunción de Incapacidad permanente al considerar que el acusado estaba afectado de trastorno depresivo mayor recurrente; trastorno cognoscitivo no especificado y trastorno de Insomnio, es decir consideró auténticos los Informes que le fueron aportados.

   Como consecuencia de lo anterior, el INSS reconoció a Adolfo una pensión de incapacidad permanente absoluta por resolución de fecha 26/11/2011 con derecho a percibir una pensión mensual de 2.412Ž78 euros desde el 14/11/2011.

   La citada pensión quedó sin efecto mediante resolución de fecha 15/06/2013 recaída en expediente de revisión por Mejoría tramitado. de oficio habiendo recibido el ICAM una denuncia anónima relativa al imputado en la que se afirmaba que no padecía ninguna enfermedad que le impidiera hacer vida normal y trabajar.

   El ICAM, en Informe de 18/3/2013, tras recibir los informes de conclusión de los consultores especialistas en psiquiatría y en neurología, consideró que no estaba justificado el mantenimiento de la situación de incapacidad permanente y, mediante Resolución de 15/05/2013 la Dirección Provincial del INSS en Barcelona le retiró la pensión desde el 05/04/2013.

   Desde el 14/11/2011 hasta el 01/04/2013 fecha esta última en que quedó sin efecto la pensión mediante revisión por mejoría, Adolfo ha percibido, del INSS la suma de 47.323,513 euros en concepto de incapacidad permanente absoluta.

   Arturo, solicitó pensión de incapacidad permanente en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Igualada el 08/0.3/2013, asesorado por la acusada Julia.

   Fue citado a reconocimiento del ICAM, aportando al menos un Informe médico inauténtico que le habían sido facilitado por la acusada Julia, con el membrete del ICS, para solicitar la pensión de incapacitación del ICS, (que finalmente no le fue reconocida) de fecha 20/02/2013 y supuestamente emitido por el Dr Cesar en calidad de especialista en psiquiatría recoge los diagnósticos siguientes: Trastorno depresivo mayor recurrente DSM 1V:2g6.32, trastorno cognoscitivo no especificado, trastorno de insomnio.

   Se añade en el Informe que necesitaba asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

   Se aportó asimismo un segundo informe, de fecha 31/10/2011, y supuestamente emitido por el Dr. Jon, que, como ya se ha indicado anteriormente no ha podido ser identificado por falta de datos que permitan la individualización, tiene exactamente el mismo contenido del anterior y presenta coincidencias con otros informes presentados. De la prueba practicada en el acto del juicio oral, no queda debidamente acreditado que Arturo, tuviese conocimiento de que se estuviese entregado documentos mendaces en su expediente, siendo que sufría dolencias leves distintas a las puestas de manifiesto en los informes presentados.

   El facultativo del ICAM acordó que el acusado, quien acudió a la visita acompañado por. Julia, fuera reconocido por un, consultor especialista en psiquiatría que practicó un reconocimiento con pruebas diagnósticas (test de Hamilton) y descartó que existiera patología psiquiátrica importante el 05/04/2013.

   Tras el informe del psiquiatra consultor el facultativo del ICAM emitió Informe en fecha 15/04/2013, considerando que no existía patología tributaria de incapacidad permanente y el INSS denegó la petición mediante resolución da fecha 06/05/2013.

   Adelina, solicitó la pensión de. incapacidad permanente en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de igualada el 26/11/2012 encargando la tramitación del expediente a Julia, a la que conoce por ser pareja de una cuñada suya, llegando a abonarle la suma total de 7.000 euros en 2 pagos de 3.500 euros cada uno por los servicios prestados.

   Acudió a la visita ante el ICAM el 09/01/2013, apodando un informe inauténtico suministrado por la acusada Julia, que incorporaba el membrete del ICS Informe de fecha 09/03/2012, atribuido al Dr. Aurelio ya en calidad de especialista en psiquiatría, que contenía una orientación diagnóstica grave. De la prueba practicada en el acto del juicio oral; no queda debidamente acreditado que Adelina tuviese conocimiento de que se estuviese entregando en su expediente documentos mendaces, siendo que sufría dolencias distintas a las puestas de manifiesto en los Informes presentados.

   Concretamente hacia constar loa habituales diagnósticos: utranstomo depresivo mayor recurrente DSM IV: 296.32, trastorno cognoscitivo no especificado, trastorno de insomnio'', añadiendo la necesidad de otra persona para los actos esenciales de la vida.

   Pese a la aportación del Informe con apariencia de oficialidad, el facultativo del ICAM consideró que Yolanda no lira tributaria de Incapacidad permanente y le fue denegada la pensión mediante resolución de fecha 12/02/2013.

   Formuló reclamación frente a esta resolución aportando un nuevo informe inauténtico, fechado el 20/03/2013 y atribuido al Dr. Edemiro, que recoge los mismos diagnósticos que el anterior y termina con la frase "no está en condiciones de llevar a cabo ninguna actividad laboral". El citado informe tampoco obtuvo el resultado perseguido, siendo la reclamación desestimada.

   Adriana, hermana de Bárbara, quien también está encausada, le encargó a la acusada Arturo la tramitación de la incapacidad permanente abonándole entre 200 y 300 euros en 4 o 5 ocasiones.

   Presentó solicitud de incapacidad permanente el 13/08/2012 en el Centro de Atención o Información del INSS en Igualada y fue visitada por el facultativo del ICAM y por un consultor especialista en psiquiatría. A las dos visitas acudió acompañada por la acusada Julia.

   Se aportó por la acusada Julia a su expediente un informe inauténtico atribuido al Dr. Cesar fechado el 28/02/2012, (Folio 1868 de autos), y otro del Dr.. Ezequias. Dichos informes contenían los mismos diagnósticos que los Informes de los otros acusados: trastorno depresivo mayor recurrente trastorno cognoscitivo no especificado.

   Como consecuencia de la aportación de documentos falsos, el ICAM informó en fecha 7-08-12 favorablemente a la concesión de la incapacidad permanente, por trastorno. depresivo mayor recurrente-demencia, trastorno cognitivo general con notable deterioro cognitivo, dificultad de memoria y pobreza de relación. Tras el informe le fue reconocida una prestación de la seguridad social por incapacidad permanente absoluta de 2.522,98 euros desde el 7-8-12.

   De la prueba practicada en el acto del juicio oral, no queda debidamente acreditado que Adriana, tuviese conocimiento de que se estuviese entregado en su expediente documentos inauténticos, siendo que sufría dolencias distintas a las puestas de manifiesto en los informes presentados, tales como depresión.

   En el periodo comprendido entre el 7-8-12 y el 31-12-13, fecha en que como medida cautelar fue suspendido el pago de la pensión por Auto de juzgado de Instrucción 2 de Igualada, Adriana ha percibido del INSS la cantidad de 49.481,76 euros.

   Virtudes, solicitó pensión de Incapacidad permanente el 02/03/2011 en el Centro de Atención e Información del INSS de Igualada y también intervino en su tramitación Julia a la que conocía, según manifestó, por haber trabajado juntas años atrás. En la visita del ICAM se aporta informe elaborado por doctor Saturnino, emitido el 18/01/2011 cuya falsedad no se ha acreditado en el juicio oral.

   El facultativo del ICÁM remitió a la Sra. Virtudes para valoración de consultor especialista en psiquiatría que, en informe de 05/04/2011, consideró que su situación le impedía trabajar de forma regular y con normalidad, valorando la gravedad de los resultados del test de Hamilton para la ansiedad y la sintomatología que expuso la acusada Virtudes.

   También se utilizaron otros informes médicos inauténticos elaborados por la acusada Julia como el atribuido al Dr. Alvaro que presenta coincidencias en diagnósticos y contenido con otros Informes antes aludidos que recoge los diagnósticos, trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno cognitivo general no especificado, trastorno progresivo de demencia de origen frontal grave, en el cuerpo del informe aparece la frase siendo en la actualidad dependiente para realizar los actos cotidianos diarios. Con deambulación muy escasa.

   Tras esta valoración, el ICAM emitió Informe el 1/04/2011 considerando que la situación de la acusada Virtudes era tributaria de incapacidad permanente y, sobre la base de esta información, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución en fecha 17/05/201.1, declarándola en situación de incapacidad permanente absoluta con derecho a una pensión inicial de 87167 euros/mes apercibir desde 18/04/2011.

   La propia resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 18/04/2011 preveía la posible mejoría del estado de la trabajadora en, un año y, en fecha 18/05/2012, se inició expediente de revisión en el que también intervino Julia.

   Tal y como resulta del informe del ICAM efectuado para valorar la situación de la señora Virtudes y comprobar si se mantenía la situación de incapacidad reconocida, acudió a la visita con Julia. Aportaron informe médico de fecha 07/06/2012 emitido por el doctor Saturnino del hospital de Igualada cuya autenticidad ha sido confirmada por este facultativo.

   El facultativo del ICAM derivó a la acusada a un psiquiatra consultor (Dr. Luis) que el 25/08/2012, tras valorar los informes aportados y realizar la exploración clínica, consideró que padecía una patología psiquiátrica grave.

   Como consecuencia de este Informe, el ICAM consideró el 23/07/20 12 que se mantenía la misma situación de incapacidad permanente y por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 27/07/2012 se confirmó el grado de incapacidad permanente absoluta.

   Finalmente se inició un nuevo expediente de revisión por mejoría el 15/07/2013 que concluyó, tras informe del ICAM de 17/09/2013 en el que se considera que no existen síntomas que impiden trabajar a la Sra. Virtudes, por resolución del INSS de fecha 30/09/2013, que deja sin efecto la pensión de incapacidad permanente absoluta desde el 01/10/2013 al considerar que ya no se encuentra en situación de incapacidad permanente en ningún grado.

   De la prueba practicada en el acto del Juicio oral, no queda debidamente acreditado que Virtudes, tuviese conocimiento de que se estuviese entregado en su expediente documentos inauténticos, siendo que sufría dolencias tales como un trastorno depresivo mayor recurrente y un trastorno obsesivo compulsivo, según pericia, practicada en el acto del juicio oral.

   En el periodo comprendido entre el 18/04/2011 y 01110/2013 fecha esta última en que, como consecuencia de la revisión por mejoría, quedó sin efecto la pensión, Virtudes ha percibido del INSS la cantidad de 29.028,93 euros en concepto de pensión de Incapacidad permanente absoluta.

   Bárbara solicitó pensión de incapacidad permanente en el. Centro de Atención e Información del INSS en Igualada el 14/03/2011 y le encargó a Julia, a la que conoció en un centro de estética, la tramitación del expediente, abonándole en total 400 euros. Acudió a la visita médica del ICAM acompañada de Julia y, con la finalidad de obtener la pensión. La acusada Julia aportó al expediente dos informes médicos inauténticos con membrete del Institut Catalá de la Salut emitidos supuestamente por el doctor Cesar (el fechado del 21/03/2011) y por la doctora Rosalia (el que lleva fecha de 09/03/2011).

   Los dos informes citados, con apariencia de oficialidad, recogían como diagnósticos "trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno cognoscitivo no especificado, trastorno de, insomnio y en su contenido describían la situación de Bárbara con frases. como pérdida de la autonomía Incluso para actividades básicas de la vida diaria.

   De la prueba practicada en el acto del juicio oral, no queda debidamente acreditado que Bárbara, tuviese conocimiento de que se estuviese entregado en su expediente documentos inauténticos, siendo que sufría, dolencias distintas a las puestas de manifiesto por los informes presentados.

   El facultativo del ICAM, a la vista del contenido de los informes inauténticos y de la exploración clínica, consideró que la imputada se encontraba limitada por las patologías que constaban en ellos dio por buenos los diagnósticos haciendo constar que padecía "Trastorno depresivo mayor recurrente. Trastorno cognoscitivo no especificado e insomnio" y emitió dictamen en fecha 05/04/2011 presumiendo que Bárbara se encontraba en situación de incapacidad permanente.

   A la vista del dictamen del ICAM, el instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución en fecha 20/04/2011 declarando a la acusada en situación de Incapacidad permanente absoluta con derecho a una pensión mensual de 1.465,70 euros a percibir desde el 05/04/2911.

   En el periodo comprendido entre el 05/04/2011 y el 31/1/2013 fecha en que, como medida cautelar, fue suspendido el pago de la pensión por Auto del Juzgado de instrucción n° 2 de igualada, Bárbara ha percibido del INSS la cantidad de 58.607,42 euros en concepto de pensión de incapacidad permanente absoluta.

   Belarmino, solicitó la pensión de incapacidad permanente en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Igualada en 15/03/2011 y acudió al reconocimiento médico del ICAM acompañado por la también acusada Arturo.

   Se aportó al expediente, elaborado por la acusada Julia un informe médico inauténtico fechado el 10/03/2011 con membrete del Institut Catalá de la Salut y supuestamente emitido por el facultativo Cesar que diagnostica un trastorno depresivo mayor recurrente, un trastorno cognoscitivo no especificado y trastorno de insomnio. El informe recoge textualmente la frase siguiente como toda mejoría posible desde el punto de vista psiquiátrico ya se ha conseguido y no se puede esperar más mejoría.

   El facultativo del ICAM emitió informe en fecha 08/04/2011, considerando que existía situación de incapacidad permanente y asumió los diagnósticos del informe Inauténtico haciendo constar como patología que daba lugar a la situación de incapacidad permanente trastorno mayor recurrente grave, sin síntomas psicóticos. Trastorno cognoscitivo no especifico Interferencia funcional.

   Como consecuencia del informe del ICAM, el INSS mediante resolución de 27/04/2011 declaró a Belarmino en situación de incapacidad permanente absoluta con derecho a una pensión mensual de 1.742,77 euros a percibir desde el 08/04/2011.

   El acusado acudió de nuevo, al reconocimiento del ICAM en fecha 22/0512012 acompañado de Julia y se aportaron dos nuevos informes inauténticos, aportados por esta El primero de ellos, -de fecha 04/05/2012 y membrete del Institut Catalá de la Salut, lo emite supuestamente el Dr. Cesar y su contenido es Idéntico al presentado en 2011 (de fecha 10/03/2011). El citado Dr. También ha negado la autenticidad de este informe indicando que Belarmino no ha sido paciente suyo. El segundo informe, fechado el 15/05/2012 y atribuido al Dr. Eugenio, especialista en reumatología y medicina interna, recoge iguales patologías que el anterior y otras adicionales concluyendo que el paciente está incapacitado para trabajar.

   De la prueba practicada en el acto del juicio oral, no queda debidamente acreditado que Belarmino, tuviese conocimiento de que se estuviese entregado en su expediente documentos inauténtico siendo que sufría dolencias distintas a las puestas de manifiesto por los Informes presentados.

   Mediante la presentación de nuevos informes, los acusados consiguieron el objetivo de engañar, de nuevo, al facultativo del ICAM que en fecha 22/05/2012, emitió informe confirmando la situación de Incapacidad permanente de Belarmino con igual diagnóstico ("Trastorno mayor recurrente grave, sin síntomas psicóticos. Trastorno cognoscitivo no específico. Interferencia funcional") y, como consecuencia el INSS dictó resolución en fecha 31/05/2012 confirmando la situación de incapacidad permanente absoluta y manteniendo el abono de la correspondiente pensión.

   En el periodo comprendido entre el 27/04/2011 y el 31/12/2013 fecha esta última en que, como medida cautelar, fue suspendido el pago de la pensión por Auto del Juzgado de Instrucción n°. 2 de Igualada, Belarmino ha percibido del INSS la cantidad de 87133,97 € en concepto de pensión de incapacidad permanente absoluta.

   La acusada Florencia es cuñada de Julia y madre de Arturo, y solicitó incapacidad permanente en el Centro de Atención e Información del INSS en Igualada el 07/04/2011 y, presentó por si misma la solicitud. En fecha 06/05/2011 compareció ante el ICAM para valorar su estado- y, entre otra documentación, aportó un informe médico a su nombre de Iguales características a los aludidos en relación a los otros .. acusados, inauténtico fechado el 25/04/2011 en impreso con membrete del Institut Català de la Salut y atribuido a un especialista en psiquiatría, el doctor Cesar que negó haberlo emitido. Este informe recoge como diagnóstico trastorno depresivo mayor recurrente grave, trastorno cognoscitivo no especificado, trastorno de insomnio, neoplasia maligna de marra meningioma y constan afirmaciones relativas a las limitaciones que supuestamente padecía Florencia diciendo que existe pérdida de autonomía para actividades básicas de la vida diaria y que su situación no puede mejorar.

   El citado informe fue considerado auténtico por el facultativo del ICAM y la acusada alcanzó el objetivo pretendido ya que, recogiendo los graves diagnósticos psiquiátricos del informe inauténtico (incluso se Identifica en el dictamen del ICAM el informe inauténtico que se ha tenido en cuenta para la valoración con su fecha y procedencia del ICS) dictaminó en fecha. 06-05-2011 que la encausada se encontraba en situación de incapacidad permanente.

   Aunque el dictamen del ICAM de 06-05-2011 recoge otras patologías, el diagnóstico que justifica la declaración de incapacidad permanente absoluta es el psiquiátrico ya que se indica en la orientación diagnóstica del trastorno depresivo mayor recurrente grave, trastorno cognoscitivo no especificado".

   A partir del dictamen del ICAM el INSS, mediante resolución de 31/05/2011 declaró a Florencia en situación de Incapacidad permanente absoluta en con derecho a percibir una pensión mensual de 860,39 euros desde el 06/04/2011, habiendo optado, al ser de cuantía superior, por percibir la pensión de incapacidad permanente absoluta en lugar de la pensión de jubilación que teñía reconocida previamente.

   En el periodo comprendido entre el 06/04/2011 y el 31/12/2013 fecha en que, como medida cautelar, fue suspendido el pago de la pensión por Auto del Juzgado de Instrucción n° 2 de Igualada, Florencia ha percibido del INSS la cantidad de 25.466,39 € en concepto de pensión de incapacidad permanente absoluta sin perjuicio de la compensación que proceda en caso de que le sea rehabilitada la pensión de jubilación en el periodo coincidente.

   Héctor, encargó a Julia, a la tramitación de la pensión de incapacidad permanente absoluta, que le fue reconocida por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 18/05/2012. Solicitó pensión de incapacidad permanente en el Centro de Atención e Información del INSS en Igualada el 23/0412012. Ante el facultativo del ICAM, se aportó en su expediente al menos un informe inauténtico facilitado por la acusada Julia con membrete del Institut Catalá, de la Salut atribuido a la Dra. Rosalia, especialista en neurología, de fecha 12/04/2011. Tras la petición de incapacidad permanente formulada el 23/04/2012 nuevamente citado para valoración del ICAM el 20/04/2012 y, de nuevo, se aportó entre otros un informe inauténtico atribuido al Dr. Cesar de fecha 21/03/2012 con membrete del Institut Cata de la Salut.

   Los citados informes engañaron al facultativo del ICAM al entender que ya se había efectuado la valoración de la evolución de la patología del imputado por el psiquiatra de zona y que se recogía el diagnóstico con la valoración actualizada de la evolución del paciente en el informe inauténtico atribuido al Dr. Cesar. En este informe inauténtico, con apariencia de ser un informe oficial, se recogía el diagnostico de epilepsia, trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno cognoscitivo no especificado y se añadía la frase ano se encuentra en condiciones de reincorporarse a una actividad laboral, ni es previsible de que pueda hacerlo en el futuro.

   El facultativo del ICAM validó este último Informe como auténtico y consideró que Héctor se encontraba en situación de incapacidad permanente. El diagnóstico que recoge el ICAM en el informe de 20/04/2012 .es exactamente el mismo que consta en el informe inauténtico de 21/03/20.12 atribuido al Dr. Cesar epilepsia, trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno cognoscitivo no especificado, evolución tórpida, limitación funcional.

   Este informe de fecha 20/04/2012 emitido por el ICAM dio lugar al reconocimiento, por resolución del INSS de fecha 18/05/2012, de una pensión de incapacidad permanente absoluta con derecho a una pensión mensual de 684,78 euros a percibir desde el 20/04/2012.

   De la prueba practicada en el acto del juicio oral, no queda debidamente acreditado que Héctor, tuviese conocimiento de que se estuviese entregado en su expediente documentos mendaces, siendo que sufría dolencias como la epilepsia que también consta en algunos de los documentos que han sido falsificados.

   En el periodo comprendido entre el 20/04/2012 y el 31/12/2013 fecha en que, como medida cautelar, fue suspendido el pago de la pensión por Auto del Juzgado de Instrucción n° 2 de Igualada, Héctor ha percibido del INSS la cantidad de 16.421,09E en concepto de pensión de incapacidad permanente absoluta.

   Hernan, fue asesorado por la acusada Julia, pareja de su cuñada, en la tramitación de la pensión de incapacidad permanente. Solicitó pensión de Incapacidad Permanente el 15/4/2011 en el centro de Atención e Información del INSS de Igualada y fue citado para efectuar la preceptiva valoración por el ICAM.

   En su expediente fueron aportados al menos un informe médico inauténtico en la visita ante el ICAM, facilitados por la acusada Julia. Dicho informe es atribuido a la Dra. Rosalia de fecha 19/4/2011 y con membrete del ICS, recoge, los siguientes diagnósticos comunes con otros informes de los acusados en los presentes autos: trastorno depresivo mayor recurrente DSM IV: 296.31, trastorno cognoscitivo no especificado, trastorno de insomnio' y la frase 'no se encuentra en condiciones de reincorporarse a la actividad laboral, ni es previsible de que pueda hacerlo en el futuro. También se aportó otro informe con igual formato y membrete del ICS fechado el 11/04/2011 y atribuido a un traumatólogo de nombre Celestino, sin que conste número de colegiado, a quien el interesado dice no conocer, que recoge también textualmente la frase "no se encuentra en condiciones de reincorporarse a una actividad laboral, ni es previsible de que pueda hacerlo en el futuro".

   El acusado Hernan fue remitido al consultor en psiquiatría del ICAM ante el que se desplegaron las maniobras engañosas habituales y al que se aportó el Informe falso atribuido a la Dra. Rosalia ya que el consultor del ICAM hace referencia al tratamiento farmacológico que consta en el informe inauténtico atribuido a esta doctora. La mendacidad de los informes dio lugar a que el consultor considerase que padecía un trastorno depresivo mayor recurrente con síntomas psicóticos y por ello consideró que no podía realizar ningún tipo de trabajo informando en este sentido al facultativo del ICAM el 27/03/2011.

   A la vista de este informe, el facultativo del ICAM en fecha 23/5/2011 emitió dictamen considerando que existía presunción de incapacidad permanente siendo decisiva la patología psiquiátrica que se valoró como "trastorno depresivo. mayor recurrente, episodio grave con síntomas psicóticos y el INSS, mediante resolución de 221612011 declaró al imputado en situación de incapacidad permanente absoluta con derecho a percibir una pensión mensual de 1480,44 euros desde el 23/5/2011.

   De la prueba practicada en el acto del Juicio oral, no queda debidamente acreditado que Hernan, tuviese conocimiento de que se estuviese entregado en su expediente documentos mendaces, siendo que sufría dolencias distintas a las que dieron lugar a su pensión de incapacitación, tales como artrosis.

   En el periodo comprendido entre el 23/05/2011 y el 31/1212013 fecha en que, como medida cautelar, fue suspendido el pago de la pensión por Auto del Juzgado de Instrucción n° 2 de Igualada, Hernan ha percibido del INSS la cantidad de 54.596,09 E en concepto de pensión de Incapacidad permanente absoluta.

   Con carácter previo al juicio oral:

   .- Regina ha consignado la suma de 42.422,63 clima.

   .- Adolfo ha consignado la suma de 6.000 euros:

   .- Adriana ha consignado la sume de 49.841,76 euros.

   .- Bárbara ha consignado la suma de 56.607,42 euros. .- Héctor ha consignado la suma de 11.000 euros."

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Condenamos a Julia como autora e inductora de un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 392.1 y 390.1 1°, y 74 del vigente Código Penal, en concurso Ideal del artículo 77.1 y 3 con un delito consumado y continuado de estafa, en la modalidad agravada por superar los 50.000 € la cuantía de la defraudación, delito previsto y penado en el art 248.1 en relación con el art. 250.1.5° y con el art. 74.1 del Código Penal, con la agravante de reincidencia en relación a la falsedad, a la pena de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN y accesoria de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 11 meses con una cuota diaria de 8 euros, con un una responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas y costas, incluidas las de la acusación particular.

Condenamos a Julia a indemnizar al instituto Nacional de la Seguridad Social, (de forma solidaria con Florencia hasta la cantidad que a ella le incumbe), en el importe de las cantidades correspondientes a las pensiones por Incapacidad permanente que cobraron el conjunto de los acusados en el presente procedimiento, es decir en 459.600,64 euros más los correspondientes intereses devengados.

Condenamos a Florencia como autora de un delito de falsedad en documento oficial del articulo 392.1' y 390.1 1°, del vigente Código Penal, en concurso Ideal del articulo 77.1 y 3 del CP con un delito consumado y continuado de estafa, previsto y penado en el art. 248.1 y 249 en relación con él art. 74.1 y 2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de un año, seis meses y 15 días de prisión y accesoria de Inhabilitación especial Para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas, incluidas las de la acusación particular.

Condenamos a Florencia a indemnizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social en la cantidad de 26.466,38 euros, (cantidad de la que responde solidariamente con la acusada Julia) correspondientes al importe total de la pensión de incapacidad permanente absoluta percibida entre el 06/04/2011 y el 31/12/2013, más los Intereses desde la fecha en que fueron abonadas.

Absolvemos a Eva de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada y declararnos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Ofelia de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Petra de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Regina de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada, sin perjuicio de su consideración de participe a título lucrativo por el conjunto de las prestaciones percibidas en la suma de 42.422,63 €, aplicando la cantidad consignada y declaramos dé oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Adolfo de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada, sin perjuicio de su consideración de participe a título lucrativo por el conjunto de las prestaciones percibidas en la suma de 47.323,58 €, aplicando la cantidad consignada y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Arturo de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de les que venía siendo acusado y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Yolanda de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Adriana de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada, sin perjuicio de su consideración de participe a título lucrativo por el conjunto de las prestaciones percibidas en la suma de 49.481,76 E, aplicando la cantidad consignada, y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Virtudes de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada sin perjuicio de su consideración de participe a título lucrativo por el conjunto de las prestaciones, percibidas en, la suma de 29.928,93 y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Bárbara de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusada, sin perjuicio de su consideración de participe a título lucrativo por el conjunto de las prestaciones percibidas en la suma de 66.607,42 E, aplicando la cantidad consignada y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Belarmino de loe delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusado, sin perjuicio de su consideración de participe a título lucrativo por el conjunto de las prestaciones percibidas en la suma de 67.133,97 € y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Héctor, de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusado, sin perjuicio de su consideración de participe a título lucrativo por el conjunto de las prestaciones percibidas en la suma de 16.421,09 e y declaramos de oficio las costas de este pleito.

Absolvemos a Hernan de los delitos de falsedad y defraudación a la seguridad social y estafa de las que venía siendo acusado, sin perjuicio de su consideración de participe a título lucrativo por el conjunto de las prestaciones percibidas en la suma de 54.596,09 E y declaramos de oficio las costas de éste pleito.

No procede resolver sobre el resarcimiento al ICS por pago indebido de medicamentos y gastos. ortopédicos, en relación a los hechos objeto del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, y que será recurrible, mediante recurso de Casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a las actuaciones principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos."

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 5 de julio de 2019 dicta Auto, cuya Parte Dispositiva es la siguiente:

"La Sala acuerda: NO HABER LUGAR A ACLARAR LA Sentencia de fecha .17 de junio de 2019, en el sentido interesado por la representación procesal de Julia.

Notiflquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es firme no pudiendo interponerse recurso alguno contra ella, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia.

Así lo resuelven y firman S.S., de lo que doy fe."

Notificadas en forma las anteriores resoluciones a las partes personadas se preparó recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma por las representaciones legales de los acusados DOÑA Virtudes, DON Hernan, DOÑA Florencia y DOÑA Julia, que se tuvo anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.

El recurso de casación formulado por la representación legal de la acusada DOÑA Julia se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACIÓN:

Motivo único.- Infracción de ley. Error de hecho en la valoración de la prueba, con infracción del derecho a la presunción de inocencia.

El recurso de casación formulado por la representación legal de la acusada DOÑA Florencia, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

Motivo primero.- Por quebrantamiento de forma.

Motivo segundo.- Por error de hecho en la valoración de la prueba.

Motivo tercero.- Por infracción de Ley.

El recurso de casación formulado por la representación legal de la acusada DOÑA Virtudes, se basó en los siguientes MOIVOS DE CASACIÓN:

Motivo único. Se formula al amparo del artículo 5,4 de la L.O.P.J. y únicamente en relación con el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por cuanto que la sentencia recurrida incurre en un error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en el propio expediente judicial, y que demuestran la existencia de una equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

El recurso de casación formulado por la representación legal del acusado DON Hernan, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

Motivo primero.-Vulneración de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4º

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos en relación con el artículo 24.1º.2º de la Constitución, con Vulneración del Principio Acusatorio.

Motivo segundo.- Infracción de Ley, de conformidad con lo prescrito en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 122 del Código Penal.

Motivo tercero.- Infracción de Ley, de conformidad con lo prescrito en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva 5.4 LOPJ y 852 LECRim.

Motivo cuarto.- Infracción de Ley, de conformidad con lo prescrito en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por in aplicación de los art. 120.3 y 24.1 de la CE, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de derecho a una resolución motivada ( art. 852 LECRim).

Motivo quinto.- Error de hecho en la valoración de la prueba al amparo del núm. 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, designando como particulares que demuestran el error de hecho en la apreciación de las pruebas, a los efectos señalados en el artículo 855 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Motivo sexto.- Por quebrantamiento de forma, por falta de claridad en los hechos probados.

Instruido el MINISTERIO FISCAL del recurso interpuesto entiende inadmisibles los motivos del mismo, por las razones que se consignan en su informe 22 de octubre de 2021; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

Por Providencia de esta Sala de fecha 8 de marzo de 2022 se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 11 de mayo de 2022; prolongándose los mismos hasta el día de la fecha.

QUINTO.- Al proceder la desestimación de los recursos de Julia, Florencia y Hernan, se está en el caso de condenarles en costas procesales ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En cambio, al recurso de Virtudes, deben serle de aplicación las costas de oficio, por su estimación.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1. - ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la representación legal de la acusada DOÑA Virtudes, contra Sentencia de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 17 de junio de 2019. Con declaración de oficio de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por su recurso.

2. - DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por las representaciones legales de los acusados DON Hernan, DOÑA Florencia y DOÑA Julia, contra Sentencia de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 17 de junio de 2019. Condenando a dichos recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por sus respectivos recursos.

3. - En consecuencia, CASAR y ANULAR en la parte que le afecta, la referida Sentencia de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, que será sustituida por otra más conforme a Derecho.

4. -COMUNICAR la presente resolución y la que seguidamente se dicta a la Audiencia de procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

RECURSO CASACION núm.: 1533/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Segunda Sentencia

Excmos. Sres.

4. Manuel Marchena Gómez, presidente

4. Julián Sánchez Melgar

4. Antonio del Moral García

4. Leopoldo Puente Segura

4. Javier Hernández García

En Madrid, a 23 de mayo de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma interpuesto por las representaciones legales de los acusados DOÑA Virtudes, DON Hernan, DOÑA Florencia y DOÑA Julia (cuyos datos identificativos constan en el procedimiento), contra Sentencia de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 17 de junio de 2019. Sentencia que ha sido recurrida en casación y ha sido casada y anulada, en la parte que le afecta, por la Sentencia dictada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por lo que los mismos Magistrados que formaron Sala y bajo la misma Presidencia y Ponencia, proceden a dictar esta Segunda Sentencia, con arreglo a los siguientes Antecedentes de hecho y Fundamentos de Derecho.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar.

ANTECEDENTES DE HECHO.- Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho de la Sentencia de instancia, que se han de completar con los de esta resolución judicial.

HECHOS PROBADOS.- Damos por reproducidos los hechos probados de la Sentencia recurrida, en su integridad.