STSJ Galicia 28/2022, 28 de Enero de 2022
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 28 Enero 2022 |
| Número de resolución | 28/2022 |
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3
A CORUÑA
SENTENCIA: 00028/2022
PONENTE: D. JUAN CARLOS FERNANDEZ LOPEZ
RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7252/2021
RECURRENTE: Modesta, Iván
Procurador: RAFAEL BARRIOS PEREZ
Letrado: PABLO QUINTEIRO MORENO
ADMINISTRACION DEMANDADA:XURADO DE EXPROPIACION DE GALICIA
Procurador:
Letrado: ABOGACIA DE LA COMUNIDAD
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos Sres. Magistrados :
FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA
JUAN CARLOS FERNANDEZ LOPEZ
LUIS VILLARES NAVEIRA
En A CORUÑA, a 28 de enero de 2022.
VISTOS por la Sala, constituida por los magistrados relacionados al margen, los autos del recurso número 7252/2021, interpuesto por el representante procesal de doña Modesta y don Iván, contra el acuerdo del Xurado de Expropiación de Galicia de 25.02.21, que fijó el justiprecio de la finca número NUM000, expropiada por la Consellería de Sanidade, para ejecutar el proyecto denominado "01954 - bienes y derechos que se precisan ocupar para la ejecución del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal para la ampliación del Hospital Gran Montecelo".
Ha sido ponente el magistrado ilustrísimo señor don JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ.
Con fecha 10.05.21 tiene entrada en esta sala el recurso contencioso-administrativo que interpone el representante procesal de doña Modesta y don Iván, contra el acuerdo del Xurado de Expropiación de Galicia de 25.02.21, que fijó el justiprecio de la finca número NUM000, expropiada por la Consellería de Sanidade, para ejecutar el proyecto denominado "01954 - bienes y derechos que se precisan ocupar para la ejecución del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal para la ampliación del Hospital Gran Montecelo".
Admitido a trámite el recurso, se le ha reclamado al departamento autonómico demandado que remita el expediente administrativo, con las demás formalidades procesales.
Una vez remitido, se han presentado los escritos de demanda y contestación, a los que han seguido los de conclusiones, pese a no haberse practicado prueba alguna.
Mediante providencia de 20.01.22 se ha señalado el día 28.01.22 para la votación y fallo, que ha tenido lugar en esa fecha.
La cuantía del recurso se puntualiza en 44.682,40 euros, por ser la diferencia entre el justiprecio reconocido (42.877,62 euros) y el que reclama la parte demandante (87.560,02 euros).
Se han observado todas las prescripciones legales.
Es ponente el magistrado don Juan Carlos Fernández López.
Mediante acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 07.06.18 se declara el proyecto para la ampliación del Hospital Gran Montecelo como de incidencia supramunicipal, a desarrollar por el sistema de expropiación, que se inició por resolución del conselleiro de Sanidade de 03.06.19, en la que determinó que los bienes y derechos afectados por su ejecución se valorarían por el procedimiento de tasación conjunta. Entre las fincas afectadas se encontraba la número NUM000, propiedad de doña Modesta y don Iván, cuya ocupación afectaba a 478,52 m2 de suelo rústico, además de un portal de acceso, una escollera y 679,002 de explanación, que la expropiante valoró en 41.317,23 euros, incluido el premio de afección. Disconforme con esa valoración, presentaron los expropiados su hoja de aprecio, apoyada en un informe pericial que cifraba el justiprecio en 87.560,02 euros, también con el premio de afección incluido, que no aceptó el perito de la expropiante, de modo que, por resolución de ésta de 30.10.19, se aprobó definitivamente el proyecto de expropiación, que confirmó la valoración de la finca número NUM000. Remitida la pieza de justiprecio al Xurado de Expropiación de Galicia, en sesión celebrada el 25.02.21 lo fijó en 42.877,62 euros, con el premio de afección incluido.
Frente a ese acuerdo se alza el presente recurso, a través de una demanda que menciona esos hechos y pretende que esta sala lo anule y que fije el valor del terreno expropiado en los 87.560,02 euros que reclamó en la vía administrativa, aplicando a los 478,52 m2 de suelo rústico de uso industrial 150,00 euros/m2, o, en su defecto, 88,48 euros/m2, lo que arrojaría un total de 71.778,00 euros. Ampara esas pretensiones en que el jurado ha valorado de forma insuficiente tanto el suelo, como la escollera y las labores de explanación (no rebate el valor del portal de acceso), pues el primero es suelo rústico industrial que debe valorarse mediante la capitalización de los rendimientos de la empresa y no por el método de rentas potenciales como pradera, mientras que la escollera y la reposición de la explanación tienen un valor superior al fijado sobre la base de datos fiscales, como se acredita de la información que ofrecen las páginas digitales cuyos navegadores identifica.
A esas pretensiones y a sus motivos se opone la defensora autonómica, que comienza por recordar la presunción de validez de los acuerdos de los jurados, a lo que añade que el suelo se valoró en su condición de situación de rural, al ser rústico protegido, que no existe la categoría de suelo rústico de uso industrial, y que la reposición de la escollera se realizó con arreglo a criterios técnicos razonables y motivados.
No se discute que fue el 11.06.19 el día en que se inició el procedimiento expropiatorio por el método de tasación conjunta, lo que determinaba que se tuvieran que aplicar las reglas de valoración contempladas en el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (en igual sentido, las SsTS de 25.03.04, 05.11.12 y 24.06.16), que, en el caso del suelo, serían las que se contemplan en sus artículos 34 y 36, dado que no se discute que se estaba en presencia de un suelo rústico, como también aceptó el perito de los expropiados en el informe que unió a su hoja de aprecio, al indicar que estaba clasificado como no urbanizable común, si bien lo valoró como suelo rústico de uso industrial, al afirmar que estaba dedicada a ese tipo de uso, pero sin acreditarlo en modo alguno; sea como fuere, a efectos del justiprecio, no se discute que los 478,52 m2 expropiados se encontraban en situación rural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de aquel texto legal.
Y ello es así porque se tiene que estar a la situación del terreno, al margen de cuál sea su clasificación, ya que, como han recordado las SsTS de 01.04.16, 15.02.18 y 06.06.18, mientras los textos legales sobre el suelo de 1976 y 1998 partían de valorar el suelo en atención a su clasificación urbanística, por lo que eran fundamentales los valores catastrales (a menudo no actualizados), la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo, desvincula su valoración a la clasificación del suelo, de manera que se debe valorar lo que hay y no lo que el planeamiento -en un futuro más o menos cercano- autoriza a ejecutar, siguiendo la idea ya plasmada en el artículo 36 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954. En igual sentido se expresó la STC 141/2014, al indicar que la opción del legislador, de desligar definitivamente la valoración de la clasificación del suelo, perseguía paliar la especulación, en línea con el mandato del artículo 47 de la Constitución, y lograr que la valoración se lleve a cabo conforme a "lo que hay" y no a lo que "dice el plan que puede llegar a haber en un futuro incierto", a cuyos efectos el artículo 21 del TRLSRU parte de la idea de considerar, a los efectos de valoración, tan sólo dos categorías básicas de suelo: el rural, que es aquel que no está funcionalmente integrado en la trama urbana, y el urbanizado, que es el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización.
En lo que se refiere al primero, no solo se aplica a los terrenos que tradicionalmente se han considerado como rurales por estar excluidos del proceso de transformación urbanística o por la protección de sus valores ecológicos, agrícolas, ganaderos o forestales, sino también para el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación urbanizadora, así como aquellos que no reúnan los requisitos para merecer la consideración de suelo urbanizado, que son los que se integran de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población, de modo que cuenten con todas las dotaciones y servicios que requiera la legislación urbanística o que puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento. De ahí que no se...
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