STS 1166/2021, 25 de Noviembre de 2021

Con fecha 13 de mayo de 2019, el Juzgado de lo Social nº 6 de Santander, dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

"1º.- La actora, Dña. Emma, ha venido prestando sus servicios profesionales para la empresa demandada, MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CULTURA, como Profesora de Religión, desde el 1 de septiembre de 1988, percibiendo un salario mensual, con prorrata de pagas extraordinarias, de 2.371,31 €. 2º.- Las cuantías económicas asignadas al componente específico por formación permanente de los funcionarios de carrera docentes (valor del sexenio) fueron fijadas en la Resolución del 25 de mayo de 2010 de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos (BOE 26/05/2010). De estimarse la demanda, la cantidad no abonada por la empresa demandada a la actora, en concepto de Componente por Formación Permanente (sexenios), asciende 9.753,52 €, en el periodo comprendido entre octubre de 2014 a enero de 2017. 3º.- Con fechas de 29 de octubre y 2 de diciembre de 2014, por las organizaciones CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-F), ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA (ANPE), USO, APPRECE y CC.OO se presentaron demandas de conflicto colectivo, que dieron lugar a los autos nº 297/2014 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que, con fecha de 16 de diciembre de 2014 dictó Sentencia con el siguiente Fallo: " En las demandas acumuladas de conflicto colectivo, promovidas por CSIF y AMPE, a las que se adhirieron USO, APRECE y CC.OO, estimamos dichas demandas en sus propios términos y declaramos el derecho de los profesores de religión a devengar y percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes en el mismo nivel educativo y condenamos al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos". Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por el Abogado del Estado, en representación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, y con fecha de 9 de febrero de 2016, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el recurso nº 152/2015, dictó Sentencia desestimatoria del recurso de casación. Ambas resoluciones constan en las actuaciones y se dan por reproducidas. 4º.- Con fecha de 4 de agosto de 2017, la actora presentó ante la entidad demandada, solicitud en reclamación de los sexenios. La demanda origen del presente procedimiento se presentó con fecha de 9 de febrero de 2017".

En dicha sentencia consta el siguiente fallo: "Estimo la demanda formulada por Dña. Emma frente al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, y en consecuencia, debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 9.753,52 €, que devengará el 10% de interés de demora".

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la cual dictó sentencia en fecha 21 de octubre de 2019, en la que consta el siguiente fallo: "Desestimamos el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Santander, de fecha 13 de mayo de 2019 (Proc. 97/2017), dictada en virtud de demanda seguida por Dª. Emma contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, confirmado íntegramente dicha resolución. Condenamos a la Administración recurrente a abonar al Letrado de la parte impugnante honorarios por importe de 850 euros -iva incluido-".

Por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se invoca como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en fecha 14 de noviembre de 2018 (RSU 919/2018).

Por providencia de esta Sala de 8 de junio de 2020, se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente.

Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 24 de noviembre de 2021, fecha en que tuvo lugar.

Planteamiento del recurso.

1. - Objeto del recurso.

   La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el Ministerio de Educación (MEC).

   La parte demandada ha formulado dicho recurso contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria, de 21 de octubre de 2019, en el recurso de suplicación núm. 558/2019, que desestima el interpuesto por la referida parte frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Santander, de 13 de mayo de 2019, en los autos 97/2017, que estimó la demanda, condenando a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 9.753,52 euros, con el 10% de interés de demora.

   En dicho recurso de unificación de doctrina se formula un solo punto de contradicción para el que se identifica como sentencia de contraste seleccionada la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, de 14 de noviembre de 2018, rec. 919/2018.

2. - Impugnación del recurso.

   La parte recurrida, al personarse ante esta Sala, presentó escrito en el que alegaba causas de inadmisión, como la falta de contradicción entre las sentencias, al no constar en la recurrida formación alguna por parte de la trabajadora, lo que no acontece en la de contraste en la que, acredita la formación, se cuestiona la idoneidad de la misma a los efectos pretendidos.

   También presentó escrito de impugnación del recurso en el que insiste en la falta de contradicción y, en todo caso, considera que la doctrina de la sentencia recurrida es acorde con la que se recoge en la STS de 9 de febrero de 2016, rcud 152/2015.

3. - Informe del Ministerio Fiscal

   El Ministerio Fiscal ha emitido informe en el que considera que el recurso debe ser estimado, tal y como ya ha informado en otros recursos similares (rcuds 2792/2019 y 2795/2019), siendo necesario que el trabajador acredite reunir los requisitos de acceso al derecho que demanda, en concreto los cursos de formación homologados, lo que no consta en el caso de autos.

Sentencia recurrida.

1. - Hechos probados de los que se debe partir

   Según los hechos probados, la actora presta servicios para el Ministerio demandado como profesora de religión católica, desde el 1 de septiembre de 1988. El 4 de agosto de 2017, la demandante reclamó de la demandada el pago de los sexenios.

   La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la demanda, condenando a la demandada al pago de la cantidad reclamada.

2. - Debate en la suplicación.

   La parte demandada interpone recurso de suplicación que es desestimado por la Sala de lo Social del TSJ.

   La Sala de lo Social, partiendo de que no se niega que no se ha recibido la formación, considera que, con base en la STS de 9 de febrero de 2016, rcud 152/2015, que confirma el criterio de otra anterior, de 7 de julio de 2014, rec. 204/2013, no es necesario acreditar la formación. Además, considera que es la parte demandada la que debe acreditar haber dispuesto lo necesario para la formación que ahora se exige.

Examen de la contradicción

1. - Doctrina general en materia de contradicción.

   El art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina y en atención a su objeto, precisa de la existencia de sentencias contradictorias entre sí, lo que se traduce en que contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

   Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2. - Sentencia de contraste

   La sentencia de contraste, dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede en Málaga, de 14 noviembre (rec. 919/2018), ha sido invocada en otros recursos de igual contenido, procedentes también de la misma Sala de suplicación.

   Como se viene diciendo respecto de esta sentencia de contraste, la actora estaba prestando servicios como profesora de religión y moral católica y el 31 de enero de 2014 solicitó el reconocimiento de tres sexenios, siendo que había realizado los cursos de formación que constaban en su ramo de prueba. El MEC le había reconocido unas actividades de formación permanente a efectos de sexenios aportadas con su ramo de prueba y relacionadas en la fundamentación jurídica de la sentencia.

   El Juzgado estimó parcialmente la demanda y declaró el derecho de la actora a que se le reconociese un sexenio por el último periodo y los cursos realizados reconocidos por la Administración como actividades de formación permanente, que habían superado las 100 horas de formación. La STSJ de contraste confirma dicha resolución, estima parcialmente la demanda y reconoce el derecho al devengo de uno de los tres sexenios reclamados por la actora, concretamente el último al constar que en ese período realizado las actividades de formación homologadas por el MEC. En sus fundamentos se refiere a la STS 79/2016 para concluir, de acuerdo con esta doctrina, el derecho de los profesores de religión al reconocimiento de sexenios, en las mismas condiciones que los profesores interinos. Entre estas condiciones, señala, está la realización de cursos de formación homologados por el MEC. Para ello hace una extensa cita de toda la normativa que regula la materia, especialmente la Orden Ministerial EDU 2886/2011 de 20 de octubre por la que se aprueba el Reglamento que regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado"

3. - Sentencias con pronunciamientos contradictorios

   Entre las sentencias existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios, como ya dicho ya esta Sala en las sentencias dictadas en los recursos que más adelante se identificarán.

   En efecto y reiterando lo que ya se ha dicho al respecto, el devengo de los sexenios por los profesores de religión se condiciona en la sentencia de contraste a que los cursos de formación permanente se realicen y sean homologados por el MEC, lo que constituye una prueba reforzada que no se exige en la recurrida. Ésta otorga los sexenios reclamados sin necesidad de demostrar el cumplimiento de las horas de formación exigidas, al no haberse demostrado tampoco por el MEC que las horas alegadas no se realizaron.

   Ambas sentencias parten de lo resuelto en las sentencias colectivas expuestas en el Fundamento anterior y de la cosa juzgada positiva derivada de ellas que, sin embargo, interpretan de manera distinta, lo que determina la contradicción generada. Las diferencias puestas de relieve por el elaborado escrito de impugnación al recurso no afectan a la identidad relevante.

Motivos de infracción de norma

1. Preceptos legales denunciados y fundamentación de la infracción.

   La parte recurrente invoca como preceptos legales infringidos los siguientes: el art. 160.3 y 5 LRJS, en relación con la STS de 9 de febrero de 2016, rec. 152/2015 y en el art. 29.3 ET, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991, por el que se regulan las prestaciones complementarias del profesorado de Centros de Enseñanza Básica, Bachillerato, Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas y de idiomas formuladas por profesores de religión, con la Orden EDU/2886/2001, de 20 de octubre y la jurisprudencia de este Tribunal.

2. Doctrina de la Sala.

   Como se ha indicado anteriormente, sobre la cuestión aquí suscitada ya se ha producido varios pronunciamientos de esta Sala (SSTS de 7 de mayo de 2020, rcud 2800/2017, 7 de octubre de 2020, rcuds 2791/2019, 2791/2019, 2795/2019 y 4780/2019, y 1 de febrero de 2021, rcud 3961/2019) que, por obvias razones de seguridad jurídica, debemos mantener al estar ante supuestos similares, procedentes de la misma Sala de Cantabria.

   Así, lo dicho en la sentencia del último recurso que hemos recogido, es lo siguiente.

   En relación con el alcance de lo resuelto en nuestra sentencia de 9 de febrero de 2016, rec. 152/2015, se ha dicho que " la Sala no comparte que de nuestra STS 79/2016, que confirmó la SAN 16-12-2014, proced. 297/2014, derive el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. No lo compartimos, porque lo que sí deriva del conflicto colectivo finalizado en 2016 es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, tal y como habían interesado los promotores del conflicto colectivo, toda vez que lo solicitado entonces: "reconocimiento del derecho al complemento de formación permanente en las condiciones y cuantía que les corresponda a los funcionarios interinos docentes dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte", es exactamente lo allí reconocido.

   Así se deduce con absoluta claridad del fundamento de derecho tercero de la SAN, donde se afirma que en ambas demandas se reclama el derecho de los profesores de religión al devengo y la retribución del complemento de formación (sexenios) en las condiciones y cuantía que les corresponda a los funcionarios interinos docentes del mismo nivel retributivo del MECD, concluyéndose que "...dicha pretensión debe estimarse en sus propios términos, puesto que los profesores de religión tienen derecho a la equiparación retributiva con los profesores interinos, sin que la Sala pueda pronunciarse sobre el cumplimiento de los módulos formativos por parte de los profesores interinos, que han percibido sexenios, ni tampoco sobre la formación, recibida, en su caso, por los profesores de religión, puesto que ni los demandantes probaron que los profesores de religión hayan realizado los módulos formativos exigidos, ni la Abogada del Estado probó que los profesores interinos lo hicieran, ni tampoco que no lo hicieran los profesores de religión". Dicha sentencia

   fue confirmada por nuestra STS 79/2016 y tanto una como otra sentencia se basan en la apreciación fáctica de que el reconocimiento judicial del derecho a percibir los sexenios "no consta que haya sido acompañado de la adecuada implementación formativa lo que supondría una mera aceptación nominal por la empleadora del derecho reconocido en vía judicial". La Sala entiende que esa valoración de lo acaecido a la altura de 2014, no puede condicionar lo que sucediera con posterioridad, de modo que la cosa juzgada debe entenderse válidamente proyectada sobre la realidad mientras la misma fuere homogénea y no cuando sufriera cambios.

   No lo puede condicionar, porque no es cierto que las sentencias examinadas hayan reconocido el derecho a los profesores de religión a percibir el complemento por formación, aunque no hayan acreditado los módulos formativos, puesto que, si bien en el hecho probado sexto de la SAN se afirma que "El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no abona sexenios a los profesores de religión, aunque si los abona a los profesores interinos docentes", en el FD tercero se concluye que "...los profesores de religión, siempre que cumplan todos los requisitos, exigidos a los profesores interinos, para percibir los sexenios - seis años de permanencia como profesores de religión y acreditar las horas de formación establecidas - tendrán derecho a percibir los sexenios como si fueran profesores interinos", para subrayar, a continuación que, "...sin que la Sala pueda pronunciarse sobre el cumplimiento de los módulos formativos por parte de los profesores interinos, que han percibido sexenios, ni tampoco sobre la formación, recibida, en su caso, por los profesores de religión, puesto que ni los demandantes probaron que los profesores de religión hayan realizado los módulos formativos exigidos, ni la Abogada del Estado probó que los profesores interinos lo hicieran, ni tampoco que no lo hicieran los profesores de religión".

   Y en orden al complemento en cuestión se indica que desde el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1991 así como la Orden de 26 de noviembre de 1992, es claro que se vinculan los sexenios a la formación permanente del profesorado", como también se advierte de la Orden EDU/2886/2011 de 20 de octubre que regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado. Siendo ello así, se sigue diciendo que la equiparación de los profesores de religión y los funcionarios interinos no puede tomar como referencia la situación contraria al ordenamiento y así se ha dicho lo siguiente: " Es indudable que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Pues bien, si la Administración, apartándose de lo previsto por las normas y de lo exigible constitucionalmente ( art. 9.3 CE) reconociera el referido complemento a quienes carecen del derecho al mismo, de ello no podría tampoco derivar el derecho a percibirlo por parte de quienes vienen equiparados en su posición contractual. Como siempre ha advertido la doctrina constitucional, el derecho a la igualdad en la Ley no garantiza la igualdad en la ilegalidad (por todas, STC 40/1989, de 16 febrero); en ningún caso aquél a quien se aplica la Ley puede considerar violado el principio de igualdad por el hecho de que la Ley no se aplique a otros que, al igual que él, la han incumplido (Por todas, STC 21/1992, de 14 febrero)"

   Y, con posterioridad a la sentencia de 9 de febrero de 2016, se recuerda que esta Sala "ha reconocido el derecho a que el profesorado de Religión perciba el complemento en cuestión, aunque sin estar en juego la misma duda que ahora, sino el propio derecho. En esas sentencias consta en los hechos probados la acreditación de la formación exigida mediante la realización de cursos homologados por el Ministerio de Educación. Entre las últimas que hemos dictado, puede verse las SSTS 799/2019 de 21 noviembre (rcud. 1315/2017) y 288/2020 de 7 mayo (rcud. 2800/2017); los hechos probados de las sentencias de instancia exponen claramente que quienes reclaman han cursado la formación exigida para devengar el complemento de referencia".

3. Doctrina aplicable al caso

   La anterior doctrina es plenamente aplicable al caso al no constar en hechos probados el cumplimiento por la parte actora de la formación exigida para devengar el complemento reclamado.

Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado, y resolviendo el debate planteado en suplicación, revocar la sentencia de instancia, con desestimación de la demanda y absolución de la parte demandada, sin imposición de costas tanto en suplicación como en esta casación, a tenor del art. 235 de la LRJS.