SJCA nº 2 18/2021, 14 de Enero de 2021, de Palma
| Ponente | ALEJANDRO GONZALEZ MARISCAL DE GANTE |
| Fecha de Resolución | 14 de Enero de 2021 |
| ECLI | ES:JCA:2021:2640 |
| Número de Recurso | 170/2017 |
JD O. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2
PA LMA DE MALLORCA
SENTENCIA: 00018 /2021
Modelo: N11600
JOAN LLUIS ESTELRICH Nº 10 07003 PALMA
Teléfono: 971 721739 Fax: 971 714826
Correo electrónico:
Equipo/usuario: AMR
N.I.G: 07040 45 3 2017 0001798
Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000170 /2017 /
Sobre: PROCE SOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS
De D/Dª : BIOMERIEUX ESPAÑA SA
Abogado:
Procurador D./Dª : MARIA DEL ROMERO GASPAR DE L'HOTELLERIE DE FALLOIS
Contra D./Dª IBSALUT IBSALUT
Abogado: LETRADO DE LA COMUNIDAD
Procurador D./Dª
En nombre de SM El Rey se dicta la siguiente
SENTENCIA 18/21
Palma, catorce de enero de dos mil veintiuno
Vistos por mí, Don Alejandro González Mariscal de Gante, Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Palma, los autos del Procedimiento Ordinario 170/2017, iniciados en virtud de recurso interpuesto por la mercantil Biomerieux España S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María del Romero Gaspar de LHotellerie de Fallois y bajo la dirección letrada de D. Climent Fernández Forner, frente al IBSALUT, representado y asistido legalmente por el Cuerpo de Abogados de la CAIB, contra:
- Desestima ción por silencio de la reclamación de pago.
Por la representación procesal de la actora se interpuso recurso y, una vez admitido e incorporado el expediente administrativo, se formuló demanda en la que, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, terminó solicitando que dicte Sentencia en la que se disponga:
A). - Anular, dejándolo sin efecto, por ser contrario a derecho y disconforme con el ordenamiento jurídico el acto presunto recurrido.
B). - Declarar el derecho de mi mandante a que Institut Balear de Salut (IB-Salut) le abone, en concepto de intereses por la demora en el pago de las facturas a las que se alude en esta demanda, la suma total de
39.406,50€, calculados tales intereses según previene la Directiva 2011/7/UE y el artículo 216. 4 del TR de la LCSP . Declarando también, en todo caso, el derecho de mi mandante a que se le abonen los intereses legales devengados por tal cantidad líquida de intereses (anatocismo), desde la fecha de interposición del presente recurso hasta la fecha del efectivo pago de los intereses de demora.
C). - Declarar el derecho de mi representada a que el Institut Balear de Salut (IB-Salut) le abone la compensación por los costes de cobro que ha debido soportar en la tramitación de la Petición en vía administrativa, por el importe de 1.656,92€
D). - Condenar al Institut Balear de Salut (IB-Salut) a pagar, en concepto de intereses por la demora en el pago de las facturas a las que se alude en esta demanda, la suma total de 39.406,50€, calculados tales intereses según previene la Directiva 2011/7/UE y la actual redacción del artículo 216.4 del TR de la LCSP ; es decir, calculando los intereses desde la fecha de registro de cada factura hasta el día en que se haya producido su efectivo pago, Condenando al Institut Balear de Salut (IB-Salut), en todo caso, al pago de los intereses legales devengados por tal cantidad líquida de intereses, (anatocismo), desde la fecha de interposición del presente recurso hasta la fecha del efectivo pago de esos intereses de demora.
E). - Condenar al Institut Balear de Salut (IB-Salut) a pagar a mi mandante a la suma de 1.656,92€, en cuanto indemnización por los costes de cobro soportados en la vía administrativa.
F). - Adoptar cuantas medidas legales sean precisas para llevar a efecto los anteriores pronunciamientos.
G). - Condenar al Institut Balear de Salut (IB-Salut) al pago las costas de este proceso (honorarios de letrado, arancel de la procuradora e importe de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional).
Admitida a trámite la demanda se dio traslado a la Administración demandada que formuló contestación en la que, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, terminó solicitando el dictado de Sentencia conforme a las alegaciones de su contestación.
En el trámite de prueba se admitió la documental y, no siendo necesaria la celebración de vista, se dio traslado a las partes para formular conclusiones escritas, en los términos que obran en autos, quedando visto el procedimiento para Sentencia.
La cuantía del procedimiento se estima en 39.406,50€
En los presentes autos se han observado las prescripciones legales esenciales.
Régimen legal y Jurisprudencia aplicable
En esta materia y, con relación a los intereses legales de demora derivados del pago tardío de certificaciones de deudas por contratos de obras (situación que puede tomarse como referencia analógica en el presente supuesto), es doctrina jurisprudencial consolidada que la Administración debe intereses de demora desde el día siguiente al transcurso del plazo legal de carencia contado a partir de la fecha de emisión de la certificación y hasta que se realice el pago correspondiente ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1991, 5 de marzo de 1992, 28 de septiembre de 1993, 18 de noviembre de 1993, 18 de enero de 1995, 1 de abril de 1996, 24 de junio de 1996, 1 de julio de 1998, 9 de marzo de 2004 y 23 de marzo de 2004). La Sentencia de 9 de marzo de 2004 señala que :
Lo que el legislador ha querido con el establecimiento del plazo de dos meses, teniendo en cuenta las características que concurren en la Administración(complejidad estructural, principios de legalidad y contabilidad públicas que condicionan su actuación y obstaculizan la agilidad de movimientos), es fijar concreta y específicamente el momento a partir del cual la Administración ha incurrido en mora, lo que debe interpretarse como referida a la fecha de terminación del plazo de dos meses, criterio de seguridad jurídica que tiene cierto paralelismo con lo establecido en los artículos 1.100 y 1.101 del Código Civil, que concretan cuándo un deudor incurre en mora y los efectos de la misma .
Señala igualmente la jurisprudencia que la intimación es un requisito puramente formal que pone en marcha la actuación administrativa, pero no es un requisito sustancial condicionante de la constitución en mora de la Administración, añadiendo que la finalización del plazo (en este caso de dos meses), actúa "ope legis", de manera que, aunque la intimación sea posterior en el tiempo al mencionado plazo, el devengo de intereses se produce desde el día siguiente al transcurso de dicho plazo ( Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1987, 28 de septiembre de 1993, 22 de noviembre de 1994, 1 de julio de 1998, 16 de octubre de 1998, 22 de febrero de 1999, 7 de junio de 1999, 5 de julio de 2002 y 9 de marzo de 2004). En la Sentencia de 5 de julio de 2002, la Sala Tercera del Tribunal Supremo afirma concretamente que:
A ello no obsta el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria, puesto que la jurisprudencia ha explicado que cuando está en juego la mora de la Administración en el pago de obligaciones dinerarias, la generalidad de aquel precepto debe ceder ante las especialidades de la Ley de Contratos Administrativos, de modo que aquí el vencimiento de este plazo de franquicia de que se beneficia la Administración determina el comienzo de la constitución en mora de ésta a los efectos del pago de los intereses de demora.
Por su parte, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala en su artículo 7:
-
El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.
-
El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales.
Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuará una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.
El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.
-
El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior
Respecto del régimen legal aplicable, según señala la STSJIB 283/2018:
El artículo 200.4 de la LCSP 30/2007 de 30 de octubre, en su redacción originaria, fijaba también un plazo de vencimiento de 60 días. Sin embargo, la ley 15/2010 de 5 de julio que modificó la ley 3/2004, modificó en su artículo 3.1 el apartado 4 º del artículo 200 de la ley 30/2007 y fijó un plazo de 30 días para el vencimiento y la obligación de pago que tenía la Administración. Pero en su artículo 3.3 estableció un régimen transitorio, pues introdujo la Disposición Transitoria Octava a la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público que estableció unos plazos de vencimiento de 55 días, 50 días y 40 días según las anualidades en las que se presentaban las correspondientes facturas. Posteriormente el artículo 216.4 del RD Legislativo 3/2011 que aprueba el TR de la LCSP, establece un plazo de vencimiento de 30 días, y la Disposición Transitoria Sexta de ese mismo texto, señala que ese plazo de 30 días se aplicará a partir del 1 de enero...
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