ATS, 17 de Marzo de 2021

La representación procesal de D. Jose Ángel presentó escrito de interposición de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3.ª) con fecha 5 de octubre de 2018, en el rollo de apelación n.º 321/2018, dimanante del juicio ordinario n.º 118/2017, del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Burgos.

Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordando la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

Mediante escrito enviado a esta sala la procuradora D.ª Amelia Alonso García, en nombre y representación de D. Jose Ángel, se personaba en esta sala en concepto de parte recurrente. Mediante escrito enviado a esta sala, la procuradora D.ª M.ª Teresa Palacios Sáez, en nombre y representación D.ª Angelica, se personaba en esta sala en concepto de parte recurrida.

Mediante providencia de 27 de enero de 2021 se pusieron de manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión de los recursos.

Por escrito enviado el 9 de febrero de 2021 la parte recurrida se mostraba conforme con las causas de inadmisión puestas de manifiesto. La parte recurrente por escrito enviado el 10 de febrero de 2021 se oponía a la inadmisión de los recurso.

Por la parte recurrente se han efectuado los depósitos para recurrir establecidos en la disposición adicional 15.ª LOPJ.

Se ha interpuesto conjuntamente recurso de casación y extraordinario por infracción procesal por la parte demandada, ahora recurrente. Dichos recursos tienen por objeto una sentencia dictada en un juicio ordinario en el que la demandante, D.ª Angelica reclamaba a D. Jose Ángel la suma de 38.033,61 euros que entendía le eran debidos. Dicho procedimiento fue tramitado en atención a la cuantía, siendo esta inferior a 600.000 euros, por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC.

Conforme a la disposición final 16.ª 1. 2.ª de la LEC, solo si se admite el recurso de casación, podrá examinarse la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal.

El recurso de casación se formula al amparo del art. 477. 2. 3.º LEC y se estructura en tres motivos. En el motivo primero se alega la infracción de los arts. 1281, párrafo 2.º, 1282 y 1288 CC y la jurisprudencia que los interpreta, contenida en las sentencias n.º 174/2003 de 3 de marzo y 1122/2008 de 10 de diciembre, en materia de interpretación de los contratos. En él se combate la interpretación simplista y literal que realiza la sentencia recurrida del documento n.º 2 aportado con la demanda de fecha 12 de agosto de 2011, con base en el que se reclamaba la suma de 25.000 euros, ya que entiende que se incurre en una evidente interpretación ilógica del mismo al concluir que la legitimada para exigir la cantidad derivada del impago del demandado documentada es la recurrida como persona física. Indica que el citado documento presente una complejidad interpretativa que justifica la aplicación de otros criterios legales interpretativos en lugar de acudir a la figura del pago por tercero como hace la sentencia recurrida. De esta forma, añade el recurrente, se está obviando la verdadera intención de las partes derivada de sus propias manifestaciones en las que la recurrida reconoce que nunca otorgó un préstamo personal al demandado para que este pagara las cuotas del préstamo hipotecario, sino que fue la sociedad Travesía del Mercado S.L., de la que la actora era administradora, la que hizo frente a las mismas y por tanto dicha sociedad es la única acreedora del pago. En el motivo segundo se denuncia la infracción del art. 233.1 y 2 a) del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el art. 10 LEC y la jurisprudencia que lo desarrolla en relación con la falta de legitimación activa de la actora para el ejercicio de la presente acción. En el desarrollo combate la legitimación activa de la actora, a título personal, para la reclamación de las deudas contraídas por el demandado recurrente respecto de la sociedad Travesía del Mercado, de la que la actora es administradora única y representante legal derivadas de la cotitularidad que ambas partes ostentaban sobre dos locales, al pretender una inexistente identificación entre la persona jurídica y la física. Añade, tras valorar la documentación en que se fundan las reclamaciones, que resulta acreditada la inexistencia de una presunta deuda personal a favor de la actora al quedar probado que esta no abonó personalmente los recibos cuyo reembolso pidió en la demanda, sino que la única legitimada es la sociedad Travesía del Mercado, correspondiendo a la actora solo y exclusivamente en su condición de administradora única y representante legal. Como manifestación de la jurisprudencia existente acerca de las normas jurídicas aplicables en materia de legitimación ad causam y legitimación para la representación en juicio de la sociedad cita la STS de esta Sala n.º 4/2010 de 10 de febrero y de la Sala de lo Contencioso de 22 de octubre de 2015.

Formulado el recurso de casación en tales términos, el mismo debe ser inadmitido por incurrir en varias causas de inadmisión:

A.- Incumplimiento de los requisitos de encabezamiento y desarrollo de los motivos ( art. 483.2 LEC), por falta de precisión en la cita de norma legal infringida.

Conforme al art. 477.1 LEC el requisito básico de todo recurso de casación, en cualquiera de sus modalidades, es la cita, como infringidas, de las normas "aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", sin que quepa acumular en un mismo motivo diferentes preceptos, como sucede en el motivo primero, máxime cuando además tales preceptos recogen diversos criterios de interpretación de los contratos de aplicación sucesiva, lo que genera la existencia de ambigüedad sobre la infracción alegada ( art. 483. 2. 2.º en relación con el art. 481.1 de la LEC). En la STS de 8 de junio de 2016, RCIP n.º 576/2014 se alude a la sentencia de esta Sala n.º 692/2013, de 7 noviembre, que pone de manifiesto:

"[...] cómo se ha de evitar la cita acumulada de las normas referidas a la interpretación de los contratos. En este sentido, la sentencia núm. 5/2010, de 22 de enero, recurso núm. 2638/2005, en un supuesto en que se alegaba conjuntamente la infracción de los artículos 1281 , 1282 , 1285 y 1288 del Código Civil, señala que: "Los demás artículos relativos a la interpretación, tampoco pueden sustentar un motivo de casación, pues, como también ha dicho reiteradamente esta Sala, los preceptos relativos a la interpretación de los contratos son distintos entre sí, a veces contradictorios (como los dos párrafos del artículo 1281) y contemplan elementos o efectos de la interpretación, que no pueden ser alegados heterogéneamente como constitutivos de un motivo de casación: así, sentencias de 28 de abril de 2000 , 3 de noviembre de 2000, 29 de diciembre de 2000, 30 de enero de 2008, 8 de mayo de 2009 " [...]".

B.- Aun obviando lo anterior, el motivo primero del recurso interpuesto también incurre en carencia manifiesta de fundamento por impugnar la interpretación del contrato, sin atenerse a los requisitos establecidos por la jurisprudencia para el acceso al recurso de casación (ser la interpretación arbitraria, irrazonable, ilógica, o contraria a un precepto legal) ( art. 483.2. 4.º LEC).

En materia de interpretación de los contratos y su revisión a través del recurso de casación, existe un amplio y uniforme cuerpo doctrinal de la Sala. La STS núm. 455/2019 de 18 de julio, resumiendo la doctrina de la sala, recuerda la sentencia 502/2018, de 19 de septiembre, con cita de la sentencia 615/2013, de 4 de abril: "[...] Como hemos insistido en otras ocasiones, por ejemplo en la sentencia 66/2011, de 14 de febrero, la interpretación de los contratos corresponde al tribunal de instancia y no puede ser revisada en casación en tanto no se demuestre su carácter arbitrario o irrazonable o la infracción de uno de los preceptos que debe ser tenido en cuenta en la interpretación de los contratos ( SSTS de 17 de noviembre de 2006, RC n.º 3510/1997, 27 de septiembre de 2007, RC n.º 3520/2000, 30 de marzo de 2007, RC n.º 474/2000). A este mismo criterio se ajusta la calificación contractual y la determinación del fin jurídico que se pretende en el contrato ( SSTS de 23 de junio de 2003 y 21 de julio de 2006, 9 de mayo de 2007, RC n.º 2097/2000). De este modo podría prosperar en el recurso de casación una alegación de disconformidad con la interpretación o calificación realizada por el tribunal de instancia cuando esta exégesis contradice abiertamente el espíritu o la letra del texto interpretado [...]".

La sentencia núm. 205/2016 de 5 de abril de 2016 acudiendo a la citada doctrina, declara que:

"[...] En materia de interpretación de contratos en sentencia cercana de 17 de diciembre de 2014 recogía la Sala que:

A) Como recientemente recogía esta Sala en sentencia de 4 de noviembre de 2014, Rc. 2841/2012 constituye doctrina consolidada que la interpretación de los contratos es función de los tribunales de instancia, de tal manera que la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio de su función exclusiva de valoración de la prueba, salvo cuando se demuestre su carácter manifiestamente Ilógico, irracional o arbitrario, sin que haya lugar a considerar infringidas las normas legales sobre interpretación de los contratos cuando, lejos de combatirse una labor hermenéutica abiertamente contraria a lo dispuesto en dichas normas o al derecho a la tutela judicial efectiva -por prescindir de las reglas de la lógica racional en la sentencia de las premisas, en la elaboración de las inferencias o en la obtención de las conclusiones-, el recurrente se limita en su recurso a justificar el desacierto de la apreciación -inherente a la labor interpretativa- realizada por el tribunal de instancia, con exclusivo propósito de sustituir una hipotética interpretación dudosa por sus propias conclusiones al respecto ya que también se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia que lo discutible no es lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico, siendo así que en estos casos deberá prevalecer el criterio del tribunal de instancia por no darse esa abierta contradicción aunque la interpretación acogida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( SSTS, entre las más recientes, de 5 de mayo de 2010 [Rc 699/2005], 1 de octubre de 2010 [ Rc. 633/2006] y 16 de marzo de 2011 [ Rc. 200/2007]). La sentencia de esta Sala de fecha 29 de febrero de 2012 (Rc. 495/2008), recoge esta doctrina que establece que salvo supuestos excepcionales no se permite revisar la interpretación del contrato, ya que otra cosa supone convertir la casación en una tercera instancia, alejada de la finalidad que la norma asigna al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en el orden civil consistente, como recoge el preámbulo del acuerdo de esta Sala sobre criterios de admisión de 30 de diciembre de 2011, en la unificación de la aplicación de la ley civil y mercantil. Como afirma la sentencia de 14 de octubre de 2014, Rc. 2774/2012 en materia de interpretación de los contratos el control en casación es sólo de legalidad ( STS 639/2010, de 18 de octubre; 101/2012, de 7 de marzo; 118/2012, de 13 de marzo; 129/2013, de 7 de marzo y 389/2013, de 12 de junio). Por tanto, la interpretación de los contratos corresponde al tribunal de instancia y queda fuera del ámbito del recurso toda interpretación que resulte respetuosa con los imperativos que disciplinan la labor del intérprete, aunque no sea la única posible ( STS 389/2013, de 12 de junio) [...]".

Aplicando la anterior doctrina, para modificar el fallo recurrido sería necesario revisar la interpretación de los contratos de reconocimiento y asunción del pago de deuda suscritos entre las partes que hace la Audiencia y que tiene en cuenta, en cuanto al documento n.º 2 de la demanda, cuya interpretación se impugna en el motivo que examinamos, el sentido literal de sus términos. Dice la sentencia recurrida "[...] Pues bien, de la lectura del citado documento fechado el 12 de agosto de 2011, que es un contrato de reconocimiento y asunción del pago de una deuda, resulta claramente a tenor de su literalidad, primero que el contrato se firma entre demandante y demandado, sin que la primera lo haga en condición de representante o administradora de la sociedad "Travesía del Mercado, S.L.", segundo que el demandado reconoce y asume el pago de una deuda de 25.000 euros, comprometiéndose a abonarla en el plazo de cinco años con un interés del 4% anual, y tercero que tal pago se obliga a efectuarlo a Angelica, la actora, pues así se dice expresamente en el documento, señalando también que Angelica es la perjudicada por el hecho que generó la deuda, que es que el demandado, Jose Ángel, dejó de pagar un préstamo hipotecario del cual tuvo que hacerse cargo Angelica [...]".

Cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. En el presente caso no cabe sostener que en la interpretación del documento fechado existan vacíos o contradicciones que justifiquen acudir a otra interpretación o que esta resulte irracional e ilógica, máxime cuando tampoco se justifica por la parte recurrente que la interpretación realizada sea tal aunque difiera de la que defiende el recurrente.

De manera que no se ha puesto de manifiesto que la interpretación efectuada por la sentencia recurrida sea ilógica o arbitraria, y atender a las alegaciones de la recurrente implicaría una revisión íntegra del litigio, incluida la valoración probatoria, puesto que se alude por la recurrente a la voluntad de las partes manifestada por sus actos. Concluyendo, solo estamos ante el planteamiento de una mera alternativa de resolución al litigio que sea más favorable para el recurrente.

C.- El motivo segundo del recurso de casación debe ser inadmitido, por incurrir en la causa de inadmisión de falta de justificación del interés casacional ( art. 483. 2. 3.º LEC). La vía casacional prevista en el ordinal tercero del art. 477.2 exige que el recurso presente interés casacional, si es por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo requiere, como se indica en el Acuerdo de Pleno sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, que en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas, debiendo existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto de recurso. Cuando se trate de sentencias de Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón del interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado su criterio de decisión. Además, es necesario justificar de qué forma ha sido vulnerada su doctrina por la sentencia recurrida, sobre qué aspectos de las normas citadas versa, de qué forma ha sido infringida, y también, si la misma resulta relevante en este asunto concreto, pues de no ser aplicable a las cuestiones objeto del proceso tampoco podrá haber se contradicha por este Tribunal, en cuyo caso faltará el requisito del interés casacional, que debe ser objetivable en cada caso, en la medida que tiene la naturaleza de presupuesto a que se acaba de hacer mención.

En el presente caso, tan solo se cita una sentencia de esta Sala que no es de Pleno para justificar el interés casacional que alega, ya que la otra mencionada en el motivo se refiere a la Sala de lo Contencioso Administrativo, por lo que no cabe entender justificado el interés casacional. Esta sala ha declarado con reiteración que no pueden invocarse como infringidas las sentencias de otras Salas de este Tribunal si no es para resolver una cuestión accesoria o de carácter prejudicial, en consonancia con un precepto civil, pero no de manera directa a los efectos propiamente casacionales de fijación de jurisprudencia (entre otras, SSTS de 6 de noviembre de 2006, 20 de diciembre de 2006, 1 de febrero de 2006, 16 de noviembre de 2006, 18 de diciembre de 2006, 7 de febrero de 2007, 16 de marzo de 2007, 7 de noviembre de 2007 y 11 de febrero de 2016). Ha de tenerse en cuenta además, como razona la Sentencia de esta Sala de fecha 15 de diciembre de 1998 que "la jurisprudencia es el conjunto de sentencias y el criterio o doctrina del Tribunal Supremo, debe ser de la Sala correspondiente a la materia de que se trate -en este caso, de esta Sala 1.ª- y debe ser reiterada en el sentido de que han de ser más de una". Consecuencia de lo anterior es que no pueden tomarse en consideración las sentencias de otras salas y que la cita de una sola sentencia de la Sala Primera, sin que sea de Pleno, ni fije doctrina jurisprudencial es insuficiente.

De conformidad con lo expuesto, no resulta posible tomar en consideración las manifestaciones realizadas por el recurrente en el trámite de alegaciones, en que intenta subsanar los errores cometidos en la formulación del escrito del recurso.

Debe recordarse que el trámite de alegaciones no permite subsanar, ya fuera del plazo previsto para interponer el recurso, los defectos de que adoleciera el escrito de interposición, como tiene dicho esta sala en innumerables resoluciones (Autos, entre otros, de 26 de noviembre de 2013, 18 de marzo de 2014, y 11 y 26 de octubre de 2016, en recursos 397/2013, 1193/2013, 2739/2014 y 12/2015).

En ellos se razona que la constatación de los presupuestos de recurribilidad la debe ofrecer el recurrente al interponer el recurso, permitiendo así al tribunal encargado de velar por su observancia comprobar su efectivo cumplimiento y decidir, en consecuencia, sobre la procedencia de la interposición; y como tales presupuestos que son no sólo deben concurrir, sino también se debe acreditar su concurrencia dentro del término que el legislador establece para ese trámite procesal, sin que su falta pueda ser subsanada con posterioridad, pues no se está ante un cumplimiento incompleto respecto del que la parte haya manifestado su voluntad -expresa o tácita- de cumplir los requisitos exigidos por la ley, sino ante la falta total de cumplimiento del presupuesto, en este caso, la falta de precisión de la cita de la norma sustantiva infringida.

Y si la doctrina constitucional enseña que los requisitos y presupuestos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino simples instrumentos para conseguir una finalidad legítima, de tal modo que es preciso ponderar la entidad real de los defectos apreciados en relación con la sanción que acarrea ( SSTC 172/95, 108/2000, 193/2000 y 79/2001, entre otras), también enseña que la subsanación no es incompatible con la obligación de cumplir con tales requisitos y presupuestos procesales, ni con la improrrogabilidad de los plazos procesales y el deber de cumplirlos ( SSTC 1/89, 311/85, 16/92, y 41/92, entre otras).

La inadmisión del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, de la LEC. Por todo ello, procede acordar la inadmisión de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación y declarar la firmeza de la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el art. 473.2 y 483.4 LEC, dejando sentado que contra este auto no cabe recurso alguno.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los art. 473.2 y 483.3 LEC y habiéndose presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida, procede imponer las costas a la parte recurrente.

La inadmisión de los recursos conlleva la pérdida de los depósitos constituidos ( DA 15.ª 9. LOPJ).