STS 622/2020, 18 de Noviembre de 2020

Tramitación en primera instancia

1. - La procuradora D.ª Ana Rosa Viñuela Campo, en nombre y representación de D. Apolonio, interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Baldomero, en la que solicitaba se dictara sentencia:

   "[...] en la que, estimando íntegramente la demanda:

1. - Declare que el demandado Don Baldomero ha cometido intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal de Don Apolonio, al haber divulgado a través de un medio de comunicación de gran alcance, unos hechos inveraces, que afectan gravemente a su reputación, tanto personal como deportiva, perjudicándole claramente respecto a la consideración ajena.

2. Condene al demandado a indemnizar al demandante en la cantidad de TRES MIL EUROS (3.000 Euros).

3. Condene a Don Baldomero a publicar a su costa íntegramente en los mismos medios en los que se realizaron las manifestaciones objeto de demanda, el resultado de dicha sentencia, de manera análoga y con tratamiento informativo similar a la publicación de la información motivadora del mismo.

4. Condene al demandado al pago de las costas del presente".

2. - La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Santoña y se registró con el n.º 292/2018. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3. - La procuradora D.ª Rosa María Fuente López, en representación de D. Baldomero, contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba al juzgado:

   "[...] dicte Sentencia en virtud de la cual se desestime íntegramente la demanda interpuesta de adverso, todo ello con expresa imposición de costas a la actora".

4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, la Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Santoña dictó sentencia de fecha 17 de febrero de 2019, con la siguiente parte dispositiva:

   "Estimar la demanda presentada por la procuradora Dña. Ana Rosa Viñuela Campo, en representación de D. Apolonio y:

   - Declarar que el demandado D. Baldomero cometió una intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal del demandante.

   - Condenar a D. Baldomero a abonar al demandante tres mil euros (3.000€), en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados al demandante.

   - Condenar a D. Baldomero a publicar íntegramente a su costa en os mismos medios en los que se realizaron las manifestaciones objeto de demanda, el resultado de la sentencia, de manera análoga y con tratamiento informativo similar a la publicación de la información que dio lugar al presente procedimiento".

   Y con fecha 4 de marzo de 2019 dictó auto de aclaración que dispone:

   "Acuerdo la aclaración de la sentencia dictado/a en las presentes actuaciones de fecha 17-2-2019 en los siguientes términos: En el Fallo de hace constar con expresa imposición de costas a la parte demanda".

Tramitación en segunda instancia

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Baldomero.

2. - La resolución de este recurso correspondió a la sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Cantabria, que lo tramitó con el número de rollo 433/2019, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 13 de noviembre de 2019, cuya parte dispositiva dispone:

"FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Don Baldomero contra la Sentencia de referencia debemos revocar y revocamos la misma y en su lugar debemos de absolver y absolvemos al recurrente de las pretensiones deducidas en su contra, todo ello con imposición al actor de las costas de la instancia y sin especial imposición de las de esta alzada".

.- Interposición y tramitación del recurso de casación

1. - El procurador D. Antonio Rodríguez Nada, en representación de D. Apolonio, interpuso recurso de casación.

   El motivo del recurso de casación fue:

   "ÚNICO.- Mediante este motivo de casación se considera que la Sala sentenciadora ha incurrido en vulneración del artículo 18.1 de la Constitución Española, al declararse explícitamente que los hechos enjuiciados quedan amparados por el derecho de expresión e información, considerando esta representación que dicho amparo queda excluido por razón del derecho al honor y a la propia imagen, derechos constitucionalmente protegidos".

2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 27 de mayo de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal D. Apolonio contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección Segunda) de 13 de noviembre de 2019, dictada en el rollo de apelación 433/2019, dimanante del procedimiento ordinario 292/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santoña.

   2. ) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría. A continuación, dese traslado por el mismo plazo y a los mismos fines al Ministerio Fiscal.

   De conformidad con lo dispuesto en el art. 473.3 LEC, contra la presente resolución no cabe recurso alguno".

3. - Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito; y así mismo al Ministerio Fiscal, que también presentó el correspondiente escrito.

4. - Por providencia de 9 de octubre de 2020 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 11 de noviembre de presente, fecha en que ha tenido lugar a través del sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia.

Antecedentes relevantes.

A los efectos decisorios del presente recurso de casación hemos de partir de los siguientes antecedentes.

1. - El objeto del proceso

   Es objeto del proceso la demanda de protección del derecho fundamental al honor que es formulada por el actor D. Apolonio contra el demandado D. Baldomero.

   Por estos mismos hechos se habían seguido las diligencias previas penales 2150/2016 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Oviedo, por querella formulada por el demandante contra el demandado, que finalizó por auto de sobreseimiento de 15 de junio de 2017, que fue confirmado por otro de 25 de octubre de 2017, de la sección 3.ª, de la Audiencia Provincial de Asturias.

   Los hechos litigiosos, que nos ocupan, son las declaraciones vertidas por el Sr. Baldomero, entrenador del equipo de balonmano Cronistar Base de Oviedo, el 16 de febrero de 2016, en las emisoras de radio Cadena Ser y Cope, imputando al actor Don Apolonio, jugador del Santoña que, tras un partido de balonmano celebrado en Oviedo, el 13 de febrero de 2016, se dirigió al jugador ovetense Don Justiniano, de nacionalidad colombiana y raza negra, llamándole "niño mono". En el partido de ida en Santoña se habían referido a dicho jugador con frases como "quien ha dejado salir al mono de la jaula", expresiones que el demandado calificó de xenófobas y racistas, cuando fue entrevistado por tales hechos con respecto a los cuales su club los había denunciado ante el Comité de Competición y Comisión Antiviolencia y de los que ya se había hecho previo eco la prensa.

2. - La sentencia de primera instancia

   Seguido el procedimiento, en todos sus trámites, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santoña, que estimó la demanda, al considerar que el actor había sufrido una intromisión ilegítima en su derecho fundamental al honor, por lo que condenó al demandado a indemnizarle con la suma solicitada de 3000 euros y a publicar el resultado de la sentencia, a su costa, en los mismos medios en los que se realizaron las manifestaciones objeto del proceso.

   Contra dicha sentencia se interpuso por la parte demandada recurso de apelación, al entender que sus manifestaciones se encontraban amparadas por los derechos constitucionales a la libertad de información y de expresión.

3. - La sentencia de apelación

   El conocimiento del recurso correspondió a la sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Cantabria. En la sentencia dictada se realizó la correspondiente ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto, lo que condujo al tribunal provincial a la desestimación de la acción deducida.

   A tales efectos se razonó que:

   "El marco jurídico en el que se desarrolla el presente litigio viene constituido por la colisión entre el derecho al honor, que se dice lesionado en la demanda, y el derecho de libertad de expresión e información en que pretende amparase el demandado quien en el acto del juicio reconoce lisa y llanamente que "dijo lo que dijo y se refleja en la demanda" y que la información ya había salido en la prensa; también se alega que el propio club había remitido en días anteriores a los organismos deportivos una carta en las que se daba cuenta tanto el contenido de las expresiones, como la autoría de las mismas, lo que entiende constituye el filtro de veracidad que hace prevalecer la libertad de información".

   Tras citar la jurisprudencia aplicable al caso, concluyó la Audiencia:

   "Manifiesta el demandado en el acto del juicio que le llamaron de las emisoras de radio para intervenir en espacios deportivos, que realmente dijo lo que se recoge en la demanda, pero que tal información era reflejo de previa información del periodismo escrito y del contenido de una carta remitida por el club a los organismos deportivos. Tales manifestaciones resultan acreditadas por la prueba documental aportada con la contestación a la demanda, En efecto el documento num. 6 acompañado con la demanda consiste en una carta remitida por el Club Balonmano Base de Oviedo al Comité Nacional de Competición y fechada el 14 de febrero de 2016, es decir dos días antes de las manifestaciones radiofónicas, en la que literalmente se imputa a Don Apolonio (dorsal num. 1) que tras el partido del día 13 acompañado de otro jugador se abalanzaron sobre el jugador ovetense Don Justiniano y le llamaron "niño mono" reiteradas veces; igualmente se dice que en el partido del primera vuelta la frase que se utilizó por Don Apolonio fue "quien ha dejado salir al mono de la jaula". El contenido de la referida denuncia es recogido literalmente en la prensa escrita (documento núm 7) con cita del nombre del actor como autor de la literalidad de las expresiones. Ha de concluirse que la información trasmitida por el demandado en los espacios radiofónicos permeabiliza el filtro de veracidad que legitima el derecho de libertad de información, no añadiéndose por el demandado, en relación con el derecho al honor del actor, nada que no estuviese en la denuncia administrativa previa o en la información periodística escrita anterior por lo que con independencia de la verdad material absoluta sobre la autoría de las expresiones, la constancia anterior a las declaraciones del demandado de la existencia de una denuncia y una noticia escrita recogiendo lo dicho por el propio apelado desnaturalizan la intromisión en el honor del actor, por lo que procede con estimación del recurso revocar la resolución recurrida".

4. - Recurso de casación

   Contra dicha sentencia se interpuso por el demandado recurso de casación ante este Tribunal Supremo, en el que sostuvo que fue vulnerado su derecho fundamental del honor del art. 18.1 CE, por las expresiones proferidas por el demandado.

Recurso de casación

El recurso de casación tiene su encaje normativo en el art. 477.2.1º de la LEC, por vulneración del derecho fundamental al honor del art. 18.1 CE.

En su desarrollo, se estima, en síntesis, que las expresiones utilizadas y frases atribuidas al demandante, consideradas de xenófobas y racistas, atentan a su derecho al honor, sin que puedan encontrarse amparadas por la libertad de información, que requiere que la misma sea veraz, lo que no acontece en el caso presente, toda vez que la parte demandada, como concluyó la sentencia de primera instancia: "[...] tratándose de una persona directamente implicada en los hechos y no coincidiendo las versiones dadas por éste y por el demandado, sin que conste ninguna otra prueba en el procedimiento que acredite que el demandado llevara a cabo alguna otra actividad encaminada a averiguar la veracidad de la información difundida en la radio, cabe concluir que no se cumple el requisito de veracidad en este caso".

Igualmente se citó la jurisprudencia que se consideró aplicable al caso.

Decisión del recurso interpuesto y desestimación del mismo

La resolución del litigio exige partir de unas consideraciones previas. La primera de ellas, como dijimos en la sentencia 471/2020, de 16 de septiembre, es que "[...] no hay derechos fundamentales absolutos de manera que, siempre y al margen de cualquiera de las circunstancias concurrentes, deban prevalecer necesariamente sobre los demás en un juicio apriorístico o predeterminado". Desde la perspectiva expuesta, cada derecho fundamental contiene su núcleo o ámbito específico de protección, que puede entrar en colisión con derechos fundamentales pertenecientes a otro sujeto de derecho. En tales casos, los tribunales han de llevar a efecto un juicio motivado de ponderación para determinar cuál de ellos ha de prevalecer, inclinando la balanza a favor de uno u otro, según las específicas circunstancias concurrentes y el valor axiológico de los derechos en conflicto.

El propio art. 20 de la CE establece, en su apartado 4, que todas las libertades reconocidas en el precepto "[...] tienen sus límites en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia", que cumplen de esta manera lo que la sentencia del Tribunal Constitucional 23/2010, de 27 de abril, FJ 3, ha denominado "función limitadora" en relación con dichas libertades.

En el caso presente, nos hallamos ante un supuesto de colisión del derecho al honor del demandante ( art. 18.1 CE), en tanto en cuanto las expresiones atribuidas abstractamente consideradas son susceptibles de atentar a su reputación personal, entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12), con respecto al derecho a la libertad de información igualmente de rango constitucional ( art. 20.1 d CE).

El ámbito tuitivo del derecho fundamental al honor impide la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de una persona ( sentencia del Tribunal Constitucional 216/2006, de 3 de julio, FJ 7); mientras que la libertad de información protege el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, el cual, abstractamente considerado, debe respetársele una posición prevalente, pero no absoluta, que deriva de su carácter esencial para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( sentencias del Tribunal Constitucional 134/1999, de 15 de julio; 154/1999, de 14 de septiembre; y 52/2002, de 25 de febrero, así como sentencia de esta Sala 471/2020, de 16 de septiembre, entre otras,).

En cualquier caso, constituye un requisito para que la libertad de información resulte amparada por la protección constitucional que sea veraz ( sentencia del Tribunal Constitucional 216/2013). Por veracidad debe entenderse, en palabras de las sentencias 252/2020, de 3 de junio; 429/2020, de 15 de julio y 491/2020, de 28 de septiembre, el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia o información de acuerdo con pautas profesionales, ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información con el transcurso del tiempo pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada ( sentencias del Tribunal Constitucional 139/2007 y 29/2009, FJ 5). Nos encontramos ante un supuesto paradigmático de ausencia de esa diligencia cuando se transmiten, como hechos verdaderos, simples rumores carentes de constatación o meras invenciones.

Cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria una comprobación mayor que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si esta puede mencionarse en la información misma ( sentencia del Tribunal Constitucional 178/1993, FJ 5.º, citada con reiteración por las de esta sala, entre las más recientes, 602/2017, de 8 de noviembre, 456/2018, de 18 de julio y 384/2020, de 1 de julio).

Por tanto, como recuerda la jurisprudencia, la veracidad de la información no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud, cuanto a negar la garantía o protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable ( sentencia 491/2020, de 28 de septiembre y las citadas en ella).

Pues bien, en el caso presente, concurren las circunstancias siguientes:

Los hechos procesales habían adquirido trascendencia pública, en tanto en cuanto habían motivado una denuncia del propio club del que era entrenador el demandado ante el Comité de Competición y Comisión Antiviolencia. Denuncia que había trascendido incluso a los periódicos locales. En la prensa se hacía referencia al demandante como uno de los autores de las frases pronunciadas contra el jugador de balonmano ovetense.

Fueron las cadenas de radio, en el contexto expuesto y en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de información, las que se ponen en contacto con el demandado, en su condición de miembro cualificado del club de balonmano denunciante, el cual refrenda la versión de las denuncias presentadas, contando para ello con la información que, al respecto, proviene de los propios jugadores que se la suministraron, al reconocer que personalmente no escuchó los insultos.

Las manifestaciones vertidas por el demandado se limitan a recoger los términos de las denuncias presentadas, sin que tampoco vengan acompañadas de frases vejatorias o descalificadoras del demandante, que incorporen un contenido adicional de menosprecio o desconsideración que sobrepasen los límites tolerables de la libertad de expresión, sino de simple reproche general a través de palabras tales como "[...] hay un problema de xenofobia y de racismo", un "[...] mal sabor de boca, por estos sucesos, que son de cierta o grave intransigencia y que sale del límite de lo que es un partido de balonmano". Sólo le imputa al demandante los hechos de Santoña, con respecto a los cuales uno de sus jugadores, en las diligencias penales, reconoce haber escuchado al demandante la expresión atribuida.

Para valorar hechos como el presente son susceptibles de ser tenidos en cuenta criterios que pueden ser de utilidad tales como "[...] el carácter de hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades efectivas de contrastarla, etc." como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 21/2000, de 31 de enero.

En definitiva, el demandado informa, a requerimiento de las emisoras de radio, de la realidad de la denuncia presentada y de las personas implicadas en ella como denunciados, sin tomar iniciativa alguna en la difusión de un hecho, que había adquirido tintes noticiosos, con repercusión en la prensa, y sin haberse atribuido la condición de testigo presencial de los hechos. No se limitó a difundir meros rumores o una información sin contraste alguno, en tanto en cuanto contaba con un conocimiento de los hechos por las manifestaciones de sus propios jugadores, incluso refrendadas en vía penal.

Se desconoce cuál fue el resultado de las denuncias formuladas a las autoridades deportivas, en cualquier caso, aun cuando fueran archivadas, su tramitación no puede impedir informar de este tipo de hechos hasta que no recaiga resolución administrativa firme.

En conclusión, no vemos razones para disentir del criterio de la sentencia de la Audiencia, que realiza una correcta ponderación de las circunstancias concurrentes y del ámbito tuitivo de los derechos fundamentales en conflicto, sin que, en las condiciones examinadas, deba prevalecer el derecho al honor del demandante.

Costas y de depósito

1. - De conformidad con lo previsto en art. 398.1 LEC, al haberse desestimado el recurso de casación interpuesto, deben imponerse al recurrente las costas causadas.

2. - Procede acordar igualmente la pérdida de depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª , apartado 8, de la LOPJ.