STSJ Comunidad Valenciana 1973/2020, 26 de Mayo de 2020
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, sala social |
| Fecha | 26 Mayo 2020 |
| Número de resolución | 1973/2020 |
1 Recurso de Suplicación
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
COMUNIDAD VALENCIANA
Sala de lo Social
Recurso de Suplicación 003496/2019
Ilmas. Sras e Ilmo Sr.
Dª Isabel Moreno de Viana Cárdenas, presidenta
Dª Mercedes Boronat Tormo
D Miguel Angel Beltrán Aleu
En Valencia, a veintiseis de mayo de dos mil veinte.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado la siguiente,
SENTENCIA Nº 001973/2020
En el Recurso de Suplicación 003496/2019, interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de mayo de 2019, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9 DE VALENCIA, en los autos 000599/2014, seguidos sobre despido y cantidad, a instancia de Ruth asistida del Letrado D. Enrique Mora Rubio, contra GENERALITAT VALENCIANA, RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA,S.A.U y CORPORACIÓN VALENCIANA DE MIJANS DE COMUNICACIÓ, y en los que es recurrente Ruth, ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Beltrán Aleu.
La sentencia recurrida dice literalmente en su parte dispositiva: "FALLO:Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dña, Ruth contra RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ y la GENERALITAT VALENCIANA debo declarary declaro la procedenciadel despido de la actora de fecha 12-5-14, quedando extinguida la relación laboral entre las partes en dicha fecha, y condenado a las demandadas solidariamente a abonar a la actora la cantidad de 13.03324 euros en concepto de indemnización por despido, la cantidad de 12.28831 euros brutos en concepto de salarios de tramitación y la cantidad de 5.84851 euros brutos en concepto de diferencias en las nóminas de noviembre de 2013 a abril de 2014, más el 10% anual de interés por mora de esta última cantidad . ".
En la citada sentencia se declaran como HECHOS PROBADOS los siguientes: "".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte Ruth . Recibidos los autos en esta sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al ponente.
Se recurre por el letrado de la parte actora, Ruth, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Valencia en fecha 14-5-19 autos 599/14 que estima parcialmente la demanda por la que se impugnaba el despido individual derivado de colectivo con acuerdo, llevado a efecto por la empresa en 12-5-14. Recurso de suplicación que no consta impugnado por la demandada recurrida.
En el primer motivo del recurso, articulados al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), se solicita la revisión del relato de hechos probados de la sentencia, solicitando:
.- que se suprima del tenor literal del hecho undécimo la referencia a que la interrupción de prestación de servicios entre el contrato que finalizo en 22-10-96 y el siguiente de 13-4-97 tuvo una interrupción significativa
.- que se elimine la consideración de que el actora presto durante 122 días en virtud de un contrato de alta dirección, siendo esta solo una consideración de la demandada para llevar a efecto sus cálculos.
Y basa tales solicitudes en los folios 40 y 68 a 70 del ramo de prueba de la actora.
Para analizar la modificación instada debemos reseñar que es doctrina establecida en STS 13-5-19 Recurso de Casación núm. 246/2018 y 8-1-20 recurso de casación 129/18 que para que un motivo de revisión de hechos probados prospere es necesario:
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Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).
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Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.
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Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.
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Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada).
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Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas
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Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.
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Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.
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Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.
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Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental. No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo . La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil.
A doctrina a la que cabe añadir que:
a.- el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS (RCL 2011, 1845) ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su
práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes".
b.- De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 9746), recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.
c.- La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991 (RJ 1991, 3273), rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992 (RJ 1992, 3605), rec. 1244/1991). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002 (RJ 2002, 10920), rec. 19/2002).
d.-No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012 (RJ 2012, 8332), rec. 166/2011, con cita de otras muchas).
Considerando tales previsiones no procede acceder a la primera de las solicitudes, esto es la supresión de que por el juzgador de instancia se haga constar como interrupción significativa la que refleja en hechos probados (entre 22-10-1996 al siguiente suscrito el 13-4-1997) y...
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