ATS, 14 de Julio de 2020
| Ponente | JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ |
| ECLI | ES:TS:2020:5522A |
| Número de Recurso | 4939/2019 |
| Procedimiento | Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) |
| Fecha de Resolución | 14 de Julio de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Fecha del auto: 14/07/2020
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 4939/2019
Materia: ADMINISTRACION AUTONOMICA
Submateria:
Fallo/Acuerdo: Auto Admisión
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
Secretaría de Sala Destino: 004
Transcrito por: rsg
Nota:
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Excmos. Sres.
D. Luis María Díez-Picazo Giménez, presidente
D. José Luis Requero Ibáñez
D. César Tolosa Tribiño
D. Fernando Román García
D. Dimitry Berberoff Ayuda
En Madrid, a 14 de julio de 2020.
La Resolución 16/2017 adoptada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Aduna (Guipúzcoa), aprueba la petición de subvención de Doña Socorro, por el desplazamiento realizado durante el mes de enero de 2017 con el fin de visitar a un miembro de su familia, recluido en la cárcel parisina de Reau Sud Francilie, así como a la aprobación de la subvención por Importe de 403,34.-€
La Administración General del Estado - Delegación del Gobierno en el País Vasco formula contra ese acto recurso contencioso-administrativo, tramitado con el núm. 657/2017 por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de San Sebastián.
El Juzgado dicta sentencia nº 181/2018, de 15 de octubre, por la que estima la demanda. El Juzgador declara que el ayuntamiento carecía de competencia para acordar tales ayudas, y cuestiona la legalidad de la normativa sobre la que se habría dictado el acto impugnado, la Ordenanza reguladora de subvenciones individuales para gastos de transportes por visitas a personas internas en centros penitenciarios publicada, en el B.O.G. n° 195 de 11 de octubre de 2010 con vigencia en el Ayuntamiento de Aduna, al no haberse aprobado con carácter previo, un Plan Estratégico de Subvenciones.
El Auto de 15 de febrero de 2019 del citado órgano unipersonal plantea cuestión de legalidad sobre la mencionada Ordenanza.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dicta la sentencia núm. 126/2019, de 6 de mayo, en la cuestión de legalidad núm. 1/2019, por la que se desestima la cuestión en virtud de dos razonamientos:
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- La ausencia del Plan Estratégico es un mero defecto formal susceptible de recurso directo, sin que pueda considerarse una "omisión clamorosa, total y absoluta del procedimiento establecido para la aprobación de la Ordenanza que causa perjuicio al recurrente";
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- La inexistencia de incompetencia objetiva por parte del Ayuntamiento de Aduna emisor de la Ordenanza recurrida, dado que la versión del artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), -Ley 7/1985, de 2 de abril-, invocada para fundamentar la cuestión de ilegalidad se correspondería con la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que suprimió la competencia municipal en materia de "prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social", siendo por tanto, la redacción alegada del artículo 25 de la LRBRL, posterior a la fecha de la Ordenanza cuya legalidad se cuestiona - publicada el 11 de octubre de 2010 en el núm. 195 del BOG.
El Abogado del Estado ha preparado recurso de casación en el que, después de cumplir en debida forma las exigencias que impone el artículo 89.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), afirma que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
El escrito considera infringidos el artículo 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y la jurisprudencia concordante sobre las consecuencias de la falta de aprobación previa del Plan Estratégico de las ayudas, en relación con el artículo 27 y 123 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contenciosa- Administrativa (en adelante, LJCA).
Se invoca contradicción entre la sentencia recurrida con las siguientes resoluciones emitidas, por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco:
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Sentencia número 124/2015, de 16 de marzo (cuestión de ilegalidad 3/2014) estimatoria, en ese caso, de la cuestión de ilegalidad planteada por un Juzgado de Bilbao y declarando la nulidad de pleno derecho con eficacia general de la Ordenanza municipal para la concesión de ayudas a familiares de personas presas aprobada por el Ayuntamiento de Ortuella, publicada en el BOL n° 145, de 2 de agosto de 2005, por falta de aprobación previa del Plan Estratégico de Subvenciones.
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Sentencia del TSJ del País Vasco número 315/2016, de 13 de julio de 2016 (recurso contencioso-administrativo 615/2014), donde se concluye que, la declaración de nulidad del Plan Estratégico de Subvenciones arrastra indefectiblemente la nulidad de la ordenanza municipal recurrida, por cuanto la regulación o establecimiento de subvenciones requiere la aprobación previa de dicho Plan con el objeto de señalar los objetivos.
Asimismo, se invoca la STS de 28 de enero de 2013 (recurso de casación núm. 559/2012), dictada con base a dos precedentes, las SSTS de 26 de junio de 2012 (recurso de casación núm. 4271/2011 ), y de 4 de diciembre de 2012 (recurso de casación núm. 4369/2011 ), que anularon bases de subvenciones similares a las cuestionadas, por falta del previo Plan Estratégico ( artículos 8.1 y 8.3 de la LGS, considerados norma básica, en concordancia con la D. A 13ª LGS).
El recurso se fundamenta en los apartados a), c) y g) del artículo 88.2 de la LJCA.
Por auto de 3 de julio de 2019 el órgano jurisdiccional tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días ante esta Sala del Tribunal Supremo, así como la remisión a la misma de los autos originales y del expediente administrativo.
Se ha personado como parte recurrente la Abogacía del Estado, y como parte recurrida el Ayuntamiento de Aduna (Guipúzcoa), sin haber formulado oposición.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez, Magistrado de la Sala.
El recurso de casación cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA, habiendo realizado la recurrente un esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, en relación con el juicio de relevancia y la concurrencia del interés casacional objetivo en virtud de alguno de los supuestos enunciados en los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA.
Cumplidas las exigencias que impone el artículo 89.2 de la LJCA, la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entiende que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la siguiente cuestión: si con ocasión de la impugnación indirecta de una Ordenanza reguladora de una determinada subvención, cabe alegar como motivo de ilegalidad de la misma la falta de aprobación con carácter previo del preceptivo plan estratégico de subvenciones al que se refiere el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones, al entenderse que se trata de un supuesto de incumplimiento de un requisito esencial en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza, o, por el contrario, se considera que se trata de un mero vicio formal de dicho procedimiento y, como tal, no alegable en el recurso contencioso-administrativo indirecto. Y en ambos casos si la posibilidad de impugnación indirecta se cualifica cuando se trata de una Administración territorial que ejerce la potestad de impugnación de acuerdos y actos de entes locales.
Concurren los supuestos de interés casacional alegados en los apartados a), c) y g) del artículo 88.2 de la Ley de esta Jurisdicción, invocados por el recurrente en su escrito preparatorio, por la contradicción entre la sentencia recurrida, con lo resuelto para casos similares por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, así como con la doctrina sentada en sentencias del Tribunal Supremo dictadas con anterioridad a la reforma de la LO 7/2015 y, por la trascendencia del caso objeto del proceso dado que afecta a una disposición de carácter general de utilización habitual por otros consistorios, para el tipo de ayudas cuestionadas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4, procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado, contra la sentencia núm. 126/2019, de 6 de mayo de 2019 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la cuestión de legalidad 1/2019.
A tal efecto, consideramos que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si con ocasión de la impugnación indirecta de una Ordenanza reguladora de una determinada subvención, cabe alegar como motivo de ilegalidad de la misma la falta de aprobación con carácter previo del preceptivo plan estratégico de subvenciones al que se refiere el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones, al entenderse que se trata de un supuesto de incumplimiento de un requisito esencial en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza, o, por el contrario, se considera que se trata de un mero vicio formal de dicho procedimiento y, como tal, no alegable en el recurso contencioso-administrativo indirecto.
E identificamos como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación el artículo 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y la jurisprudencia concordante sobre las consecuencias de la falta de aprobación previa del Plan Estratégico de las ayudas, en relación con el artículo 27 y 123 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contenciosa- Administrativa (en adelante, LJCA).
Lo señalado debe entenderse sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex. artículo 90.4 de la LJCA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará en la página web del Tribunal Supremo.
Por lo expuesto, en el recurso de casación registrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el núm. 4939/2019.
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) Admitir el recurso de casación preparado por trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado, contra la sentencia núm. 126/2019, de 6 de mayo de 2019 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la cuestión de legalidad 1/2019.
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) La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si con ocasión de la impugnación indirecta de una Ordenanza reguladora de una determinada subvención, cabe alegar como motivo de ilegalidad de la misma la falta de aprobación con carácter previo del preceptivo plan estratégico de subvenciones al que se refiere el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones, al entenderse que se trata de un supuesto de incumplimiento de un requisito esencial en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza, o, por el contrario, se considera que se trata de un mero vicio formal de dicho procedimiento y, como tal, no alegable en el recurso contencioso-administrativo indirecto. Y en ambos casos si la posibilidad de impugnación indirecta se cualifica cuando se trata de una Administración territorial que ejerce la potestad de impugnación de acuerdos y actos de entes locales.
-
) E identificamos como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación el artículo 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y la jurisprudencia concordante sobre las consecuencias de la falta de aprobación previa del Plan Estratégico de las ayudas, en relación con el artículo 27 y 123 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contenciosa- Administrativa (en adelante, LJCA).
Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex. artículo 90.4 de la LJCA.
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) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
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) Comunicar inmediatamente a la Sala de apelación la decisión adoptada en este auto.
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) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala Tercera, a la que corresponde el enjuiciamiento del recurso con arreglo a las vigentes normas sobre reparto de asuntos.
Así lo acuerdan y firman.
D. Luis María Díez-Picazo Giménez D. José Luis Requero Ibáñez
D. César Tolosa Tribiño D. Fernando Román García
D. Dimitry Berberoff Ayuda
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ATS, 20 de Octubre de 2021
...de ilegalidad de la misma por falta de aprobación con carácter previo del preceptivo plan estratégico de subvenciones. Precedente: ATS de 14/7/2020 (RCA HECHOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO TERCERO RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO acuerda: TRIBUNAL SUPREMO SALA...