STSJ Galicia 46/2020, 14 de Febrero de 2020

JurisdicciónEspaña
Número de resolución46/2020
Fecha14 Febrero 2020

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3

A CORUÑA

SENTENCIA: 00046/2020

PONENTE: D.JUAN CARLOS FERNANDEZ LOPEZ

RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7231/2019

RECURRENTE:CANTODORXO S.L.

Procurador: MARIA DAS NEVES ALONSO PAIS

Letrado: ANTONIO SILVA PEREZ

ADMINISTRACION DEMANDADA:XURADO DE EXPROPIACION DE GALICIA

Procurador:

Letrado: ABOGACIA DE LA COMUNIDAD

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la

SENTENCIA

Ilmos Sres. e Ilma. Sra. :

FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA

JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ

CRISTINA MARIA PAZ EIROA

JUAN CARLOS FERNANDEZ LOPEZ

En A CORUÑA, a 14 de Febrero de 2020.

VISTOS por la Sala, constituida por los magistrados relacionados al margen, los autos del recurso número 7231/2019, interpuesto por la representante procesal de la sociedad mercantil "Cantodorxo, SL", contra el acuerdo del Xurado de Expropiación de Galicia de 20.12.18, que fijó el justiprecio de la finca número 36, expropiada por el Ayuntamiento de O Grove, para ejecutar el proyecto denominado "01680 - Instalación de colectores generales y EDAR en O Grove".

Ha sido ponente el magistrado ilustrísimo señor don JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 27.05.19 tiene entrada en esta sala el recurso contencioso-administrativo que formula la representante procesal de la sociedad mercantil "Cantodorxo, SL", contra el acuerdo del Xurado de Expropiación de Galicia de 20.12.18, que fijó el justiprecio de la finca número 36, expropiada por el Ayuntamiento de O Grove, para ejecutar el proyecto denominado "01680 - Instalación de colectores generales y EDAR en O Grove".

SEGUNDO

Admitido a trámite el recurso, se le ha reclamado a la entidad local demandada que remita el expediente administrativo, tras lo cual se han presentado los escritos de demanda y contestación, a lo que ha seguido la declaración de la finalización del debate procesal toda vez que no se ha interesado ni la práctica de prueba, ni la formulación de conclusiones, ni la celebración sustitutoria de vista oral.

TERCERO

Mediante providencia de 17.01.20 se ha señalado el día 14.02.20 para la votación y fallo, que ha tenido lugar en esa fecha.

CUARTO

La cuantía del recurso se puntualiza en 37.959,27 euros, por ser la diferencia entre el justiprecio reconocido (12.415,76 euros) y el que reclama la parte demandante (50.375,03 euros).

QUINTO

Se han observado todas las prescripciones legales.

Es ponente el magistrado don Juan Carlos Fernández López.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

En sesión plenaria de 25.02.10, el Ayuntamiento de O Grove aprobó el proyecto para ejecutar los colectores generales y la estación de aguas residuales del municipio, para lo cual se procedió a expropiar, previa declaración de la urgente ocupación, diversas fincas, entre las que figuraba la número 36, de 426,00 m2, que luego se elevó a 527,00 m2, clasificada como suelo rústico de protección de costas y propiedad de la sociedad mercantil "Cantodorxo, SL"; la ocupación de la finca tuvo lugar el 14.12.12 y la entidad local expropiante la valoró en 3.130,38 euros por el suelo y 424,30 euros por el muro, lo que arrojó un importe de 3.554,68 euros que, junto con los 177,73 euros del premio de afección, ascendió a un total de 3.732,41 euros, que se abonaron el 29.01.13. Disconforme la expropiada con tal valoración, formuló alegaciones para reclamar 794.622,34 euros por esa y las otras 18 que también se le expropiaron, para lo que acompañó un informe pericial y otros documentos. Al no haberse llegado a un mutuo acuerdo, se remitió el expediente al Xurado de Expropiación de Galicia, que fijó el justiprecio en 12.415,76 euros.

Frente a este acuerdo se alza el presente recurso, a través de una demanda que sostiene que a la actora se le expropiaron 19 fincas que forman una sola delimitada por un muro perimetral de piedras con una superficie de 7.097,00 m2, en la que se pretendía implantar una pequeña planta de acuicultura de rodaballo que se frustró con su ocupación por la vía de hecho para, con posterioridad, expropiar las fincas para ejecutar los colectores generales y la estación de aguas residuales y fijar un justiprecio que realiza una valoración teórica y subjetiva, a razón de 5,93 euros/m2 al tener en cuenta solo su clasificación urbanística, pero no su realidad, ni sus circunstancias particulares y objetivas, ya que se encuentra dentro de la delimitación de suelo urbano y totalmente integrada en la malla urbana, de suerte que, con independencia de las limitaciones o servidumbres que imponga la norma, debe valorarse de acuerdo con esa realidad, de lo que resulta en concreto a razón de 48,20 euros/m2, que resulta de aplicar al valor medio unitario de 24,10 euros/m2, el factor de localización, lo que supone un total de 340.794,00 euros por totalidad de las fincas, a lo que se tendrían que añadir 10.977,12 euros por el muro de piedra perimetral y 23.131,54 euros en concepto de indemnización por los gastos de redacción del proyecto de construcción de una nave de acuicultura que, prorrateados entre las fincas afectadas, supone un valor de 4,50 euros/m2, lo que arroja para la que aquí interesa una suma de 38.750,02 euros, a los que se deben añadir los que resulten del 5% de premio de afección y el 25% por la ocupación ilegal, lo que totaliza 50.375,03 euros, con los intereses de demora hasta su completo pago, que es lo que, junto con la anulación del acuerdo impugnado, pretende.

A esas pretensiones y a sus motivos se opone la letrada autonómica, que comienza por apelar a la presunción de acierto de los acuerdos de los jurados de expropiación, que sólo pueden ser combatidos con una prueba que revele un notorio error de hecho o una desafortunada apreciación de los elementos a valorar, lo que no ha sido el caso, pues tuvo en cuenta la clasificación del suelo como rústico protegido; por otro lado, discrepa de la valoración del perito de parte de la actora, pues aplica el método de capitalización de rentas combinado con el método comparativo, para llegar al valor del mercado, lo que no tiene base legal; finalmente, sostiene que la valoración del muro de 426 metros lineales se elevó en el acuerdo que se impugna y que no se debe valorar el perjuicio derivado de la concesión otorgada en el año 1993, ni los gastos en el proyecto de la nave de cultivos marinos, ni la pérdidas de una subvención comunitaria, por no haberse extinguido, ni tampoco la del 25% del valor de reposición, pues no existieron vicios en el procedimiento.

SEGUNDO

Con carácter previo se tiene que advertir que el hecho de que la actora tenga 19 fincas que forman una sola delimitada que cuenta con una superficie de 7.097,00 m2, no supone que se tenga que considerar ésta en bloque, pues no consta que las hubiera agrupado, de modo que cada una de aquellas fincas tiene que considerarse por separado a efectos expropiatorios y de fijación del justiprecio.

Realizada esa advertencia, y puesto que la expropiación se tramitó por el procedimiento de urgencia a que se refiere el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y que el acta previa a la ocupación de la finca número 36, de 527,00 m2, tuvo lugar el 14.12.12, se debe estar a las reglas de valoración establecidas en el texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, para lo cual se tiene que estar a la situación del terreno, al margen de cuál sea su clasificación.

Así es, ya que como han recordado las SsTS de 01.04.16, 15.02.18 y 06.06.18, mientras los textos legales sobre el suelo de 1976 y 1998 partían de valorar el suelo en atención a su clasificación urbanística, por lo que eran fundamentales los valores catastrales (a menudo no actualizados), la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo, desvincula su valoración a la clasificación del suelo, de manera que se debe valorar lo que hay y no lo que el planeamiento -en un futuro más o menos cercano- autoriza a ejecutar, siguiendo la idea ya plasmada en el artículo 36 de la LEF. En igual sentido se expresó la STC 141/2014, al indicar que la opción del legislador, de desligar definitivamente la valoración de la clasificación del suelo, perseguía paliar la especulación, en línea con el mandato del artículo 47 de la Constitución, y lograr que la valoración se lleve a cabo conforme a "lo que hay" y no a lo que "dice el plan que puede llegar a haber en un futuro incierto", a cuyos efectos el artículo 12 del TRLS parte de la idea de considerar, a los efectos de valoración, solo dos categorías básicas de suelo: el rural, que es aquel que no está funcionalmente integrado en la trama urbana, y el urbanizado, que es el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización

En lo que se refiere al primero, no solo se aplica a los terrenos que tradicionalmente se han considerado como rurales por estar excluidos del proceso de transformación urbanística o por la protección de sus valores ecológicos, agrícolas, ganaderos o forestales, sino también para el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación urbanizadora, así como aquellos que no reúnan los requisitos para merecer la consideración de suelo urbanizado, que son los que se integran de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población, de modo que cuenten con todas las dotaciones y servicios que requiera la legislación urbanística o que puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento. De ahí que no se alcanza la consideración de suelo urbanizado hasta que se ha concluido...

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