ATS 62/2020, 19 de Diciembre de 2019
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2019:14087A |
| Número de Recurso | 2272/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 62/2020 |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 62/2020
Fecha del auto: 19/12/2019
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 2272/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez
Procedencia: Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1ª)
Letrado de la Administración de Justicia: Sección 2ª
Transcrito por: PBB/MGP
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 2272/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez
Letrado de la Administración de Justicia: Sección 2ª
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 62/2020
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
-
Manuel Marchena Gómez, presidente
-
Julián Sánchez Melgar
Dª. Carmen Lamela Díaz
En Madrid, a 19 de diciembre de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.
Por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Castellón se dictó sentencia, en los autos de Procedimiento Abreviado nº 143/2016, dimanantes de las Diligencias Previas nº 2780/15 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Castellón, en la que se absolvía a Edemiro del delito continuado de falsedad, con imposición de oficio de las costas. Asimismo, se le condenaba como autor de un delito continuado de estafa, concurriendo la agravante de reincidencia y la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular; también se fija la responsabilidad civil.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Edemiro y por el Ministerio Fiscal dictándose sentencia por la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1ª), de 7 de mayo de 2019, en la que se estimaba parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Edemiro, en el sentido de dejar sin efecto la agravante de reincidencia, declarando de oficio las costas de la alzada. Asimismo, se estimaba el recurso promovido por el Ministerio Fiscal, revocando parcialmente la misma en el sentido de condenar a Edemiro como autor de un de delito continuado de estafa, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, en relación de concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, con la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de dos años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses y un día con una cuota diaria de seis euros, confirmado en todo lo restante la sentencia apelada, con declaración de oficio de las costas causadas en apelación.
Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón se interpone por Edemiro, mediante la presentación del correspondiente escrito por parte de la Procuradora de los Tribunales Doña Patricia Rosch Iglesias, recurso de casación con base en seis motivos: 1) al amparo del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de los artículos 110.3 y 113 del Código Penal; 2) al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de los artículos 390.1º, 2º y 3º y 392 del Código Penal; 3) al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del artículo 74.2 del Código Penal; 4) al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del artículo 77 del Código Penal; 5) al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española; y 6) al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española.
En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal interesó la inadmisión del mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Cómez.
ÚNICO.-
-
Como motivos se alega infracción de ley y vulneración de precepto constitucional.
Se considera en el recurso que esta Sala Segunda debe entrar a valorar los motivos desarrollados en el mismo, al considerar que la sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, es una de las resoluciones que el actualmente vigente artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contempla como susceptibles de ser recurridas en casación.
-
El derecho al recurso está comprendido dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, pero siempre que se trate de recursos previstos en la ley, pues no permite habilitar medios de impugnación al margen de lo regulado en las leyes.
Conviene recordar, que la Sentencia del Tribunal Constitucional número 88/97, de 5 de mayo, señala que aunque el acceso a los recursos legalmente establecidos forma parte de la tutela judicial efectiva, este derecho no queda vulnerado cuando el recurso interpuesto es inadmitido por el órgano judicial competente en virtud de la concurrencia de algunas de las causas legalmente previstas al efecto, añadiendo la citada sentencia del Tribunal Constitucional que la interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios.
Sobre la retroactividad de las leyes, el Tribunal Constitucional (Sentencias 149/1995 de 16 de octubre y 374/1993 de 13 de diciembre) recuerda que el fenómeno de la retroactividad es posible si la propia ley lo autoriza.
Conviene recordar que las leyes procesales no son leyes penales, por lo que no es posible el efecto retroactivo de las mismas, sino que únicamente son aplicables a los procedimientos en vigor con arreglo a las circunstancias establecidas para el procedimiento aplicable.
La STS 1336/2011, de 12 de diciembre señala que, el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable con carácter supletorio, por prescripción del artículo 4 de la misma Ley, dispone que salvo que se establezca otra cosa en las disposiciones legales de derecho transitorio, los asuntos se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.
-
A la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesario antes de entrar en el fondo del recurso, analizar si la resolución que se impugna, es susceptible de ser recurrida en casación en el caso que nos ocupa.
Se trata de una sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Castellón, que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Edemiro y estimó el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Castellón.
Para abordar esta cuestión, se hace necesario partir de una premisa esencial, cual es que la redacción actual del artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es la otorgada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre), de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Dicha reforma entró en vigor el seis de diciembre de 2015 ( Disposición final cuarta de la Ley 41/2015), siendo determinante que en la Disposición transitoria única de la Ley 41/2015, se establezca que se aplicará "a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor".
Por lo tanto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al amparo de la cual, son recurribles en casación las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, no puede incidir, en virtud de la Disposición transitoria referida, sobre un proceso, como el que nos ocupa, incoado en virtud de auto del Juzgado instructor, el 28 de octubre 2015 (folio 11 de las actuaciones), es decir, antes de que entrase en vigor la modificación referida.
En conclusión, la modificación legal operada por la Ley 41/2015 no puede tener efectos retroactivos sobre el presente procedimiento, al no estar previsto expresamente en su Disposición transitoria, única posibilidad que posibilitaría que esta Sala conociese sobre el fondo del recurso de casación interpuesto. No pudiéndose acudir, ante dicha falta de previsión, al principio de retroactividad de la Ley penal más favorable, ya que no estamos en el ámbito de la normatividad penal sustantiva, sino de la procesal penal, donde la redacción del artículo 792.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente y aplicable al procedimiento del que estamos tratando, establecía que "contra la Sentencia dictada en apelación no cabrá recurso alguno".
Esta solución se ha mantenido por esta Sala anteriormente en autos de fechas 3 y 6 de mayo de 2016, recaídos en los recursos de queja números 20186/2016 y 20124/2016, así como, en el auto de inadmisión, de fecha 9 de junio de 2016, recaído en el recurso nº 547/2016.
Procede, pues, inadmitir el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 884.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
