STS 1181/2019, 16 de Septiembre de 2019

En el procedimiento contencioso-administrativo número 527/2015, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictó sentencia el 15 de septiembre de 2016 , cuyo fallo dice literalmente:

"Que desestimamos el Recurso Contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Rivera Pinna en representación de DINTESA DESARROLLOS INTEGRALES EXTREMEÑOS, S.L., frente a los actos a los que se aluden en el primer fundamento que confirmamos. Ello con imposición en costas a la Recurrente. "

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños, S.L. recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tuvo por preparado mediante Auto de 2 de noviembre de 2016 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 8 de febrero de 2017 , cuya parte dispositiva dice literalmente:

"Primero.- Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación procesal de Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños, S.L. contra la sentencia núm. 306/2016, de 15 de septiembre, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el procedimiento ordinario núm. 527/2015.

Segundo.- Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la atinente a si la Tesorería General de la Seguridad Social puede declarar, mediante el correspondiente acuerdo de derivación, la responsabilidad solidaria, por deudas que afecten a sociedades concursadas, a una sociedad integrante del mismo grupo pero no sometida a concurso, sin necesidad de acudir al juez que está tramitando el procedimiento concursal.

Tercero.- Identificar como normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación los artículos 15.3 y 30.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con los artículos 8.6 º y 9 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal .

Cuarto.- Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

Quinto.- Interesar del Letrado de la Administración de Justicia de esta Sección el cumplimiento de lo ordenado en los artículos 90.6 y 92.1 de la LJCA .

Sexto.- Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto."

Admitido el recurso, por diligencia de ordenación de 13 de febrero de 2017, se concede a la parte recurrente un plazo de treinta días para presentar el escrito de interposición, lo que efectuó el procurador don Jacinto Gómez Simón, en representación de Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños S.L. por escrito de fecha 30 de marzo de 2017, en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

"[...] dicte nueva Sentencia por la que declare contrario a derecho y en consecuencia declare nulos de pleno derecho y en su caso anule el Acuerdo de 3 de agosto de 2015 de la Directora Provincial de Badajoz de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que desestima el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de 23 de marzo de 2015 de la Subdirectora Provincial de Recaudación ejecutiva en el expediente de derivación de responsabilidad n.º 370/2013 por el que se derivó frente a Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños, S.L. una deuda ajena de 635.753,96 euros, y en lo necesario también contra éste mismo y los actos identificados en el § 7 de nuestra demanda, declarando en plena jurisdicción (i) que en relación con las sociedades concursadas la competencia para determinar la deuda que la Tesorería General de la Seguridad Social ha declarado en los actos impugnados no corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social sino al Juzgado de lo Mercantil que corresponda, (ii) que procede devolver a DINTESA la cantidad ya pagada por ésta de 635.753,96 euros más los intereses legales y (iii) la lesión patrimonial a DINTESA causada por la Tesorería General de la Seguridad Social con derecho al abono de daños y perjuicios según las bases razonadas en el § 143 de la demanda. En el caso de que el recurso no se estimare, procede elevar la cuestión de inconstitucionalidad solicitada en la demanda y en el escrito de preparación del recurso de casación en su día presentado, atendida la protesta formal respetuosamente realizada en este escrito de interposición, así como declarada la lesión al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva señalado en los apartados correspondientes de este escrito. Costas de la primera instancia según ley. Costas de esta instancia según ley."

Por providencia de 21 de abril de 2017. Se acuerda dar traslado del escrito de interposición a la parte recurrida a fin de que, en el plazo de treinta días, pueda oponerse al recurso, lo que efectúo el Letrado de la Administración de la Seguridad Social en escrito presentado el 8 de mayo de 2017, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO: "se sirva dictar sentencia por la que, desestimando en su integridad el recurso de casación interpuesto por el recurrente, confirme la sentencia combatida de contrario por ser conforme a Derecho. "

De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por providencia de 19 de junio de 2019 se señala este recurso para votación y fallo el día 10 de septiembre de 2019, fecha en que tuvo lugar el acto.

Planteamiento del recurso de casación y la sentencia de instancia.

La sentencia (completa en Cendoj ROJ: STSJ EXT 684/2016 - ECLI:ES:TSJEXT:2016:684) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres desestimó el recurso deducido por Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños, S.L., contra el acuerdo de 3 de agosto de 2015 de la Directora Provincial de Badajoz de la Tesorería General de la Seguridad social, frente al acuerdo del Jefe de la Unidad de impugnaciones de la misma dirección Provincial desestimando recursos de alzada contra acuerdo de 23 de marzo de 2015 de la subdirectora provincial de recaudación ejecutiva en expte. de responsabilidad que declara la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones contraídas con la Seguridad Social por las empresas Hormigones Extremeños, S.A., Clasificados del Guadiana S.L., Hormiexsa Elevación S.l., Eurosa Hormigones CC S.L., Porcenat S.L., Hormiexsa Toledo S.L., Áridos Rueca, S.L., Hormigones y Excavaciones Extremadura S.L., Maferoga Empresarial S.L., Clasificados del Tajo S.L., Cerayba Materiales y Elevación S.L., Extremeña de Proyectos e Inversiones S.L., y Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños S.L..

Y exige en el CCC 06/110757294, la responsabilidad solidaria declarada a Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños S.L. mediante las Reclamaciones de deuda que se identifican a continuación, y que, a día de la fecha, ascienden a una cuantía de 635.753,96 euros (con independencia de la variación de los importes que, en su caso, pueda producirse como consecuencia de los intereses de demora y recargos que correspondan, así como de ulteriores comprobaciones basadas en datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, todo ello sin perjuicio de la incorporación, en su caso, de las nuevas deudas que pudieran generarse).

En el TERCERO explica que no cabe hablar de incompetencia jurisdiccional en razón del artículo 8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal . La resolución impugnada, subraya la sentencia, es un acto administrativo excluido del conocimiento de las jurisdicciones laboral y mercantil.

En el CUARTO declara, "en el supuesto que examinamos, la Tesorería de la Seguridad en atención a los informes, actos de inspección, etc, llega a entender de manera presuntiva y lógica que se dan los elementos necesarios para probar la existencia de un grupo empresarial, indicios que son múltiples y que determinan que entre el hecho probado y el que se intenta demostrar existe un enlace preciso y lógico conforme a reglas ordinarias de conocimiento que finalizan en la conclusión adoptada. Lo expuesto determina la desestimación del Recurso."

Por último rechaza la desviación de poder que la demanda imputa a la resolución impugnada.

La cuestión sometida a interés casacional y normas a considerar.

Las cuestiones de interés casacional objetivo a resolver quedaron fijadas en el auto de admisión dictado con fecha 8 de febrero de 2017 y en los siguientes términos: "si la Tesorería General de la Seguridad Social puede declarar, mediante el correspondiente acuerdo de derivación, la responsabilidad solidaria, por deudas que afecten a sociedades concursadas, a una sociedad integrante del mismo grupo pero no sometida a concurso, sin necesidad de acudir al juez que está tramitando el procedimiento concursal."

Se identifican como normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación los artículos 15.3 y 30.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (actuales artículos 18.3 y 33.2 del RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre ), en relación con los artículos 8.6 º y 9 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal .

Argumentos de la recurrente.

Recalca que la Dirección General de los Registros y del Notariado en dos Resoluciones, ambas de 24 de abril de 2015, publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 1 de junio de 2015, la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos y la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, niegan toda posible determinación de la deuda de Seguridad Social durante un concurso porque el artículo 8.3º de la Ley Concursal atribuye sólo al juez del concurso de la competencia exclusiva y excluyente para conocer de toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

No comparte la jurisprudencia del TSJ porque las modificaciones operadas por la referida Ley 22/2003 no dicen en ningún momento que el orden jurisdiccional competente sea el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ni permiten autotutela en cuestiones mercantiles.

Defiende que la Sentencia impugnada desenfoca el problema, pues los artículos 15 y 30 del TRLGSS no pueden aplicarse como si el resto del Ordenamiento jurídico no existiera.

Oposición de la Tesorería General.

Objeta que no estamos ante un crédito que se tiene que dilucidar en el ámbito del concurso ni bajo la jurisdicción del Juzgado Mercantil, sino ante una habilitación legal a la T.G.S.S. que la faculta para que pueda derivar la responsabilidad a una empresa no concursada lo que incide en el carácter extra concursal de la derivación de la responsabilidad y de su sometimiento a la jurisdicción civil.

Cuestiones esenciales ya reflejadas en las STS de 20 de junio de 2017 y de 8 de julio de 2019 .

Para entender el alcance de la cuestión, como ya hiciéramos en la STS dictada por esta Sala y sección el día 20 de junio de 2017 (recurso de casación 2765/2916), conviene tener presente que en la resolución administrativa impugnada se declara la responsabilidad solidaria de todas las empresas que la TGSS considera integrantes de un grupo empresarial, Hormiexsa, que estaría constituido por las entidades mercantiles Hormigones Extremeños SA, Clasificados del Guadiana SL, Hormiexsa Elevación SL, Hormiexsa Toledo SL, Porcenat SL, Eurosa Hormigones CC SL, Hormigones y Excavaciones de Extremadura SL, Cerayba Materiales y Elevación SL, Áridos Rueca S.L., Maferoga Empresarial SL, Clasificados del Tajo SL, Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños SL Y Exproin S.L. (Extremeña de Proyectos e Inversiones S.L.) declarando a todas ellas como responsables solidarias de las deudas para con la Seguridad Social, derivadas de cotizaciones insatisfechas por las diferentes empresas del grupo así considerado. Entre dichas empresas se encuentra la hoy recurrente, Cerayba Materiales y Elevación SL, pero también las siguientes empresas:

Aquellas son las empresas de lo que la TGSS denomina "grupo de empresas" que adeudan a la TGSS los correspondientes débitos por falta de cotización a la Seguridad Social.

Estas son las empresas del grupo que mantiene deudas con la Seguridad Social. Todas éstas se encuentran en situación de concurso de acreedores y en fase de liquidación, a excepción de la última (Hormiexsa Elevación S.L.), que no están en concurso, y Clasificados del Guadiana S.L. cuyo concurso ya concluyó y fue liquidada.

Lo dicho en la STS de 8 de julio de 2019, recurso de casación nº 220/2017 F.J. 4º.

Aquí el escrito de interposición fue presentado el 30 de marzo de 2017 pero resulta oportuno reproducir del recurso 220/2017 las manifestaciones que se hicieron en el escrito de interposición sobre la sentencia dictada por esta Sala y sección el día 20 de junio de 2017 (recurso de casación 2765/2916), que declaró la nulidad de la actuación administrativa respecto de las mercantiles "Hormiexa Toledo S.L." y "Clasificados del Tajo S.L." por apreciar que el acto finalizador del procedimiento, el acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria, carecía de un elemento esencial como es la correspondiente reclamación de deuda. Señala el F.J. 4º de la STS de 8 de julio de 2019 que, con posterioridad, la propia sección cuarta de la Sala Tercera ha dictado la sentencia de 22 de noviembre de 2018 (recurso de casación 2507/2016 ) reconsiderando motivadamente ese criterio.

Dice el F.J. 4º de la STS de 8 de julio de 2019 , que se utilizó la siguiente argumentación:

"Sobre lo primero, es menester reconsiderar el criterio que seguimos en la sentencia 1098/2017 . En efecto, sabemos que los artículos 15 , 30 y 104 del Real Decreto Legislativo 1/1994 facultan a la Tesorería General de la Seguridad Social para, en caso de impago, dirigirse contra el empresario responsable y contra los responsables solidarios. Solidaridad establecida por esta misma disposición con fuerza de Ley. Por su parte, el Real Decreto 1415/2004 regula el procedimiento para reclamar de los deudores solidarios la deuda correspondiente y autoriza a la Administración a dirigir la reclamación contra todos o contra cualquiera de ellos ( artículo 13.1), tal como dice el artículo 1144 del Código Civil que puede hacer el acreedor de obligaciones solidarias sin que sea preciso esperar a que resulte infructuosa la reclamación contra el deudor principal. Por tanto, cuando se reclame la deuda a un responsable solidario por la razón de que forma parte de un grupo de empresas, es preciso que se identifique dicho grupo y sus concretos componentes.

El juego de esta solidaridad exige establecer, ante todo, a quiénes se extiende porque si no se sabe qué sujetos son los obligados de esa forma mal se puede hablar de ella y justificar la reclamación a uno de los deudores y no a todos. Así pues, dar el paso de declarar responsables solidarios a los integrantes del grupo no supone exceso, ni infracción. Es, simplemente, el presupuesto necesario para exigir el pago a cualquiera de ellos. No tendría sentido no hacer esa declaración desde el momento en que la reclamación se fundamenta en la solidaridad y sólo se puede ser deudor solidario junto a otros que es preciso identificar. Así, pues, no es coherente con las previsiones y el sistema establecido por los preceptos citados ver en la disociación advertida por la sentencia n.º 1098/2017 , una infracción del artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004 .

En consecuencia, si no es incorrecta una resolución que declare la responsabilidad solidaria de las sociedades integrantes de un grupo de empresas en el sentido que se precisará después, aunque no se reclame a una o a varias de ellas la deuda correspondiente, cabe afirmar igualmente que tampoco es incorrecto que el enjuiciamiento del recurso contra la resolución que efectúe esa declaración por quien esté incluido en ella pero no haya recibido la reclamación del pago, se limite al presupuesto sobre el que descansa. Esto es, al examen de si se ha justificado o no por la Tesorería General de la Seguridad Social la existencia de dicho grupo y la pertenencia a él de la recurrente, quedando el debate relativo a la deuda para cuando se reaccione contra la exigencia de su satisfacción.

Al establecer esta conclusión, distinta de la alcanzada por la sentencia n.º 1098/2017 , no ignoramos que nos estamos pronunciando sobre un litigio que tiene en su origen el mismo expediente de desviación de responsabilidad, el n.º 370/2013, y la misma resolución administrativa. Ahora bien, consideramos que este paso es necesario para sentar la interpretación que ha de darse al artículo 13.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y, además, tenemos presente que el procedimiento administrativo caducó el 24 de abril de 2015, según reconoce la contestación a la demanda.".

La cuestión de interés casacional que aquí debemos resolver obtuvo ya respuesta de esta Sala en la citada sentencia de 22 de noviembre de 2018 (recurso de casación 2507/2016 ), reiterándose en la de 8 de julio de 2019, (recurso de casación 220/2017 ).

"Llegados a este punto, se ha de establecer si la situación concursal de algunas de las empresas consideradas responsables solidarias impide a la Tesorería General de la Seguridad Social declarar la responsabilidad solidaria de Áridos Rueca, S.L.U. que no se halla en concurso de acreedores. A juicio de la Sala, la respuesta ha de ser negativa pues en nada perjudica al concurso tal declaración. Desde luego, las reglas especiales del Real Decreto Legislativo 1/1994 y del Real Decreto 1415/2004 no lo impiden ya que no condicionan la actuación que ha de seguir la Administración concernida en la recaudación de las deudas con la Seguridad Social en el sentido pretendido por la demandante. Y tampoco son obstáculo las previsiones de la Ley concursal invocadas por la demanda, es decir los artículos 8 y 9 de la Ley 22/2003 , porque no explica la recurrente de qué manera esa declaración incide negativamente en los intereses a cuya protección sirve la intervención del Juez de lo Mercantil competente.".

Hemos de incidir ahora como en la STS de 8 de julio de 2019 (casación 220/2017 ) en la misma conclusión no sin responder a las alegaciones esenciales que la mercantil recurrente emplea en su escrito de interposición:

1. ) estamos, al igual que entonces, ante un procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad solidaria por deudas a la Seguridad Social con fundamento en la existencia de un grupo empresarial, del que la empresa formaba parte. (Porcenat S.L. en el recurso 220/2017 y Cerayba Materiales y Elevación S.L. en el recurso 9/2017).

   La actuación de la Seguridad Social estaba amparada por el ejercicio de las facultades que expresamente le otorgan los artículos 15.3 y 30.2 del entonces vigente Real Decreto Legislativo 1/1994 , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS 1994), en la redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.

   Se trata de un caso en el que esta Sala ya ha declarado que la empresa recurrente, aunque negaba la concurrencia de los elementos que según jurisprudencia reiterada sirven para afirmar la existencia de un grupo empresarial, no desvirtúa los hechos concretos a partir de los cuales la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, primero, y el acuerdo de iniciación, después, establecieron que, ciertamente, existe un grupo empresarial del que forma parte ( sentencias de 20 de junio de 2017 y de 22 de noviembre de 2018 , dictadas en recurso de casación 2765/2016 y 2507/2016 , respectivamente).

2. ) los concursos declarados respecto de las empresas mencionadas en el fundamento de derecho tercero era concursos voluntarios, es decir, promovidos por las propias empresas y no por la Seguridad Social, como acreedora. No consta que en ninguno de ellos la empresa deudora o los administradores concursales acudiesen a la posibilidad de acumulación de concursos declarados por tratarse de empresas de un grupo empresarial, como les facultaba el artículo 25 bis de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio (LC).

3. ) los artículos 49 y 55 de la LC no sirven de obstáculo para la actuación llevada a cabo por la TGSS pues viniendo referidos en términos de generalidad a límites frente a actuaciones contra el deudor concursado, no son trasladables a este caso, donde la administración ejercita otras potestades legalmente previstas y sin menoscabar el patrimonio de las mercantiles concursadas. Al contrario, lo que hace es obtener la satisfacción de deudas por otros medios legales y sin afectar al patrimonio de la mercantil concursada, deudas que, de integrar la masa de las sociedades concursadas, afectarían a los derechos de los acreedores allí concurrentes, minorándolos.

4. ) no estamos ante supuestos de "ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado", ni de "acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente responsables de los créditos de la sociedad deudora", supuestos en los que entraría en juego la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso a tenor del artículo 8.3 y 6 de la Ley Concursal . Como hemos dicho antes -fundamento de derecho tercero- estamos ante un procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad solidaria por deudas a la Seguridad Social con fundamento en la existencia de un grupo empresarial, del que la empresa PORCENAT S.L. formaba parte, y en el que la TGSS no ha iniciado procedimiento de cobro frente a mercantiles concursadas. No cabe, por ello, la aplicación del artículo 55 de la Ley Concursal , referido a ejecuciones y apremios posteriores a la declaración del concurso.

5. ) el artículo 22 de la LGSS de 1994 , al que la parte recurrente otorga un valor esencial y determinante para su planteamiento de universalidad del concurso de acreedores y de imposibilidad de actuación administrativa como la denunciada, fue expresamente aplicado por la sentencia impugnada (primer párrafo del fundamento de derecho sexto) aunque con cita de la ley concursal, que entendemos que errónea pues la demanda solo aludió al artículo 22 de la LGSS y no al de la ley concursal, cuyo contenido es muy diferente y no da pie a la tesis sustentada por la mercantil recurrente.

   La sentencia dice que "Se alude asimismo, a la necesidad de aplicar el art 22 de la Ley Concursal y no los correspondientes de la LGSS, pues bien, aparte de lo ya expuesto en el fundamento anterior, aparte asimismo, de que lo que se pide se realiza y efectúa de manera declarativa ante un Tribunal Contencioso (lo que en cierto modo supone una asunción de la competencia) decimos que además de todo lo anterior, puede traerse a colación la doctrina de algún Tribunal que compartimos y que señala que: "En nada obsta, para la incoación y tramitación del procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria en el seno de un grupo de empresas, la declaración de concurso voluntario por parte de las empresas que forman parte del GRUPO siendo cuestiones distintas la situación concursal que han promovido por las empresas deudoras con la declaración de responsabilidad a la que llega la Tesorería general de la seguridad social, tras constatar la existencia de una sucesión empresarial no transparente". Así lo reconoce el propio Juzgado de lo mercantil de Badajoz.".

   Pues bien, frente a este argumento tan concreto se aprecia que el recurso no cuestiona lo razonado, sino que se limita a dar su valoración sobre el artículo 22.

La doctrina de la Sala reitera lo dicho en SSTS de 20 de junio de 2017 y 8 de julio de 2019 .

La presente sentencia, a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA , ha establecido en los precedentes fundamentos la interpretación de aquellas normas sobre las que el auto de admisión consideró necesario el enjuiciamiento del presente recurso de casación por esta Salsa Tercera del Tribunal Supremo y, conforme a ello, declarará:

1. ) que la Tesorería General de la Seguridad Social puede declarar mediante el correspondiente acuerdo de derivación la responsabilidad solidaria, por deudas que afecten a sociedades concursadas, a una sociedad integrante del mismo grupo pero no sometida a concurso, sin necesidad de acudir al juez que está tramitando el procedimiento concursal.

2. ) que procede la desestimación del presente recurso de casación.

Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.4 de la LJCA tras la reforma por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, la sentencia que se dicte resolverá sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de esta ley y dispondrá, en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Por ello, confirmada en este caso la sentencia recurrida, se resolverá únicamente sobre las costas de casación declarando que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dintesa Desarrollos Integrales Extremeños, S.L. contra la sentencia dictada el día 15 de septiembre de 2016 por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres, en el recurso contencioso administrativo número 527/2015 , sentencia que CONFIRMAMOS.

En cuanto a las costas estése a los términos fijados en el fundamento de derecho último.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Ponente de la misma, Doña Celsa Pico Lorenzo, hallándose celebrando audiencia pública, lo que como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.