STS, 2 de Octubre de 1980

Al amparo del número siete del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de ley, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de hecho que resulte de documentos auténticos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador. Los documentos auténticos por nosotros señalados son: a) La carta dirigida por "Añuri, S. L.», en 10 de agosto de 1973 a mis mandantes (documento número uno que en su día se aportó a la contestación a la demanda) y en la que ponen en su conocimiento que ya tienen fabricada toda la "extructura metálica» y que el señor Alvaro pudo comprobar que el suelo aun no estaba preparado, ni los anclajes puestos, por lo que rogaba se pusieran mis mandantes en contacto con la actora para que ésta procediera a la mayor brevedad a la puesta a punto del suelo para poder proceder al montaje, b) La carta dirigida por "Añuri, S. L.», en 30 de agosto del mismo año (documento número dos de los adjuntados por esta parte a su escrito de contestación a la demanda) en la que se amenaza a mis mandantes con cobrarles los gastos de almacenaje si en el plazo de 15 días no dejaba la actora la obra a punto para proceder al montaje de las estructuras metálicas,

3. La carta dirigida por la actora en 2 de junio de 1973 a "Construcciones Metálicas Añuri, S. L.» (documento número ocho adjuntado a su escrito de demanda) en la que se daba su conformidad en lo que se refiere a distancia de ejes, y dimensiones de los soportes, es decir, a lo suficiente para preparar las bases de fundación. Éstos documentos señalados, demuestra inequívocamente por su contenido, lo que por su medio trata de justificarse, de modo que tal contenido sea obligatorio para el Tribunal y, por tanto, este error de hecho por nosotros evidenciado ha de ser estimado por reunir la concurrencia de requisitos por la Jurisprudencia de este Alto Tribunal, exigidos efectivamente: Primero. Estos documentos auténticos demuestran la existencia de un error de hecho en la apreciación de las pruebas manifiesto, ya que existe una notoria y absoluta contradicción con las afirmaciones de hecho contenidas en la sentencia recurrida, sin necesidad de interpretaciones, razonamientos, deducciones, analogías ni hipótesis, pues dicen claramente que en 10 de agosto de 1973 estaba fabricada la estructura metálica y que no podía montarse por lo que la actora no tenía preparados los basamentos para tal operación.-Segundo. No prevalece el resultado de elementos probatorios aislados sobre la apreciación conjunta de la prueba, pues efectivamente, lo en ella dicho viene adverado por la declaración Don Alvaro y por el testigo de la actora, don Juan Manuel quien afirma que "Añuri» no pudo comenzar el montaje de las estructuras porque "Constructora Industrial» no tenía preparados los basamentos (con lo que también se está en línea con los requisitos exigidos por la Jurisprudencia de esta Sala, entre ellas en la Sentencia de 27 de septiembre de 1969 ).-Tercero. Los documentos auténticos señalados, en ningún momento han sido tenidos en cuenta por la Sala sentenciadora (requisito señalado también por esta Sala, entre otras, en la sentencia de 25 de febrero de 1975 ).-Cuarto. La evidencia del error es completamente objetiva, sin que un ápice de subjetivismo pueda empañarla; efectivamente, si en 10 de agosto de 1973 la actora ya hubiera realizado el movimiento de tierras, la cimentación y la solera, "Construcciones Metálicas Añuri», podía haber realizado el montaje de la estructura metálica, que ya estaba completamente fabricada para estas fechas. Este motivo primero,amparado en el número siete del artículo 1.692, por error de hecho, también ha de prosperar, porque de conformidad con la Jurisprudencia sentada por esa Sala el error de hecho en la apreciación de las pruebas recae sobre lo que constituye el fundamento esencial del fallo, como es el retraso inicial de la actora en la preparación de los basamentos que impidieron que "Añuri», hubiera podido cumplir su compromiso de terminar el montaje de la estructura metálica en 31 de agosto de 1973. Máxime cuando tal montaje llevó aproximadamente unos 22 días, a pesar de que el ritmo de la obra civil correspondiente a la actora, "Constructora Industrial», iba muy lento, al tener poco personal, con lo que los montadores de "Añuri» tuvieron que trabajar a medio ritmo. Este retraso es el tema fundamental del pleito, pues como se demuestra por los documentos auténticos por nosotros señalados, es decir, documentos que acreditan una certeza y que demuestran inequívocamente, sin acudir a deducción, interpretaciones más o menos utópicas o quebraderos de cabeza, el hecho indubitado de que tal retraso únicamente es achacable a la actora, lo que no fue tenido en cuenta por la sentencia aquí recurrida, pues el Tribunal de Instancia ni el juzgado tuvieron en cuenta tales documentos y por consiguiente no los interpretaron -pues si tal hubiere ocurrido, la vía que a esta parte le quedaría expedita sería la del número uno del artículo 1.692 y no la del número siete como es el caso que nos ocupa.

Al amparo del número uno del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de ley consistente en la violación, por inaplicación, del párrafo primero del artículo 1.471 del Código Civil . La jurisprudencia de ese Alto Tribunal, tras llenar el vacío que suponía la no muy feliz redacción del número uno del artículo 1.692, en especial en cuanto utiliza dos palabras sinónimas -como son "infracción» y "violación»- atribuyendo el carácter genérico e infracción y el específico a la violación, ha establecido que ésta puede ser positiva o negativa, esta última en el caso o supuesto de inaplicación de una norma que sí debió de hacerlo. En el presente caso el recurrente convino la ejecución de las obras de Coslada, por un precio alzado, por lo que éste no puede sufrir variación alguna, a pesar de que el estado real de mediciones pudiera superar el cálculo de la memoria y el presupuesto de 30 de abril de 1973. El porqué de esto se encuentra en el párrafo primero del artículo 1.471 del Código Civil , cuya violación por inaplicación ha sido denunciada al encabezar este motivo. En las ventas hechas a precio alzado -a diferencia de lo que sucede en las ventas hechas a razón de precio por unidad de medida o número- la causa del contrato para el comprador es lo que llaman los autores el "cuerpo cierto», la cosa determinada por sus linderos, independientemente de su medida o número. En nuestro caso, mi mandante, convino la ejecución de las obras por un importe de 8.814.935,44 pesetas, que constituye el precio alzado de la obra que se adjudicó en su día a la empresa demandante. Sólo las nuevas obras que hubiesen sido ordenadas por la propiedad podrían haber sido incluidas en una -o varias- certificación complementaria y el importe de tales obras, al no haber sido presupuestado por la empresa demandante, tendría que haberse sometido a una valoración de acuerdo con los precios ordinarios que regían en la fecha de su ejecución. Al no haberlo entendido así, la Sala sentenciadora violó, por inaplicación, lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 1.471 del Código Civil .

Al amparo del número uno del artículo 1.692 de la Ley rituaria por infracción de ley consistente en la aplicación indebida del artículo 1.261 del Código Civil . Efectivamente esta aplicación indebida surge cuando subsumen los hechos en el ámbito de la norma que equivocadamente se estima aplicable, o se sufre error al establecer las diferencias o semejanzas que media entre la hipótesis legal o la tesis del caso concreto. La Sala de la Audiencia, no aplicó de forma adecuada la norma jurídica pertinente, a los hechos declarados probados. Efectivamente, del hecho cierto de la reunión celebrada en 23 de julio de 1974, el Tribunal "a quo» saca la consecuencia de que del Acta levantada de tal reunión que al no ajustarse a la realidad no fue firmada por el mandante, "Teisa», y por consiguente no fue aceptada, llega a la consecuencia de que tal Acta es un verdadero contrato que reúne los requisitos del artículo 1.261 del Código Civil . La falta de uno de estos requisitos de lugar a aquella forma especial de imperfección y, por tanto, de invalidez de tal contrato. No puede caber duda alguna que al negarse mi mandante a la firma de tal Acta, por no ajustarse a la realidad, falla uno de esos requisitos fundamentales para la existencia del contrato, cual es el consentimiento de los contratantes; y así bien es cierto que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa, esto no se deduce ni de la carta de "Teisa» obrante al folio 132 de los Autos, en el que manifiesta su propuesta que no se recogió en el Acta -de ahí su negativa a fírmala- ni el mencionado Acta. Al no haberlo entendido así, la Sala sentenciadora aplicó indebidamente el artículo 1.261 del Código Civil .

Al amparo del número siete del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de ley, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de hecho que resulte de documentos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador. Tales documentos obran a los folios 141 y 1432 de los Autos y tienen todos los requisitos exigidos por la Jurisprudencia, ya que demuestran la existencia de un error de hecho en la apreciación de las pruebas manifiesto, ya que existe una notoria y absoluta contradicción con las afirmaciones de hecho contenidas en la sentencia recurida, todo ello sin necesidad de interpretaciones, razonamientos, deducciones, etc. Efectivamente, en el documento auténticoobrante al folio 132, mi mandante puntualiza la postura que mantuvo en la reunión de 12 de febrero de 1975, postura que no se manifestó en el Acta de tal reunión (folio 131 de los Autos) y que por tanto mi mandante no suscribió. Este error de hecho ha de prosperar, porque recae sobre uno de los fundamentos esenciales del fallo, como es el presupuesto eléctrico de "Esymeia», que tendría que calcularse sobre la base de 784.000 ó 866.000 pesetas, deduciendo los importes que para la instalación eléctrica figuraban en el presupuesto y memoria que sirvió para la fijación del precio alzado y sin aplicación de revisión de precios.

RESULTANDO que evacuado por las partes el traslado de instrucción la Sala mandó traer los Autos a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Jaime Castro García.

CONSIDERANDO

Que al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley Procesal denuncia el primer motivo del recurso interpuesto por la entidad "Transportes Españoles e Internacionales, S. A.» ("Teisa»), error de hecho en la apreciación probatoria, citando a tal fin como documentos auténticos demostrativos de la equivocación evidente sufrida por el Tribunal de Instancia las cartas de 10 y 30 de agosto de 1973, dirigidas por "Añuri, S. L.», a la recurrente, en las que esa Sociedad pone en conocimiento de la demandada el remate en la fabricación de toda la estructura metálica contratada, a pesar de lo cual no podía proceder a su instalación por no haber acometido "Constructora Industrial, S. A.», las obras de preparación del suelo y colocación de los anclajes, y le advierte de que le exigiría el pago de almacenaje si la obra no se halla "a punto para dentro de 15 días», documentos a los que se añade con el mismo carácter la carta remitida por la actora a la nombrada compañía "Añuri, S. L.», con fecha 2 de junio del propio año, expresando su conformidad "en cuanto se refiere a distancia entre ejes y dimensiones de los soportes»; pero es claro que la impugnación no puede prosperar, pues de tales comunicaciones epistolares, ya ponderadas por los organismos jurisdiccionales de una y otra instancia (considerando cuarto de la sentencia del Juzgado, que la Sala de apelación hace suyo), carecen de valor intrínseco y de la significación de autenticidad para mostrar el palmario desacierto que se reprocha al juicio lógico del Tribunal "a quo», pues de la circunstancia de que la estructura metálica estuviera dispuesta para su montaje en el mes indicado, no se sigue un incumplimiento contractual imputable a la demandante y recurrida, cuando ambas sentencias proclaman con toda rotundidad, y el aserto no ha sido combatido en el recurso, que la tardanza de varios meses en la ejecución de la obra con respecto a lo inicialmente pactado viene justificadamente explicada por la cuantiosa ampliación en la tarea convenida por las partes que necesariamente afectó al plazo de terminación, de consumo con las dificultades técnicas surgidas, y de ahí que no conste "en la copiosa documentación y correspondencia queja formal alguna por parte de la demandada tocante a retraso o demora», como la sentencia del primer grado indica.

CONSIDERANDO que tampoco puede prevalecer el motivo segundo, basado en la violación por inaplicación del artículo 1.471, párrafo primero, del Código Civil , pues obviamente nada importa para decidir cuestiones que atañen a un contrato de ejecución de obra por ajuste de precio alzado, cuya pauta normativa ha de buscarse en los artículos 1.588 y siguientes del Código Civil , un precepto como el invocado que contempla la compraventa de "cuerpo cierto» y puntualiza el primordial valor que en lo concerniente a la individualización de los inmuebles revisten los linderos, sino que el problema en debate habrá de ser resuelto a la concreta luz del artículo 1.593 de dicho Cuerpo legal , dilucidando si se han producido cambios determinantes de aumento de obra y mediando la autorización de la recurrente "Teisa».

CONSIDERANDO que el motivo tercero del recurso, formulado como el precedente por el cauce del número primero del artículo 1.692, alega aplicación indebida del artículo 1.261 del Código Civil , que se entiende ocasionada al dar por existente la Sala sentenciadora un acuerdo entre las partes con manifiesta naturaleza negocial en la reunión celebrada el 23 de junio de 1974, "aunque no fuera (el documento de su constancia) firmado por "Teisa"; impugnación que ha de prevalecer, por cuanto la resolución combatida -revocatoria en este extremo de la pronunciada en el primer grado-, no sienta un juicio de valor fundándolo en elementos de convicción distintos a la constancia documental referida y a la carta dirigida por la recurrente a "Constructora Industrial, S. A." en la que "Teisa" insiste en su categórica negativa a satisfacer "cantidad alguna por revisión de precios de diciembre de 1973 a mayo de 1974», sino que entiende surgido un concierto de voluntades a pesar de tan manifiesto antagonismo y la negativa de la demandada a suscribir el acta, con lo que al razonar como lo hace olvida la específica función de la firma en cuanto gráfica exteriorización del asentimiento a un contenido documental, y al tiempo que la Sala da eficacia al que no ha sido reconocido, a pesar de lo dispuesto en el artículo 1.225 del citado Código y de la regla "scriptura privata non probat nee fidem facit nisi recognoscetur», vulnera igualmente la reiterada doctrina jurisprudencial de que para la eficacia de una obligación contraída por escrito es esencial la firma de la persona obligada o de otra en su nombre ( sentencias de 16 de marzo de 1956, 28 de abril de 1970 y 3 de mayo de 1977, entreotras ), lo que en definitiva comporta la concurrencia de la infracción denunciada, pues mal puede tenerse

por acaecida la conjunción o concordancia de voluntades a los efectos del número primero del artículo 1.261 del referido Código y, por lo tanto, para que surja el consentimiento como requisito o elemento básico del negocio bilateral, siendo así que en el caso controvertido lejos de haberse logrado el consenso entre los intervinientes se exteriorizó por parte de "Teisa» un radical disenso en torno a los términos de la pretendida revisión de precios, siguiéndose en consecuencia que el presupuesto de "Esymesa» para la instalación eléctrica en el edificio industrial objeto del contrato que las actuaciones contemplan, no debe ser revisado, ya que su formulación data de 18 de febrero de 1974, esto es, de fecha señaladamente posterior a la del congenio sobre la ejecución de obra y ya con fijación de precios actualizados, improcedencia de la actividad revisora de su -"quantum» que la propia demandante y recurrida no deja de admitir en el hecho sexto, penúltimo párrafo, del escrito de réplica, por más que intente basarla en la eficacia obligacional de un acuerdo que, según dicho queda, no ha alcanzado su ultimación.

CONSIDERANDO que las propias razones abonan asimismo la estimación del motivo cuarto del recurso que, basado en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley Adjetiva, imputa a la resolución de la Sala error de hecho en la apreciación de la prueba resultante de documentos auténticos demostrativos de la equivocación evidente del Juzgador, pues en efecto, al censurar la cualificación fáctica del Tribunal de Instancia destaca la manifiesta discordancia en que incurre en su labor enjuiciadora al tener por emitida la conformidad de "Teisa» a la revisión postulada invocando como datos demostrativos el acta de la reunión ten Coslada el día 23 de julio de 1974 y la carta de 12 de febrero de 1975, a pesar de que precisamente ambos documentos, que el recurso esgrime en apoyo de su tesis, patentizan por su mismo tenor y con plena suficiencia y objetividad, fluente de la sola lectura y de la simple contemplación, la incuestionable disconformidad de "Teisa» a las pretensiones de "Constructora Industrial, S. A.».

CONSIDERANDO que por lo expuesto procede la declaración de que ha lugar al recurso por los motivos tercero y cuarto, casando la sentencia impugnada y dictando por separado la resolución correspondiente, además de disponer la devolución del depósito constituido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.745 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Que debemos declarar y declaramos que ha lugar al recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid con fecha 12 de mayo de 1978 , en juicio declarativo de mayor cuantía seguido por la entidad "Constructora Industrial, S.

A.», contra "Transportes Españoles e Internacionales, S. A.» ("Teisa»), resolución que casamos y anulamos; con devolución del depósito constituido y sin hacer imposición de costas. Comuníquese la presente y la que seguidamente se pronuncie a la mencionada Audiencia, devolviéndole las actuaciones remitidas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Julio Calvillo Martínez.-José Beltrán de Heredia y Castaño.-Manuel González Alegre y Bernardo.-José Antonio Seijas Martínez.-Jaime Castro García.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Jaime Castro García, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente que ha sido en esto autos, celebrando audiencia pública la misma en el día de su fecha, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Madrid, a 2 de octubre de 1980.-José Sarabia.-Rubricado.