ATS, 24 de Octubre de 2018

1. La procuradora Dª. María del Pilar González Velasco, en representación de ELECDEY CARCELEN, S.A, ELECDEY LEZUZA, S.A., y ELECDEY CASTILLA LA MANCHA, S.A., presentó escrito fechado el 12 de junio de 2018 preparando recurso de casación contra la sentencia dictada el 16 de abril de 2018 por la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en los recursos acumulados 339/2014, 340/2014 y 341/2014, relativos a la solicitud de rectificación de autoliquidaciones -y consiguiente devolución de ingresos indebidos- del canon eólico castellano-manchego, en lo que respecta a los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2012.

2. Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, le achaca las siguientes infracciones, todas ellas alegadas en el proceso de instancia:

   (i) Vulneración del artículo 31.1 de la Constitución ["CE"] respecto de los principios constitucionales que rigen el poder tributario autonómico, en particular el principio de capacidad económica y la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de tributos extrafiscales, toda vez que el canon eólico carece de finalidad medioambiental. Esta circunstancia entraña, a su vez, la infracción de los artículos 133.2, 156.1 y 157.3 de la CE, en conexión con el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (BOE de 1 de octubre de 1980) ["LOFCA"].

   (ii) Vulneración de los artículos 1.1, 14 y 31 de la CE, toda vez que el impuesto autonómico examinado vulnera los principios de generalidad e igualdad, estableciendo una situación discriminatoria en contra de los productores de energía eléctrica que vulnera la doctrina constitucional fijada, entre otras, por las sentencias 37/1987, de 26 marzo ( ES:TC:1987:37); 186/1993, de 7 de junio ( ES:TC:1993: 186) y 96/2002 de 25 de abril (ES:TC:2002:96).

   (iii) Vulneración de las normas que delimitan la política medioambiental de la Unión Europea, en particular, del artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DOUE, serie L, número 211, de 14 de agosto de 2009) ["Directiva 2009/72/CE"].

3. Razona que las infracciones denunciadas han sido relevantes y determinantes del fallo de la sentencia recurrida. Particularmente, argumenta que "[l]a Sentencia concilia la ausencia de la finalidad extrafiscal del tributo examinado, con legalidad constitucional del artículo 31 CE, sobre la base del pronunciamiento del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 2016 en el Auto de declaración de inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala sentenciadora en el procedimiento aludido P.O.n° 101/2014. Sin embargo, no ha tenido en cuenta que la ausencia de la finalidad extrafiscal implica en este caso en sí misma una infracción de la propia Ley 9/2011 cuando se atribuye en su artículo 2° la naturaleza que no tiene, de ahí que aflora con una vocación espuria y ficticia, pues su propósito es el de crear una apariencia con la finalidad de alejar el tributo de la prohibición de la doble imposición. Que el tributo pueda pasar con éxito los filtros de contraste en el análisis que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional en el Auto al que nos referimos con respecto a su posible identidad o superposición con el Impuesto de Actividades Económicas, no implica que pueda conciliarse con los artículos 1.1, 14 y 31 de la Constitución, toda vez que reconocida su naturaleza instrumental y ficticia, el impuesto autonómico pierde los rasgos que lo harían compatible con el ordenamiento jurídico tributario, vulnerando los principios de generalidad e igualdad y estableciendo una situación discriminatoria en contra de los productores de energía eléctrica, y contraviniendo la doctrina constitucional fijada, entre otras, por la Sentencias 37/1987, de 26 marzo [ RTC 1987\37]; 186/1993, de 7 de junio [RTC 1993\186] y 96/2002 de 25 de abril [RTC 2002\96]". Y alega adicionalmente que "[l]a identificación de las instalaciones eólicas de generación de energía eléctrica como objeto único del hecho imponible del impuesto además de corroborar esa finalidad extrafiscal instrumental del tributo, pues el parámetro de comparación sobre el que seleccionar la realidad sometida a gravamen debería haber sido el impacto medioambiental que aquéllas entrañen, al margen de si tienen o no conexión con la producción de energía eléctrica, infringe los principios de generalidad e igualdad, infracciones que no han sido examinadas en la Sentencia y merecen igual reproche de inconstitucionalidad." (páginas 7 y 8 del escrito de preparación).

4. Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en el recurso de casación preparado porque se da la presunción del artículo 88.3.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio de 1998) ["LJCA"], y las circunstancias de las letras c), e) y f) del artículo 88.2 de la LJCA. Particularmente entiende que:

   4.1. Estamos ante preceptos sobre los que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo porque "la Jurisprudencia que emana de la Sala y se refiere a la aplicación de los principios constitucionales sobre tributación extrafiscal, impone un examen singular y específico del tributo en cuestión ( STC 122/2012), siendo que las Sentencias que hasta la fecha han examinado tributos de naturaleza similar, no constituyen jurisprudencia en los términos previstos por el artículo 88.3.a) LJCA., toda vez que la Sentencia de 25 de noviembre de 2015 (rec. Casación 2237/2014) acordó la terminación del recurso por pérdida sobrevenida de su objeto, de ahí que el presente caso plantea un supuesto sobre el que la Sala Tercera no ha podido pronunciarse, ni fijar un criterio que permita matizar, precisar o concretar la doctrina jurisprudencial existente con especial sujeción al tributo que nos ocupa" (página 9 del escrito de preparación).

   4.2. La doctrina sentada por la sentencia recurrida afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA] pues "el criterio que el Tribunal Supremo pueda adoptar en relación con este recurso será susceptible de aplicación general para la resolución los procedimientos de impugnación que se interpongan en aplicación de este tributo, que si bien tiene un alcance más limitado que otros tributos de aplicación en todo el Estado, en este caso afecta a todos los operadores de parques eólicos de la Comunidad Autónoma, lo que le confiere un rasgo de la generalidad que a nuestro juicio motiva el interés casacional" (páginas 9 y 10 del escrito de preparación).

   4.3. La sentencia impugnada ha interpretado y aplicado con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional [ artículo 88.2.e) de la LJCA]. Cita, en particular, la doctrina contenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Constitucional 37/1987, ya citada; 289/2000, de 30 de noviembre ( ES:TC:2000:289); 168/2004, de 6 de octubre ( ES:TC:2004:168); 122/2012, de 5 de junio ( ES:TC:2012:122); 179/2006, de 13 de junio ( ES:TC:2006:179); 196/2012, de 31 de octubre de 2012 ( ES:TC:2012:196); 60/2013 de 13 de marzo (ES:TC:2013:60); y 22/2015, de 16 de febrero (ES:TC:2015:22). En todas ellas, aclara, se señala que los tributos medioambientales deben responder a una clara finalidad extrafiscal (pues es esta finalidad la que constituye su fundamento) y ser instrumentos de ordenación, protección, mejora y reparación del medio ambiente. En consonancia con tal doctrina constitucional, solo puede ser considerado como tributo extrafiscal aquél que fundamentalmente persiga fines ajenos a los estrictamente recaudatorios, como son los ecológicos y que estos fines sean ciertos y no meramente aparentes. Por ello considera que "resultaría pertinente que el Tribunal Supremo recoja la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional de la que el tribunal contencioso-administrativo de instancia se ha apartado, por la propia importancia de dicha doctrina y por la relevancia del caso litigioso, dado que, previo planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, quedarían disipadas todas las dudas de constitucionalidad que vician la modalidad del tributo examinado, así como los actos de aplicación en los que se concreta el recurso de instancia" (página 12 del escrito de preparación).

   4.4. Aduce que el recurso de casación preparado reviste, asimismo, interés casacional objetivo por concurrir la circunstancia del artículo 88.2.f) de la LJCA, porque la sentencia impugnada interpreta y aplica con error el Derecho de la Unión Europea en un supuesto que exigiría la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ["TJUE"] a título prejudicial, de acuerdo con el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa (DOUE, serie C, número 326, de 26 de octubre de 2012) ["TFUE"]. Se refiere "a los recursos interpuestos en relación con la compatibilidad de los impuestos creados por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética", por entender que resultan trasladables al caso examinado del canon eólico castellano-manchego. Más concretamente, cita el auto de 10 de julio de 2017 (rec. cas. 343/2015, ES:TS:2017:7287A), relativo al impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y al impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, en cuya virtud se planteó cuestión prejudicial de interpretación a propósito de la posible infracción del artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, en conexión con los artículos 3 y 5 de la Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (DOUE, serie L, número 33, de 4 de febrero de 2006) ["Directiva 2005/89/CE"]. Destaca que, en el citado auto, se apunta que los artículos 3 y 5 de la Directiva 2005/89/CE garantizan que los Estados miembros velarán porque ninguna medida adoptada por dichos Estados para garantizar el suministro sea discriminatoria o suponga una carga excesiva para los agentes que enturbie el correcto funcionamiento del mercado eléctrico. Además, el artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE proscribe las medidas discriminatorias entre los operadores del mercado eléctrico e impone a los Estados miembros la obligación de respetar determinados requisitos en el caso de que deba imponer una obligación de servicio público a tales operadores. Considera, sin embargo, que la sentencia impugnada "ha considerado erróneamente que tal infracción es equiparable a la analizada por el TJUE en su Sentencia de 20 de septiembre de 2017, cuando como hemos razonado ya es la condición de empresa eléctrica de mi representada la que permite apreciar su sometimiento al ámbito de aplicación de la Directiva 2009/72/CE, al margen de si se entiende que el canon examinado supone o no un gravamen a la electricidad o a los productos energéticos, lo cual remite de nuevo que en el presente caso reviste el planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE, así como la trascendencia que tales infracciones tienen en la Sentencia impugnada, ya que, en el caso de que el TJUE aprecie la incompatibilidad de la modalidad del tributo analizado con la normativa europea, se habría producido un pronunciamiento estimatorio" (página 13 del escrito de preparación).

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 28 de junio de 2018, ordenando el emplazamiento de las partes para comparecer ante esta Sala tercera del Tribunal Supremo. Han comparecido tanto la parte recurrente en esta instancia como la parte recurrida, dentro ambas del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 de la LJCA.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Antonio Montero Fernandez, Magistrado de la Sala.

1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA), la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y las entidades que lo han preparado conjuntamente se encuentran legitimadas para hacerlo, por haber sido partes recurrentes en el proceso de instancia (artículo de la 89.1 de la LJCA).

2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identifican con precisión las normas de Derecho estatal y de la Unión Europea que se reputan infringidas y se justifica que fueron alegadas en el proceso, tomadas en consideración por la Sala de instancia o que ésta hubiera debido observar aun sin ser alegadas. También se justifica que su infracción ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia impugnada [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].

3. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque se han aplicado normas en las que se sustenta la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia [ artículo 88.3.a) de la LJCA], y la doctrina sentada al respecto por la sentencia recurrida afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA] e interpreta y aplica erróneamente tanto la doctrina constitucional sobre los tributos medioambientales [ artículo 88.2.e) de la LJCA] como el Derecho de la Unión Europea, en un supuesto que todavía exige la intervención del TJUE a título prejudicial [ artículo 88.2.f) de la LJCA], por lo que puede darse por cumplido lo que exige el artículo 89.2.f) LJCA.

1. Tal y como se describe en la sentencia impugnada, el recurso contencioso-administrativo se interpuso primero contra la desestimación presunta de la reclamación planteada ante la Comisión Superior de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que impugnaba la resolución de 7 de febrero de 2013 del Director General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se desestimó la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2012 del denominado canon eólico castellano-manchego.

2. Las entidades recurrentes en la instancia solicitaron que fuera declarada contraria a Derecho y anulada la resolución administrativa recurrida, previa elevación de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Ley castellano-manchega 9/2011 que estableció el tributo autonómico, por su inconstitucionalidad. Asimismo, las entidades recurrentes alegaron en la instancia, en sus respectivas demandas, la incompatibilidad de este canon eólico con los principios reconocidos en el artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, así como con la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños (DOUE, serie L, número 143, de 30 de abril de 2004), y particularmente en relación con el principio "quien contamina paga" contenido en dicha norma.

1. La Sala de instancia planteó en auto de 8 de abril de 2016, cuestión prejudicial de interpretación al TJUE sobre la eventual vulneración por la regulación de dicho canon eólico castellano-manchego de diversos preceptos de las Directivas 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DOUE, serie L, número 140, de 5 de junio de 2009) ["Directiva 2009/28/CE"]; 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DOUE, serie L, número 9, de 14 de enero de 2009) ["Directiva 2008/118/CE"]; y 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DOUE, serie L, número 283, de 31 de octubre de 2003) ["Directiva 2003/96/CE"]. El TJUE respondió a las cuestiones planteadas en la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Elecdey Carcelen SA y otros (asuntos acumulados C-215/16, C-216/16, C-220/16 y C-221/16; EU:C:2017:705), indicando que el canon eólico castellano-manchego no vulneraba las normas cuestionadas de Derecho europeo.

2. Asimismo, la Sala de instancia planteó en auto de 22 de abril de 2016 cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por posible vulneración de los artículos 31.1 y 132.2 de la CE, que fue inadmitida en el auto 183/2016, de 15 de noviembre [ES:TC:2016:183A], al entender el Tribunal Constitucional que no cabe interrogarle antes de que el TJUE haya resuelto sobre la conformidad de una norma española con el Derecho europeo. Aunque, en todo caso, el máximo intérprete de nuestra Constitución deriva la cuestión en el referido auto a la compatibilidad del canon eólico con el artículo 6 de la LOFCA, entendiendo que tal tributo no vulnera el bloque de constitucionalidad español.

3. A la luz de las contestaciones recibidas, la Sala de instancia entiende "desterrados los óbices y motivos de oposición a la aplicación del canon cuestionado que se esgrimían en la demanda en cuanto se consideraba que la legislación reguladora del canon eólico no respetaba los mandatos constitucionales y de derecho comunitarios atinentes a la materia tributaria regulada, no existiendo ya, pues, ningún obstáculo de fondo y forma para entrar a conocer de la pretensión ejercitada [por lo que] desde la perspectiva tanto del derecho positivo nacional en su vertiente constitucional como desde el punto de vista del derecho comunitario, siendo la Ley cuestionada 9/2011, de 21 de marzo, conforme a tales ordenamientos no existe dificultad ni impedimento legal para exigir su observancia, y en consecuencia también la liquidación del tributo cuya nulidad se solicitaba, debiendo declararse que los actos recurridos son conformes a derecho". Llega a esta conclusión al entender, por un lado, que no existe fundamento para plantear una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE, ahora en relación con la eventual vulneración del artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, porque el canon eólico discutido no es un impuesto que grave la electricidad y los productos energéticos, de manera que no entra en su ámbito de aplicación; y, por otro lado, que tampoco hay fundamento para plantear una nueva cuestión de inconstitucionalidad, ahora por el solapamiento del canon eólico con el impuesto sobre bienes inmuebles, porque en el auto 183/2016 el Tribunal Constitucional había dejado clara su posición al respecto.

1. Son tres las infracciones que la parte recurrente en esta instancia denuncia en el escrito de preparación de su recurso de casación: las dos primeras se refieren a diversos preceptos de la CE (principio de capacidad económica en relación con la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de tributos extrafiscales; así como los principios de generalidad e igualdad), mientras que la tercera alude a las normas delimitadoras de la política medioambiental de la Unión Europea y, en particular, al artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE.

2. Las dos primeras infracciones, las constitucionales, carecen manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia por las siguientes razones:

   1. ) Esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se ha pronunciado, reiteradamente, sobre la constitucionalidad de impuestos autonómicos similares al canon eólico castellano-manchego, desestimando en todos los casos la pretensión de plantear cuestión de inconstitucionalidad. Nos referimos a los siguientes impuestos autonómicos:

      (i) El canon eólico gallego aprobado por Ley de la Comunidad de Galicia 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el Canon Eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. Particularmente, y entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2014 (rec. cas. 1148/2013, ES:TS:2014:2999), se concluye que "no resultan suficientes elementos para afirmar que es el mero ejercicio de una actividad económica, como es la producción de energía eléctrica de origen eólico a través de la instalación que la produce, el único parámetro que guía la configuración por los artículos 11 y 14 de la Ley 8/2009 tanto del hecho imponible como de la base imponible del canon eólico, existiendo una relevante finalidad extrafiscal de naturaleza ambiental en su ordenación, plasmada principalmente en la figura del Fondo de Compensación Medioambiental, que, aunque quizás no suficientemente desarrollada legislativamente en posteriores normas, sí que puede afirmarse su materialización real y no simplemente virtual en estos años, comprobada mediante la documentación presentada por la Xunta de Galicia en los pleitos más arriba indicados, que ha permitido despejar las dudas que generaba sobre si la apariencia formal exterior del canon eólico como gravamen medioambiental solo obedecería a la terminología utilizada en su redacción o, por el contrario, respondía a una verdadera intención de perseguir los daños causados en el medioambiente, todo lo cual impide concluir que se haya producido un solapamiento o duplicidad impositiva prohibida por el articulo 6.3 LOFCA, por lo que no apreciamos la vulneración de los artículos 133.2 , 156.1 y 157.3, de la Constitución. Por todo ello, no procede promover cuestión de inconstitucionalidad en relación con los citados preceptos de la Ley autonómica 8/2009 y debe desestimarse el motivo de casación invocado" (FD quinto).

      (ii) El Impuesto riojano sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas [ sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2016 (rec. cas. 2820/2016, ES:TS:2016:1862)] respecto del cual, y tras analizar los elementos esenciales de dicho tributo (así como su finalidad medioambiental, a partir de lo declarado en la Exposición de Motivos de la Ley riojana 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013 -BOR de 28 de diciembre de 2012, BOE de 17 de enero de 2013-), no se aprecian los motivos de inconstitucionalidad alegados por la recurrente, en similares términos al actual recurso de casación. Considera de aplicación las consideraciones que hizo la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012 (rec. cas. 561/2013, ES:TS:2014:783), en relación con el impuesto del Principado de Asturias sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, regulado en la Ley 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011 (BOPA de 31 de diciembre de 2010, BOE de 8 de marzo de 2011) que grava, igualmente, "la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente del Principado de Asturias ocasiona la realización de las actividades a que se refiere el presente artículo, a través de instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta".

      (iii) El Impuesto de Extremadura sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, regulado en el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios (DOE de 23 de diciembre de 2006), pues las instalaciones quedan gravadas en tanto que inciden, alteran o causan riesgo de deterioro sobre el medio ambiente [entre otras, vid. las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio (rec. cas. 1946/2015, ES:TS:2016:2795), 16 de junio (rec. cas. 1942/2015; ES:TS:2016:2825) y de 17 de noviembre de 2016 (rec. cas. 2098/2016; ES:TS:2016:4867); de 7 de febrero (rec. cas. 1644/2016; ES:TS:2017:696), 16 de febrero (rec. cas. 526/2016; ES:TS:2017:489), de 27 de junio (rec. cas. 1904/2016; ES:TE:2017:2543) y 7 de julio (rec. cas. 1696/2016; ES:TS:2017: 3055) de 2017].

      (iv) El Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por Determinados Aprovechamientos del Agua Embalsada, por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión, de la Ley de Castilla y León 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (BOCL de 29 de febrero de 2012, BOE 20 de marzo de 2012) [ vid. las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero (rec. cas. 532/2015; ES:TS:2018:243), de 28 de febrero (rec. cas. 3279/2014, ES:TS:2018:654) y de 10 de abril de 2018 (rec. cas- 3572/2014;ES:TS:2018:1325; y 3285/2014; ES:TS:2018:1235)]. Particularmente, señala la penúltima sentencia citada que "el impuesto castellano leonés en debate "se configura como un impuesto medioambiental cuya finalidad es someter a gravamen determinadas actividades que ocasionan un importante daño al medio ambiente en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma" (apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 1/2012 antes transcrita), pero de ahí no cabe derivar que sólo puede respetar el principio de generalidad tributaria si recae sobre todas y cada una de las actividades que ocasionan un daño al medio ambiente, puesto que no es irracional, desproporcionado o inexplicable que recaiga únicamente sobre aquellas actividades que el legislador autonómico considera que producen un "importante daño" y la compañía recurrente no ha acreditado que las "otras instalaciones productoras de energías iguales o similares que también contaminan el medioambiente" lo hagan con la misma "importancia" que la energía eólica, teniendo en cuenta que se aprecia con nitidez que todas las actividades gravadas por el impuesto autonómico presentan de forma notoria una incidencia importante en el paisaje. Podrá considerarse más o menos acertada esta decisión, y podrá no compartirse, como obviamente le sucede a la compañía recurrente, pero ni está huérfana de razones ni puede considerarse desproporcionada" (FD quinto).

      Existe, pues, jurisprudencia sobre las normas virtualmente iguales a las aplicadas por la Sala de instancia, por lo que no concurriría la presunción del artículo 88.3.a) de la LJCA.

   2. ) El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado reiteradamente, además de en el auto 183/2016 ya citado, que remite a otras sentencias, en relación con el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulado en la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente (DOE de 28 de junio de 1997, BOE de 87 de agosto de 1997) -vigente hasta la aprobación del Decreto Legislativo 2/2006- que, según disponía su artículo 1 "grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura ocasiona la realización de las actividades a que se refiere esta Ley, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno natural". En la ya referida sentencia del Tribunal Constitucional 22/2015, de 16 de febrero, se examinaron también cuestiones similares a las del presente recurso de casación, declarándose la inconstitucionalidad del citado impuesto, pero limitando la misma al gravamen de las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica [ artículos 2.a), 6 y 8 de la Ley 7/1997], sin que afectase a "las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones" [ artículo 2.b) de la Ley 7/1997].

      Como puede fácilmente comprenderse, el canon eólico castellano-manchego tiene una justificación similar al tributo extremeño referido -en cuanto que se justifica por el impacto visual de determinadas instalaciones-, con lo que le resultaría aplicable la misma jurisprudencia constitucional. Por todo ello, no puede entenderse cabalmente que la Sala de instancia haya interpretado y aplicado aparentemente con error y como fundamento de su decisión la doctrina constitucional. Tampoco concurre, por tanto, la circunstancia del artículo 88.2.e) de la LJCA.

   3. ) La afectación a un gran número de situaciones dista de ser clara, atendiendo al hecho de que son obligados tributarios del canon eólico castellano-manchego quienes lleven a cabo la explotación de un parque eólico o instalaciones de generación eólica, que en modo alguno pueden considerarse numerosos pues "[p]ara apreciar la presencia de esta circunstancia de interés casacional se debe atender de forma prioritaria a la virtualidad expansiva de la doctrina sentada por la sentencia recurrida, que en el caso de autos ni resulta diáfana ni se concreta, más allá (...) del nítido interés subjetivo de [la recurrente]" ( auto del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2017, rec. cas. 31/2016; ES:TS:2017:715A). En cualquier caso, dicha afectación no ha sido justificada suficientemente por la recurrente y, por todo ello, no puede apreciarse la circunstancia de interés casacional objetiva prevista en el artículo 88.2.c) de la LJCA.

3. Tampoco alcanza interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia la tercera de infracciones denunciadas, por las siguientes razones:

   1. ) La remisión al ya referido auto del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2017 no resulta oportuna para el caso examinado del canon eólico castellano-manchego porque la estructura y elementos esenciales de este último tributo son diferentes a las de los impuestos nucleares que determinaron el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE.

   2. ) La Sala de instancia ha motivado suficientemente la denegación de la petición de planteamiento de cuestión prejudicial, basándose en la sentencia citada del TJUE de 20 de septiembre de 2017, al apreciar que el canon eólico no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/54/CE, por no ser un impuesto que grave la electricidad o los productos energéticos. De hecho, el Tribunal Supremo ha razonado acerca de la pretendida vulneración de la Directiva 2009/72/CE en relación con otro impuesto de similares características al canon eólico castellano-manchego. Nos referimos, en particular, al impuesto castellano leonés sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos de agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. A partir de la referida sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo no consideró pertinente el planteamiento de la cuestión prejudicial en relación con la Directiva 2009/72/CE ( vid. en particular, el FD decimotercero de la sentencia de 31 de enero de 2018, rec. cas. 532/2015; ES:TS:2018:243 y el FD quinto de la sentencia de la misma sala y sección pronunciada el mismo día, rec. cas. 3599/2014, ES:TS:2018:326), sin que se aprecien razones para llegar a una solución distinta en este caso. Por todo ello no concurriría tampoco la circunstancia de interés casacional objetiva prevista en el artículo 88.2.f) de la LJCA.

4. Conforme a lo que antecede debe afirmarse que no concurre interés casacional para la formación de jurisprudencia en el recurso de casación preparado.

Las anteriores reflexiones comportan la inadmisión a trámite del recurso y la consecuente imposición de las costas procesales causadas a la parte recurrente en esta instancia, que le imponemos fijando en 1.000 euros la cantidad total máxima que podrá reclamar la parte recurrida por todos los conceptos ( artículo 90.8 LJCA).

Por todo lo anterior,