STSJ Cataluña 4068/2016, 22 de Junio de 2016
| Ponente | MARIA DEL PILAR MARTIN ABELLA |
| ECLI | ES:TSJCAT:2016:6399 |
| Número de Recurso | 1769/2016 |
| Procedimiento | RECURSO DE SUPLICACIóN |
| Número de Resolución | 4068/2016 |
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Social |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 08019 - 44 - 4 - 2014 - 8035593
F.S.
Recurso de Suplicación: 1769/2016
ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER
ILMO. SR. LUÍS JOSÉ ESCUDERO ALONSO
ILMA. SRA. MARIA PILAR MARTIN ABELLA
En Barcelona a 22 de junio de 2016
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/ as. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 4068/2016
En el recurso de suplicación interpuesto por Catalina frente a la Sentencia del Juzgado Social 9 Barcelona de fecha 17 de noviembre de 2015 dictada en el procedimiento Demandas nº 763/2014 y siendo recurrido/a Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. MARIA PILAR MARTIN ABELLA.
Con fecha 30-7-14 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Invalidez grado, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 17 de noviembre de 2015 que contenía el siguiente Fallo:
Que desestimo la demanda presentada por D. Catalina contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y en consecuencia absuelvo al organismo demandado de los pedimentos habidos en su contra.
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
-
- La parte demandante nació el NUM000 de 1957 y su profesión era encargada de clínica. ( Hecho no controvertido ).
-
- La Dirección Provincial del INSS resolvió en fecha de 10 de mayo de 2011 declarar al demandante en situación de incapacidad permanente en grado de total para su profesión habitual en base a las siguientes lesiones " meningioma retromastoideo derecho intervenido en junio de 2010 portadora de válvula ventrículo peritoneal por hidrocefalia marcha inestable".
La base reguladora de la prestación es de 569,12 euros. ( Hecho no controvertido ).
-
- La parte actora presentó solicitud de revisión de grado que fue denegada por resolución de fecha de 29 de mayo de 2014 en la que se hacía constar que el dictamen del ICAMS de fecha de 23 de mayo de 2014 recogía como dolencias: " meningioma retromastoideo derecho intervenido en junio de 2010 portadora de válvula de derivación ventrículo peritoneal por hidrocefalia, marcha inestable, fibromialgia " ( Expediente administrativo )
-
- Formulada reclamación previa esta fue denegada por resolución expresa .
-
- La parte demandante padece en la actualidad meningioma retromastoideo derecho intervenido en junio de 2010 portadora de válvula de derivación ventrículo peritoneal por hidrocefalia, marcha inestable, fibromialgia en contro y/tratamiento funcionalismo conservado, cervicoartrosis y lumbartrosis con clínica de raquialgias sin limitación funcional y sin afectación motora, trastorno ansioso depresivo reactivo . Se recomienda marcha con dos bastones . ( informe pericial de la parte demandada e informes médicos de la parte actora).
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado no lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Contra la sentencia de instancia se alza el abogado de Catalina invocando como primer motivo la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 193.b) conforme a la redacción de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
La recurrente pretende la modificación del hecho probado quinto, al amparo de los informes que refiere, lo que debe ser desestimado al pretender la recurrente que esta Sala valore otros informes obrantes en autos y sustituya la valoración y prueba valorada por la magistrada de instancia por la suya propia, lo que no es posible en este recurso extraordinario, pues la doctrina de suplicación, al igual que la del Tribunal Supremo, sentada en relación a esta función jurisdiccional, puede desprenderse una serie de "reglas básicas", cuya finalidad es evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de transformar el recurso excepcional de suplicación en una segunda instancia. Estas "reglas" las podemos compendiar del siguiente modo: 1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental alegada que demuestre patentemente el error de hecho. 2º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que le sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, 6 de mayo de 1985 y 5 de junio de 199 5). Y 3º) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( SSTC 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero ), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980, 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994 ).
Se alega como segundo motivo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción del art. 137.5 y jurisprudencia que cita.
En concreto, la recurrente alega que la actora está incapacitada para toda profesión u oficio, por lo que debe ser declarada afecta de una incapacidad permanente absoluta.
No obstante, las pretensiones de la recurrente no pueden ser estimadas por cuanto la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y que expone el Alto Tribunal en sentencia, entre otras, de 26 de octubre de 1.993, sostiene que la revisión del grado de incapacidad precisa no solo de agravación de las limitaciones originariamente reconocidas, sino también el efectivo cambio invalidante.
A ello debe añadirse que la incapacidad permanente está definida en la actualidad en el artículo 136 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (con anterioridad artículo 134 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ), redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 34,1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, y posteriormente reenumerado, pasando a ser el artículo 136, según lo dispuesto por el artículo 15, a) de la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. En efecto, en dicho artículo, su número 1, señala que, "En la modalidad contributiva, es invalidez permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima como incierta o a...
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