STSJ Cataluña 72/2015, 22 de Enero de 2015
| Ponente | RAMON GOMIS MASQUE |
| ECLI | ES:TSJCAT:2015:2015 |
| Número de Recurso | 1495/2011 |
| Procedimiento | RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) |
| Número de Resolución | 72/2015 |
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2015 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 1495/2011
Partes: GENERALITAT DE CATALUNYA
C/ T.E.A.R.C. Y Isidoro
S E N T E N C I A Nº 72
Ilmos. Sres.
PRESIDENTE
D. NÚRIA CLÈRIES NERÍN
MAGISTRADOS
D. RAMON GOMIS MASQUÉ
D. JOSÉ LUÍS GÓMEZ RUIZ
En la ciudad de Barcelona, a veintidós de enero de dos mil quince.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado, en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso-administrativo núm. 1495/2011, interpuesto por la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada por la Sra. ABOGADA DE LA GENERALITAT, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, habiendo actuado como codemandado D. Isidoro, representado por la Procuradora Dña. BLANCA SORIA CRESPO.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMON GOMIS MASQUÉ, quien expresa el parecer de la SALA.
Por la Sra. Abogada de la Generalitat de Catalunya, en nombre y representación de la Administración autonómica, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (en adelante, TEARC), de fecha 20 de julio de 2011, que estima las reclamación económico-administrativa núm. NUM000, y NUM001 y NUM002 acumuladas a la anterior, interpuestas por D. Isidoro contra las liquidaciones por valores comprobados núms. NUM003, NUM004 y NUM003, con una deuda a ingresar de 1.511,15 #, 12.949,27 # y 399,27 #, respectivamente, que le fueron giradas por la Delegación Territorial en Lleida de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones devengado con ocasión de la herencia de Dña. Julieta .
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron, la actora, el dictado de una sentencia estimatoria que anule la resolución del TEARC impugnada y confirme la actuación tributaria de la que trae causa, y la defensa y representación de la Administración del Estado y la del codemandado, la desestimación del recurso.
Seguidos los preceptivos trámites, se acordó el señalamiento para votación y fallo del recurso, que tuvo lugar el día fijado al efecto.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Interpuesta por el contribuyente la antes referida reclamación económico-administrativa, la resolución del TEARC impugnada la estima, al apreciar la caducidad del procedimiento en que se dictaron las liquidaciones, al apreciar la caducidad del procedimiento de comprobación de valores instruido, como consecuencia del incumplimiento del plazo máximo para notificar la resolución establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT). El TEARC, tras señalar que procede la anulación de las liquidaciones impugnadas por la caducidad del procedimiento, indica expresamente: «sin que la interposición de la presente reclamación tenga carácter interruptivo de la prescripción de conformidad con el criterio sentado por Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 26 de octubre de 2010 (RG 00-4337-2009) en la que se expone: "Lo argumentado hasta ahora, a la vista de la regulación expresa contenida en los artículos 92 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y actual 104.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria, nos conduce a negar efectos interruptivos de la prescripción a cuantas reclamaciones y recursos ha interpuesto el interesado en plazo para obtener de los Tribunales aquella declaración de caducidad.
Al margen de la conservación de determinadas actuaciones instruidas en el seno del procedimiento caducado ( art. 104.5 de la Ley 58/2003, que, ni tan sólo resultaría de aplicación al caso, atendida la fecha de entrada en vigor de tal norma), y que únicamente responden a la ponderación de los principios administrativos y tributarios antes señalados, lo cierto es que la normativa administrativa y tributaria tantas veces citada, suprime todos los efectos jurídicos que eventualmente pudieran dimanar de aquel procedimiento caducado, en una clara voluntad de eliminar todo rastro jurídico del procedimiento instruido, salvaguardando, eso sí, el derecho sustantivo del órgano administrativo actuante para el que, simplemente, el procedimiento caducado es inocuo, ni lo perjudica ni interrumpe el plazo de prescripción. La preservación de esos efectos legales, derivados de la perención del procedimiento que la caducidad supone, exigen que tampoco interrumpa el cómputo del plazo de prescripción del derecho sustantivo el recurso o reclamación dirigido a que sea declarada la caducidad del procedimiento"» .
Aunque en el petitum de la demanda artículada en la presente litis, la defensa y representación de la Administración recurrente pretende que anulemos la resolución del TEARC y confirmemos la actuación tributaria de la Administración autonómica de la que trae causa, lo cierto es que ninguno de los alegatos de la demanda combaten que cuando las liquidaciones que originan la presente litis se notificaron al interesado el 3 de octubre de 2007, ya se había excedido el plazo de duración maximo de seis meses de aplicación al caso, previsto en el artículo 134 de la LGT, por remisión al artículo 104 de la misma Ley, al haber sido notificado el inicio del procedimiento de comprobación de valores el 2 de noviembre de 2006 y no existir dilaciones imputables al contribuyente o causa justificada de interrupción.
En consecuencia, la segunda de las pretensiones declarativas que pretende la actora no podría en ningún caso prosperar, aún cuando la resolución del TEARC no se ajustara a Derecho, pues en modo alguno se desvirtúa que el acto de la Administración autonómica objeto de la reclamación no se ajusta a derecho, al haberse dictado la liquidación en un procedimiento caducado, y -como estimó el TEARC- procedía por tal causa la anulación del acto objeto de la reclamación y el reconocimiento del derecho a la devolución de los ingresos en su caso indebidamente efecuados en tal concepto.
A la vista de las alegaciones del escrito de demanda, se desprende que la recurrente no cuestiona la estimación de la reclamación y la anulación de la liquidación impugnada, sino que se alza únicamente contra la declaración que se efectúa en el fundamento de derecho quinto del la resolución del TEARC recurrida en el sentido de que la interposición de la reclamación no tuvo carácter interruptivo de la prescripción. En tal sentido, alega que no nos hallamos ante el supuesto previsto en la Resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central de 26 de octubre de 2010, pues ésta se refiere a que no interrumpe el plazo de prescripción del derecho sustantivo el recurso o reclamación dirigido a que sea declarada la caducidad del procedimiento, mientras que en el caso de autos el reclamante no interpuso la reclamación para que se declarara la caducidad del procedimiento, sino que ésta fue apreciada de oficio por el TEARC, y que, en cualquier caso, el criterio de aquella resolución infringue el artículo 68.1.b) de la Ley 58/2003, que sin distinción alguna establece que el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria se interrumpe «por la interposición de reclmaciones o recursos de cualquier clase», así como la doctrina del Tribunal Supremo en sentencias de 8 de mayo de 2008 y 20 de mayo de 2009 conforme a la cual la estimación de las reclmaciones económico-administrativas, por causa de anulabilidad, no de nulidad, no comportan el cese del efecto interruptivo de la prescripción; añadiendo que el hecho de que las actuaciones caducadas no interrumpan la prescripción no comporta que la interposición de la reclamación o recurso no lo interrumpan, pues la caducidad no es causa de nulidad de pleno derecho.
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso aduciendo, en apretada síntesis, que la recurrente no cuestiona que la anulación de la liquidación por haberse producido la caducidad del procedimiento se ajusta a derecho, y siendo que la resolución del TEARC no declara prescrita la acción para liquidar, únicamente combate la actora en el recurso un pronunciamiento efectuado por el TEARC obiter dicta, careciendo en consecuencia la actora de legitimación activa.
Por su parte, la representación del codemandado sostiene la conformidad a derecho del acto impugnado, por sus propios fundamentos, aduciendo subsidiariamente los motivos de impugnación aducidos ante el TEARC.
Planteado el debate dialéctico en los términos sucintamente expuestos, hemos de señalar en primer lugar que de conformidad con el artículo 66.1 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, los actos resolutorios de los procedimientos de revisión serán ejecutados en sus propios términos. Cierto es que la resolución del TEARC no se pronuncia sobre si la acción para liquidar ha prescrito o no y que el pronunciamiento que se combate por la...
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