STS, 23 de Enero de 1998
| Ponente | JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ |
| Número de Recurso | 5287/1993 |
| Fecha de Resolución | 23 de Enero de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Enero de mil novecientos noventa y ocho.
Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituida por los señores al margen anotados el presente recurso de casación que con el número 5287/93 ante la misma pende de resolución interpuesto por el Procurador Sr. Perez- Mulet y Suárez en nombre y representación de la Universidad de Valencia contra sentencia de fecha 2 de Junio de 1993 dictada en pleito número 1196/91 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Siendo partes recurridas el Sr. Abogado del Estado en nombre y representación de la Administración General del Estado y la Procuradora Fernández Criado de Bedoya en nombre y representación de Don Benjamín
La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don Benjamín contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de fecha 14 de Marzo de 1991, recaído en expediente nº 55/91, sobre justiprecio en la expropiación de la parcela del actor, de 1729,51m2., sita en la Partida del CAMINO000 , debemos declarar y declaramos contraria a derecho la resolución administrativa impugnada, y como situación jurídica individualizada declarar que los terrenos expropiados se justipreciaran a razón de 10.500 pesetas m2., más el 5% de afección, e intereses derivados de los arts. 56 y 57 de la
L.E.F. todo ello, sin expresa condena en costas."
Notificada la anterior sentencia la representación procesal de la Universidad de Valencia presentó escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia de fecha 23 de Julio de 1993 la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, admitiéndolo y emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la parte recurrente, se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se ampara, solicitando se dicte sentencia por la que se case la de instancia, dejándola sin efecto, declarando la conformidad a derecho de los Acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Teniendo por interpuesto el recurso de casación por esta Sala, se emplaza a las partes recurridas para que en el plazo de treinta días, formalicen escritos de oposición.
Por las partes recurridas se presentan escritos de oposición al recurso interpuesto, en los que tras impugnar los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimaron procedentes, terminó suplicando a la Sala el Sr. Abogado del Estado en la representación que ostenta se tenga por evacuado el traslado conferido y se le tenga por abstenido de formalizar escrito de oposición, al recurso de casación interpuesto, asimismo la Procuradora Fernández Criado de Bedoya en nombre y representación de Don Benjamín solicita a la Sala se dicte sentencia desestimando el recurso y confirmando íntegramentela dictada en su día, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia el día VEINTE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
El estudio del presente recurso de casación exige partir de la base fáctica declarada probada en la instancia pero sin que ello impida la integración del factum ante la insuficiente explicitación en la sentencia combatida de los hechos declarados probados, tomando en consideración aquellos otros debidamente acreditados y de notoria trascendencia para la apreciación de las infracciones alegadas, pues otra cosa implicaría la vulneración del principio de justicia efectiva.
En el caso de autos hemos de partir del hecho afirmado por la sentencia de instancia de que "el valor de los índices municipales del Ayuntamiento de Valencia sobre el Impuesto del valor de los terrenos quedaba fijado en 10.500 ptas./m2.", pero dicho dato fáctico ha de integrarse con otros que resultan indubitados de la documentación unida a las actuaciones a saber: que el citado valor corresponde a metro cuadrado repercusión no a metro cuadrado de suelo y que el aprovechamiento neto del terreno expropiado es del 0,576 m2/m2 por lo que la valoración que correspondería a la finca que nos ocupa es de 6.048 ptas./m2., cantidad que debe ser adecuada en cumplimiento de la regla IV de las de aplicación del índice de valores a los efectos del impuesto referido.
Integrado así el relato fáctico hemos de proceder a continuación al análisis de los motivos articulados por el recurrente y al hacerlo resulta evidente que no ha de estimarse el motivo primero de los formulados por infracción de la doctrina de esta Sala sobre presunción de acierto de los acuerdos de los Jurados Provinciales de Expropiación, ya que la Sala mantiene la tesis de que el principio de presunción de acierto de las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación, que admite, es una presunción "iuris tantum", susceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario o en caso de error de hecho o de derecho del Jurado Provincial, por lo que la doctrina jurisprudencial no se infringe, lo que ocurre es que la Sala de instancia incurre en un error que podrá determinar en su caso infracción de los preceptos reguladores de la valoración en la legislación urbanística.
El motivo segundo de los articulados en base a la infracción de los artículos 105 de la Ley del Suelo en relación con el 144, 145 y 146 del Reglamento de Gestión debe prosperar por cuanto la Sala aun respetando el aprovechamiento urbanístico tenido en cuenta por el Jurado Provincial a falta de cualquier otro acreditado, al revisar tal acuerdo en base a lo que entiende valor mínimo garantizado por el artículo 143 incurre en el error antes destacado, lo que implica infracción del artículo 105.1 de la Ley del Suelo en relación con el 108 de la misma y 143 del Reglamento de Gestión que sólo serán aplicables cuando al valor que resulte conforme a los mismos sea superior al que resulte de la aplicación de los criterios derivados del artículo 105.2 de la Ley del Suelo y 145 y 146 del Reglamento de Gestión salvo que esté acreditado el valor a efectos de contribución urbana con los requisitos que previene el artículo 145 del Reglamento de Gestión Urbanística, lo que en el caso de autos no ocurre y además el valor metro cuadrado establecido por el Jurado Provincial con arreglo a los preceptos citados en último lugar resulta superior al del índice de plusvalía determinado conforme a lo dicho en el fundamento primero. En efecto tratándose de una expropiación urbanística, la valoración de los terrenos ha de efectuarse atendiendo a lo dispuesto en el Tít. II, Cap. IV de la Ley del Suelo (T.R. 1976), que ha de ser complementado con lo que preceptúa el Tít. IV del Real Decreto 3288/1978 de 25 Agosto (Regl. de Gestión Urbanística) y de modo concreto al valor urbanístico de los terrenos si la expropiación es urbanística, como así acontece en el presente caso, y por el valor fiscal de los mismos que es el primero de los criterios valorativos a que debe acudirse para tasar el suelo urbano según el art. 105.1 del Texto Refundido citado y el art. 145 del Reglamento de Gestión, y, si ello no fuese posible, la valoración ha de atenerse a lo dispuesto en el párr. 2º art. 105 y en el art. 146 del Reglamento, previniéndose en el art. 108 TR de la Ley del Suelo de 1976 que el suelo urbano habrá de tasarse con arreglo a su valor urbanístico, teniendo como límite el valor inicial, que prevalecerá sobre dicho valor urbanístico, cuando éste fuese inferior al que figure en estimaciones públicas aprobadas, fijándose de acuerdo con las más altas de las que concurran sobre el terreno, según el art. 143 del Reglamento de Gestión, entre cuyas estimaciones han de incluirse los Indices Municipales de Valoración del Suelo, que son, por consiguiente, medios adecuados para definir dicha valoración y el mínimo garantizado por la Ley del Suelo.
El motivo tercero, articulado por infracción del artículo 355 del Real Decreto Legislativo781/86 que establece la posibilidad de minorar el valor final a los efectos del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos en función de las circunstancias físicas concurrentes en la parcela así como de lo dispuesto en la regla IV de las normas de aplicación del índice de valores a efectos del citado impuesto en el Ayuntamiento de Valencia, debe ser estimado dado que acreditada la carencia total de servicios urbanísticos debía procederse a aplicar un porcentaje de minusvaloración hasta el límite permitido y al no hacerlo así la Sala de Instancia es claro incurrió en la infracción jurídica que se alega por el recurrente.
Estimados los motivos segundo y tercero del recurso se hace preciso resolver el litigio en los términos que ha quedado planteado el debate y a tal fin no procede, a falta de actividad probatoria alguna y no acreditado error de hecho ni de derecho en la resolución del Jurado Provincial de Expropiación, sino aplicar el principio de presunción de acierto y legalidad de aquélla y en tal sentido confirmarla desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto.
No concurren los requisitos del artículo 131.1 de la Ley Rituaria en cuanto a un especial pronunciamiento sobre las costas de la instancia debiendo cada parte soportar las por ella causadas en este trámite conforme al artículo 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Universidad de Valencia contra sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 2 de Junio de 1993 dictada en recurso 1196/91 que anulamos por no ser conforme a Derecho y debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia de 4 de Julio de 1991 que confirmamos por ser ajustado a Derecho. Sin Costas.
Así por esta nuestra sentencia, firme , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente Don José Manuel Sieira Miguez, estando la Sala celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que como Secretario certifico.
-
SAP Toledo 4/2003, 3 de Febrero de 2003
...debidamente atendidos por los servicios médicos correspondiente y sometidos a tratamiento. El estado de necesidad supone (STS. 13.2 y 23.1.98) una situación límite en la que el equilibrio, la ponderación y la ecuanimidad de los jueces han de marcar la frontera entre lo permitido y lo prohib......
-
ATS, 20 de Enero de 2004
...alegar norma sobre valoración de prueba que se considere como infringida (SSTS 26-12-95, 2-9-96, 25-2-97, 22-3-97, 18-4-97, 6-5-97, 18-7-97, 23-1-98, 14-2-98, 1-3-99, 7-6-99 y 26-4-2000). Cualquier motivo de casación que, sin haber logrado previamente la sustitución del factum de la Sentenc......
-
ATS, 18 de Marzo de 2003
...normas de nuestro ordenamiento que contienen regla legal de valoración probatoria (SSTS 24-1-95, 26-12-95, 2-9-96, 25-2-97, 18-4-97, 6-5-97, 23-1-98, 17-5-99, 26-4-2000, 9-10-2000 y 8-11-2000, entre otras muchas), siendo igualmente doctrina de esta Sala que los motivos así articulados han d......
-
ATS, 16 de Septiembre de 2003
...las contadas normas de nuestro ordenamiento que contienen regla legal al respecto (SSTS 24-1-95, 26-12-95, 2-9-96, 18-4-97, 6-5-97, 18-7-97, 23-1-98 y 14-2-98). Además, los motivos así articulados han de tener en cuenta la jurisprudencia de esta Sala sobre el valor de las pruebas legales en......