STS, 30 de Mayo de 1995

Comenzando por el estudio del recurso de casación interpuesto por la representación de Don Jose Miguel , y, en particular por el de los distintos motivos que en él se esgrimen; principiando por el primero de ellos, -Infracción de la Disposición Adicional Segunda , del Real Decreto 86/1.987, de 16 de Enero, Infracción del artículo 10 del Real Decreto 127/1.984, de 11 de Enero, Infracción del artículo 12 del Convenio de Intercambio Cultural entre la República Oriental del Uruguay y el Estado Español, de 13 de Febrero de 1.964, en relación con el artículo 96-1 de la Constitución-; se ha de considerar:

A) Que, antes de entrar en el estudio del punto dos de la Disposición Adicional Segunda , del mentado Real Decreto 86/1.987, de 16 de Enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de Títulos Extranjeros de Educación Superior, -que dicho recurrente considera infringida por la sentencia recurrida-, es preciso determinar el orden de prelación de las fuentes jurídicas aplicables conforme señala el artículo 6º, del citado Real Decreto.- Así el referido precepto significa que, "las resoluciones de concesión o denegación de homologación de Títulos Extranjeros de Educación Superior se adoptarán de acuerdo con... a) Los Tratados o Convenios Internacionales, bilaterales o multilaterales en los que España sea parte...".- Como quiera que entre la República Oriental del Uruguay y el Estado Español se encuentra vigente a la sazón, el Convenio de Intercambio Cultural entre ambos Estados, suscrito con fecha 13 de Febrero de 1.964, ratificado por Instrumento de 8 de Abril de 1.965 y publicado en forma por el Boletín Oficial del Estado, a dicha normativa contenida en referido Convenio Internacional bilateral ha de ser de preferente aplicación al supuesto de actual referencia, por imperativo del artículo 96-1 de la Constitución Española de 1.978.

El contenido del punto dos, de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 86/1.987, de 16 de Enero, cuando dice que, "en el supuesto de homologación de Títulos Extranjeros de Educación Superior a los correspondientes Títulos Oficiales españoles acreditativos de las especializaciones médica yfarmacéutica, las disposiciones específicas a que se refiere el apartado anterior se dictarán a propuesta conjunta de los Ministerios de Educación y Ciencia, y, de Sanidad y Consumo, de conformidad con lo previsto en los Reales Decretos 127/1.984, de 11 de Enero, y, 2.708/1.982, de 15 de Octubre", en nada puede contradecir a lo acordado en referido Convenio Internacional bilateral vigente.

El citado Convenio de Intercambio Cultural suscrito en 1.964 entre la República Oriental del Uruguay y el Estado Español, que ha pasado a formar parte del Ordenamiento Jurídico Interno de dicho último Estado, y que no puede ser derogado, modificado o suspendido, nada más que a través de la forma prevista en dicho Convenio o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional, -artículo 96-1 de la Constitución-; es la norma jurídica prevalente de aplicación en el supuesto de actual referencia.

En el artículo 12, del mentado Instrumento de Ratificación del Convenio de Intercambio Cultural, anteriormente referido se establece literalmente que, "los ciudadanos de las Altas Partes Contratantes, que hubieran obtenido en una de ellas un Título Profesional expedido por la Autoridad nacional competente, serán admitidos al libre ejercicio de su profesión en la otra, siempre que dichos Títulos correspondan a estudios que guarden razonable equivalencia en las materias establecidas como obligatorias en los respectivos planes de enseñanza"; añadiendo también literalmente que, "en su caso podrán someterse a examen en las materias que faltaren para completar la equivalente"; añadiendo punto y aparte dicho artículo 12, literalmente que, "la apreciación de las equivalencias corresponderá en cada caso a los Organismos nacionales competentes en el país en que el interesado pretenda ejercer la profesión".

B) Lo primero que se colige de todo lo anteriormente expuesto es que, existiendo un Convenio Internacional en cuyo artículo 12 se regula la convalidación de Títulos obtenidos en la República Oriental del Uruguay, dicha normativa es de aplicación al supuesto de actual referencia; la cual no puede ser contradicha por la contenida en el punto dos, de la Disposición Adicional Segunda del Real decreto 86/1.987, de 16 de Enero, ni por el artículo 10 del Real Decreto 127/1.984, de 11 de Enero, por lo que al no ser esta normativa de aplicación, no puede haber sido infringida por la sentencia al presente recurrida.

Pasando al estudio y análisis del segundo motivo de casación esgrimido por la representación de Don Jose Miguel en el actual recurso, -Infracción de la Orden Ministerial de fecha 14 de Octubre de 1.991-; se ha de considerar que, la mentada disposición general, de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno, vino a regular las "condiciones y el procedimiento de homologación de los Títulos Extranjeros de Farmacéuticos y Médicos Especialistas por los correspondientes títulos españoles"; y, si bien vino a establecer un "procedimiento" para ello, la mentada Orden Ministerial no es de aplicación al supuesto de actual referencia, puesto que al no tener efectos jurídicos retroactivos es muy posterior a la fecha en que la actual solicitud de homologación se produce y se denuncia la mora por el solicitante, -21 de Julio de 1.989 y 11 de Febrero de 1.991-; sin que a ello obsten el principio general de intertemporalidad de las normas de las Disposiciones Transitoria de la Ley de Procedimiento Administrativo.-Luego sí, dicha Orden Ministerial no era de aplicación al supuesto de actual referencia, la sentencia ahora recurrida al aplicarla indebidamente y condicionar la homologación solicitada, a la superación de un examen, que habría de acomodarse a lo que dicha Orden Ministerial dispone, infringió el Ordenamiento Jurídico en ella contenido; por lo que ha de estimarse el segundo motivo de casación esgrimido por dicha parte recurrente.

Pasando al estudio y análisis del correlativo motivo de casación, esgrimido por dicha parte recurrente, -Infracción del artículo 12, del Convenio de Intercambio Cultural, entre la República Oriental del Uruguay y el Estado Español, de 13 de Febrero de 1.964, y la Jurisprudencia que dicho recurrente cita-; se ha de considerar que, el mentado artículo 12 del Convenio aludido, recoge el principio del "no automatismo en la homologación de Títulos de Educación Superior", al hacerla depender de una "razonable equivalencia en las materias establecidas como obligatorias en los respectivos planes de enseñanza".- La apreciación de sí se dan o no dichas "equivalencias" corresponde por imperativo del citado artículo 12, "en cada caso a los Organismos nacionales competentes en el país en que el interesado pretenda ejercer la profesión".- En España dicho menester corresponde la "Comisión Nacional de la Especialidad, -en este caso-, de Cirugía Plástica y Reparadora", como Organo asesor del Ministerio de Educación y Ciencia, y, del Ministerio de Sanidad y Consumo en la materia.

En la instancia consta Informe de referida Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora emitido en cumplimiento de lo requerido por la Sección Cuarta, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso- administrativo donde la sentencia recurrida se produjo, y en relación con la solicitud de Don Jose Miguel , en los términos siguientes: "No examen previo de carácter nacional, como corresponde a los Títulos Uruguayos de Cirugía Plástica cuyaduración es de tres años.- Hay una prueba final para la obtención del Título.- Cualitativamente, durante del el período de básicas no es comparable al sistema MIR español.- Cuantitativamente, la Comisión Nacional cree apreciar una dualidad formativa en su entrenamiento, en los diferentes servicios, radicados en países de continentes diferentes, y durante el mismo periodo de tiempo".

La sentencia recurrida valora todas las pruebas practicadas en las actuaciones de su instancia llegando a la conclusión implícita de la falta de la "razonable equivalencia en las materias establecidas como obligatorias en los respectivos planes de enseñanza"; por lo que de pronunciarse en el sentido de que el solicitante "podrá someterse al examen en las materias que faltaren por completar la equivalencia"; para lo que la sentencia recurrida indica, la superación de un examen que habrá de acomodarse a lo que dispone la Orden Ministerial de 14 de Octubre de 1.991.

Ahora bien, el sometimiento a un "examen en las materias que faltaren para completar la equivalencia", que el artículo 12 del Convenio mentado establece, es cosa distinta a la "superación de un examen que habrá de acomodarse a lo que dispone la Orden Ministerial de 14 de Octubre de 1.991", que como previo a la homologación solicitada impone la sentencia recurrida.

Por consiguiente la sentencia recurrida en casación infringe el artículo 12, del Convenio de Intercambio Cultural, firmado en 1.964 entre la República Oriental del Uruguay y el Estado Español, solamente en cuanto exige para la homologación solicitada que el solicitante supere un examen que habría de acomodarse a la Orden Ministerial de 14 de Octubre de 1.991, en vez de la realización del examen en las materias que faltaren para completar la equivalencia "que dicho Convenio Internacional prevé".

Respecto de la Jurisprudencia aducida por la parte recurrente ha de considerase infringida en cuanto la sentencia recurrida se aparte de la doctrina expuesta anteriormente.

Por lo que, dentro de los límites anteriormente expuestos se ha de estimar el tercer motivo de casación esgrimido en su recurso por dicha parte recurrente.

Pasando por último al estudio y análisis del cuarto motivo de casación, esgrimido por la representación del Sr. Jose Miguel , en este proceso, -Infracción de los artículos 2, 6 y 7, del Real Decreto 86/1.987, de 16 de Enero, así como de la Orden Ministerial de 5 de Junio de 1.992, apartados 1º a 5º, en relación con el artículo 12 del citado Convenio Internacional-; se ha de considerar que, por una parte la sentencia recurrida no ha infringido los mentados preceptos, en cuanto los mismos no contradicen al referido artículo 12 del Convenio aludido, mientras que, al Orden Ministerial de 5 de Junio de 1.992, no es de aplicación al supuesto de actual referencia, al no tener efectos jurídicos retroactivos.

Por consiguiente ha de desestimarse dicho cuarto motivo de casación.

Pasando ahora ya al estudio del recurso de casación interpuesto por la representación de la Administración General del Estado; y, principiando por el del primer motivo esgrimido por dicha parte recurrente, -Infracción por violación, en concepto de no aplicación, del apartado decimotercero de la Orden Ministerial de 14 de Octubre de 1.991-; se ha de considerar que, además de lo anteriormente expuesto en orden a su irretroactividad jurídica, se ha de tener en cuenta que el referido apartado que se da como infringido prevé unos supuestos fácticos que no concurren en el caso de actual referencia.

Por otra parte, -como acertadamente argumenta la parte oponente a este recurso de casación interpuesto por la representación de la Administración General del Estado-; los dos motivos que dicha Administración esgrime centran su fundamento en que, la sentencia recurrida ha aplicado indebidamente el apartado segundo de la Orden Ministerial de 14 de Octubre de 1.991, cuando el precepto aplicable es el decimotercero de dicha norma".- Además de lo anteriormente expuesto sobre la inaplicabilidad de la mentada disposición general con carácter retroactivo por prohibirlo el artículo 2º-3, del Código Civil y el apartado 3, del artículo 9 de la Constitución; se ha de considerar que, cuando se produce tal norma en

1.991 ya estaba en vigor y era de prevalente aplicación, por mandato del artículo 6, del Real Decreto 86/1.987, el artículo 12 del Convenio de Intercambio Cultural, celebrando entre la República Oriental del Uruguay y el Estado Español de 1.964.- Por último no procede la declaración de nulidad de actuaciones, pretendida por el Sr. Abogado del Estado, en base a la indebida motivación y falta de claridad de las razones de la no equivalencia en los títulos, que los Informes de la Comisión Nacional de Especialidades emite; puesto que en este recurso de casación no es procesalmente posible aportar nuevas pruebas ni hacer una valoración de las practicadas en la instancia, sino que ha de partirse de la fijación de los hechos que en la instancia se estimaron implícita o explícitamente como probados; y, lo cierto es que dicha sentencia ahora recurrida parte de la afirmación fáctica de la falta de equivalencia en las materias,establecidas como obligatorias en los respectivos planes de enseñanza vigente en dichos países.- Máxime que dicho recurso de casación no se ha interpuesto en base al motivo 3º, del artículo 95, de la Ley jurisdiccional.

Por todo lo precedentemente expuesto se ha de desestimar los dos motivos de casación aducidos por la representación de la Administración General del Estado en su recurso.

Por todo ello han de estimarse los motivos de casación segundo y tercero esgrimido en su recurso por la representación de Don Jose Miguel , desestimándose todos los demás por este aducidos y, por consiguiente, se ha de declarar haber lugar a dicho recurso de casación por aquél interpuesto; y, de conformidad a lo establecido en el punto 3, del apartado 1, del artículo 102, de la vigente Ley reguladora de esta Jurisdicción, se está en el caso de resolver en la actual sentencia lo que corresponde dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

Mientras que al desestimarse todos los motivos esgrimidos en el recurso de casación interpuesto por la representación de la Administración recurrente, se ha de declarar no haber lugar a dicho recurso, con imposición de las costas del mismo a dicha Administración recurrente.

Resolviendo en orden al último inciso del primer párrafo, del inmediato anterior fundamento de derecho de esta sentencia; se ha de considerar:

Que los términos en que aparece planteado el debate desde la instancia, consisten en determinar: a) Si es de aplicación o no, al supuesto de actual referencia, la normativa contenida en el artículo 12, del Convenio de Intercambio Cultural celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Estado Español, de fecha 13 de Febrero de 1.964, ratificado por Instrumento de 8 de Abril de 1.965, y publicado en el Boletín Oficial del Estado, a la sazón vigente.- b) Si son o no de aplicación, al indicado actual supuesto las normas contenidas en las Ordenes Ministeriales de fechas 14 de Octubre de 1.991 y de 5 de Junio de 1.992; así como la Disposición Adicional Segunda , del Real Decreto 86/1.987, de 16 de Enero.- c) Si, el Título de Especialista en Cirugía Plástica obtenido por Don Jose Miguel , de nacionalidad Uruguaya, en la Facultad de Medicina de Montevideo, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, ha de ser o no homologado por el correspondiente Título español de Médico Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora, sin necesidad de realizar prueba o examen alguno en España.

Ya en esta senda discursiva de determinaciones ha realizar, es preciso considera todas las argumentaciones jurídicas expuestas en orden a la aplicación prevalente de la normativa contenida en el artículo 12, del mentado Convenio de Intercambio Cultural celebrado en 1.964, entre la República Oriental del Uruguay y España, que se encuentra en la actualidad vigente; y, ello porque se deduce del orden de prelación de fuentes jurídicas, establecido en el artículo 6-a) del Real Decreto 86/1.987, de 16 de Enero, y a lo dispuesto en el artículo 96-1 de la Constitución; así como a la inaplicabilidad de la normativa contenida en los Reales Decretos 127/1.984, de 11 de Enero, y, 86/1.987 de 16 de Enero, y, en las Ordenes Ministeriales de 14 de Octubre de 1.991 y 5 de Junio de 1.992, en cuanto que toda esta normativa no puede derogar los términos del citado Convenio Internacional Bilateral, ni tienen carácter retroactivo, dentro de los límites de la actual controversia.

Siendo de aplicación al supuesto de actual referencia, la normativa contenida en el artículo 12 del mentado Convenio de Intercambio Cultural, al hacer una interpretación de su alcance y contenido, lo primero que se infiere, que en él se encuentra implícitamente como querido jurídicamente, el que con el Titulo de Especialista en Cirugía Plástica otorgado por autoridad competente en la República Oriental del Uruguay, y, con el cual el interesado puede ejercer la correspondiente profesión en aquél país, mediante una convalidación u homologación administrativa en España por el Título de Médico Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora, pueda dicho interesado ejercer en este país la misma profesión.- Más, cuando dicho precepto del aludido Convenio, se refiere a los Títulos que han de servir a los indicados menesteres, se limita a aquellos que "correspondan a estudios que guarden razonable equivalencia en las materias establecidas como obligatorias en los respectivos planes de enseñanzas" de las Altas Partes Contratantes.-El mismo artículo 12 citado, en su último párrafo establece que, "la apreciación de las equivalencias corresponderá en cada caso a los Organismos nacionales competentes en el país en que el interesado pretenda ejercer la profesión.- En el párrafo anterior ahora citado, literalmente se dice que, "en su caso podrán someterse a examen en las materias que faltaren para completar la equivalencia".- Es decir, en el aludido Convenio de Intercambio Cultural no se sigue el sistema de convalidación u homologación automática de los Títulos de Enseñanza Superior, sino que es menester para ello, que los títulos a convalidar u homologar, correspondan a estudios que "guarden razonable equivalencia" en las materias establecidas como obligatorias en los respectivos planes de enseñanza.Dada la naturaleza jurídica de este recurso de casación, donde no se pueden introducir hechos ni pruebas no consideradas en la instancia, ni entrar a hacer una nueva valoración de las practicadas en aquella; se ha de partir del hecho, que implícitamente estima probado la sentencia recurrida, de que no existe la total "equivalencia" entre las materias correspondientes, a cursar en la República Oriental del Uruguay y en España para la obtención de los respectivos Títulos en cuestión.

Por ello, es de aplicación en este caso, la normativa del artículo 12 del Convenio referido, a la sumisión a examen, pero solo, en las materias que faltaren para completar dicha equivalencia exigido en la mentada norma.- Pero no, a la superación del examen, que habría de acomodarse a lo que dispone la Orden Ministerial de 14 de Octubre de 1.991, como la sentencia ahora recurrida dispone.- Con la aclaración de que, no existe obstáculo alguno para la ejecución de esta sentencia, de que por los Organismos Nacionales españoles competentes, se concreten exactamente las materias que faltan para completar la equivalencia y, sobre las cuales han de versar solamente el examen que se le exija, mediante cuya superación habrá, en su caso, de otorgársele la homologación solicitada.

Por todo ello, revocando en parte la sentencia al presente recurrida, se está en el caso de estimar en parte el recurso contencioso- administrativo donde dicha sentencia se produjo, declarando en parte la disconformidad a derecho de los actos administrativos que denegaron por silencio administrativo la solicitud de homologación de títulos del recurrente; declarando en su lugar el derecho de Don Jose Miguel , ha que se le homologue su Título de Médico Especialista en Cirugía Plástica obtenido en la República Oriental del Uruguay, por el español de Médico Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora, siempre y cuando supere el examen en las materias que le faltan para completar la equivalencia, a que se refiere este fundamento de derecho.

En relación con el recurso de casación interpuesto por la representación de Don Jose Miguel , al ser estimado y al declararse haber lugar al mismo; de conformidad a lo establecido en el punto 2, del artículo 102, de la vigente Ley Jurisdiccional y, al no apreciarse en la conducta procesal de las partes en la instancia, temeridad ni mala fe, nos e está en el caso de tener que hacer una expresa declaración sobre la imposición de las costas en referida fase procesal; habiendo de sufragar cada parte las suyas respecto de las causadas en este recurso de casación.- Mientras que, habiéndose declarado no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación General del Estado, ha de imponerse las costas de dicho recurso a la Administración recurrente.. recurrente..

En atención a todo lo expuesto, en nombre de S.M. EL REY.