STS, 19 de Febrero de 1996
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| Número de Recurso | 914/1991 |
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Febrero de mil novecientos noventa y seis.
VISTO por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los Señores anotados al margen, el recurso de apelación que con el número 914 de 1991, ante la misma pende de resolución interpuesto por D. Manuel , Don Germán , Don Cosme , Don Alexander , Don Juan Ramón , Don Carlos Daniel , Don Jose Manuel , Don Raúl , Don Lucio , Don Íñigo , Don Gabino , Don Eugenio , Don Darío , Don Carlos , Don Benito , Don Augusto , Don Antonio , Don Braulio ,. Don Clemente y Don David , representados por el procurador Don Carmelo Olmos Gómez, asistido de Letrado, contra la sentencia de fecha 27 de septiembre 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el pleito seguido ante la misma con el número 982/87, sobre aprobación de Presupuesto Municipal para 1987. Siendo parte apelada el Ayuntamiento de Cassa de la Selva (Gerona), representado por el Procurador Sr. Rodríguez Nogueira.
La sentencia apelada contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: "Fallamos: Que desestimando la cuestión de inadmisibillidad, debemos asimismo, desestimar la pretensión del recurso contencioso-administrativo nº982/87-A interpuesto por D. Manuel y 18 más contra el Presupuesto Municipal de 1987 del Ayuntamiento de Cassà de la Selva (Gerona), por esta ajustada a Derecho; sin condena en costas."
Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de los recurrentes, se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos por providencia en la que también se acordó remitir las actuaciones y expediente al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes.
Recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas las partes, se dio traslado para trámite de alegaciones al Procurador D. Carmelo Olmos Gómez, que evacuó por medio de escrito en el que después de alegar cuanto consideró procedente a su derecho, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia revocando la apelada.
Dado traslado para el mismo trámite al Procurador Sr. Rodríguez Nogueira, éste evacuó el mismo en escrito, en el que alegó lo pertinente a su derecho, suplicando a la Sala dicte sentencia confirmando la apelada.
Conclusas las actuaciones, se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso el día 7 de febrero de 1996, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Impugnado el acuerdo de aprobación del Presupuesto Municipal de Cassà de la Selva (Gerona) correspondiente al año 1987, en lo que se refiere a la retribución de los funcionarios, la pretensiónha sido desestimada en la primera instancia, oponiéndose la Administración demandada a que sea admitida la apelación, por considerar que la cuestión planteada es inaccesible a ésta, teniendo en cuenta lo que disponía el artículo 94-1-a) de la Ley de la Jurisdicción, texto anterior a la Ley 10/92.
La alegación no puede prosperar, porque es reiterado y constante criterio jurisprudencial el que, interpretando este artículo, ha reconocido, a los puros efectos procesales de determinar la apelabilidad de las sentencias, el valor normativo de actuaciones que, como las aprobatorias de presupuestos o de relaciones de puestos de trabajo, tienen una vocación de disciplina general que excede claramente de aquellos actos singularmente referidos a los vínculos funcionariales específicos de cada uno de los recurrentes.
Por otra parte, la alusión a la inadmisibilidad del proceso contenciosoi-administrativo, basada en el artículo 447-2 del Real Decreto 781/86, resulta improcedente, puesto que la pretensión ejercitada es perfectamente reconducible al supuesto descrito en el apartado b) del citado artículo.
Entrando en el fondo de la cuestión planteada, sin contenido es sustancialmente igual al que resolvimos mediante sentencia de 12 de julio de 1991, referente al presupuesto de 1985.
En efecto, decíamos en ella que el problema de la reducción de retribuciones en el Presupuesto del año 1985 tenía su origen en la afirmación de que en el año 1982 el Ayuntamiento había aplicado al personal las retribuciones complementarias en la cuantía máxima que autorizaba el Real Decreto 211/1982, que al calcular la nómina para 1983 aplicó la misma normativa que para el año 1982, sin tener en cuenta la limitación a los incrementos retributivos globales que había establecido la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que la misma situación se produjo en el año 1984 con relación al incentivo de productividad. A partir de estos antecedentes, el Ayuntamiento resolvió volver al marco de la legalidad en el año 1985, mediante el sistema de pagar a partir del primero de enero de dicho año unas retribuciones cuya cuantía se fijaría tomando como base los máximos legales que había pagado el año 1982 y aplicándole los incrementos de los años 1983 a 1985 dentro de los límites máximos permitidos por las Leyes Generales de Presupuestos del Estado para cada uno de estos años, de modo que las reducciones resultantes sobre lo que percibían en el año 1984 serían extraídas del complemento de productividad.
Es precisamente esta reducción, en cuanto no respetaba la cantidad que en concepto de emolumentos habían percibido los funcionarios durante el año 1984 y a falta de un proceso de lesividad, la que conducía a que considerásemos que no habían sido debidamente satisfechos los derechos adquiridos de los funcionarios en el sentido en que los hemos valorado jurisprudencialmente en sentencias como las de 17 de febrero y 11 de julio de 1988.
Ahora bien, mantenida la reducción en el año 1987, mediante la consideración de un anticipo del que aparecen como deudores los funcionarios, las mismas razones que abonaron su ilegalidad en el ejercicio de 1985, determinan que deba calificarse también de nula en el de 1987.
No es relevante, para combatir esta tesis, la afirmación de que en el año 1987 se aplicaba ya el nuevo régimen retributivo, previsto en el Real Decreto 861/86, de 25 de abril, porque también en el número 4 de su disposición transitoria primera se garantiza, desde su entrada en vigor para el año 1986, que las retribuciones inferiores que resulten de su aplicación serían completadas con un complemento personal, transitorio y absorbible por futuras mejoras.
No ha lugar a especial declaración sobre costas.
Primero, estimamos el recurso de apelación interpuesto por Don Manuel y otros citados en el encabezamiento, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 27 de septiembre de 1990, dictada en el recurso 982/87, que revocamos; segundo, estimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por los mismos contra el acuerdo del Ayuntamiento de Cassà de la Selva de 26 de marzo de 1987, desestimatorio del recurso de reposición contra el acto de aprobación del presupuesto Municipal para 1987, que anulamos únicamente en cuanto por vía de deuda por anticipo a los funcionarios reduce sus retribuciones en un monto total de seis millones cuatrocientas cincuenta y tres mil setecientas cincuenta y dos pesetas; tercero, no hacemos declaración especial sobre costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamosPUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Lo que certifico.
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