STS 1531/2000, 5 de Octubre de 2000

Se denuncia en este segundo motivo, sin concretar tampoco el precepto procesalmente habilitante, la vulneración del art. 24 CE en relación con los derechos a la tutela judicial, a la defensa y a la presunción de inocencia, por haberse infringido los arts 333 y 334 de la L.E.Cr., al no haber asistido el recurrente, ni su representante, a la inspección ocular y habérsele privado de hacer las observaciones que estimara pertinentes, impidiéndose el principio de contradicción , por lo que no pueden surtir efecto las pruebas así obtenidas violando derechos fundamentales, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11 de la

L.O.PJ.; la queja se extiende también a la practicada por los Mossos D´esquadra media hora antes que el Juzgado se constituyera en el lugar de los hechos que, cuando menos, " puede tildarse de imprudente".

2. - La queja que se formula en este segundo motivo es una cuestión nueva que no se planteó en la instancia en ningún momento, ni durante la instrucción ,ni en la calificación provisional, ni como cuestión previa, en llamativa diferencia con las otras dos que constituyen los motivos primero y tercero de este bloque basado en infracciones constitucionales, lo que explica que el Ministerio Fiscal, al impugnarlo, postuló su inadmisión, pues es doctrina reiterada de esta Sala que no son admisibles estos planteamientos sorpresivos, en una especie de casación per saltum, pues provocan una indefensión a las acusaciones, al privarles de la posibilidad de objetarlos y rebatirlos y al órgano jurisdiccional analizarlos y resolverlos en la instancia. ( Entre otras SS 23-2-96, 21-9-96, 11-6-97, 2-2-99, 24-1-2000, 26-1-2000 y 30-6-2000).

Esa causa de inadmisión sería ahora de desestimación, lo que no produciría indefensión al recurrente si así se acordara (STC 79/86). Por la gravedad de los hechos -y de las penas impuestas- y por cumplir al máximo las exigencias de la tutela judicial que se invoca conviene analizar el fondo recordando que las diligencias sumariales y entre ellas especialmente la recogida de vestigios materiales, son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente ( art. 299 L.E.Cr.) que no constituyen, en sí mismas, pruebas de cargo (STC 101/85, de 4 de octubre), pues su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos trasciendan a la resolución judicial, sino la de preparar el juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate contradictorio atribuido al juzgador.3.- Hay una serie de normas en nuestra L.E.Cr. ( arts. 326, 332, 334, 336) que atribuyen al propio Juez de Instrucción que recoga esos materiales sin que pueda ser sustituido, en principio, por la actuación policial, salvo cuando existan razones de urgencia, como recordaba la sentencia de esta Sala de 14-4-97, que era clamorosa en este caso pues la policía local y autonómica van al lugar de los hechos, apremiados angustiosamente por la madre de la víctima, ante el temor de que su hija podía ser objeto de una agresión mortal, como desgraciadamente se confirmó.

Como se dice en la STC 303/93 de 25 de octubre el que la policía judicial pueda y deba custodiar las fuentes de prueba no significa que tales diligencias participen de la naturaleza de los actos de prueba, pues la policía judicial actúa en tales diligencias a prevención del juez y , salvo los supuestos de poderse configurar luego como prueba anticipada, su efecto probatorio se alcanzará en el plenario bajo los principios de contradicción, oralidad e inmediación, como en el caso enjuiciado se hizo declarando en dicho acto siete Mosos D´esquadra, dos de ellos pertenecientes a la policía científica, con lo que se pudo debatir - y se debatió como se comprueba con la simple lectura del acta-.

La actividad policial cumplió el mandato del art. 126 CE " de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente", desarrollado por los arts. 13 y 282 y ss. de la L.E.Cr., además de lo dispuesto en los arts. 445 y 446 de la L.O.P.J. y art. 11.1g de la L.O. 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En ningún caso se produjo la alegada indefensión con relevancia constitucional, por lo que el motivo ha de ser desestimado.

1.- Termina el bloque de presuntas infracciones contitucionales con este tercer motivo en que se insiste en la idea de indefensión, en relación ahora con el derecho a utilizar los medios de prueba ( arts. 24 CE y 729.3 LECr.).

Se basa en que no fue suspendido el juicio oral para que se agotara la investigación para averiguar la identidad de determinadas personas a las que el acusado había llamado por teléfono en fechas previas al día de autos, para poder acreditar la situación anímica del acusado y otros extremos que podían contradecir la prueba aportada por el Ministerio Fiscal. La relación de aquellas personas no fue facilitada hasta el día 15 de junio de 1999 y por providencia del mismo día se dió cuenta a las partes. Al no acordarse la suspensión del juicio oral el día 23 de junio de 1999, se volvió a a solicitar el día de la vista.

2. - En el fundamento primero, apartado b) de la sentencia impugnada se rechazó esta queja, que ahora se reitera y en la instancia fue planteada como cuestión previa, por las siguientes razones : 1ª) Para evitar dilaciones indebidas y porque era improcedente pretender que el órgano jurisdiccional localizara a las personas con las que habló por teléfono el acusado y si alguna había estado con anterioridad en el apartamento donde se perpetró el crimen; 2ª) porque era irrelevante para el thema decidendi indagar una hipotética relación extraconyugal de la esposa, ni los contactos del acusado con otras mujeres, ni su posible personalidad celotípica, tema no propuesto; y 3ª) porque en cualquier caso, como todo lo relacionado con su equilibrio mental, lo determinante era, con cita de la sentencia de esta Sala de 29-9-98, el exámen psíquico y psicológico de facultativos especializados.

   Así se hizo efectivamente, de acuerdo con el criterio acertado de la Audiencia, pues al rollo de Sala se incorporó abundantísima prueba documental sobre el historial médico del procesado y la cuestión planteada en este motivo fue controvertida en el plenario con intervención no sólo de dos médicos forenses, sino de un psiquiatra y un neurólogo propuestos por la defensa. La cuestión , de alguna manera, se replantea en el motivo 5º por infracción de ley, último del recurso.

3. - Este motivo no puede prosperar. Nuestro sistema procesal, que se deriva de la aplicación de los principios constitucionales, abre las posibilidades de aportar pruebas con gran amplitud y flexibilidad pero no establece un derecho a la prueba absoluto e ilimitado ya que sólo pueden tener entrada en el debate procesal, aquellos medios probatorios que verdaderamente puedan conducir a una defensa eficaz del acusado. Para establecer un catálogo de elementos o medios probatorios, y decidir sobre su pertinencia y utilidad, es necesario examinar su contenido abstracto y su relación concreta con el objeto del proceso. La criba debe realizarla el órgano juzgador con un criterio amplio, pero sin permitir excesos que sólo tienen como objetivo la dilación y complicación de los trámites judiciales, con evidente riesgo para el principio de celeridad que debe presidir el desarrollo del proceso (STS nº 265/2000, de 26 de febrero).

   No existe un derecho incondicional a la prueba (STS 6.11.90). No se puede desapoderar a los órganos judiciales de la competencia que le es propia para apreciar la pertinencia (SSTC 59/91 y 206/94).El motivo ha de ser desestimado.

   2. MOTIVO UNICO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

      Se articula por el cauce del art. 851.1º L.E.Cr. y se basa en que en los hechos probados se consignan conceptos que, por su carácter jurídico, implican la determinación del fallo, como son las locuciones " ideó un plan" y " todo ello con la finalidad...", que prejuzgan lo que debería figurar en la calificación jurídica.

      El reproche que se hace a la Sala de instancia supone atribuirle, como subraya el Fiscal, haber confundido las cuestiones de hecho y de derecho, adelantando indebidamente a los hechos probados las cuestiones jurídicas de subsunción, lo que de ninguna manera se constata con la lectura de las expresiones antes acotadas que no emplean , en rigor, términos jurídicos y que en todo caso son manifestaciones del lenguaje normal y coloquial de la convivencia en sociedad.

      Los requisitos para apreciar el quebrantamiento de forma invocado, según doctrina reiterada de esta Sala, son: 1º) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado 2º) que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas y su uso no sea compartido en el lenguaje común 3º) que tengan relación causal con el fallo 4º) que suprimiendo tales conceptos dejen sin base los hechos históricos narrados, dando lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo ( entre muchas STS 190/94 de 3 de febrero).

      La inexistencia de estos requisitos imponen la desestimación del motivo.

   3. MOTIVO POR INFRACCION DE LEY

DELITO DE DETENCION ILEGAL Y FALTA DE LESIONES

Al amparo del art. 849.1º L.E.Cr. se denuncia error de derecho de la sentencia recurrida por violación del art. 163.1 del C.P., al no hacerse constar en los hechos probados que hubo intención de privar de libertad a la víctima.

El Ministerio Fiscal postula, al impugnarlo, su inadmisión a limine (art. 885,1º L.E.Cr.), por la amplísima motivación del fundamento tercero de la sentencia combatida sobre los presupuestos subjetivos y objetivos del delito tipificado en el art. 163.1. del CP.

En efecto: Los hechos recogidos en el factum, intangibles, por la vía elegida, constituyen expresión arquetípica del delito de detención ilegal, incluido el elemento subjetivo que se cuestiona y que no es otra cosa que el dolo, o lo que es lo mismo, la conciencia y voluntad de llevar a cabo una privación de libertad prohibida por la ley, que en el presente caso se constata de modo concluyente pues el procesado obligó a su esposa a permanecer en el automóvil contra su voluntad "bastante rato", sujetándole una de las muñecas con unos grilletes e intentando hacer lo mismo con la mano que tenía libre y taparle la boca con un trozo de tela, golpeándola en el pómulo derecho, en el tabique nasal y en la barbilla, según las expresivas declaraciones de la víctima, coherentes y persistentes, ante la policía (folio 769) y ante el Juzgado de Instrucción, con asistencia de las letradas de la acusación y la defensa (folio 823), hasta ser liberada por agentes de la policía municipal, advertidos de lo que ocurría por unos jóvenes, que tuvieron que abrir el vehículo por una ventanilla al negarse el procesado a hacerlo, mientras ella forcejeaba y gritaba pidiendo ayuda, lo que colma plenamente la tipicidad del delito del art. 163.1 del C.P., como acertadamente razona la Sala de instancia, sin que sea admisible la pretensión del recurrente, formulada en este motivo, de la absorción por las lesiones de la detención ilegal, que solo podría considerarse en algún caso excepcional, como el contemplado por la STS 22-4-96, en que el propósito lesivo fue el determinante y único objetivo de la privación de libertad. El delito de detención ilegal se consuma en el instante mismo en que se priva a otro de la libertad ambulatoria por cualquiera de los verbos nucleares "encerrar" o "detener" y rechaza por su propia y singular naturaleza ser absorvido por las lesiones, que son autónomas e independientes entre sí originando, si se producen, el correspondiente concurso real de delitos.

El motivo ha de ser desestimado.

DELITO DE AMENAZAS

Al amparo del art. 849.1º LECr. se denuncia error de derecho por aplicación indebida del art. 169.2 del C.P. Se basa en que la víctima no estaba aterrorizada, en discrepancia frontal con los hechos probados y con las afirmaciones fácticas del fundamento tercero de la sentencia impugnada, lo que explica que elMinisterio Fiscal, al impugnarlo postulara también su inadmisión de acuerdo con el art. 884.3º de la L.E.Cr. que ahora sería de desestimación.

En la causa se acredita, sin lugar a dudas, como asegura la Sala de instancia, que la víctima se sentía aterrorizada por las constantes amenazas del acusado como consta en sus declaraciones sumariales (folios 207,769, 802, 823), introducidas en el plenario por su lectura conforme al art., 730 LECr. y corroboradas por tres testigos, amigos de la víctima, que así se lo habían oido comentar a ella -"estaba aterrorizada por él y temía por su vida", dijo uno de ellos- además de por el testimonio de la madre e, incluso, de sus propios hijos.

El bien jurídico protegido por el delito del art. 169.2 del C.P. es -como afirma la sentencia con aciertola libertad de la persona y el derecho al sosiego y a la tranquilidad personal, siendo un delito eminentemente circunstancial y de mera actividad con independencia del resultado. Si éste se produce da lugar a un concurso real y no a la absorción de las amenazas por el homicidio, como se pretende al final de este motivo, de forma subsidiaria y sin ninguna argumentación. Tal pretensión sólo podría prosperar en teoría, respecto a las amenazas simultáneas, o inmediatamente previas, a la conducta homicida, pero no cuando se realizan durante varios meses y se consumaron cuando fueron conocidas por la amenazada, como sucedió en el caso enjuiciado, lo que acredita, que el procesado tuvo durante esos meses el dominio de la acción de un mal futuro y posible, esencia del delito de amenazas, hasta el extremo que terminó por ejecutarlo, en la brutal forma que analizaremos en los motivos siguientes, y que de ninguna manera puede volatilizar su anterior comportamiento amenazante, merecedor de reproche autónomo e independiente del que corresponde al homicidio

El motivo ha de ser desestimado.

DELITO DE AGRESION SEXUAL

1. - Al amparo del art. 849.1º de la L.E.Cr. se denuncia error de hecho en la apreciación de las prueba que demuestra la equivocación evidente del juzgador, violándose los arts. 178,179 y 180.3 del C.P., que tipifican el delito de agresión sexual.

   Subraya con razón el Ministerio Fiscal al impugnarlo, la confusión de este motivo- y del siguiente como luego se verá- pues si lo que se alega es error de hecho, no se designan documentos habilitantes al respecto y si lo que se denuncia es la aplicación inadecuada de preceptos sustantivos la valoración de la prueba efectuada es del todo improcedente, por lo que postulaba, en definitiva, la inadmisión a limine por el art. 884.3º y 4º de la L.E.Cr., lo que ahora sería causa de desestimación.

   La confusión es real y se agrava porque en el motivo se adelanta la versión fáctica, que será objeto del motivo quinto, de que el acusado actuó bajo la influencia del alcohol y de los fármacos.

   No se cumplen los mínimos requisitos técnicos de un recurso de estructura formal, como el de casación. No obstante más allá de cualquier formalismo, por el esfuerzo dialéctico de la defensa ante la gravedad de los hechos y de las penas y la menciòn que se hace, en las dos líneas finales, aunque sea pro forma, de la presunción de inocencia, analizaremos los argumentos de fondo, en aras de la tutela judicial efectiva más exigente.

2. - En los hechos probados se dice que una vez que la víctima entró en el apartamento el procesado "cerró la puerta y súbitamente colocó la mascarilla con el algodón impregnado de éter en la nariz y boca de Ángela , consiguiendo tras un forcejeo, dejarla en estado de narcosis quirúrgica, sin que llegase a perder totalmente la consciencia. Una vez que quedó Ángela en esta situación el procesado actuando con ánimo libidinoso y con la intención de someter a Ángela a relaciones sexuales que conocía le repugnaban, tras bajarle los pantalones la penetró analmente con un vibrador cubierto con un preservativo", lo que se completa en el fundamento jurídico cuarto en el que se precisa que el procesado reconoció en el plenario "que desnudó a su mujer y con el vibrador, al que previamente había colocado un preservativo, limpió las heces que pudo apreciar una vez le había propinado las series de cuchilladas que acabaron con su vida", lo que la Sala considera tan sorprendente como absurdo estimando que el trasfondo cierto de lo ocurrido fue "que el procesado sabedor de que a su esposa repugnaban las relaciones sexuales por vía anal y como vino a reconocer en el plenario, aprovechó la sedación producida por la inhalación de éter para perpetrar tamaño despropósito, a modo de venganza con el vibrador provisto del preservativo".

   En el motivo, sin respetar en absoluto los hechos probados a pesar de la vía procesal elegida, se impugna que la víctima estuviera sedada por el éter y se alega que no se ajustaba a la realidad que elvibrador con el preservativo tuviera restos de heces y que, según la autopsia, no había lesiones en el ano de la víctima.

   El marco de clandestinidad en que suelen producirse determinados delitos, significadamente los cometidos contra la libertad sexual, destaca la importancia de la declaración de la víctima, que la mayoría de las veces es la única prueba directa de cargo, por lo que esta Sala ha señalado reiteradamente que es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, precisando las pautas lógicas para que se pudiera fundar en ella una sentencia condenatoria. Desgraciadamente no se puede contar, en este caso, con el testimonio de la mujer que sufrió la ignominiosa agresión sexual, porque, sin solución de continuidad, sus palabras fueron selladas para siempre por el brutal y múltiple acuchillamiento que le infligió el procesado a la que todavía era su esposa, causándole la muerte de manera casi instantánea.

4. - Es doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional, como recordaba recientemente la sentencia de éste 91/99 de 26 de mayo, que la prueba indiciaria puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia practicada con las debidas garantías para su adecuada valoración y para preservar el derecho de defensa, verificándose exclusivamente en casación si el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han llevado a determinado relato de hechos probados como el antes transcrito, a partir de la prueba practicada y la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria con el correspondiente relato fáctico.

   La elaboración subjetiva de la valoración de la pruebas corresponde al Tribunal de instancia de manera exclusiva, por atribución del art. 741 de la L.E.Cr., al haberlas presenciado directamente, y las características singulares de la prueba indiciaria, exigen de consuno, en esta sede, comprobar que la motivación de la inferencia haya sido suficiente, racional y fundada, como lo ha sido en este caso, sin duda alguna, la expresada por la Sala de instancia en el fundamento cuarto de la sentencia con sólidos argumentos que pueden resumirse como sigue:

   1. Los médicos forenses, doctores Juan María y Juan Ramón manifestaron que el éter produce una relajación del ano y que en el levantamiento del cadáver, en la que estuvieron presentes, encontraron, un vibrador con un preservativo que contenía restos de heces. Don Juan Ramón puntualizó " que no encontró en la víctima restos de heces", lo que evidencia la penetración con el vibrador que sí las tenía. Don Juan María aclaró que la ausencia de lesiones en el ano fue debida a la relajación producida por el éter, calificando de "ciencia ficción" la versión del procesado de que "limpió" con un preservativo colocado en un vibrador una pretendida defecación de la víctima; b) Los biólogos, doctores Simón y Pedro manifestaron que el éter inhalado por la víctima fue superior a 100 miligramos y que las heces analizadas presentaban factores genéticos de la víctima de lo que, dedujeron los forenses, que la agresión sexual se produjo en situación de narcosis quirúrgica de la víctima, entendida como una situación de pre-anestesia; c) La propia Sala pudo comprobar, al visionar el video del levantamiento del cadáver, que éste no presentaba impregnación de sangre ni en las caderas ni en la braga, lo que avalaba la tesis de los forenses de que fue violada antes de la muerte a cuchilladas.

   El motivo, por todo lo expuesto no puede prosperar en modo alguno y ha de ser desestimado.

DELITO DE ASESINATO: ALEVOSIA Y ENSAÑAMIENTO ELEVACION DE LA PENA A

25 AÑOS.

1. - Al amparo del art. 849.1 de la L.E.Cr. por error de hecho en la apreciación de las pruebas que muestran la equivocación evidente del juzgador se denuncia la vulneración de los arts. 139.1º y 3º y 140 del C.P. que tipifican el delito de asesinato.

Incide este motivo en la misma confusión ya señalada en el anterior y podría haber incurrido en inadmisión y ahora en desestimación, como postulaba el Ministerio Fiscal.

Su alegato supone una negación total del factum, que se sustituye por otros hechos, sin aportar un sólo documento que demostrara la alegada equivocación de la Audiencia y consume la mayor parte de su argumento para negar que exista premeditación, lo que es irrelevante al haber desaparecido ésta en el art. 139 del C.P. vigente de 1995, como circunstancia constitutiva del asesinato e, incluso, como agravante genérica en el art. 22 del mismo Texto legal.

Se niega también, en unas líneas, la alevosía y el ensañamiento y en consecuencia el asesinato, reconociendo el homicidio, como hiciera en la instancia.

El motivo no puede prosperar.2.- La claridad de los hechos probados y la solidez argumental del fundamento quinto de la sentencia impugnada evidencian la comisión del delito de asesinato tipificado en el art. 139 C.P., por la doble circunstancia, primera y tercera, de alevosía y ensañamiento, con los efectos punitivos de elevar la pena de prisión de veinte a veinticinco años, en virtud de lo que dispone novedosamente el art. 140 del C.P. elevando a rango normativo la jurisprudencia de esta Sala establecida durante la vigencia del Código derogado de 1973: cuando concurren dos agravantes específicas, una cualifica el asesinato y la otra opera como agravante genérica.

Respecto a la alevosía -circunstancia 1ª del art. 139 definida ahora en el art. 22.1ª, ambos del C.P.-dice la Audiencia con elocuente expresividad, que se produjo en su modalidad de "proditoria, esto es, traicionera y sorpresiva y el uso de la navaja, disfraz y éter, abona dicha calificación", razonando con detalle lo que ha sido llamado por esta Sala "indicios en cascada de la alevosía" (S. 22.11.99).

Desde esta perspectiva de la alevosía el motivo no puede prosperar en modo alguno porque aquella es evidente. Tampoco desde la del ensañamiento por razones igualmente sólidas recogidas en la Sentencia.

La escalofriante escena en la que el procesado apuñala despiadadamente a su esposa, hasta quince veces, reclama de modo natural la calificación de lo que vulgar y técnicamente se llama ensañamiento, pues si en el primer sentido significa encarnizarse en el segundo colma la descripción típica genéricamente descrita en el art, 22.5ª del C.P. como "aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito" y la también más escueta concreción del art. 139.3ª, de aumentar "deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido", cuyos requisitos objetivos y subjetivos se recuerdan en el fundamento quinto de la sentencia impugnada, con cita puntual y oportuna de la sentencia de esta Sala 803/1999 del 24 de mayo, que subraya la matización subjetiva de la agravante en el nuevo Código sin perder su tradicional naturaleza mixta, recordando que los requisitos son, en síntesis 1º) que en la acción delictiva se hayan causado a la víctima padecimientos innecesarios para la ejecución del delito, lo que lógicamente comporta una objetiva extensión de los males inherentes a la ejecución. 2º) que este exceso aumenta el sufrimiento dela víctima por dolor físico o aflicción psíquica y 3º) que haya sido buscado deliberadamente de forma intencionada y con crueldad.

En el caso enjuiciado es innegable la innecesariedad de los padecimientos de la víctima producidos por la inhumana y atroz repetición de quince puñaladas, como lo es la voluntad del procesado de hacerle aumentar su sufrimiento cuando, como razona la Sala a quo, las heridas no todas fueron unidireccionales, según el informe de los forenses, y se infligieron a la víctima estando sentada y atada en una silla, por la espalda y por el tórax y abdomen, y producidas, por lo menos algunas de ellas, en los minutos que siguió viviendo, después de recibir la puñalada mortal que fue la que penetró en la zona torácica que afectó al corazón y le causó la muerte por shoc hipovolémico.

Tal crueldad y vileza como sentencia la Sala de instancia, merece incuestionablemente el reproche de ensañamiento que le fue aplicado.

Tampoco desde esta perspectiva el motivo puede prosperar y ha de ser rotundamente desestimado.

INEXISTENCIA DE CIRCUNSTANCIA EXIMENTES NI ATENUANTES.

1. - Se denuncia en este quinto y último motivo, al amparo del art. 849.1º de la L.E.Cr., la vulneración de los arts. 20.1 y 2 y 21.1.3 y 4 del C.P. por no haberse apreciado eximente, ni alternativamente, atenuante, de trastorno mental transitorio, intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas y las atenuantes de arrebato u obcecación u otro estado pasional de entidad semejante y de confesar a las autoridades la infracción.

   El Ministerio Fiscal al impugnarlo, subraya el confusionismo que genera la sola proposición de tantas y complejas circunstancias sin respetar la intangibilidad del factum, dada la vía elegida, por lo que postuló su inadmisión (art. 884.3º L.E.Cr), que ahora sería causa de desestimación, por limitarse en definitiva a una crítica de los hechos probados por cauce improcedente, en vez de combatir la calificación jurídica.

   Ese planteamiento obliga a recordar que la sentencia consideró probado que "en el momento de los hechos el procesado Luis Angel no presentaba ninguna alteración o anomalía psíquica que afectase sus capacidades intelectivas y volitivas, ni que le impidiese valorar las consecuencias de sus actos, elegir diferentes tipos de conductas ni comprender la ilicitud de su acción."En coherencia con esa afirmación fáctica la Sala razona con rigor, en el fundamento sexto, la plena imputabilidad del procesado en los siguientes términos: "No concurre ningún tipo de trastorno mental transitorio que postula la defensa. todos los Forenses y Psiquiatras en número de cinco excluyeron enfermedades enajenantes en el procesado, ni siquiera aludieron a algún tipo de celopatía o celotipia, únicamente atisbaron una depresión reactiva que no afectó ni a su conciencia ni a su voluntad. En igual sentido el pretendido consumo de bebidas alcohólicas con grave disminución de las capacidades volitivas e intelectivas permanece en la más absoluta penumbra y orfandad probatoria".

   "Otro tanto -continúa la sentencia- puede decirse respecto al arrebato u obcecación, al no destacar ni los Psiquiatras ni los Forenses ningún desencadenamiento anímico de perturbación u obscurecimiento de las facultades psíquicas del procesado con disminución de las cognoscitivas o volitivas. Ni siquiera relataron un leve aturdimiento en el mismo. Finalmente la atenuante de confesión a las autoridades no concurre y ello porque se limitó a abrir la puerta a la Policía Autonómica, no sin antes haber consultado con el despacho de su Abogado, quien le aconsejó que abriese y se limitó a dar una versión que en nada se correspondía con lo después averiguado. Ningún acto de colaboración con la Administración de Justicia realizó el acusado que llegó a negar a la Forense Cecilia , como ésta indicó en el plenario, muestras de cabello, saliba y sangre. Finalmente la situación de plena ingesta etílica postulada por la defensa brilla por su ausencia en el terrero de lo probado".

2. - La doctrina de esta Sala ( Sentencia 1498/2000 de 30 de septiembre que cita la 834/96, de 11 de noviembre) admite excepcionalmente la virtualidad de la prueba pericial para modificar los hechos cuando:

   1. existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes y no disponga la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, se estime el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos de un moco incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario; b) cuando se cuenta sólo con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con los de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen. En ambos casos se podría estimar acreditando documentalmente ( los dictámenes pericicales son pericia documentada) el error del Tribunal, situaciones por completo distintas a las del caso enjuiciado, en el que se practicó en el juicio oral pericial de seis doctores, con meticulosidad y rigor ( como se comprueba con la simple lectura de los folios 37 a 40 del acta) discrepando uno de ellos, el Dr. Juan Enrique , de la mayoría al sostener que la depresión reactiva que sufría el procesado "podía disminuir la voluntad y también su nivel de conciencia aunque no anulación", abundando todos en explicaciones de su ciencia muy matizadas, así como sobre la embriaguez del procesado el día de los hechos, para negarla con carácter general, que también negaron muchos testigos que declararon en el plenario, advirtiendo varios de ellos una cierta actitud simuladora del procesado para aparentar que estaba embriagado.

3. - La apreciación de la prueba por la Sala de instancia se hizo libre y conjuntamente sobre un elenco probatorio amplio y diverso, practicado con todas las garantías. El razonamiento judicial se ajustó impecablemente a las reglas de la lógica, de la experiencia y de los firmes criterios del conocimiento científico, por lo que este último motivo del recurso también ha de ser desestimado.

   III.

   FALLO