ATS, 25 de Marzo de 2014
| Ponente | SEBASTIAN SASTRE PAPIOL |
| ECLI | ES:TS:2014:2362A |
| Número de Recurso | 1400/2013 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 25 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Marzo de dos mil catorce.
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La representación procesal de Raúl , que actúa en nombre de Montserrat presentó escrito de interposición de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada, con fecha 25 de abril de 2013, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 3ª), en el rollo de apelación nº 120/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 216/2012 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Gernika.
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Mediante diligencia de 4 de junio de 2013 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante este Tribunal por término de treinta días.
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La procuradora Verónica García Simal, en nombre y representación de Raúl , presentó escrito ante esta Sala con fecha 20 de junio 2013, personándose en concepto de parte recurrente. La procuradora Mónica de la Paloma Fente Delgado, en nombre y representación de Juan Pedro e Amelia , presentó escrito en fecha 11 de junio de 2013, personándose en concepto de recurrida.
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Por providencia de fecha 11 de febrero de 2014 se puso de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.
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Mediante escrito presentado el 3 de marzo de 2014, la representación procesal la parte recurrente interesó la admisión de los recursos, mientras que la parte recurrida, por escrito de fecha 5 de marzo de 2014, mostró su conformidad.
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La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Sebastian Sastre Papiol, a los solos efectos de este trámite.
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Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario en el que se ejercita una acción reivindicatoria y una acción de deslinde, tramitado en atención a la cuantía. La cuantía no excede de 600.000 euros, por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC , en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
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Más en concreto, la parte demandante y apelante en la instancia, hoy recurrente, ha interpuesto recurso de casación por la vía del ordinal 3º del art. 477.2 LEC .
El recurso de casación contiene un primer y único motivo en el que se denuncia la infracción de art. 38 LH , del art. 348 CC y de la doctrina jurisprudencial del TS. Argumenta el recurrente que la sentencia recurrida no se ajusta a la jurisprudencial del TS sobre la eficacia probatoria y valor de la inscripción registral, que presume la existencia de un derecho de propiedad a favor del titular y con la extensión que publicita el asiento respectivo, sistema que conlleva la inversión de la carga de la prueba. Añade que la sentencia se aparte también del criterio jurisprudencial relativo a la identificación de la finca, al no reconocer inicialmente la existencia de título y, posteriormente, reconocer tal existencia, pero desviándose del contenido de la inscripción registral.
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A la vista del planteamiento que se hace en el recurso de casación, este debe ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de inexistencia de interés casacional en la modalidad de oposición a la jurisprudencia de esta Sala ( art. 477.2.3 º y 483.2.3º LEC ), ya que la aplicación de la jurisprudencia invocada solo puede llevar a una modificación del fallo recurrido mediante la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial ha considerado probados.
Constituye doctrina constante de esta Sala, plasmada en innumerables sentencias y autos de inadmisión, que el régimen de recursos extraordinarios fijado en la LEC establece la separación entre las cuestiones procesales y las sustantivas, de manera que el ámbito del recurso de casación está limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados ( SSTS de 28 de junio de 2012, RC n.º 1154/2009 ; 26 de febrero de 2013, RC n.º 1082/2010 ). En su virtud, no solo no cabe fundar el recurso de casación en la infracción de normas procesales, sea aisladamente consideradas o planteadas conjuntamente con cuestiones jurídico sustantivas, sino que son inaceptables todas las apreciaciones de la parte recurrente que directa o indirectamente cuestionen o se aparten de las declaraciones de hecho efectuadas en la resolución recurrida (entre otras, SSTS de 22 de octubre de 2012, RC n.º 429/2009 ; 28 de junio de 2012 , RCIP n.º 198/2008 ). Es imprescindible, para que pueda admitirse el recurso de casación, que en su planteamiento la parte recurrente denuncie una infracción de norma sustantiva, aplicable a la controversia, y al margen del juicio fáctico, esto es, desde la misma contemplación de los hechos que tiene reflejo en la sentencia recurrida y no desde su propia valoración.
Esta exigencia de respetar la base fáctica de la sentencia recurrida, en cuanto exigible en cualquier modalidad de recurso de casación, también rige en los casos, como el presente, en que el recurso de casación debe encauzarse justificando la existencia de interés casacional en cualquiera de sus modalidades, en particular, por oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia de esta Sala, modalidad a que apuntan los argumentos de la recurrente. Al respecto, debe recordarse que la oposición la oposición o desconocimiento en la sentencia recurrida de la doctrina jurisprudencial del TS es un elemento cuya justificación, con la necesaria claridad, corresponde a la parte recurrente, que ha de ser consciente que el concepto de jurisprudencia comporta, en principio, reiteración en la doctrina de la Sala Primera del TS, siendo necesario no solo la cita de dos o más sentencias en que se contenga el criterio jurídico que se considera vulnerado, sino que además que se indique, que se razone, cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas, y dicho interés, como ha quedado dicho, debe venir referido al juicio jurídico sobre la correcta aplicación e interpretación de una norma jurídica sustantiva -no procesal-, y que ha de suscitarse con pleno respeto en el planteamiento a los hechos probados y a la razón decisoria.
En el presente caso, de la escasa fundamentación sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada, en relación con la jurisprudencia aplicable al caso que se denuncia como infringida, se observa que el recurrente solo pretende someter a revisión los hechos declarados probados al no estar conforme con la valoración de las inscripciones registrales, en un intento de convertir el recurso de casación en una tercera instancia donde se revise toda la valoración probatoria, y elude los hechos que la sentencia recurrida considera acreditados no solo con base en el análisis de la descripción registral de ambas fincas, sino también con base en la valoración conjunta del material probatorio obrante en el proceso; de manera que el recurrente no puede ampararse en una afirmada vulneración de la presunción legal favorecedora del derecho de propiedad cuando parte de una valoración de los títulos de propiedad que defiende como correcta, distinta a la alcanzada por la sentencia recurrida, y cuando las conclusiones fácticas que pudieran ser contrarias están fundadas en la valoración probatoria. De esta forma, la doctrina que alega como infringida discurre al margen de los hechos probados y de la razón decisoria que en estos se sustenta, suscitando un interés artificioso y por ende, inexistente.
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La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, puesto que mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, LEC .
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Cuanto se ha expuesto impide tener en consideración las alegaciones efectuadas por el recurrente en el trámite de audiencia, previa a esta resolución, y consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
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Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede condenar en costas a la parte recurrente.
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La inadmisión de los recursos determina la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
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No admitir el recurso de casación ni el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Raúl , que actúa en nombre de Montserrat , contra la sentencia dictada, con fecha 25 de abril de 2013, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 3ª), en el rollo de apelación nº 120/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 216/2012 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Gernika.
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Declarar firme dicha sentencia.
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Imponer las costas a la parte recurrente.
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La pérdida del depósito constituido.
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Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
