ATS, 31 de Enero de 2013
| Ponente | JORDI AGUSTI JULIA |
| ECLI | ES:TS:2013:1980A |
| Número de Recurso | 1967/2012 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 31 de Enero de 2013 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Enero de dos mil trece.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jordi Agusti Julia
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Soria se dictó sentencia en fecha 30 de noviembre de 2011 , en el procedimiento nº 288/11 seguido a instancia de Dª Marí Trini contra JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA), sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en fecha 8 de marzo de 2012 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 13 de junio de 2012 se formalizó por la Letrada Dª María José Molina Arroyo en nombre y representación de Dª Marí Trini , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 25 de octubre de 2012, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de determinación y fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley o, en su caso, en el quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho. Todo ello, de acuerdo con el artículo 224 1. b ) y 224.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con los apartados a ), b ), c ) y e) del artículo 207 del mismo texto legal . La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, precisa la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207 , excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta Sala ya había señalado con insistencia que dicha exigencia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que, además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» ( sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006 , 14 de mayo de 2008, R. 734/2007 y 1671/2007 ; 17 de junio de 2008, R. 67/2007 ; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007 ; 2 y 7 de octubre de 2008 , R. 1964/2007 y 538/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007 ; 7 de octubre de 2011, R. 3528/2010 ; 13 de octubre de 2011, R. 4019/5010 y 13 de diciembre de 2011, R. 4114/2010 ).
Asimismo, concreta el art. 224.2 in fine , en el caso de que se inste en el recurso la unificación en la interpretación del derecho, deberá el recurrente hacer referencia a los particulares aplicables de las sentencias en las que se contenga la doctrina jurisprudencial cuya aplicación se pretende. Así se deduce, no sólo del citado art. 224 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que "el recurso habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso.
El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004 ; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004 ; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004 ; 7 de junio de 2007, R. 767/2006 ; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006 ; 16 y 18 de julio de 2008 , R. 2202/2007 y 1192/2007 ; 19 y 25 de septiembre de 2008 , R. 384/2007 y 1790/2007 ; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006 ; 16 de enero de 2009, R. 88/2008 ; 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007 , 11 de octubre de 2011, R. 4322/2010 y 26 de diciembre de 2011, R. 1160/2011 ), que es lo que sucede en este caso pues la parte recurrente confunde el motivo de casación con el examen de la contradicción alegada, y no imputa a la sentencia impugnada infracción legal alguna.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 ; 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ; 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 ; 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 ; 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 ; y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Dicho presupuesto no concurre en el presente caso tal como se deduce de la comparación que ahora se realiza. Así, en el supuesto de la sentencia recurrida la trabajadora demandante prestó servicios para la Consejería demandada mediante contrato temporal por acumulación de tareas, en el centro de referencia, durante el curso escolar 2008-09, que fue convertido en indefinido por resolución de 16/12/2010, hasta que la Administración demandada pasó a incluir el puesto de trabajo que ocupaba la actora en la relación de puesto de trabajo (RPT) del personal laboral de Consejería, siendo finalmente cubierto mediante concurso de traslado resuelto de forma definitiva por O 12/5/2011. La trabajadora impugnó su cese por despido, y la sentencia de instancia estimó la demanda y declaró su improcedencia al considerar que el contrato temporal inicial se celebró en fraude de ley. Pero la sentencia de suplicación ahora impugnada estima el recurso de la demandada y revoca dicha resolución porque la relación laboral que unía a las partes era indefinida, que no fija de plantilla, y la plaza que ocupaba la actora se cubrió reglamentariamente mediante concurso de traslados y en virtud de resolución que no fue en ningún caso impugnada por la actora, declarando por ello que no hay despido, sino válida extinción del contrato.
Recurre la trabajadora demandante en casación para la unificación de doctrina insistiendo en que fue contratada en fraude de ley y despedida por la demandada, y aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) de 17 de septiembre de 2008 (R. 871/2008 ), que desestima el recurso interpuesto por la por la Comunidad Autónoma de Castilla y León y confirma la sentencia de instancia que, estimando la demanda, declaró la improcedencia del despido de la actora. En ese caso la trabajadora había suscrito en 2006 un contrato eventual por circunstancias de la producción "por apertura de instalaciones Edificio Pallares", cuya duración se fijó hasta 31/10/2007, recibiendo notificación de la extinción de su contrato en dicha fecha. Pero el 13/11/2007 el puesto de trabajo desempeñado por la actora fue ocupado por otro trabajador contratado bajo la misma modalidad de contrato eventual por circunstancias de la producción, cuya finalización se fijó para el 12/11/2008. La sentencia de referencia razona que el contrato eventual se celebró sin amparo en causa temporal y que, por esa razón, la extinción impugnada constituye un despido improcedente.
Lo expuesto evidencia que no puede apreciarse la contradicción porque en la sentencia recurrida la relación iniciada mediante contrato eventual por circunstancias de la producción fue convertida en indefinida por la propia empleadora, produciéndose la extinción por la cobertura de la plaza en virtud de concurso de traslado, mientras que en la sentencia de contraste el contrato eventual por circunstancias de la producción celebrado entre las partes se extinguió por voluntad de la empleadora a la llegada del término fijado en el mismo, y luego ésta volvió a contratar a otra persona para ocupar la misma plaza mediante un contrato temporal de la misma naturaleza.
No contradicen lo anterior las alegaciones realizadas por la recurrente en el trámite de inadmisión dirigidas a relativizar las diferencias expuestas y que justifican a juicio de esta Sala la falta de contradicción, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 219.1 , 225.3.4 y 5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Dª María José Molina Arroyo, en nombre y representación de Dª Marí Trini contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 8 de marzo de 2012, en el recurso de suplicación número 103/12 , interpuesto por JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Soria de fecha 30 de noviembre de 2011 , en el procedimiento nº 288/11 seguido a instancia de Dª Marí Trini contra JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA), sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
