ATS, 29 de Noviembre de 2005
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 29 Noviembre 2005 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil cinco.
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- En el rollo de apelación nº 148/2005 la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) dictó Auto, de fecha 11 de julio de 2005, declarando no haber lugar a tener por preparado recurso de casación por la representación de D. Jesús María, contra la Sentencia de fecha 22 de junio de 2005 dictada por dicho Tribunal .
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- Contra dicho Auto se interpuso recurso de reposición que fue denegado por Auto de fecha 20 de septiembre de 2005, habiéndose entregado el testimonio de ambas resoluciones a los efectos del artº. 495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero .
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- Por el Procurador D. Celso de la Cruz Ortega, en nombre y representación de la indicada parte litigante, se ha interpuesto recurso de queja por entender que cabía recurso de casación y debía de haberse tenido por preparado.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Jesús Corbal Fernández
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- Manteniéndose en el propio recurso de queja, que alegada la existencia de interés casacional en el anuncio presentado, se citó como infracción legal cometida el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a la carga de la prueba, y que también se citó como vulnerado el art. 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la forma y contenido de las sentencias, en relación con el art. 120-3 de la Constitución Española
, los arts. 11, 25 y 26 de la Ley de Defensa de los Consumidores y los arts. 1101 y 1485 del Código Civil, así como que se mencionaron, a los efectos de lo dispuesto en el art. 479.4 de la LEC 2000, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2000, sobre que "El productor, para exonerarse de responsabilidad, está obligado a probar que actuó con diligencia por su parte", la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1996, sobre "Necesidad de demostrar que los daños fueron causados por la utilización de servicios mal ejecutados", y la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2000, sobre que "A pesar de reconocer el criterio de la responsabilidad objetiva del productor, la Ley 22/19994, de 6 de julio, establece que el perjudicado deberá probar el defecto, el daño y la relación causal entre ambos", el presente recurso de queja no puede prosperar, no ya porque en fase de preparación la parte recurrente no haya acreditado la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es en definitiva la razón aducida por la Audiencia Provincial de Valladolid para denegar la preparación, sino porque, alegada la infracción de los artículos 217 y 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como basándose el interés casacional aducido en doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de prueba de determinados presupuestos fácticos, resulta que el recurso de casación es improcedente al plantearse a través del mismo cuestiones procesales que exceden de su ámbito y para cuya denuncia ha de acudirse al recurso extraordinario por infracción procesal.
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- A tales efectos debemos recordar que una de las novedades introducidas por la LEC 2000, en relación con la LEC de 1881, es la diferenciación entre el recurso extraordinario por infracción procesal, regulado en el art. 468 y siguientes de la nueva LEC, y el recurso de casación, regulado en el art. 477 y siguientes de la LEC 2000, indicando la Exposición de Motivos, apartado XIV, que el recurso de casación queda circunscrito a lo sustantivo, mientras que el recurso de extraordinario por infracción procesal viene referido a cuestiones procesales, lo que se plasma por lo que respecta al recurso de casación en el art. 477.1 LEC, y por lo que atañe al recurso extraordinario por infracción procesal en el art. 469.1 de la referida LEC 2000 . Resulta conveniente, habida cuenta de la importancia del cambio legislativo, abundar en esta cuestión del ámbito de los recursos extraordinarios, ya que el sistema de recursos de la nueva LEC 2000 no es, en absoluto, coincidente con la distinción entre "infracción de ley" y "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio", establecida inicialmente en la LEC de 1881, no pudiendo limitarse el recurso extraordinario por infracción procesal a los vicios "in procedendo" y atribuir el control de los vicios "in iudicando" al recurso de casación, pues el ámbito jurídico material al que se circunscribe este último determina un desplazamiento de los temas de índole adjetiva hacía la esfera del otro recurso extraordinario, a través del cual incumbe controlar las cuestiones procesales, entendidas en un sentido amplio, que no se circunscribe a las que enumera el art. 416 LEC 2000 bajo dicha denominación, sino que abarcan también las normas del enjuiciamiento civil que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión, de modo que la corrección en la aplicación de las normas relativas a la prueba debe examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la subsunción en el supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, así como, claro está, en la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma, en donde se resume el alcance de la infracción normativa que habrá de fundarlo, y en donde se concretan las cuestiones que constituyen el objeto del proceso a que ha de referirse la infracción normativa ( art. 477.1 LEC 2000 ). Doctrina aplicada por esta Sala en numerosos Autos, entre otros, los de fechas 28-5-2002, recursos 450/2002, 97/2002, 349/2002, 458/2002, 90/2002, 431/2002, 240/2002 y 32/2002, de 4-6-2002, recursos 333/2002, 292/2002, 231/2002 y 2311/2001, de 11-6-2002, recursos 251/2002, 169/2002, 270/2002, 374/2002, 426/2002, 364/2002 y 360/2002, de 18-6-2002, recursos 590/2002, 229/2002, 336/2002 y 257/2002, de 25-6-2002, recursos 528/2002, 511/2002, 357/2002, 116/2002 y 567/2002, de 2-7-2002, recursos 503/2002, 664/2002, 592/2002 y 546/2002 y de 9-7-2002, recursos 613/2002, 404/2002, 502/2002 y 635/2002, 15 de octubre de 2002, en recursos 655/2002, 1034/2002, 804/2002, 757/2002, 2457/2001, 1018/2002 y 533/2002, y de 22 de octubre de 2002, en recurso 651/2002, ó los más recientes de 15 de junio de 2004, en recursos 553, 499, 1551, 449 y 113 de 2004, de 27 de julio de 2004, en recursos 732, 453 y 91 de 2004, de 14 de septiembre de 2004, en recursos 705, 589 y 768 de 2004, de 5 de octubre de 2004, en recurso 672/2004, y de 7 de diciembre de 2004, en recursos 751 y 1130 de 2004 ; y en aplicación de la cual el recurso de casación resulta improcedente, como ya se indicó, dado que se plantean sendas cuestiones que han de calificarse de procesales, lo que en todo caso excede actualmente del ámbito del recurso de casación, debiendo utilizarse para su denuncia el cauce del recurso extraordinario por infracción procesal, cuando ella sea posible, sin que pueda eludirse este nuevo sistema de recursos y la referida regla 2ª del apartado uno de la Disposición final decimosexta de la LEC 2000 por la vía de denunciar infracciones procesales a través del recurso de casación. Además, se hace preciso señalar que la ley adjetiva es de naturaleza meramente instrumental, por ello se limita a establecer los cauces para la denuncia de la infracción de normas sustantivas, uno de ellos es precisamente el recurso de casación, cuyo ámbito, como antes se dijo, está circunscrito al control de la interpretación y aplicación del derecho material, y, por ello, el "interés casacional" nunca puede basarse en jurisprudencia o normas relativas a "cuestiones procesales", según se ha reiterado en Autos, entre otros, de 16 de octubre de 2001, en recursos 1831 y 1864 de 2001, de 23 de octubre de 2001, en recurso 2034/2001, de 30 de octubre de 2001, en recurso 1884/2001, de 13 de noviembre de 2001, en recurso 1878/2001, de 20 de noviembre de 2001, en recursos 2005 y 2068 de 2001, de 27 de noviembre de 2001, en recursos 1930 y 2023 de 2001, de 4 de diciembre de 2001, en recurso 2098/2001, de 28 de diciembre de 2001, en recursos 2398/2001 y 2153/2001, de 22 de enero de 2002 en recursos 2635/2001, 2027/2001, 2452/2001 y 2121/2001, de 8 de octubre de 2002, en recursos 820/2002, 730/2002, 957/2002 y 650/2002, y de 15 de octubre de 2002, en recursos 655/2002 y 1034/2002 ), razón por la que no cabe invocar la nueva LEC para fundar el interés casacional, ya que éste, en todo caso, debe venir referido a cuestiones sustantivas y no procesales, como son las planteadas en el presente caso.
Circunstancias, las expuestas, que determinan la desestimación del presente recurso de queja, ya anticipada, y la consiguiente confirmación del Auto denegatorio de la preparación, aunque sea por consideraciones jurídicas diferentes a las en él recogidas, en lo que no cabe ver atisbo alguno de indefensión, pues el objeto del recurso de queja es verificar la presencia de los presupuestos de recurribilidad establecidos por el legislador, materia de orden público procesal cuyo examen está atribuido a los órganos jurisdiccionales llamados a comprobar la concurrencia de tales requisitos, por lo que a este Tribunal Supremo incumbe en este ámbito de la queja analizar la procedencia del recurso, atendiendo a las razones jurídicas que resultan efectivamente correctas.
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- Finalmente se hace necesario insistir hoy en señalar, atendidas las alegaciones que conforman el presente recurso de queja, que ninguna vulneración se produce del derecho a la tutela judicial efectiva, ni, tampoco, se causa indefensión a la parte recurrente por la denegación preparatoria, pues la propia doctrina del Tribunal Constitucional es bien clara al señalar que no existe un derecho constitucionalmente protegido a interponer determinados recursos y, por tanto, que no existe un derecho de relevancia constitucional a recurrir en casación, siendo perfectamente imaginable, posible y real que no esté prevista semejante posibilidad ( SSTC 37/88, 196/88 y 216/98 ); por el contrario, el derecho a los recursos, de neta caracterización y contenido legal ( SSTC 3/83 y 216/98, entre otras), está condicionado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra sobre la materia, con el único límite consistente en la proscripción de la arbitrariedad y la evitación de los errores materiales ( SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99 ), sin que la interpretación de las normas rectoras del acceso a los recursos extraordinarios tenga que ser necesariamente la más favorable al recurrente ( SSTC 230/93, 37/95, 138/95, 211/96, 132/97, 63/2000, 258/2000 y 6/2001 ); y que el "principio pro actione", proyectado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, no opera con igual intensidad en las fases iniciales del pleito que en las posteriores ( SSTC 3/83, 294/94, 23/99 y 201/2001 ), habiéndose añadido, por último, que el referido derecho constitucional se satisface incluso con un pronunciamiento sobre la inadmisibilidad del recurso, y no necesariamente sobre el fondo, cuando obedezca a razones establecidas por el legislador y proporcionadas en relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos procesales tienden ( SSTC 19/81, 69/84, 43/85, 6/86, 118/87, 57/88, 124/88, 216/89, 154/92, 55/95, 104/97, 213/98, 216/98, 108/2000 y 22/2002 ), ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de naturaleza prestacional de configuración legal cuyo ejercicio está supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador ( SSTC 8/98, 115/99, 122/99, 108/2000, 158/2000, 252/2000, 3/2001 y 13/2002 ).
DESESTIMAR EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por el Procurador D. Celso de la Cruz Ortega, en nombre y representación de D. Jesús María, contra el Auto de fecha 11 de julio de 2005, que se confirma, por el que la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª ) denegó tener por preparado recurso de casación contra la Sentencia de 22 de junio de 2005, debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la referida Audiencia, para que conste en los autos.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
