SAP Albacete 216/2011, 14 de Julio de 2011

JurisdicciónEspaña
Número de resolución216/2011
Fecha14 Julio 2011

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

ALBACETE

SENTENCIA: 00216/2011

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 de ALBACETE

- Domicilio: C/ SAN AGUSTIN Nº 1 ALBACETE

Telf: 967596539 967596538

Fax: 967596588

Modelo: 213050

N.I.G.: 02003 37 2 2011 0201664

ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000130 /2011

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de ALBACETE

Procedimiento de origen: JUICIO RAPIDO 0000454 /2010

RECURRENTE: Melchor

Procurador/a: FRANCISCO JAVIER LEGORBURO MARTINEZ

Letrado/a:

RECURRIDO/A:

Procurador/a:

Letrado/a:

SENTENCIA Nº 216/11

NOMBRE DE S. M. EL REY

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. ANTONIO NEBOT DE LA CONCHA

Magistrados:

Dª. MARIA DE LOS ANGELES MONTALVÁ SEMPERE

D. JUAN MANUEL SÁNCHEZ PURIFICACIÓN

En ALBACETE, a catorce de Julio de dos mil once. VISTOS ante esta Audiencia Provincial en grado de apelación los autos nº 454/10 seguidos ante el Juzgado de lo Penal nº 1 de Albacete, sobre VIOLENCIA DOMESTICA (VSM), siendo apelante en esta instancia Melchor, representado por la Procurador/a D./ª JAVIER LEGORBURO MARTÍNEZ- MORATALLA, siendo parte apelada el Ministerio Fiscal y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO NEBOT DE LA CONCHA.

ANTECEDENTES DE HECHO

ACEPTANDO en lo necesario los antecedentes de la Sentencia apelada y,

PRIMERO

Por el citado Juzgado se dictó la referida Sentencia, cuya parte dispositiva dice así:

FALLO

"Que debo condenar y condeno a Melchor como autor penalmente responsable de un delito de amenazas del art. 171.4º y párr. segundo CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de diez meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante treinta meses, y prohibición de aproximarse a Alejo, a su domicilio o lugar en que se encuentre a una distancia de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante treinta meses, y como autor penalmente responsable de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468. 2 y 74 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de diez meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas procesales."

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación por la Procuradora Dª. JAVIER LEGORBURO MARTÍNEZ-MORATALLA, en representación de Melchor, alega como motivos los expuestos en el escrito de apelación presentado ante el Juzgado de lo Penal nº 1 de Albacete, escrito que se da íntegramente por reproducido.

TERCERO

Tramitado el presente recurso de apelación, con arreglo a derecho, se celebró votación y fallo del mismo, el día 14 de Julio de 2011.

Se aceptan, tanto los hechos probados que se declaran en la Sentencia de instancia como sus fundamentos jurídicos y,

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

Se alega por el apelante, en disconformidad con la resolución judicial que impugna: a) error en la valoración de la prueba y b) inexistencia del tipo penal de quebrantamiento de medida cautelar.

SEGUNDO

Respecto del alegato de error valorativo tenemos dicho: Pues bien, en éste sentido, y en orden a la valoración de la prueba personal, hemos indicado de modo reiterado ( Sentencias entre otras de 21.02.2007, 17.04.2007, 4.05.2007 o 7.05.2007 ) que es criterio jurisprudencial ya impuesto de modo vinculante por el Tribunal Constitucional (art 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o art 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) que cuando analizamos el alegato de error valorativo en una Sentencia debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusados sea sometido a un proceso público con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y testigos) en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.

Ello no es una limitación al carácter ordinario del recurso de apelación, pues si bien es...

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