STSJ Comunidad de Madrid 61/2011, 18 de Enero de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 61/2011 |
| Fecha | 18 Enero 2011 |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 00061/2011
RECURSO 959/2007
SENTENCIA NÚMERO 61
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----Ilustrísimos Señores:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. Francisco Javier González Gragera
-------------------En la Villa de Madrid, a 18 de enero de dos mil once.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 959/2007, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Lydia Leiva Cavero en nombre y representación de Doña Visitacion y Don Adriano, contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid de fecha 1 de marzo de 2007, dictada en el expediente nº NUM000 correspondiente a la finca número NUM001 del proyecto de expropiación DUPLICACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRETERA M-503. TRAMO M-50 A M-600 CLAVE 1-D-286 en el término municipal de VILLANUEVA DE LA CAÑADA.
Ha sido parte demandada el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid representado por el Letrado de la Comunidad de Madrid.
La parte recurrente promovió recurso contencioso-administrativo mediante escrito registrado de entrada el 24.07.07 y, previos los oportunos trámites, formalizó su demanda en fecha 16.12.08, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y haciendo las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada, solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada para contestación a la demanda, lo que se verificó por en fecha 13.05.09 por el Letrado de la Comunidad, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
Que por auto de fecha 1 de julio de 2009 se acordó recibir a prueba el presente recurso por plazo de quince días para proponer y treinta días para practicar la prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado; señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 18 de enero de 2011 a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar.
Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier González Gragera.
Por la Procuradora de los Tribunales Doña Lydia Leiva Cavero en nombre y representación de Doña Visitacion y Don Adriano, contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid de fecha 1 de marzo de 2007, dictada en el expediente nº NUM000 correspondiente a la finca número NUM001 del proyecto de expropiación DUPLICACIÓN DE LA CALZADA DE LA CARRETERA M-503. TRAMO M-50 A M-600 CLAVE 1-D-286 en el término municipal de VILLANUEVA DE LA CAÑADA.
Alega en el presente recurso que la valoración solicitada corresponde al terreno afectado por un sistema general, debiendo valorarse como urbanizable a razón de 108,74 #/m2 e interesando un justiprecio de 90.884,89 #.
La Comunidad de Madrid interesa la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo.
Del expediente administrativo es de destacar los siguientes datos, de interés para la resolución del asunto:
El acta previa a la ocupación es de fecha 28 de octubre de 2005 donde se hace constar que la superficie de la finca es de 7.443 m2, de los cuales la superficie expropiada alcanza a 796 m2, siendo su clasificación de suelo no urbanizable, con aprovechamiento de labor secano.
El proyecto de expropiación establece un valor unitario del suelo de 3,26 #/m2 y ofrece un justiprecio de 2.594,96 #.
El expropiado establece un valor unitario del suelo de 108,74 #/m2 y un justiprecio de 90.884,89 #.
El Jurado Territorial de Expropiación, tras determinar que se trata de suelo no urbanizable, establece un valor unitario del suelo de 3,22 #/m2, por lo que procedería un justiprecio total, con el 5% de afección de
2.691,28 #.
La valoración de los bienes y derechos expropiados efectuada por el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa en la resolución impugnada ha seguido los criterios previstos en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en atención a lo previsto en su Disposición Transitoria Quinta , y la pendencia del trámite de la pieza separada de valoración aún a la entrada en vigor de la anterior. Es por lo anterior que el Jurado considera de aplicación el artículo 26 de la mencionada norma, donde se fija como criterio para la valoración del suelo no urbanizable el método de comparación a partir de valores de fincas análogas, habida cuenta de su regulación urbanística, situación, tamaño y naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Por lo demás y a tenor del apartado segundo del anterior precepto, se trae a colación la referencia a los supuestos de inexistencia de valores comparables que hagan imposible la aplicación del método ya indicado, lo que lleva a la determinación del valor del suelo a partir de la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo y conforme a su estado en el momento de la valoración, concluyendo que el valor unitario del suelo es de 3,22 #/m2.
Impugnada por la demandada la presunción de acierto de las operaciones de determinación del justiprecio realizadas por el Jurado debemos tener en cuenta la que es doctrina reiterada de esta Sala respecto la situación de las presunciones en la materia, derivada de lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de inconstitucionalidad por ella misma interpuesto al respecto. Al decir la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de julio de 2006 que las disposiciones cuestionadas de la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, y del Decreto 71/1997, de la misma Comunidad son conformes al Ordenamiento, este Tribunal debe extraer las oportunas consecuencias en relación con las presunciones que ocupan el núcleo de la labor defensiva de la parte demandada. De una parte debemos recordar que los actos administrativos, como son los acuerdos del Jurado, gozan de la presunción de legalidad que es sobradamente conocida y que obliga a la existencia de un pronunciamiento judicial para su remoción, tenga ésta efectos desde su dictado o desde su propia declaración. Ahora bien, la presunción jurisprudencial sobre los actos del Jurado va mucho más allá puesto que alcanza al "acierto" de sus decisiones lo que implica una presunción sobre la decisión de aplicación de un concepto jurídico indeterminado como es el justiprecio. Sin embargo, dicha extensión de la presunción que excede con mucho de la legalidad puesto que el justiprecio no es una consecuencia estricta de ésta, salvo en lo que se refiere al procedimiento, no se hace de forma estrictamente teórica, lo que carecería de sentido, sino que se basa, y así sea dice reiteradamente, en su especial composición de equilibrio de intereses que así lo convierte en un órgano prácticamente arbitral. Se trataba de la composición establecida en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. Por ello, una vez establecido que la composición del Jurado Territorial de Madrid por las normas a la sazón vigente son perfectamente legítimas hemos de decir que no existe razón alguna para que a dicho Jurado le sea aplicable la presunción de acierto fundada en una composición diferente ya que la Sala no aprecia que en dicha composición se den iguales factores que los que se tornaron para establecer la presunción de acierto. Por tanto, el acuerdo es un documento administrativo más de los que integran el expediente y ha de ser comparado a efectos probatorios con el resto de las pruebas sin que ocupe una posición privilegiada en relación con éstas que determine un esfuerzo especial para romper el privilegio de su presunción de acierto, que en todo caso, repetimos, está supeditada al juicio que merezca a estos...
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