STS, 14 de Abril de 2011
| Ponente | LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ |
| ECLI | ES:TS:2011:2429 |
| Número de Recurso | 2970/2007 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 2011 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Abril de dos mil once.
Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituida por los señores al margen anotados el presente recurso de casación con el número 2970/07 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de D. Luis Miguel contra la sentencia de fecha 23 de abril de 2007 dictada en el recurso 306-03 y acumulado 536-03 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLO.- "Desestimar los recursos contencioso-administrativos acumulados núms. 306/2003 y num. 536/2003), interpuestos, respectivamente, por Luis Miguel y la Administración del Principado de Asturias, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa núm. 427/2003, de 13 de marzo, que fijó el justiprecio de la finca núm. NUM000 , expropiada por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Asturias con motivo de la obra pública: "Proyecto de Construcción del Corredor del Nalón. Tramo: Barredos-Puente de Arco", así como el Acuerdo núm. 698/2003, de 15 de mayo, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el anterior. Sin costas."
Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de D. Luis Miguel presentó escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia de 11 de mayo de 2007 la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la parte recurrente se personó ante esta Sala e interpuso el anunciado recurso de casación, expresando los motivos en que se funda y suplicando a la Sala la estimación de dicho recurso y revoque la sentencia recurrida y dicte otra en los términos interesados en el escrito de demanda.
Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a las partes recurridas para que en el plazo de treinta días, formalizaran escrito de oposición.
Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 12 de abril de 2011, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, Magistrado de la Sala.
La sentencia de instancia tiene su causa en la impugnación de la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias de fecha 13 de marzo de 2003, por la que se fija el justiprecio de la finca NUM000 , de 1.228 m2 de los que se expropian 405 m2, clasificada como suelo no urbanizable, sita en el término municipal de Laviana, con motivo de las obras del "Proyecto de Construcción de Corredor del Nalon. Tramo: Barredos-Puente de Arco" en la cantidad de 66.881,84 , más el premio de afección e intereses correspondientes.
Se interpone el recurso de casación con base en los siguientes motivos:
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) Primer motivo, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley del Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de los artículos 26 y 23 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, al no valorar el suelo de acuerdo con su clasificación urbanística, por el método residual conforme al Decreto 1020/1993 .
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) Segundo motivo, al amparo del art. 88.1,d) de la Ley del Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de los artículos 1 y 43 de la Ley de Expropiación Forzosa y del art. 33 de la Constitución, así como de la jurisprudencia.
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) Tercer motivo, al amparo del art. 88.1,d) de la Ley del Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de los artículos 1 y 43 de la Ley de Expropiación Forzosa y del art. 33 de la Constitución, así como de la jurisprudencia, en relación a la indemnización por demérito en el valor de la casa.
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) Cuarto motivo, al amparo del art. 88.1,d) de la Ley del Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción del artículo 358 de la LEC por no valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica.
El primer motivo de impugnación va dirigido a poner de manifiesto la errónea valoración del suelo con la finalidad de valorar posteriormente los deméritos sufridos tras la expropiación. A tal efecto, manifiesta el recurrente que, dadas las características casi urbanas de la finca, se puede utilizar el método residual, calculando el aprovechamiento, de acuerdo con el RD 1020/93, en 265,94 , con lo que se ha vulnerado lo dispuesto en los arts. 23 y 26 de la Ley 6/98 .
El presente motivo de impugnación no puede prosperar, habida cuenta de que la valoración realizada por el recurrente parte de calificar el suelo expropiado como urbanizable y procede a aplicar el método residual, cuando, dada la calificación del suelo como no urbanizable, debería haber acreditado, a través del método de comparación, a partir de valores de fincas análogas, la existencia de un error en la valoración realizada por el Jurado. Por ello ni se ha acreditado que se hayan vulnerado los arts. 23 y 26 de la Ley 6/98 , ni se puede tener en cuenta la valoración del suelo practicada por el recurrente.
Los dos siguientes motivos de impugnación tienen como finalidad, en primer lugar, evaluar el demérito causado en el valor de la finca al perder, como consecuencia de la expropiación, la posibilidad de edificar en la misma, ya que para poder edificar la superficie mínima de parcela debe ser de 5.000 m2; y en segundo lugar, valorar el demérito causado en el valor de la casa.
Dichos motivos impugnatorios deben ser igualmente desestimados, en atención a que no se razona en qué consiste la vulneración de los artículos 1 y 43 de la Ley de Expropiación Forzosa que se dicen infringidos, como exige el art. 92.1 de la Ley procesal; y además porque el recurrente parte del presupuesto de la imposibilidad de edificar, al exigir el planeamiento una superficie mínima de 5000 m2 cuando la finca expropiada era en origen inferior a dicha superficie mínima y ya contaba con una edificación, no habiéndose acreditado la imposibilidad de aumentar la edificabilidad en atención a la edificación existente y planeamiento urbanístico de aplicación, por lo que el demérito que interesa sea indemnizado no ha quedado acreditado.
En lo que se refiere a la indemnización por imposibilidad de uso de la vivienda, no procede confundir las nuevas circunstancias físicas concurrentes en la vivienda, con la imposibilidad de su uso, habiendo sido ya valorado por el Jurado el demérito de la vivienda, y no constituyendo la alegación de pérdida total del valor de la vivienda más que una mera afirmación de parte insuficiente para fundamentar una pretensión indemnizatoria. Olvidando el recurrente que la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación, además de que ya fue valorado por el Jurado dicho demérito en 60.100 .
El último motivo de impugnación tiene como finalidad poner de manifiesto la existencia de una errónea valoración de la prueba con infracción del art. 358 de la LEC , debiendo entenderse que el recurrente se refiere al art. 348 de la LEC .
Dicho motivo de impugnación no puede ser acogido, ya que en ningún momento se justifica la inadecuada valoración que dicho tribunal hizo del informe pericial de parte, más allá de la mera pretensión de que se tenga en cuenta el mismo por ser más favorable a las pretensiones del recurrente; y ello por entender que la prueba pericial practicada reúne todas las condiciones exigibles a la misma, que el valor establecido en la misma es lógico y que el establecido por el Jurado resulta fuera de toda razón, alegaciones estas insuficientes para acreditar la existencia de una valoración arbitraria o irrazonable de la prueba practicada.
A tal efecto, es doctrina jurisprudencial consolidada que no cabe invocar en casación los preceptos que en la valoración de las pruebas obligan a sujetarse a la sana crítica con el fin de sustituir la del juzgador por la propia, salvo que la misma resulte ilógica o arbitraria. No basta con justificar que el resultado probatorio obtenido por la Sala de instancia pudo ser, a juicio de la parte recurrente, más acertado o ajustado al contenido real de la prueba, sino que es menester demostrar que dicha apreciación es arbitraria o irrazonable, o conduce a resultados inverosímiles.
La desestimación de los motivos invocados lleva a declarar no haber lugar al recurso de casación, lo que determina la imposición legal de las costas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del recurso y la dificultad del mismo, señala en 3.000 la cifra máxima como honorarios de letrado de la parte recurrida.
No ha lugar al presente recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de D. Luis Miguel contra la sentencia de fecha 23 de abril de 2007 dictada en el recurso 306-03 y acumulado 535-03 por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ; con imposición legal de las costas a la parte recurrente, cuantificando en 3.000 la cifra máxima como honorarios de letrado de la parte recurrida.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.
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El justo precio expropiatorio: un oxímoron en el Derecho Público español
...ven cercenado su derecho a litigar en asuntos que sólo están al alcance de grandes empresas y de Administraciones Públicas. [11] STS de 14 de abril de 2011 (Recurso de Casación nº 2970/2007 [RJ 2011, 4221]) y STS de 30 de enero de 2003 (Recurso de Casación nº 8451/1998 [RJ 2003,...