STS 1299/2009, 16 de Diciembre de 2009

Al amparo del art. 849.2 LECr . y del art. 852 LECr ., en concordancia con el art. 24 CE, por error en la interpretación de algunos documentos que demuestran la equivocación evidente del juzgador.

Por infracción de ley al amparo del número 2º de los artículos 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 852 de la misma ley rituaria, 238.3 LOPJ, y 24 de la CE.

Por infracción de ley al amparo del número 2º de los artículos 849 y 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

5. - Instruidas las partes de los recursos interpuestos, la Sala admitió los mismos quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación el día 9 de diciembre de 2009.

El primer motivo, al amparo de los arts. 849.2 y 852 LECr ., en concordancia con el

art. 24 CE, se articula por error en la interpretación de algunos documentos que demuestran la equivocación evidente del juzgador .

1. El recurrente indica que la Audiencia, al señalar que " D. Jose Ramón es propietario de las parcelas", valoró erróneamente el documento que obra a los fº 111,112 y 113 de los autos, ya que dice exactamente lo contrario. Igualmente, que los peritos medioambientales Sra. Rosario y Heraclio así lo exponen en su informe. Con ello se infringen el principio de presunción de inocencia y principio pro reo.

2. Por lo que se refiere a la apreciación de la prueba, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia de esta Sala (entre muchas, SSTS nº 1571/99, nº 642/03, ó nº 335/2004, de 18-3-2004 ), el error sólo puede prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros medios probatorios "de al menos análoga consistencia, credibilidad y fiabilidad, pues que no existen en el proceso penal pruebas reinas o excluyentes, todas son aptas para propiciar la íntima convicción del artículo 741 procesal". Dichos documentos deben traslucir sin ningún género de dudas el error porque acrediten de manera fehaciente un determinado hecho para la posteridad, sin necesidad de acudir a otras pruebas, es decir, han de tener aptitud demostrativa directa del hecho que incorporan.

   Sabido es que uno de los requisitos que exige la jurisprudencia, en orden a valorar el error de hecho, es la autarquía demostrativa del documento.

   Éste ha de serlo desde dos planos: a) el propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiencia, es decir, que no precise de la adición de otras pruebas para evidenciar el error, y b) que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa como, siguiendo lo expresamente establecido en el precepto, viene también señalando una reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala.

   Ninguno de los dos aspectos concurre en el caso de autos.

   En cuanto al primero (literosuficiencia), cabe señalar que lo único que indica el Registro de la Propiedad de San Martín de Valdeiglesias (fº 113) es que "a nombre del titular solicitado Jose Ramón con DNI NUM013 no aparece ninguna propiedad inscrita en este Registro".

   Como es bien sabido, y así lo señala reiteradamente la doctrina hipotecarista, una parte considerable de la propiedad rústica no ha accedido a los libros del Registro de la Propiedad, con lo que ni siquiera, a nivel formal, podemos constatar, a través de dicha institución quiénes son los titulares de determinados inmuebles.

   Pero es más, la realidad registral no siempre acredita quién es el titular material de los bienes que aparecen inscritos, por la sencilla razón de que la inscripción no es obligatoria ni constitutiva, en el caso del derecho de propiedad.

   Por lo tanto, el documento obrante al folio 113 no es autosuficiente en orden a demostrar el error de la Sala de instancia.

   Pero, por otra parte, resulta que el propio acusado declara, ante el Juez de Instrucción, que "es cierto que extrae áridos en una finca de su propiedad sita en la localidad de Villa del Prado..." (fº 29 y 30).

   Esta manifestación fue introducida en el plenario, según consta en el acta del juicio (fº 136), mediante su lectura.

   De acuerdo con las facultades que legalmente tiene reconocidas, el Tribunal "a quo" puede otorgar mayor credibilidad a las declaraciones sumariales que a las prestadas en el juicio oral.

   A mayor abundamiento, existe amplia prueba, que se recoge en el FD 2º, que corrobora que el acusado en todo momento actuó como propietario de las parcelas en cuestión.

   De cualquier modo, el hecho de que el acusado fuera o no el propietario, titular registral o no de las parcelas desde las que se procedió a realizar las extracciones de áridos, carentes de las autorizaciones dichas, carece de trascendencia, en tanto que el precepto penal aplicado (art. 325.1 y 326, a) y b) no exige la titularidad registral, ni el acreditamiento formal de la propiedad desde donde se produce el atentado mediambiental, bastando que el sujeto activo del delito llevara a cabo las extracciones o vertidos con dominio funcional del hecho, como último responsable del mismo, realizando las acciones legalmente previstas en el tipo penal de referencia.

3. Siendo así, la referencia a la presunción de inocencia también es inadecuada. Un motivo basado en su desconocimiento viene a suponer combatir el fallo por entender que los hechos no están probados, por no ser consecuencia de una actividad probatoria mínima y suficiente, razonablemente de cargo y revestida con todas las garantías constitucionales y procesales que la legitimen (STS de 12-2-92 ); o como ha declarado el TC (Sª 44/89, de 20 de febrero) "por faltar una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, practicada en el juicio para hacer posible la contradicción y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales". De modo que una vez acreditada la existencia de tal probanza, su valoración es ya competencia del Tribunal sentenciador (STS de 21-6-98 ), conforme al art. 741 de la LECr ., no correspondiendo al Tribunal de casación revisar la valoración efectuada en la instancia en conciencia (STC nº 126/86, de 22 de octubre y 25/03, de 10 de febrero ).

   En el caso que nos ocupa, la actividad probatoria desarrollada ha sido suficiente, razonablemente de cargo y revestida con todas las garantías constitucionales y procesales.

4. Finalmente, la invocación del principio in dubio pro reo, ha de considerarse igualmente inapropiada, ya que tiene sentado esta Sala (Cfr. SSTS de 03-10-2001, de 27-02-2004, o de 20-12-2004, nº 1543/2004, que, en la casación, solo cabe examinar la aplicación del principio in dubio pro reo cuando dentro de la sentencia impugnada se refleje alguna duda sobre la existencia de los hechos constitutivos de la infracción que se sanciona. Y es claro que el Tribunal de instancia en ningún momento manifestó tener dudas sobre la participación en los hechos del hoy recurrente, a diferencia de lo que aconteció con el coacusado, lo que le llevó, precisamente, a su absolución

   Consecuentemente, todos los aspectos del motivo han de rechazarse, y el mismo ser desestimado.

El segundo motivo plantea infracción de ley, al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 852 de la misma ley rituaria, y arts. 238.3 LOPJ y 24 de la CE.

1. Se alega que la sentencia omite pronunciarse sobre los atestados de la Guardia Civil, que incorporaron las filiaciones de las otras personas que estaban trabajando en las fincas, así como los datos de los propietarios de los vehículos que se encontraban trabajando en las parcelas, lo que es corroborado por los testigos, agentes ambientales, que comparecieron en la Vista. Esos datos desaparecieron misteriosamente, y en los autos no consta el atestado completo, con lo que se cercenó su derecho de defensa, ya que no se pudo citar como testigos a aquéllas personas. Consecuentemente, la instrucción debe declararse nula.

2. La denuncia no deja de sorprender, en primer lugar, por no tener nada que ver con el cauce casacional elegido que ha de basarse en un error fáctico en la sentencia, que ha de ser demostrado a través de una serie de documentos literosuficientes, que en su autarquía, sin complementos de clase alguna, han de evidenciar el pretendido error del Tribunal de instancia. El carácter estrictamente documental de tales elementos probatorios se admite en cuanto pueden ser analizados y evaluados en la casación, a diferencia de lo que ocurre con las pruebas de carácter personal que, sólo a través de la inmediación, pueden ser objeto de ponderación por el Tribunal a quo, conforme al art. 741 LECr .

En segundo lugar, hay que decir que, consecuentemente esta Sala tiene repetidamente señalado (Cfr. SSTS entre otras, nº 220/2000, de 17 de febrero; 1553/2000, de 10 de octubre; de 25-11-2005, nº 1423/2005) que quedan fuera de este concepto las pruebas de naturaleza personal aunque estén documentadas por escrito generalmente, tales como declaraciones de imputados o testigos, el atestado policial y acta del plenario.

En tercer lugar, la Sala de instancia no tiene por qué pronunciarse sobre el contenido del atestado, que será un elemento más en la fase de investigación, que habrá de ser desarrollado, en su caso, oportunamente. El Tribunal se habrá de pronunciar, para no incurrir en el defecto de incongruencia omisiva o de fallo corto, ex art. 851.3º LECr ., sobre las pretensiones jurídicas oportunamente formuladas por las partes.

En cuarto lugar, el examen de las actuaciones revela que en el Juzgado de Instrucción las actuaciones se iniciaron, efectivamente, con un atestado de la Guardia Civil que tuvo entrada en el Juzgado Decano de Navalcarnero en 8-3-06, que comprende los folios 1 a 20, según la foliación efectuada, que turnado al Juzgado nº 4 de la misma localidad determinó la incoación de Diligencias Previas en fecha 26-3-06 (fº 21), prosiguiendo las actuaciones hasta su conclusión tomando declaración al que aparecía en aquél primer momento como sospechoso y luego fue inculpado y acusado, asistido de letrado (fº 29 y 30), con incorporación de la documentación recabada a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, con la que se formó el segundo tomo, compuesto por 713 folios, que quedó, en todo momento a disposición de la defensa del hoy recurrente, sin que en su escrito de defensa (fº 263 y 264) solicitara otra cosa que la absolución de su patrocinado, y como pruebas las solicitadas por el Ministerio Fiscal, así como la certificación del tipo de pensión e importe mensual por incapacidad, que tuviera reconocida por el INSS. Y en la Vista del juicio oral tampoco consta que al respecto efectuara observación alguna, ni siquiera al amparo del art. 786.2 LECr ., procediendo a interrogar al acusado, a los testigos y a las peritos comparecidas, dando por reproducida la documental, y habiendo procedido a elevar sus conclusiones a definitivas. Solamente en el trámite de informes orales se aventuró a formular tal petición de nulidad (contrariando las prescripciones de los arts. 737 y 786.3º LECr ., que restringen la intervención a la valoración de la prueba y a calificación jurídica de los hechos, conforme a sus conclusiones definitivas), según expone el propio Tribunal a quo en su sentencia, rechazando tan extemporánea pretensión.

Consecuentemente, ni siquiera desde el plano de la tutela judicial efectiva, cabe apreciar que se hubiera podido producir algún género de infracción de un derecho fundamental. El motivo ha de ser desestimado.

El tercer motivo se formula por infracción de ley, al amparo del número 2º del artículo 849 y art. 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

1. Para el recurrente incurrió el Tribunal de instancia en error en la valoración de la prueba, pues imputa en exclusiva a Don Jose Ramón la extracción de todo el volumen de áridos, aunque los testigos manifestaron todos la existencia de terceras personas en las parcelas.

2. En esta ocasión igualmente se invoca un motivo casacional que en absoluto coincide con el motivo de la reclamación, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, tal como vimos con relación al motivo anterior. Solo por ello, el motivo debiera ser desestimado.

Y a la misma conclusión hay que llegar si se reconduce la cuestión hacia la falta de prueba, determinante del no desvirtuamiento de la presunción de inocencia.

En efecto, la amplia prueba practicada en el procedimiento acredita que el responsable de la extracción de áridos y de todas las consecuencias negativas para el medioambiente asociadas, es el acusado. La personas que hayan podido intervenir en la extracción, movimiento o transporte de tierras lo han hecho por cuenta y bajo mandato del Sr. Jose Ramón .

La Sala de instancia, señala -con razón, dado el contenido del acta de la Vista- que la versión, en esta línea, dada por el propio acusado durante la instrucción, se ve corroborada por otras pruebas practicadas en el juicio oral. Así, el testimonio del Guardia Civil NUM014 constituyó prueba de que el acusado se identificó como responsable de la actividad desarrollada en las parcelas, de que dijo que estaba haciendo una explanación para poner unas huertas y estaba sacando áridos, y de que en ningún momento dijo que estuviera allí de encargado por otra persona ni en representación de nadie.

El testimonio del Guardia Civil NUM015 acreditó que el acusado se presentaba en todo momento como el responsable de la explotación y de la extracción de áridos, sin que les remitiera a ninguna otra persona como responsable de tal actividad.

El testimonio del Agente Forestal, Pedro Enrique, constituyó prueba de que el acusado le manifestó que estaba haciendo una explanación para instalar un invernadero, de que le dijo que era el responsable de la extracción de áridos y de que no les remitió a ninguna otra persona como titular de dicha actividad.

El testimonio del Agente Forestal, Andrés, acreditó que el acusado se hizo responsable de la extracción de áridos y de que siempre trataron con él.

El testimonio del Agente Forestal, Balbino, acreditó que el acusado se identificó como el dueño de la finca.

El testimonio del Agente Ambiental, Ceferino, constituyó prueba de que el acusado se identificó como el propietario y responsable de la actividad y de que las personas que estaban trabajando identificaron al acusado como propietario del terreno y éste asumió la titularidad del mismo.

El testimonio del Agente Ambiental, Diego, manifestó que el acusado dijo que era el propietario del terreno y de la actividad y que en su terreno hacía lo que quería, así como que siempre asumió su responsabilidad por la actividad desplegada en el lugar.

El testimonio del Agente Ambiental, Asunción, constituyó prueba de que el acusado se identificó como el propietario, de que nunca les remitió a otra persona, de que las personas que estaban trabajando en el lugar le llamaban a él para que se entendiera con los agentes y de que el acusado dijo que tenía que hacer pagos y por eso tenía que seguir ingresando. Y el testimonio del Agente Ambiental, Carmen, acreditó que el acusado siempre firmó las actas como propietario o, al menos, como el que explotaba las parcelas, diciendo siempre que eran suyas y que iba a hacer con ellas lo que le interesara.

Asimismo, el expediente administrativo que obra en el tomo de documentos constituye, también, prueba de que el acusado era la persona que estaba realizando las labores de extracción de áridos; siendo de destacar, a los efectos que ahora interesan, el escrito dirigido por el acusado a la Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental (fº 125 y ss.), en el que el acusado dice que el uso de las parcelas es agrícola y que desarrolla actividades para la preparación del terreno para su cultivo y para la construcción de invernaderos, reconociendo que ha tenido que remover tierras para tal finalidad. Debiéndose tener, también, en cuenta el escrito dirigido por el acusado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (fº 231 y ss. del Procedimiento Abreviado), en el que el acusado reconoce que los terrenos pertenecen a su familia y que él es el que explota agrícolamente dichos terrenos.

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta la versión absurda que mantuvo el acusado en el juicio oral para pretender justificar que estuviera en el lugar cuando realizaron las inspecciones los agentes; consistiendo tal versión en que no tenía donde vivir y una persona le permitió vivir en las fincas para vigilarlas; persona a la que identifica simplemente como Don Ángel, sin más datos que pudieran llevar a su identificación y localización; y que le dijeron que cogiera los "papeles" y firmara lo que fuera, y que así lo hizo. Evidentemente, tal versión no resulta creíble.

Por todo ello, se considera absolutamente probado que las labores de extracción de áridos, con los efectos que dichas labores tuvieron sobre el terreno, fueron llevadas a cabo por orden y para el lucro del acusado.

Por lo expuesto el motivo se desestima.

Desestimado el recurso ha de imponerse sus costas al recurrente, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 901 de la LECr .

3. FALLO DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por

infracción de ley y de precepto constitucional interpuesto por el acusado D. Jose Ramón, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 30 de marzo de 2009, en el Rollo de Sala 36/08 . Y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Comuníquese esta resolución a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos con devolución de la causa en su día remitida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Juan Saavedra Ruiz D. Jose Ramon Soriano Soriano D. Francisco Monterde Ferrer D. Alberto Jorge Barreiro D. Joaquin Delgado Garcia

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Francisco Monterde Ferrer, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.