STS, 17 de Diciembre de 2009

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) dictó sentencia estimando el recurso. Notificada a las partes, por la representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, Por el Cabildo Insular de Lanzarote se presentó escrito preparando recurso de casación, los cuales fueron tenidos por preparados en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de Junio de 2006 ; al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, los recurrentes comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formularon los escritos de interposición del recurso de casación, en los cuales, tras exponer los motivos de impugnación que consideraron oportunos, solicitaron se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se desestimara el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil "Urena Mountain S.A."

Los recursos de casación fueron admitidos por providencia de fecha 17 de Abril de 2007, en la cual se ordenó también entregar copia de los escritos de formalización de los recursos a la parte comparecida como recurrida (la mercantil "Urena Mountain S.A.") a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse a los recursos, lo que hizo en escrito presentado en fecha 5 de Noviembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia inadmitiendo o declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a las partes contrarias.

Por providencia, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 15 de

Diciembre de 2009, en que tuvo lugar.

En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil,

Se impugna en este recurso de casación nº 4370/06 la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria (Sección 2ª) dictó en fecha 12 de Mayo de 2006, y en su recurso contencioso administrativo nº 1091/00, por medio de la cual se estimó el interpuesto por "Urena Mountain S.A.", y se anuló el Decreto impugnado 95/2000, de 22 de Mayo, del Gobierno de Canarias, (B.O. de Canarias nº 66, de 29 de Mayo de 2000 ), que aprobó definitivamente la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, en adelante (PIOL).

La entidad "Urena Mountain S.A." impugnó esa Revisión Parcial del PIOL con base en ocho argumentos, que se referían a la infracción de los artículos 14 y 9.3 de la C.E ., al carecer el Plan por completo de justificación, y del contenido medioambiental impuesto por el artículo 7 de la Ley autonómica 12/94, incumpliendo también lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento 35/95 ; a la arbitrariedad del Plan, que no tiene en cuenta las grandes diferencias entre las distintas zonas turísticas; a la inexistencia de documento técnico alguno que justifique la decisión que se adopta; a la falta de justificación en la Revisión de las determinaciones que adopta; a la arbitrariedad en el recorte de la edificabilidad; al desconocimiento por la revisión de los puntos de partida sobre los que actúa; al incumplimiento de la normativa turística y a la ausencia de previsiones indemnizatorias.

La Sala de Las Palmas de Gran Canaria estimó el recurso contencioso administrativo y anuló la Revisión Parcial del PIOL que se impugna. Lo hizo con base en el argumento, de que dicha Revisión carecía de Estudio Económico Financiero, (en adelante EEF) tal como la propia Sala había razonado con anterioridad en su sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo 1110/00, la cual, a su vez, se remitía a la anterior de 25 de Febrero de 1998, recurso contencioso administrativo 310/98, referente al Plan Insular del año 1991.

Como exponemos, la Sala de instancia fundó la estimación del recurso contencioso administrativo y la anulación de la Revisión del PIOL en la falta de Estudio Económico Financiero, que quedó razonada así literalmente:

"Esta Sala ya se pronunció sobre la Revisión Parcial que es objeto del presente recurso en sentencia dictada en el RCA nº 1110/2000, en la que dijimos, que ".. la medida del alcance o importancia de la precisión económica en el Estudio Económico Financiero en relación al Plan Insular de Lanzarote viene dada por la propia doctrina del Tribunal Supremo que se pronunció en relación al Plan de 1991 que pretendía llevar a cabo una drástica reducción del aprovechamiento urbanístico ya patrimonializado careciendo de previsiones indemnizatorias. La sentencia de esta Sala nº 310/1998, de 25 de febrero de 1998, dictada en recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 63/1991. de 9 de abril (LCAN 1991,155 ) del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, que aprobó definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, declara la nulidad de los artículos 4.1.2.2.A.2.C y

4.1.3.6 en cuanto modifican la edificabilidad, número de plantas y programación prevista para el Plan Especial del Centro de Interés Turístico Nacional de Montaña Roja. Dicha sentencia fue confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2002 (RJ 2002. 9961 ).

La Revisión Parcial contenía una Addenda al Documento Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero de 1991, documento 7, sin embargo, el Gobierno de Canarias antes de su aprobación definitiva interesó que se suprimiera toda indemnización a su cargo y que se estableciese, ad cautelam, una previsión económica abstracta por las posibles responsabilidades administrativas.

En palabras del Cabildo el documento se retocó La consecuencia es que, de acuerdo con la Jurisprudencia citada, procede anular los artículos 2.4.1.1., 3.3.1.4, 3..3.2.5, 4.1.2.2 y 4.1.3.6., en cuanto modifican la edificabilidad, número de plazas y programación prevista para el Centro de Interés Turístico Nacional Montaña Roja, y tampoco en esta ocasión contiene previsión indemnizatoria alguna, y los artículos

6.1.2.1.A.3 y 6.1.2.1.A.5 en cuento imponen la obligación del Club Lanzarote S.A: de adaptar el Plan Especial del Centro de Interés Turístico Nacional Montaña Roja".-TERCERO.- Por tanto, partiendo de la necesidad de Estudio Económico Financiero, como documento esencial de la Revisión de los Planes Insulares, el tema se reconduce a si existe dicha documentación.-En el documento nº 7 de los que integran la Revisión, denominado "Addenda al Documento Programa de Actuación por alteraciones del planeamiento derivadas de la presente reforma/revisión del PIO", se lee literalmente: " El documento del Plan de 1991 Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero no se modifica en la presente reforma, no obstante se ha considerado conveniente introducir una valoración de eventuales indemnizaciones por alteraciones de planeamientos en términos de coste a efectos de fijar una previsión y asignación de la misma a las Administraciones territoriales que formulan aprueban la presente reforma del PIOT".-Es decir, el Estudio Económico Financiero que se presenta con la Revisión es el mismo documento del Plan de 1991, si bien, en el curso de la tramitación, se le añade una llamada "Addenda" al documento programa de Actuación y Estudio Económico Financiero del PIOT de 1991 introduciendo previsiones indemnizatorias por alteraciones de planeamiento en términos de coste a efectos de fijar una previsión y asignación de la misma a las Administraciones territoriales que formulan y aprueban la reforma.

Por tanto, la consecuencia es que la revisión del Plan Insular no tiene un Estudio Económico Financiero propio, limitándose a dar por reproducido el del propio PIOT que se revisa ( Decreto 63/1991 ). Es mas, expresamente en el documento cinco se destaca que la revisión no reforma ni revisa el Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero.-CUARTO.- El "quid" de la cuestión es si la llamada Addenda (documento 7) subsana este defecto sustancial y la respuesta forzosamente ha de ser negativa:

En la sentencia dictada en el RCA nº 1111/00 y 112/ 00 examinamos las vicisitudes del documento siete durante la tramitación de la Revisión, entre los que deben destacarse:

1. En un primer informe de 24 de abril de 2000, el Jefe del Servicio Jurídico de Ordenación Urbanística proponía el informe favorable a la revisión del PIO condicionado a la supresión del documento nº siete, salvo criterio jurídico en contrario. Y en sus consideraciones jurídicas precisa que "no parece adecuado desde un punto de vista estrictamente t técnico que la previsión de una responsabilidad patrimonial sea aceptada por la Comunidad Autónoma sin previo pronunciamiento firme de los Tribunales para cada supuesto, ni previsión presupuestaria al respecto, por lo que se considera, salvo mejor criterio del correspondiente dictamen jurídico, que no debiera integrarse este apartado en el documento aprobado definitivamente".-2.- El posterior informe jurídico de 27 de abril, respecto a la Addenda señala que en cuanto a la responsabilidad patrimonial " se asigna el coste de las eventuales indemnizaciones al Cabildo de Lanzarote y a la Comunidad Autónoma de Canarias por lo que se propone "determinar si la Administración autonómica compromete responsabilidad patrimonial, en su caso, distinta de la solidaria con el Cabildo de Lanzarote".-3.- La Ponencia de la COTMAC de 28 de abril de 2000, decidió informar favorablemente el PIOL con las precisiones realizadas por el Director General, en las que apuntaba "parece factible que se prevea cautelarrmente un régimen indemnizatorio en abstracto".

5. - La COTMAC en sesión de 4 de mayo de 2000, acordó informar la Revisión del Plan Insular de Lanzarote formulada por el Cabildo Insular, si bien estimando precisa la supresión del documento número 7 de previsiones indemnizatorias, siendo el tenor literal del acuerdo el siguiente:

   "Primero. Informar favorablemente la aprobación definitiva parcial de la Revisión del Plan Insular de Ordenación de la Isla de Lanzarote, consistente, básicamente, en reducir el número de plazas alojativas turísticas y en modificar la programación de estas, ralentizando su ejecución, debiendo corregirse con carácter previo a la aprobación definitiva las siguientes cuestiones:

1. Debe suprimirse toda previsión indemnizatoria a cargo del Gobierno de Canarias ( documentos V y VII del Plan), estableciendo, ad cautelam, una previsión económica abstracta por las posibles responsabilidades administrativas derivadas de la presente revisión del Plan Insular.

2. Debe justificarse la diferencia detectada entre el número de licencias urbanísticas municipales estimadas y las autorizaciones sectoriales turísticas emitidas con carácter previo a aquellas en virtud de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 7/1995 .

3. Deben corregirse las deficiencias sustantivas y formales señaladas en el apartado 4.3.4 del informe.

Comunicar al Cabildo Insular de Lanzarote la obligación legal de adaptar el Planeamiento Insular a lo dispuesto en la Ley 12/1984, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, que, en su Disposición Transitoria Primera incorpora, como contenido de los Planes Insulares, el propio de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, así como en contenido establecido en la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias . Dicha adaptación legal deberá producirse en el plazo de un año..

El presente acuerdo, en unión del expediente administrativo y documentos técnicos anejos, se elevará al Consejo de Gobierno de Canarias para que, en ejercicio de sus competencias, resuelva definitivamente.

El presente acuerdo será debidamente notificado al Cabildo Insular de Lanzarote".-5.- El 11 de mayo y 16 de mayo de 2000 se emiten nuevos informes del Jefe de Servicio de Ordenación Urbanística en los que señala que se presenta un nuevo documento número Siete denominado "Addenda al documento Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero del PIO de 1991 introduciendo ad cautelam previsiones indemnizatorias por alteraciones de planeamiento derivadas de la reforma/revisión del PIO".-6.- Finalmente, el Decreto 95/00, de 22 de mayo, incluye en su artículo 1.1.1.6 d) 2, entre la Documentación del Plan Insular, el Estudio Económico " con el contenido de evaluación económica y de asignación de inversiones Sus especificaciones se entienden como meramente estimativas en lo que respecta a las previsiones de inversión pública o privada y a la evaluación de costes".-En otros procesos, el Cabildo opuso que el denominado documento siete no fue suprimido sino retocado y que de hecho presentó una Addenda al documento Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero del PIOT de 1991, introduciendo ad cautelam previsiones indemnizatorias genéricas por alteración de planeamiento derivadas de la Revisión del Plan Insular, remitiéndose al Sr Secretario de la COTMAC con fecha 8 de mayo de 200, registrado bajo el número 4409 de registro General de salida.-Sin embargo, esta Sala consideró que, al no aportarse el documento retocado con el expediente administrativo, ni en el proceso, la aprobación definitiva del Plan Insular por Decreto 95/ 00 lo fue de acuerdo con el informe de la COTMAC que no preveía el retoque del documento sino su supresión, con inclusión de una cláusula "ad cautelam" que es la prevista en el artículo 1.1.1.6 d) 2 del Decreto 95/2000, conforme a la cual, se incluye entre la documentación del Plan Insular, el Estudio Económico " con el contenido de evaluación económica y de asignación de inversiones. Sus especificaciones se entienden como meramente estimativas en lo que respecta a las previsiones de inversión pública o privada y a al evaluación de costes".-Puede concluirse, por tanto, que en el Decreto aprobado no se contienen esas bases en tanto económica que no puede considerarse base alguna, y que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo antes examinada, tampoco incluye una previsión mínima de las fuentes de financiación que quedarán afectas a la ejecución del Plan, ni cantidad alguna, en abstracto o en concreto, de ingresos y gastos de dicha ejecución de acuerdo con una previsión lógica y ponderada que garantice la real posibilidad de su realización.-En este sentido, el propio alcance de la revisión, en cuanto reduce la oferta turística exclusivamente a la hotelera, reduce la creación de plazas turísticas, afecta a licencias ya concedidas ( incluso en las mismas palabras de la COTMAC, ralentiza la ejecución de nuevas plazas), demuestra, inequívocamente, que se producen importantes consecuencias de naturaleza económica que afectan a terceros.-Precisamente, el artículo 6.1.3.1.B) 5 del Decreto 63/91, establecía que " El Plan Insular podrá ser revisado o modificado en todo momento. En todo caso, su programa de actuación deberá se revisado cada cuatro años (1994, 1996, y año 2002) y siempre que el Cabildo Insular lo estime conveniente por considerar que el desarrollo insular lo así exige. Las modificaciones y sobre todo las revisiones constituyen momentos especialmente adecuados para adoptar cuantas medidas requiera el desarrollo insular, tanto si se trata de cambios básicos del Plan, como si dichas variaciones se originan para incidir con mas firmeza en cualquiera de sus determinaciones actuales".-Y esas nuevas medidas, o ese cambio sustancial característico de la Revisión, hacía necesario el Estudio Económico Financiero propio, con inclusión de unas mínimas bases económicas que no existen, por lo que el recurso contencioso- administrativo, en cuanto pide la nulidad del Plan Insular por este motivo, debe ser estimado, tal y como ya hicimos en los RCA nº 1111/01, 1112/01 y 1115/01.- CUARTO.- Contra esa sentencia han formulado recurso de casación la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, (que esgrime un motivo de impugnación) y el Cabildo Insular de Tenerife (que expone cinco).

La parte aquí recurrida opone al recurso de casación interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias tres causas de inadmisión, ninguna de las cuales puede prosperar. Y así:

1. - La sentencia que se impugna ni cita Derecho Autonómico ni cita Derecho estatal, y, por lo tanto, no puede decirse cuáles son los preceptos que han sido relevantes para el fallo. Este Tribunal Supremo puede sin duda hacer aplicación de Derecho autonómico si la Sala de instancia no lo ha aplicado expresamente. (Artículo 86.4 y 89.2 de la Ley Jurisdiccional 29/98 ).

2. - En su escrito de preparación y en el de interposición se citan los preceptos que regulan la naturaleza y alcance del Estudio Económico Financiero, que era la materia sobre la que trataba el discurso de la Sala de instancia; la relevancia que dichos preceptos tuvieron en la decisión de ésta la ignora la parte aquí recurrente y la ignora esta Sala del Tribunal Supremo, dado que la sentencia que se impugna carece de toda cita legal o reglamentaria, lo que no deja de constituir una seria anomalía, no denunciada por nadie en casación.

3. - Finalmente, la Administración de la Comunidad Autonóma de Canarias cita en su motivo de casación, (que encierra dos submotivos) los preceptos que cree infringidos y lo hace de forma razonada y clara, y ello es suficiente para la admisión del recurso de casación. Otra cosa es que, como veremos, los motivos hayan de fracasar en cuanto al fondo.

Tal como hemos hecho en nuestra reciente sentencia de 4 de Diciembre de 2009 (casación 6301/06 ) para el estudio de esos motivos conviene comenzar exponiendo unas ideas generales sobre la necesidad de que los Planes Urbanísticos contengan el documento llamado "Estudio Económico Financiero", sobre la necesidad de que los Planes Insulares cuenten también con ese documento, y, finalmente, sobre si lo tiene o no el que aquí se impugna.

Cuando esta Sala ha afirmado que la importancia del llamado "Estudio Económico Financiero" ha sido devaluada por la jurisprudencia (v.g. sentencias de 11 de Marzo de 1999, 31 de Mayo de 2001 y 13 de Noviembre de 2003, por todas) lo ha dicho en el sentido de que para su validez no es necesario que consten en él las cantidades precisas y concretas cuya inversión sea necesaria para la realización de las previsiones del Plan, (detalle que es propio de los concretos proyectos en que aquéllas se plasmen); sino que lo que se quiere decir es que, a fin de que los Planes no nazcan en el puro vacío, la vocación de realización y de real materialización que estos tienen debe venir apoyada en previsiones generales y en la constatación de que existen fuentes de financiación con que poderse llevar el Plan a la realidad.

Desde este punto de vista, no ha existido ninguna jurisprudencia que haya devaluado la importancia del Estudio Económico Financiero, entre otras cosas porque el ordenamiento jurídico urbanístico no lo permite. En efecto, la exigencia de Estudio Económico Financiero es general en las leyes urbanísticas, que lo imponen en los Planes más importantes y en los más modestos. Así, el artículo 12.4 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico 2159/78, de 23 de Junio, exige que la documentación de los Planes Directores Territoriales contenga unas bases de carácter técnico y económico, que forman los Programas de Actuación; el artículo 37.5 exige el Estudio Económico Financiero entre la documentación de los Planes Generales; el artículo 57.6 lo impone para los Planes Parciales; el artículo 77-2 -g) lo requiere para los Planes Especiales; el artículo 74.1 .f) lo establece para los Programas de Actuación Urbanística; únicamente los artículos 95 a 97 del citado Reglamento guardan silencio sobre esta exigencia para las Normas Subsidiarias, que ha sido llenado en sentido positivo por nuestra jurisprudencia (STS de 21 de Enero de 1992, 31 de Mayo de 2001 y 30 de Octubre de 2009 ).

Con esta batería de previsiones del ordenamiento urbanístico, no es extraño que la jurisprudencia haya requerido, entre la documentación de los Planes, la necesaria previsión del capital exigido por las realizaciones en él previstas y la de sus fuentes de financiación, y que haya concluido que su ausencia vicia el Plan, al convertirlo en mera figura decorativa, fuente de inseguridad jurídica y de desprestigio normativo.

Los Planes Insulares de Ordenación no se sustraen a esa exigencia. La impone el artículo 6.4 de la Ley Autonómica 1/87, de 13 de Marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenación, al exigir, entre la documentación que le es propia los "Programas de actuación para el desarrollo del Plan con las correspondientes bases de carácter técnico y económico ", bases que, a falta de mayor precisión legal, habrán de especificar, al menos, los gastos que conlleven las previsiones del Plan y las fuentes de financiación.

Dada la vocación de efectividad que tienen los Planes urbanísticos, nada permite concluir que el requisito de expresión y constancia de los costes económicos que su ejecución conlleva y la de sus fuentes de financiación, sea distinta en los Planes Directores que en el resto de las figuras de planeamiento. Y ese es, sin duda, el contenido de las " bases de carácter económico " que como hemos dicho se citan en el artículo 6.4 de la Ley Autonómica 1/1987, de 13 de Marzo y en el artículo 12.4 del Reglamento de Planeamiento 21591978, de 23 de Junio .

Respecto del contenido del Estudio Económico Financiero (o de las " bases de carácter económico ") el artículo 42 del Reglamento de Planeamiento (referente a los Planes Generales) alude sólo a la evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, incluidos en los programas cuatrimestrales, y no incluye, por lo tanto, la evaluación económica de las indemnizaciones que exija la ejecución del Plan, lo que ha llevado a la jurisprudencia de esta Sala (v.g. STS de 22 de Septiembre de 1997 ---apelación 7002/90--- y de 4 de Mayo de 19999 ---casación 3151/94---) a afirmar que no es necesario que el EEF incluya " las indemnizaciones que la aprobación del Plan puede generar a favor de persona determinada ". Sin embargo, esa jurisprudencia se refiere a Planes cuya ejecución exige indemnizaciones singulares (" a favor de persona determinada ", dice la segunda de las sentencias citadas) pero no a Planes cuya finalidad primera es precisamente limitar el aprovechamiento de planes con obras de urbanización ejecutadas o en ejecución, e incluso limitar el aprovechamiento adquirido en licencias ya otorgadas; en estos casos no se trata de que la ejecución del Plan exija meras indemnizaciones (v.g. por vinculaciones singulares) sino de que la misma finalidad del Plan exige limitaciones generalizadas de aprovechamientos patrimonializados, que han de ser compensados con las correspondientes indemnizaciones.

El PIOL impugnado, en efecto, reduce la oferta turística a la hotelera, revisa la distribución parcial de las eficabilidades previstas en los Planes Parciales, modifica la programación de plazas turísticas, que también limita, declara incompatibles con la nueva ordenación las licencias ya otorgadas y que excedan de las asignadas en el Plan Insular y prohibe el otorgamiento de nuevas licencias que excedan del 25% de la capacidad alojativa.

Todos estos no son efectos colaterales del Plan Insular, sino que constituyen la finalidad misma que el planificador pretende, y se trata por lo tanto de conceptos indemnizables ínsitos en el Plan, cuya evaluación económica y fuentes de financiación deben especificarse en el EEF, si no se quiere hacer del Plan un puro dibujo o una privación ilegal y generalizada de derechos adquiridos.

El Plan Insular de Ordenación aquí impugnado carece del documento llamado Estudio Económico Financiero, o "Bases de carácter económico".

Así lo ha dado como probado la Sala de instancia en el cuarto fundamento de Derecho de la sentencia impugnada, donde, a propósito del denominado documento nº 7, y después de estudiar los informes del Sr. Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística de 24 de Abril de 2002, 11 de Mayo y 16 de Mayo de 2000, el jurídico de 27 de Abril de 2000 respecto a la Addenda y el de la Ponencia de la Comisión de 28 de Abril de 2000, llega a la conclusión, clara y rotunda, extraída de las sentencia dictadas en los recursos 1111/00 y 1112/00 de que "la aprobación realizada por el Decreto 95/00 lo fue de acuerdo con el informe de la COTMAC, que no preveía el retoque del documento sino la supresión ...".

En consecuencia, es un hecho declarado probado que el documento llamado Addenda fue suprimido, y que el Plan se aprobó sin él.

Como veremos después, al responder a uno de los concretos motivos de impugnación, este hecho no puede ser discutido en casación.

Con lo dicho están respondidos y rechazados la mayor parte de los motivos de casación esgrimidos por las dos partes aquí recurrentes, si bien precisaremos algunas ideas respecto de sus argumentos concretos.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias expone un motivo de casación, subdividido en dos, ninguno de los cuales puede prosperar. A) Por lo que llevamos dicho, ni la sentencia impugnada ha infringido los artículos 47.1, en relación con el 12.1.e) y 12-3-e) del T.R.L .S. de 1976, en lo referente a la obligatoriedad del EEF, ni tampoco el artículo 41-1 de la Ley del Suelo 6/98 y 37 del Reglamento de Planeamiento, en lo referente a las indemnizaciones por alteración del planeamiento. Sobre lo primero, nos remitimos a lo dicho más arriba. Sobre lo segundo conviene precisar que la Sala de instancia no ha reconocido derecho a idemnización alguna, sino que se ha limitado a anular el Plan por falta de EEF en el que debieron constar las bases de carácter económico sobre las indemnizaciones que la ejecución del Plan exige (y que son inherentes a las propias determinaciones de éste, por ejemplo, en los casos de licencias ya otorgadas, según el artículo 42 de la Ley 6/98 o en los casos de alteración del planeamiento, según su artículo 41 ).

2. Por lo demás, la sentencia impugnada no infringe lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Julio de 2002, la cual se refería a otro PIOL anterior (el de 1991) y no argumentó nada sobre el EEF.

El Cabildo Insular de Lanzarote esgrime cinco motivos de casación, que estudiamos no por el orden en el que se exponen sino en el que exige la lógica del razonamiento jurídico.

1. - En el primero alega, por el cauce del artículo 88-1-c) de la Ley Jurisdiccional, la infracción de sus artículos 61.5 y 33.2, por aplicación indebida del principio de unidad de doctrina, al partir la Sala en su decisión de una identidad de situación con las anteriores sentencia dictadas en los recursos 1111 y 1112 y 1115/00, en realidad inexistente, y de una prueba pericial que no ha sido objeto de contradicción, al haberse practicado en otro proceso.

   Este motivo debe ser rechazado.

   La Sala transcribe los argumentos de otras sentencias referidas también al PIOL del año 2000, y, por lo tanto, atinentes al mismo supuesto.

   La mera cita de un informe pericial sobre la diferencia de valor entre las plazas turísticas y las residenciales, carece de importancia para juzgar acerca de las consecuencias económicas del PIOL impugnado, algunas de las cuales (v.g. las referidas a licencias ya otorgadas) no necesitan para ser afirmadas de prueba pericial alguna, (aunque quizá sí para su concreta cuantificación).

   Con otro ropaje, en el motivo quinto se alegan los mismos argumentos, que han de ser rechazados por idénticas razones.

2. - En cuarto lugar, se alega la infracción de los artículos 319 y 317 de la LEC, 1218 del CC. y 46 de la Ley 30/92, todo ello como consecuencia de haber concluido la Sala de instancia que el llamado documento nº 7 había sido suprimido en la aprobación definitiva, lo que en su opinión no es cierto.

   Se trata, como se ve, de discutir la valoración que de la prueba ha hecho la Sala de instancia, cosa que no cabe en la vía casacional, como no sea que la valoración sea irrazonable, ilógica o contradictoria o que infrinja las normas sobre eficacia tasada de ciertos medios probatorios. Pero este no es el caso, porque, según vimos más arriba, la Sala llega a la conclusión de que ese documento no fue retocado, sino suprimido, y lo afirma después de examinar con lógica y detenimiento lo que dicen varios informes; razón por la cual no es conceptual ni procesalmente lícito que esta parte recurrente haga supuesto de la cuestión y afirme ahora que esos mismos documentos dicen otra cosa.

3. - En el motivo segundo se alega la infracción de los artículos 12.3.e) del TRLS de 1976, 375 y 42 del Reglamento de Planeamiento y 2.2 y 41 de la Ley 6/98, sobre naturaleza y alcance del EEF y sobre la innecesariedad de que éste prevea indemnizaciones por alteración del planeamiento.

   Se trata de un motivo que debe ser desestimado por las mismas razones que tenemos expuestas en los fundamentos de Derecho quinto, sexto y séptimo.

4. - En el motivo tercero se alega la infracción de los artículos 46 a 50 del T.R.L . S. de 9 de Abril de 1976, que reconocen a la Administración un " ius variandi " urbanístico.

   El motivo debe ser rechazado.

   Ni la Sala de instancia ni este Tribunal Supremo han negado a la Administración sus competencias para modificar el originario PIOL de 1991 a fin de subvenir a las necesidades de racionalidad urbanística, medioambiental y económica en la oferta turística de la Isla. Es seguro que los designios de la Administración de la Comunidad Autónoma y del Cabildo Insular están dirigidos a lograr el desarrollo más armónico y razonable para Lanzarote; no hay el más mínimo dato para dudar de la legítima finalidad de la actuación de las Administraciones canarias. Pero las competencias han de ser ejercidas de la forma en que el ordenamiento urbanístico prescribe, y en el presente caso, la ausencia del EEF ha viciado el Plan Insular de Ordenación, haciéndolo disconforme a Derecho.

Procede, por todo ello, declarar no haber lugar a los recursos de casación, con condena a las dos partes aquí recurrentes en las costas del mismo (artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional ), si bien, a la vista de las actuaciones procesales, esta condena queda limitada, en lo referente a la minuta del Sr. Letrado de la parte recurrida, a la cantidad máxima de 8.000'00 euros (ocho mil), respondiendo por mitad e iguales partes cada una de las dos entidades recurrentes en casación (artículo 139.3 ).

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.