STS, 18 de Abril de 1984

Al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciamos como primer motivo del recurso, la infracción por violación de los preceptos legales contenidos en los artículos mil noventa y uno, mil doscientos cincuenta y cinco y ciento cincuenta y tres del Código Civil . Conforme a la modalidad de pago por la que optó el recurrente mi representado como contraprestación por la cesión de bienes operada, el cesionario recurrido venía obligado por pacto expreso según resulta de la cláusula segunda apartado A) de la escritura de cesión transcribimos literalmente a abonarle la cantidad de doce mil pesetas anuales sufragándole además todos los gastos relativos a médicos, medicinas, hospitales y cualesquiera otros de esta índole que fuera preciso hacer, viviendo independiente y sufragándose él todos los demás gastos alimenticios. La fórmula como se ve es amplia, omnicomprensiva y abierta acogiendo bajo sus líneas esquemáticas una precisa y bien determinada serie de prestaciones que ampara bajo su cobertura sin ninguna condición o cláusula modal que limite o restrinja su contenido. Y se pacta estipulación tercera de la escritura calendada un pacto conmisorio expreso por lo que se prevé que la transmisión que se realiza, queda sujeta a la condición resolutoria de que el cesionario don Gregorio , cumpla la obligación alimentaria contraída. Todos estos pactos, tienenfuerza de Ley entre las partes contratantes, y son perfectamente válidos y eficaces en derecho, conforme al principio de la autonomía de la voluntad que consagra el artículo mil doscientos cincuenta y cinco del Código Civil en cuanto dispone que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las Leyes, a la moral o al orden público, en relación al artículo noventa y uno de dicho cuerpo legal cuando establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley éntre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Y es precisamente el contenido del contrato al que hay que estar para determinarlos derechos y obligaciones de las partes, donde debemos encontrar la fuente misma de la obligación cuyo incumplimiento se denuncia, pues aunque en materia de alimentos todos los preceptos contenidos en el título VI, libro I del Código Civil son aplicables a los demás casos en que por este Código, por testamento o por pacto, se tenga derecho a ellos, esto no será siempre salvo lo pactado, lo ordenado por el testador o lo dispuesto por la Ley para el caso especial de que se trata, tal como preceptúa el artículo ciento cincuenta y tres del Código Civil.

Al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciamos como segundo motivo del recurso la infracción por violación del precepto legal contenido en el artículo mil doscientos ochenta y cuatro del Código Civil y la doctrina legal reiterada por la Sala a quien tenemos el honor de dirigirnos, contenida en sentencia de dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y uno, veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta y uno, dos de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, veintidós de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho y trece de junio de mil novecientos sesenta y cuatro , entre otras. El artículo mil doscientos ochenta y cuatro del Código Civil , establece que si alguna cláusula de los contratos admitiere diverso sentido, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Interpretando este artículo, la sentencia de dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y uno confirmada por las de veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta y uno y dos de febrero de mil novecientos cincuenta y dos. La sentencia recurrida razona en su segundo considerando que a la vista del contrato de siete de marzo de mil novecientos setenta y dos y concretamente de la estipulación segunda, habiendo optado el cedente por la modalidad pactada bajo la letra A) de percibir doce mil pesetas anuales, gastos médico-farmacéuticos, incluido el internamiento en establecimientos hospitalarios, a su cumplimiento queda sometido el obligado a prestarlos, con la única limitación de no estimarse comprendidas entre estas prestaciones aquellas de tal naturaleza que resulten desorbitadas o pudieran atenderse de otro modo, igualmente efectivo pero más racional y menos gravoso, incluyendo en este concepto, lo que puede recibir de la Seguridad Social. Por aplicación de esta doctrina resulta inmediatamente claro, meridiano y transparente a una sencilla reflexión, que si mi representado como trabajador autónomo del campo contaba ya al contratar, como reconoce y pondera la sentencia recurrida, con las prestaciones médico- hospitalarias amparadas bajo la cobertura de la Seguridad Social, y no obstante ello, establece como contraprestación por la cesión de bienes operada, el pago de médicos, medicinas y hospitales y cualesquiera otros de esta índole que fuere preciso hacer es porque sin duda, despropósitos aparte, quería mejorar lo que ya tenía, pues en otro caso no tendría sentido establecer como contraprestación o pago por la cesión de bienes operada, algo que ya tenía asegurado dentro de su patrimonio, sin necesidad de ceder ni transmitir nada, y de lo que por tanto no necesitaba.

Al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciamos como tercer motivo del recurso, la infracción por violación de los preceptos legales contenidos en el artículo mil cuatrocientos cuarenta y cinco y mil cuatrocientos cuarenta y siete del Código Civil , en relación a los mil doscientos setenta y tres y mil doscientos sesenta y uno número segundo de dicho cuerpo legal, que denunciamos como infringidos. En la praxis las analogías existentes entre el contrato de cesión de bienes y el de compraventa, resultan evidentes, hasta el punto de que podemos equiparar ambas figuras, al menos en la que se refiere a los preceptos generales que los regulan y capacidad de los otorgantes. Es más, de compraventa podríamos calificar el contrato de cesión, en el que el cedente (vendedor) se obliga a entregar unos bienes al cesionario (comprador), en donde el precio que se estipula en vez de ser en dinero, se hace consistir en la prestación o pago de unos servicios. No cabe olvidar la fuerza expansiva de la normativa civil de la compraventa, cuya aplicación analógica se justifica teniendo en cuenta que su extensa regulación atribuye en cierto modo a este contrato como dicen los anotadores el carácter de un modelo o esquema típico para todos los contratos onerosos de finalidad lucrativa. Así se justifica la reiterada jurisprudencia que asimila por ejemplo para ciertos efectos, la dacción en pago a la compraventa ( Sentencias del Tribunal Supremo de once de mayo de mil novecientos doce, nueve de enero de mil novecientos quince, nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, siete de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, trece de marzo de mil novecientos cincuenta y tres y ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y seis).

Al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciamos por último como cuarto motivo del recurso, la infracción por violación del precepto legal contenido en el artículo mil doscientos ochenta y nueve párrafo segundo del Código Civil . La sentencia recurrida en el primer Considerando, tras analizar la naturaleza jurídica del contrato litigioso quecalifica de autónomo, innominado, atípico, bilateral, conmutativo, oneroso y calificados de un modo especial por su ingrediente aleatorio, regido por las cláusulas y condiciones que se incorporan al mismo, sienta la doctrina de que en consecuencia de ello, cualquier circunstancia que haga para el cesionario más oneroso el contenido y cumplimiento de sus obligaciones, no puede conducir a una moderación de las contraídas, pues de entenderse así perdería su esencia aleatoria, al quedar condicionado el contenido del alias a la valoración subjetiva del obligado, quien incomprensiblemente a través de tal moderación, lo que haría es dejar sin contenido el contrato. Y sentado lo que antecede, en el segundo Considerando, tras afirmar que el cesionario queda sometido al cumplimiento de las prestaciones contenidas en la estipulación segunda de la escritura de cesión, establece como única limitación la de no entenderse incluidas aquellas prestaciones de tal naturaleza que resultan desorbitadas o pudieran atenderse de otro modo, más racional y menos gravoso, entendiendo (Considerando cuarto) que existían medios, al menos en parte de atenuar, paliar o disminuir en alto grado el gasto que se discute.

RESULTANDO que el Procurador don Ignacio Corujo Pita, compareció como recurrido en nombre de don Gregorio ; admitido el recurso e instruidas las partes se declararon conclusos los autos.

Visto siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Rafael Casares Córdoba.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que existente entre los litigantes un contrato que la Sala de instancia reputa, sin discusión, aleatorio y atípico, regido, básicamente, por las estipulaciones consignadas en escritura pública, suscrita por los interesados el siete de marzo de mil novecientos setenta y dos y discutido, a efectos de la resolución del vínculo contractual, postulada en la demanda, el alcance que deba darse a la estipulación segunda, del mismo por virtud de la cual el demandado, se comprometió, como contraprestación de la transmisión de bienes hecha, a su favor, por el demandante, a prestar, a éste, junto a la, ciertamente, exigua suma de doce mil pesetas anuales, alimentos con alcance que, dentro de los límites de los artículos ciento cuarenta y dos -y siguientes del Código Civil , expresamente invocados en el contrato, consistían, según el apartado A) de aquella estipulación, en dicha entrega, al alimentista, de doce mil pesetas anuales y a sufragar, además, "todos los gastos relativos a medicinas, médicos, hospitales y cualquier otros gastos de esta índole que fuera preciso hacer», la consideración, resaltada de consenso por las sentencias de instancia, de que, la relativa indeterminación implicada en la expresión "que fuera preciso hacen> no puede comprender aquellos gastos que, teniendo, desde luego, su causa en enfermedad, resulten desorbitados en relación con la situación económica de las partes contratantes o hubiesen podido ser atendidas de otro modo más racional y menos gravoso para el obligado a soportarlos, al par que de manera igualmente efectiva y satisfactoria para el beneficiario de ellos (tan razonable y acomodada a lo pactado como ajustada a los límites convenidos) es la consecuencia, deducida por el juzgador de instancia, de no hallarse en el supuesto que el vínculo obligacional cubre, los gastos totales devengados por el internamiento del actor, en la clínica San Rafael de Oviedo, para ser sometido a un tratamiento que, según el resultado de la prueba practicada, que, el Juez "a quo» recoge en un considerando, aceptado por la Sala de apelación, además de no ser preciso ni imprescindible pudo ser, prestado, gratuitamente por la Seguridad Social, en cuyo régimen figura, como pensionista, el demandante.

CONSIDERANDO que a partir de la exposición y razonamiento que se hace en el considerando precedente, la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia de Oviedo de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y uno , rechaza la pretensión resolutoria del contrato de que se ha hecho mención, formulada por el demandante, el cual impugna en el recurso aquella decisión a través de cuatro motivos de casación, en los cuales, bajo el amparo, siempre del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracción por la Sala, en concepto, en todos los casos, de violación (inaplicación), de los artículos mil noventa y uno, mil doscientos cincuenta y cinco y ciento cincuenta y tres del Código Civil en el primer motivo, del artículo mil doscientos ochenta y cuatro del mismo Cuerpo legal y doctrina interpretadora en el segundo de ellos, de los artículos mil cuatrocientos cuarenta y cinco y mil cuatrocientos cuarenta y siete en relación con los mil doscientos setenta y tres y mil doscientos sesenta y uno del propio Ordenamiento en el tercero de los motivos articulados acusándose, por último, en el cuarto motivo la inaplicación, también, del párrafo segundo del artículo mil doscientos ochenta y nueve del repetido Código Civil .

CONSIDERANDO que el primer motivo del recurso está llamado a perecer, una vez que al pacto comisorio contenido en la estipulación tercera el contrato, por el que se prevé que la transmisión de bienes llevada a cabo quedaba sujeta a la condición resolutoria de que el cesionario demandado cumpliese la obligación alimentaria contraída, no puede entrar en juego después de la afirmación hecha por la sentencia impugnada, "a la vista de la prueba apreciada en su conjunto», de que no existe el incumplimiento del que la postulación resolutoria parte y en la que, en este trámite, se insiste, por el recurrente, con cita de lanormativa que consagra la obligatoriedad de lo convenido ya que, aquella afirmación es consecuencia de un criterio interpretativo de las probanzas hechas, que no ha sido discutido, ni objetado de improcedente erróneo o ilógico, en la vía procedente ni por tanto cabe sustituir las conclusiones a que llega por la opinión contraria del recurrente que mantiene las propias haciendo supuesto de la cuestión controvertida-la de si hubo o no cumplimiento por el demandado del deber de satisfacer, con los términos pactados, los gastos sanitariales causados en la ocasión discutida por el demandante- lo cual es inadmisible en casación.

CONSIDERANDO que el mismo inestimable destino alcanza al segundo motivo de casación, con su consiguiente decaimiento, ya que, denunciada en él la inaplicación, por el juzgador, del artículo mil doscientos ochenta y cuatro del Código Civil , tal inaplicación, entendido en el sentido que en el desarrollo del motivo se acentúa, de que, lo resuelto en la sentencia impugnada, hace ilusorio el contenido del contrato suscrito del lado de los derechos del actor en lo tocante, al menos, a la asistencia médica y hospitalaria puesto que ésta resulta, en el decir del recurrente, amparadas siempre por la Seguridad Social en la que el demandante está integrado como pensionista, es inaceptable porque lo es el razonamiento así formulado si se hace notar que, de una parte, es notorio, que no todas las necesidades médicas y de asistencia hospitalaria y farmacéutica y "demás gastos de esta índole» están y, sobre todo, estaban en el momento del contrato cubiertas por el régimen especial agrario de la Seguridad Social, al que el demandante pertenecía y de otra que, la asistencia no supone obstáculo alguno a la utilización futura por el interesado de servicios sanitarios y asistenciales privados, aunque, paralelamente, estén prestados por la Seguridad Social, ya que lo que el Tribunal de instancia decide, negativamente, es el tema de la pretensión, actuada en el caso concreto, de que se declare, como gastos, el contrato suscrito por los litigantes, que el demandante tiene derecho, como contraprestación a la transmisión que del dominio de determinados inmuebles hizo al demandado, al abono por éste, ilimitadamente, de cualquier gasto médico u hospitalario y muy especialmente farmacéutico, hecho por aquél, ya que la expresión que, referida a tales gastos, los concreta a los que "sea preciso hacer» y las limitaciones contenidas en la correcta aplicación de los artículos ciento cuarenta y dos y siguientes del Código -singularmente los del artículo ciento cuarenta y seis - a los que, expresamente, se sometieron los contratantes, vedan la utilización, desorbitada, de los derechos concedidos tal como el reclamado abono de los gastos de estancia y medicación en la Clínica San Rafael de Oviedo desde el cinco de agosto al dos de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, en la que se alojó el actor aquejado de una dolencia que, por el resultado total de la prueba efectuada, apreciada, sin discusión, por la Sala pudo ser atendida de modo "igualmente efectivo y satisfactorio pero más racional y menos gravoso» por los correspondientes servicios de la Seguridad Social a cuya utilización el demandante tenía derecho, según conclusión de la sentencia impugnada que para nada afecta a la pretendida inaplicabilidad del artículo mil doscientos ochenta y cuatro del Código Civil que el motivo denuncia porque, como se ha dicho, la declaración del juzgador no significa la inefectividad de los derechos del actor, sino la consagración de que éstos se actúen en el caso concreto enjuiciado civiliter y de conformidad y con los límites contractual y legalmente preestablecidos.

CONSIDERANDO que el tercero de los motivos de casación, en el que se acusa, a la Sala sentenciadora, de omitir en el caso de autos los preceptos de los artículos mil cuatrocientos cuarenta y cinco y mil cuatrocientos cuarenta y siete del Código en relación con los mil doscientos setenta y tres y mil doscientos sesenta y uno del mismo , claudica igualmente ya que en él se pretende aplicar al contrato discutido, atípico, como se ha dicho, la normativa que define, precisamente, el de compraventa -eludiendo las matizaciones obligadas por las sustanciales diferencias existentes entre ambos-, para denunciar, seguidamente, la inaplicación, por la sentencia combatida, al de autos, del precepto que exige, en el de compraventa, la certidumbre del precio, trasladando, así, este requisito en todo su rigor, al conjunto de obligaciones de tracto sucesivo, asumidas por el demandado como contrapartida de la transmisión de bienes operada a su favor, los cuales deberán figurar, además, determinados en las estipulaciones suscritas aunque, dado su carácter de obligaciones de tracto sucesivo, haya podido surgir alguna duda interpretativa acerca del alcance de lo pactado en un concreto caso, circunstancia tan alejada de la incertidumbre de la contraprestación, como inaceptable es la tesis que, en el propio motivo, se desarrolla, con cita de los artículos mil doscientos sesenta y uno y mil doscientos setenta y tres del Código Civil de que el, tan repetido, contrato de siete de marzo de mil novecientos setenta y dos está falto de objeto, confundiendo este requisito de todo contrato, con la precisa determinación y cuantificación económica a que el mismo alcanza y olvidando que también los servicios no contrarios a las leyes pueden constituir objeto del contrato ( artículo mil doscientos setenta y uno del Código Civil ) todo lo cual hace rechazable el motivo en estudio en el que además se plantean cuestiones enteramente nuevas y, en cuanto tales, inaccesibles a la casación.

CONSIDERANDO que en el mismo caso de improsperabilidad el cuarto y último motivo del recurso que denuncia la inaplicación, por la Sala de instancia, del párrafo segundo del artículo mil doscientos ochenta y nueve del Código Civil , precepto que contempla la imposibilidad de resolver las dudas recayentes en el objeto principal del contrato y cuya aplicabilidad, al caso enjuiciado, se postula, por el recurrente,intentando confundir un simple problema de límite de las obligaciones asumidas por una de las partes con aquella imposibilidad de determinar cuál fue la intención de éstas, la cual en el caso concreto no ofrece la insoluble oscuridad que se pretende como ha puesto de manifiesto la sentencia combatida y la del Juzgado, dando razonable solución al tema litigioso con base en la propia terminología usada por los contratantes para manifestar su voluntad.

CONSIDERANDO que los razonamientos precedentes conducen a la desestimación del recurso con los efectos en cuanto a costas previstas en el artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

que debemos declarar y declaramos no haber lugar la recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por don Jose Manuel , contra la sentencia que en quince de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo ; condenamos a dicho recurrente al pago de las costas y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA,- pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Manuel González Alegre.- Rafael Casares Córdoba.- Cecilio Serena.- Mariano Fernández.-Rafael Pérez.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Rafael Casares Córdoba, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos estando celebrando audiencia pública en el día de hoy, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.-José Dancausa.- Rubricado.