STS 317/1982, 5 de Julio de 1982

Autorizado por el apartado primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; la sentencia recurrida infringe por violación el párrafo segundo del artículo 609 del Código Civil , en relación con el artículo 1.095 del mismo Cuerpo legal, que resulta también infringido por violación. De acuerdo con estos preceptos, que consagran en nuestro Derecho la teoría del título y el modo, los contratos son idóneos para la transmisión de la propiedad, pero no son suficientes; constituyen una parte -el título- que ha de ir necesariamente acompañada del modo, "mediante la tradición". La jurisprudencia es constante en la exigencia de ambos requisitos para la transmisión del dominio (así las sentencias de 4 de mayo de 1965, 11 de junio de 1958, 29 de marzo de 1965 y la de 18 de febrero de 1965 ). Los artículos 609 y 1.095 del Código Civil y la doctrina legal resultan infringidos por violación por el fallo señalado. Con base en un convenio verbal celebrado que tenía por objeto la construcción de un pozo en finca de la demandada, obligándose las partes a pagar por mitad los gastos y a repartir los productos, declara el fallo que "el pozo, así como el transformador y la maquinaria instalada, así como el camino de acceso y las conducciones de agua son de la propiedad de las sociedades conyugales formadas por los actores y los demandados, por mitad entre ambas", y condena a los demandados a que otorguen "la oportuna escritura pública de constitución de comunidad". La violación de los artículos 609 y 1.095 del Código Civil es evidente. El convenio verbal podría conducir a la declaración y condena del cumplimiento por las partes de las prestaciones convenidas y de su elevación a la escritura pública; mas por si sólo no puede ser base de una declaración de dominio, le falta la tradición o entrega de la cosa -modo- para producir tales electos.

Autorizado por el apartado primero del articulo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; la sentencia recurrida al confirmar el fallo de Primera Instancia y declarar, en consecuencia, que el pozo construido en la finca de la demandada doña Frida , sus instalaciones y conducciones y los terrenos en que están ubicados uno y otras, "son de la propiedad de las sociedades conyugales formadas por los actores y los demandados, por mitad entre ambas partes", condenando a los demandados "a otorgar la oportuna escritura pública de constitución de comunidad", infringe el artículo 348, apartado segundo, del Código Civil y la doctrina legal que, interpretando este precepto, señala los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción declarativa del dominio. Según jurisprudencia reiterada, la acción para la declaración del dominio requiere los mismos requisitos de la acción reivindicatoria, a saber: titulo de dominio, identificación de la cosa y detentación por el demandado. La acción que realmente se ejercita en este pleito es una acción personal tendente a que los demandados cumplan las obligaciones pactadas verbalmente; pero la peticiónprincipal del suplico de la demanda consiste en que se declare el derecho de propiedad de los actores, en comunidad y por mitad con los demandados, del pozo y sus instalaciones, de los terrenos de la finca y de los caminos y conducciones necesarios; en estas circunstancias se precisaba como requisito necesario el título de los actores, y el por ellos alegado -el convenio verbal- no es apto para la declaración del dominio. En efecto, para la sentencia del Juzgado el título de los actores es un contrato que por ser familiar no se formalizó, encaminado a constituir una comunidad de bienes, y la sentencia recurrida configura el titulo: "que entre las partes interesadas existió una voluntad real sociativa a la que contribuyeron con la aportación de sus respectivos medios en un 50 por 100 para obtener unos beneficios que después, en análoga proporción, debían ser repartidos". Los títulos podrían servir para el ejercicio de una acción personal, mas la declaración de dominio es una de las acciones reales que exige necesariamente en quien la ejercite un título del dominio, del que carecen los demandantes.

Autorizado por el apartado primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; la sentencia recurrida infringe por violación el artículo 1.271 del Código Civil , en relación con los artículos 1.272, 1.273 y 1.274 de dicho Cuerpo legal, que resultan infringidos por el mismo concepto de violación. Sostenemos en este motivo que el convenio verbal y "familiar" afirmado por la sentencia no es un contrato, sino un compromiso o promesa de contrato -un precontrato-, cuyo incumplimiento no puede conducir más que a la obligación indemnizatoria de los daños y perjuicios causados. La calificación de precontrato o promesa resulta de las siguientes afirmaciones que, respecto del convenio, hacen las sentencias: hace la calificación de un contrato, de un contrato preliminar, encaminado a constituir una comunidad, y esta calificación la sentencia de la Audiencia la acepta; calificado así el convenio, el problema es si este contrato preliminar "produce solamente el resarcimiento de daños y perjuicios", o si el "incumplimiento de tal promesa" autoriza la aplicación del articulo 1.098, párrafo primero, del Código Civil. En apoyo de uno u otro criterio cita la sentencia la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 9 de julio de 1940 y de 1 de julio de 1950 , respectivamente. Entendemos que por las circunstancias del presente caso la solución correcta es la primera; en efecto, la sentencia de 9 de julio de 1940 enseña que la función esencial de un pacto preliminar consiste "en ligar a las partes para la conclusión de un futuro contrato, sin posibilidad de identificación con el contrato definitivo, ni en él se engendra otra obligación que la de prestar a su tiempo el consentimiento, ni su incumplimiento puede producir otro efecto que el de un resarcimiento de perjuicios". La sentencia de 16 de abril de 1941 ratifica la doctrina de la sentencia anterior, y en similar sentido la de 11 de noviembre de 1943 . No es contraria a la tesis que mantienen estas sentencias la doctrina de las de 1 de julio de 1950 y 7 de febrero de 1966 que cita la sentencia recurrida; lo que importa a la hora de decidir sobre los efectos del pacto preliminar, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo dichas, es si tal pacto ofrece o no base suficiente para que, sin necesidad de un nuevo consentimiento, se produzcan los efectos del futuro contrato que quisieron las partes, obligándolas a ello. Si el pacto preliminar contiene todos los elementos y requisitos del contrato proyectado pueden obligarse las Cartes recíprocamente a su celebración, porque el contrato se había pactado ya mediante el consentimiento; pero si por indeterminación de la cosa o porque falten elementos o requisitos para la configuración del contrato no es suficiente el consentimiento prestado, no hay posibilidad de crear coactivamente un contrato que no había sido creado con todos sus elementos en el pacto preliminar, y esto último es cabalmente lo que ocurre en este caso; en primer lugar, la calificación contradictoria entre la sentencia del Juzgado y la de la Audiencia -constitución de comunidad para la primera o de sociedad irregular para la Audiencia- demuestra ya que el pacto preliminar no contiene los elementos necesarios para conocer, sin necesidad de un nuevo pacto, la clase de contrato; pero es que además, el objeto del futuro contrato, sea de constitución de comunidad o de sociedad irregular, no ha quedado determinado en el convenio preliminar en la forma exigida por el artículo 1.273 ; ciertamente que contiene algunos elementos determinados: el pozo y las instalaciones mecánicas y eléctricas del mismo; pero no cabe decir lo mismo de los terrenos en que el pozo, las instalaciones y caminos de acceso; en suma, si bien hay una parte en el convenio preliminar que, con referencia a la explotación del pozo, pudiera contener los elementos necesarios, hay otra parte que por referirse al derecho real de dominio, que ha quedado en la más absoluta indeterminación, y por ello requería un nuevo concierto de voluntades, que no puede ser suplido por una declaración judicial.

Autorizado por el apartado primero del articulo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; la sentencia recurrida infringe por violación el apartado segundo del artículo 1.231 del Código Civil , y los artículos 1.282, 1.283 y el apartado segundo del artículo 1.289 del mismo Cuerpo legal. Que la interpretación de los contratos no está clara porque no lo está la intención de los contratantes. Y la primera regla de interpretación, articulo 1.282 del Código Civil , no revela ningún acto de las partes que anterior, coetáneo o posterior al convenio preliminar permita afirmar que se propusieron contratar sobre la transmisión del dominio de los terrenos que la construcción del pozo pudiera, en su caso, exigir. Todos los documentos y las declaraciones testificales hacen referencia al pozo, pero en ningún caso se hizo referencia al dominio de los terrenos; y el artículo 1.283 impide la interpretación expansiva "para cosas distintas y casos diferentes"; lo mismo habría que decir sobre todas las demás reglas de interpretación de los contratos que el Código contiene; en ninguna tiene apoyatura legal la declaración que sobre transmisión del dominiohace el fallo recurrido; en estas circunstancias es de obligada aplicación lo dispuesto en el artículo 1.289 del Código Civil : "si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo (las de imposible solución) recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo".

RESULTANDO que admitido el recurso e instruidas las partes, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la Vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que según resulta de la apreciación de los hechos operada por las sentencias de instancia, las partes hoy en litigio convinieron verbalmente, en la confianza nacida de su íntimo parentesco, "concertar y unificar esfuerzos, aportar cantidades de dinero a medias y poner sus fincas a disposición de la voluntad común para realizar una perforación" en la finca de los demandados (hoy recurrentes), con el objeto de alumbrar un caudal de agua apto para su explotación y común provecho, convenio que el Juez de primer grado calificó de "comunidad de bienes" integrada por las tierras necesarias para la conducción de las aguas -de las fincas de ambas partes-, por el pozo mismo y por las instalaciones eléctricas y mecánicas que se utilizaron; si bien la Sala de instancia, aun con la aceptación de todos los Considerandos del Juzgado, añade, sin más desarrollo, que..."todos los datos hacen que se llegue a la conclusión de que, efectivamente, entre las partes interesadas existió una voluntad real asociativa a la que contribuyeron con la aportación de sus respectivos medios en un 50 por 100 para obtener unos beneficios que después, en análoga proporción, debían de ser repartidos".

CONSIDERANDO que, no obstante ello, la sentencia que se recurre, por confirmar en un todo la apelada, acepta el "suplico" principal de la demanda y condena a los demandados, en síntesis, a constituir esa comunidad en escritura pública, mediante la atribución dominical de parte de las fincas (para caminos y acueductos) a dicha comunidad formada por las partes (sendos matrimonios de los que las esposas son hermanas) e indivisión por mitad del pozo, aparatos eléctricos, maquinaria, terrenos que ocupen los caminos en una y otra finca (colindantes), así como a la constitución de las pertinentes servidumbres de acueducto, a seguir en comunidad la explotación del pozo y a rendirse mutuamente cuentas de los gastos hechos, con apercibimiento de otorgarse la escritura, de oficio, en ejecución de sentencia.

CONSIDERANDO que si bien es cierto que entre la comunidad ordinaria de bienes y las sociedades civiles irregulares pueden advertirse, y de hecho así ocurre, ciertas semejanzas, también lo es que ello obedece, más que a una real similitud, a la necesaria disposición legal (artículo 1.669 del Código Civil ), que remite la regulación interna de esas sociedades a la de la comunidad de bienes cuando las primeras carezcan de personalidad jurídica, pero sin que ello suponga necesariamente que, nacida por voluntad contractual una sociedad civil -que por falta de requisitos sea irregular- esté por ello sometida totalmente en su estructura y sobre todo en sus efectos económicos y patrimoniales al régimen ordinario de la copropiedad, sobre todo si no consta de modo claro el fundamental resultado que jurídicamente opera esa figura jurídica, es decir, el paso de la propiedad individual a la común e indivisa, según nuestro sistema jurídico, resultado que, como es sabido, mira nuestro Derecho con recelo, hasta el punto de autorizar como permanente la acción divisoria.

CONSIDERANDO que, en este sentido, por tanto, es cometido del intérprete y aplicador delimitar y fijar con claridad los hechos y las voluntades contractuales y evitar con ello la constitución de relaciones jurídicas más gravosas o más allá de lo realmente querido en atención a los intereses y situación conflictiva, y así, si se parte, como es obligado partir, de la propia situación de hecho dibujada por las sentencias de instancia, es cierto que, tal como se alega en el recurso, no es posible calificar como comunidad de bienes la relación jurídica patrimonial originada por el convenio verbal origen del pleito, que es, como la sentencia de la Audiencia añade a mayor abundamiento - bien que en contradicción con el fallo que confirma- una verdadera sociedad civil claramente definida en el artículo 1.665 del Código Civil puesto que las partes acordaron "poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias", y así se prueba y así se reconoce en las sentencias dichas, mas sin que de sus propias descripciones y fijación de hechos resulte que los contratantes tuvieran la intención, ni la expresaran, de ser su voluntad transmitir la propiedad de parte de sus fincas ni, por consiguiente, establecer una copropiedad, sino una aportación de dinero, trabajo y el uso de sus fincas respectivas, en la medida precisa, para un único fin explotar a medias el caudal obtenido de la perforación de un pozo, sito en la finca limítrofe de los demandados (hoy recurrentes).

CONSIDERANDO que, consecuentemente, es forzoso estimar en este aspecto el motivo cuarto delrecurso, en cuanto alega la violación de los artículos 1.283 y 1.282 del Código Civil , que obligan a estar a los actos de las partes e impiden declarar como voluntad contractual cosas y casos diferentes -hay que entender por no explícitos- de los realmente queridos, que es lo que, como antes se ha dicho, se ha hecho incorrectamente por el juzgador de instancia al concluir, con exceso lógico, que las partes realizaron actos de disposición o traslación del dominio de parte de sus fincas para formar una copropiedad.

CONSIDERANDO que, por otra parte, fijada la relación jurídica surgida como una sociedad civil irregular, hay que estar, congruentemente, a lo dispuesto en los artículos clasilicatorios del Código Civil (artículos 1.671 y siguientes) en relación con la naturaleza y efectos de dicho contrato asociativo, el cual, si bien como sociedad irregular sólo produce efectos entre partes, es claro que esta eficacia no puede ir más allá de la que viene marcada por la ley en atención a su especie y es esta limitación, en cuanto a la disponibilidad de los bienes, lo que en definitiva ha de provocar también la estimación del primer motivo del recurso, que acusa la violación del artículo 609, en relación con el 1.095 del Código Civil por entender, como efectivamente ocurre, que no existe en el caso título contractual suficiente para la transmisión del dominio mediante tradición eficaz, que el convenio verbal no pudo operar ni, por consiguiente, autorizar ahora a la parte a exigir una constitución de copropiedad sobre elementos o bienes inmuebles de las respectivas fincas no transmitidos mas que con los fines asociativos indicados y que sólo autoriza para el ejercicio de las pertinentes acciones personales entre los socios contratantes, tal como los actores, subsidiariamente en efecto, solicitaban, al pedir las pertinentes liquidaciones y en cierto modo la disolución de la sociedad, petición que es la que debió admitirse en correcta doctrina.

CONSIDERANDO que la acogida de los dos motivos estudiados hace innecesario el examen de los dos restantes, en definitiva formulados con la misma finalidad, y en consecuencia, procede estimar el recurso, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 1.745 de la Ley Procesal .

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por don Santiago y doña Frida , y en su consecuencia, casamos y anulamos la sentencia que, en 9 de junio de 1979, dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete ; sin hacer expresa imposición de costas; devuélvase a dicha parte recurrente el depósito constituido; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Jaime de Castro. Carlos de la Vega Benayas. Rafael Casares. José María Gómez de la Barcena. Mariano Fernández Martín Granizo. Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia, el mismo día de su fecha, por el excelentísimo señor don Carlos de la Vega Benayas, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.

Madrid, a 5 de julio de 1982. Antonio Docavo. Rubricado.