STS, 24 de Mayo de 1993

El Procurador don Manuel Fernández Alvarez, en nombre y representación de don Joaquín , doña Marí Luz , doña Concepción ; doña Lourdes ; doña Valentina , está última en su propio nombre y en representación de doña Celestina y don Juan Francisco , doña Marta , don Claudio , don Gregorio y su esposa doña Catalina , don Jose Carlos , don Luis Enrique , don Alejandro , doña Nieves , doña María Purificación , don Guillermo , don Narciso y doña Isabel , formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Mondoñedo, demanda de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, contra las empresas "Aluminio Español. S. A.", y "Alúmina Española. S. A.", sobre reclamación de cantidad como indemnización por daños y perjuicios, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se declare que los demandados o alguno de ellos vienen obligados a indemnizar a los demandantes en la condición en que actúan por daños y perjuicios ocasionados con motivo de la contaminación producida por el funcionamiento de sus fabricas de "Alúmina- Aluminio", en las fincas referidas en el hecho primero de la demanda y durante los años 80, 81 y 82 la cantidad reclamada, de las que corresponde a cada uno de tales demandantes la cifra que se especifica en igual hecho primero de la demanda e informes periciales detallados, los daños en cada predio y año en las correspondientes hojas de valoración s o subsidiariamente a indemnizar la cantidad que se estime acreditada en autos al dictarse la sentencia, condenando a tales o a tal demandado a estar y pasar por tales declaraciones y al pago de la cantidad que se acoja como indemnización de daños y perjuicios originados en tales predios del hecho primero de la demanda y anualidades expresados, con imposición de costas a los demandados.

Que admitida la demanda y emplazados los demandados, se persono en autos el Procurador Sr. Trigo Pérez en su representación, quien contesto a la demanda, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que estimando las excepciones expresadas, improcedencia de acumulación de acciones en los demandantes, incompetencia de jurisdicción, defecto legal en el modo de proponer la demanda, falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho y de acciones, caso fortuito, fuerza mayor, prescripción de la acción o acciones y cualesquiera otro motivo procedente, se desestime la demanda, absolviendo de la misma a su representada en costas.

Las partes evacuaron los traslados que para réplica y duplica les fueron conferidos, insistiendo en los hechos, fundamentos de Derecho y súplica de sus escritos de demanda y contestación. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidos a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.

El Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia dicto Sentencia en fecha 4 de septiembre de 198 , cuyo tallo es el siguiente: "Que con estimación en lo sustancial de la demanda, debo condenar y condeno a las entidades demandadas, a que indemnicen a los demandados en la cuantía a determinar por personas y fincas en ejecución de sentencia, según los datos y valoraciones que constan en el informe pericial, sin hacer especial mención en cuanto a costas."

Apelada la sentencia de primera instancia, dicto Sentencia en fecha 25 de junio de 1990 , cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de las demandadas "Aluminio Español. S. A.", y "Alumina Española, S. A." contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Mondoñedo el día 4 de septiembre de 1987 , en el proceso núm. 411/1983, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, manteniendo en sus propios términos los pronunciamientos que en su parte dispositiva se contienen, con expresa imposición de las costas procesales del recurso a la parte apelante."Sexto: El Procurador don Luis Pozas Granero, en nombre y representación de las entidades "Aluminio Español. S. A.", y "Alumina Española. S. A.", interpuso recurso de casación con apoyo en seis motivos, el tercero de los cuales le fue inadmitido por esta Sala: 1.º Se ampara en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del art. 1.968.2 del Código Civil en relación con el art. 1.969 del mismo Cuerpo legal. 2º Se ampara en el núm. 5 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del art. 1.973 del Código Civil. 4.º Se ampara en el num. 5 del art. 1.908.2, ambos del Código Civil. 5.º Se ampara en el núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, error en la apreciación de la prueba. 6 .º Se ampara en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil infracción del art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 360 de la misma Ley procesal.

Admitido el recurso y evacuado el tramite de instrucción, se señaló para la celebración de la vista, el día 5 de mayo de 1993.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Francisco Morales Morales.

Fundamentos de Derecho

Don Joaquín y diecisiete personas mas (que aparecen nominalmente relacionadas en el correspondiente "antecedente de hecho" de esta resolución) promovieron contra las entidades mercantiles "Aluminio Español, S. A.", y "Alúmina Española. S. A.", el proceso al que se refiere este recurso, en el que, ejercitando acción de responsabilidad por culpa extracontractual, basada en los daños sufridos por las respectivas fincas de su propiedad, durante los años agrícolas de 1980, 1981 y 1982, como consecuencia de las emanaciones de flúor y otros gases tóxicos, procedentes de la factoría de aluminio de las entidades demandadas, sita en San Ciprián (Lugo), postularon se condene a dichas demandas a indemnizarles en la cantidad de 5.034.615,46 ptas., "de las que corresponde (dice textualmente el petitum de la demanda) a cada uno de tales demandantes la cifra que se especifica en igual hecho primero de la demanda c informes periciales, detallados los daños en cada predio y año en las correspondientes hojas de valoración, y, o, subsidiariamente, a indemnizar la cantidad que se estime acreditada en autos al dictarse la sentencia". En dicho proceso, en grado de apelación, recayó sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña por la que, confirmando la de primer grado, condena a las entidades demandadas "a que indemnicen a los demandantes en la cuantía a determinar por personas y fincas en ejecución de sentencia, según los datos y valoraciones que constan en el informe pericial". Contra la referida sentencia de la Audiencia, las entidades demandadas "Aluminio Español, S. A.", y "Alúmina Española, S. A.", interponen el presente recurso de casación a través de seis motivos, el tercero de los cuales fué inadmitido por esta Sala, en su momento.

La sentencia recurrida, como antes había hecho la de primera instancia, desestima la excepción de prescripción de la acción que adujeron las entidades demandadas, para lo que se basa en que "la prueba testifical y documental pone de relieve que existieron múltiples reclamaciones extra-judiciales que tienen valor interrutivo de acuerdo con el art. 1.973 del Código Civil, destacando a estos electos la documental de los folios 705 a 708, la testifical al contestar a determinadas preguntas del interrogatorio de los folios 431 a 436, la documental de los folios 644 y siguientes. No hay base, pues, para la prescripción alegada" (fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida). A combatir dicho pronunciamiento desestimatorio de la referida excepción se orientan los motivos primero y segundo, con apoyo procesal, los dos en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente), por los cuales se denuncian infracciones del art. 1.968.2 en relación con el art. 1.969, ambos del Código Civil (en el primero ) y del art. 1.973 del mismo Cuerpo legal (en el segundo ). En el alegato que integra el desarrollo del primero de dichos motivos (pues en el segundo se limitan a dar por reproducido lo dicho en aquél) las entidades recurrentes, haciendo una nueva valoración de las pruebas testifical y documental, vienen a sostener que no se ha producido la interrupción (por reclamaciones extrajudiciales) de la prescripción que afirma la sentencia recurrida por lo que concluyen que debió ser estimada la referida excepción, al haberse formulado la demanda (de fecha 29 de julio de 1983) después de transcurrido un año dicen, desde la producción de los daños en las respectivas fincas de los actores, que se dicen ocurridos en los años agrícolas de 1980, 1981 y 1982. Los dos expresados motivos, cuyo examen conjunto viene determinado por ser único y el mismo el objeto impugnatorio de ambos, han de ser desestimados, por las consideraciones siguientes: a) Porque partiendo del supuesto de que es doctrina reiterada de esta Sala (Sentencias de 18 de septiembre de 1987, 14 de marzo de 1989, 25 de junio de 1990, 12 de julio de 1991, 15 de marzo de 1993 , por citar algunas de las más recientes) la de que el instituto de la prescripción ha de ser tratado con criterio restrictivo, por ser figura que no se asienta en una idea de justicia intrínseca y sí de limitación en el ejercicio de los derechos en aras del principio de seguridad jurídica, conectado a una cierta dejación o abandono de aquellos derechos por su titular, partiendo de ello, decimos, ha de tenerse en cuenta que la sentencia recurrida, tras la valoración que hace de las pruebas documental y testificalpracticadas con exuberancia en el proceso, declara probado, como anteriormente se ha dicho, que "existieron múltiples reclamaciones extrajudiciales". que produjeron la interrupción de la prescripción, cuyo hecho probado (en cuanto perteneciente al estricto ámbito de la quaestio facti) ha de ser mantenido invariable en esta vía casacional, al no haberse articulado ningún motivo adecuado para desvirtuarlo, sin que, además, sea dable que esta Sala se adentre ahora en una nueva valoración de la referida prueba, como parecen pretender las recurrentes en el desarrollo del motivo primero, toda vez que este recurso extraordinario, como tantas veces ya se ha dicho, no es una nueva instancia: b) Por otro lado, no puede olvidarse tampoco que es también consolidada doctrina de esta Sala 1ª de que cuando se trata de los daños continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción no se inicia (dies a quo) hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida (Sentencias de 12 de diciembre de 1980, 12 de febrero de 1981, 19 de septiembre de 1986, 25 de junio de 1990, 15 y 20 de marzo de 1993 . entre otras), como ocurre en el presente supuesto litigioso, en que los daños en las respectivas fincas de los actores se vinieron produciendo sucesiva e ininterrumpidamente durante los años agrícolas de 1980, 1981 y 1982, por lo que hasta la finalización del último de ellos no puede iniciarse el computo del plazo prescriptivo de un año y, siendo ello así ha de concluirse que la acción fue ejercitada antes de haber transcurrido el citado plazo.

Antes de proseguir en el examen de los restantes motivos ha de dejarse constancia de que la sentencia recurrida, en plena coincidencia con la de primer grado, declara probados los siguientes hechos: 1.º Las fábricas de "Alúmina-Aluminio", que pertenecen a las entidades demandadas, ahora recurrentes, expulsan al aire humos, gases y vapores contaminantes por su contenido en flúor y otras sustancias mezcladas, que actúan nocivamente sobre animales y cultivos del entorno. 2.º Salvo en una fase inicial, las referidas fábricas han respetado los niveles reglamentariamente establecidos en materia de contaminación atmosférica, no obstante lo cual los terrenos de los actores han sido dañados o perjudicados por la acción del fluor. 3.º No existe en la zona ningún otro foco conocido de contaminación por flúor distinto del referido complejo industrial. 4.º todos los terrenos a que se refiere la demanda están situados en la zona de influencia contaminante de las factorías.

Por el motivo cuarto (como ya se ha dicho, el tercero fue inadmitido por esta Sala, en su momento), con sede procesal en el ordinal quinto del art. 1.902 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente), las entidades recurrentes acusan a la sentencia recurrida de "infracción del art. 1.902 , en relación con el art. 1.908.2, ambos del Código Civil ", al haberles declarado responsables de los llanos objeto de litis, cuando por parte de ellas, parecen decir, no ha existido culpa o negligencia alguna en la causación de los referidos daños, al tener adoptadas en sus ladinas todas las medidas de precaución reglamentariamente exigidas, a lo que agregan, al final del desarrollo del motivo, que no aparece probada la producción de los mencionados daños. Después de hacer constar que esta ultima alegación que las recurrentes hacen a la falta de prueba de la realidad de los daños, en cuanto perteneciente al componente táctico de la responsabilidad por culpa extracontractual es impropia de un motivo por infracción de ley como el que nos ocupa, por lo que aquí no puede ser tomada en consideración, ya que las coincidentes sentencias de la instancia declaran probada la producción de los expresados daños, cuya conclusión probatoria ha de ser mantenida invariable en esta vía casacional al no haber sido desvirtuada por medio impugnatorio adecuado para ello, después de hacer, decimos, la anterior puntualización, y ateniéndonos exclusivamente a la quaestio urts planteada (supuesta infracción de los arts. 1.902 y 1.908.2 del Código Civil ), que es la única que pertenece al ámbito casacional del cauce procesal utilizado (ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en su redacción anterior a la hoy vigente), el expresado motivo ha de ser desestimado, por las consideraciones que a continuación se exponen. Aunque el caso aquí enjuiciado tiene una incardinación especifica en el num. 2. del art. 1.908 del Código Civil , al que después nos referiremos no puede desconocerse, en sede de teoría general acerca de la responsabilidad por culpa extracontractual "ex" art. 1.902 del citado Cuerpo legal, que la doctrina de esta Sala se orienta hacia un sistema que sin hacer abstracción total del factor psicológico o moral y del juicio de valor sobre la conducta del agente, acepta soluciones cuasi objetivas, demandadas por el incremento de las actividades peligrosas consiguientes al desarrollo de la técnica y el principio de ponerse a cargo de quien obtiene el provecho la indemnización del quebranto sufrido por tercero, a modo de contrapartida del lucro obtenido con la actividad peligrosa (cuius est commodum, eius est periculum; ubi emolumentum, ibi onus), y es por ello por lo que se ha ido transformando la apreciación del principio subjetivista, ora por el acogimiento de la llamada "teoría del riesgo", ora por el cauce de la inversión de la carga de la prueba, presumiendo culposa toda acción u omisión generadora de un daño indemnizable sin que sea bastante, para desvirtuarla, el cumplimiento de Reglamentos pues éstos no alteran la responsabilidad de quienes los cumplan, cuando las medidas de seguridad y garantías se muestran insuficientes en la realidad para evitar eventos lesivos (Sentencias de 16 de octubre de 1989, 8 de mayo, 8 y 26 de noviembre de 1990, 28 de mayo de 1991 , por citar algunas de las más recientes). A lo anteriormente dicho, que ya es suficiente para la desestimación del motivo con base en los hechos probados (que hemos relacionado en el fundamento jurídico anterior de esta resolución), ha de agregarse que el núm. 2.º del art. 1.908 del Código Civil , que es donde el presente casolitigioso encuentra una subsunción o incardinación específica, configura un supuesto de responsabilidad, de claro matiz objetivo, por razón del riesgo creado, al establecer que los propietarios responden de los daños causados "por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades" que es lo ocurrido en el presente caso, pues aunque cuantitativamente los humos y gases expelidos por las fábricas de las entidades recurrentes hayan respetado los niveles de contaminación reglamentariamente establecidos, lo cierto es que cualitativamente fueron nocivos y causaron daños a terceras personas totalmente ajenas a la referida explotación industrial, lo que evidencia que tales medidas fueron insuficientes para evitar los daños a terceros.

Con residencia procesal en el ordinal cuarto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente) aparece formulado el motivo quinto, por el que las recurrentes denuncian error en la apreciación de la prueba, que hacen consistir en que la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta que ellas (las entidades recurrentes) han venido adoptando las medidas o precauciones anticontaminantes reglamentariamente exigidas, remitiéndose para evidenciar ese supuesto error probatorio a los informes que va invocaron en el motivo anterior y que son los que obran a los folios 310 a 327, 338 y 339, 390 a 402 de los autos. El motivo ha de fenecer también, pues la sentencia recurrida (como antes la del Juez) no ha desconocido en momento alguno la adopción por las recurrentes de las medulas de precaución reglamentariamente exigidas, no obstante lo cual, con criterio jurídico que esta Sala comparte, declara la responsabilidad de las mismas, al haber quedado evidenciada la insuficiencia de tales medidas para evitar los daños a terceras personas totalmente ajenas a la explotación industrial de las recurrentes, como ya hemos razonado en el fundamento jurídico anterior de esta resolución.

Para poder proceder al examen del motivo sexto y último ha de recordarse (aunque ya se dijo al principio de esta resolución) lo siguiente:. 1.º Los dieciocho actores postularon, como pedimento principal de su demanda, que se condene a las entidades demandadas a indemnizarles en la cantidad total de

5.034.615,46 ptas. (a repartir entre ellos en proporción a los daños sufridos por sus respectivas fincas) y como pedimento subsidiario, que se condene a dichas entidades a indemnizarles en "la cantidad que se estime acreditada en autos al dictarse la sentencia". 2.° La sentencia recurrida (confirmatoria de la del Juez) condena a las entidades demandadas "a que indemnicen a los demandantes en la cuantía a determinar por personas y fincas en ejecución de sentencia, según los datos y valoraciones que constan en el informe pericial". Por el referido motivo sexto, con apoyo procesal en el ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente) y denunciando infracción de los arts. 359 y 360 de la citada Ley rituaria las entidades recurrentes tachan de incongruente a la sentencia recurrida, al haber dejado para la fase de ejecución de sentencia la determinación de la cuantía de los daños, cuando los actores, dicen las recurrentes, habían pedido una cantidad fija (pedimento principal) o la que estuviese acreditada en autos al dictarse la sentencia (pedimento subsidiario), no la que pudiera acreditarse en ejecución de la misma. Aunque en los supuestos en que aparece probada la certeza y realidad de los daños como ocurre en el presente caso litigioso, puede dejarse, a la talla de pruebas suficientes, la cuantificación de los mismos para la fase de ejecución de sentencia (art. 300 de la ley de enjuiciamiento Civil), no puede desconocerse, sin embargo, que en el caso concreto que nos ocupa, los actores va fijaron un límite máximo

(5.034.015,46 ptas.) a la indemnización que pedían (como pedimento principal de su demanda), por lo que si bien es procesalmente correcta, ante la falla de pruebas al respecto en el proceso, la relegación para la base de ejecución de la cuantificación de los daños, como hace la sentencia recurrida (al confirmar la de primera instancia), ello debían hacerse con la concreción de que en ningún caso podría dicha cuantificación exceder de la cantidad de 5.034.015,40ptas., que los propios actores habían señalado como pedimento principal de su demanda, en cuyo único sentido procede estimar el presente motivo aunque el cauce procesal corléelo pata su formalización no es el aquí utilizado (ordinal quinto), sino el terceto del art. 1.042 de la ley de enjuiciamiento Civil.

El acogimiento del motivo sexto en los términos que acaban de decirse, con la estimación parcial del recurso y la casación, también parcial, de la sentencia recurrida, obliga a esta Sala, conforme preceptúa el núm. 3. del art. 1.715 de la ley de enjuiciamiento Civil, a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, lo quilla de hacerse en el único sentido de completar el tallo de la sentencia recurrida con la matización de que la fijación en la se de ejecución de sentencia de la cuantía de los daños a cuyo pago se condena a las entidades demandadas en favor de los actores no podrá exceder del límite de 5.034.015,40 ptas. sin expresa imposición de las costas de ninguna de las instancias, ni de las del presente recurso; debiendo devolverse a las entidades recurrentes los depósitos que constituyeron.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que estimando en parte el presente recurso, interpuesto por el Procurador don Luis Pozas Granero, en nombre y representación de las entidades mercantiles "Aluminio Español. S. A.", y "Alumina Española. S.

A.", ha lugar a la casación, solo en parle, de la Sentencia de fecha 25 de junio de 1990, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de la Coruña en el proceso a que este recurso se refiere (Autos núm. 411/1983 del Juzgado de Primera Instancia de Mondoñedo ), cuya casación si hace en el único y exclusivo sentido de que el fallo condenatorio de la referida sentencia, que se mantiene subsistente, se completa con la matización de que la fijación, en fase de ejecución de sentencia, de la cuantía de los daños, a cuyo pago se condena a las entidades demandadas a favor de los actores, no podrá exceder del límite de

5.034.615,46 ptas. sin expresa imposición de las costas de ninguna de las instancias, ni de las de este recurso; devuélvanse a las entidades recurrentes los depósitos que constituyeron: líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertara en la COLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.-Francisco Morales Morales.-Pedro González Poveda.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.