Gabilex. Revista del gabinete jurídico de Castilla la Mancha

- Editorial:
- Gabinete juridico de la junta de comunidades de castilla la mancha
- Fecha publicación:
- 2017-01-12
- ISBN:
- 2386-8104
Número de Revista
- Núm. 27, Septiembre 2021
- Núm. 26, Junio 2021
- Núm. 25, Marzo 2021
- Núm. 24, Diciembre 2020
- Núm. 23, Septiembre 2020
- Núm. 22, Junio 2020
- Núm. 21, Marzo 2020
- Núm. 20, Diciembre 2019
- Núm. 19, Septiembre 2019
- Núm. 18, Junio 2019
- Núm. 17, Marzo 2019
- Núm. Extraordinario-II, Marzo 2019
- Núm. Extraordinario-I, Marzo 2019
- Núm. 16, Diciembre 2018
- Núm. 15, Septiembre 2018
- Núm. 14, Junio 2018
- Núm. Extraordinario-abril, Abril 2018
- Núm. 13, Marzo 2018
- Núm. 12, Diciembre 2017
- Núm. 11, Septiembre 2017
Últimos documentos
- Editorial
- Breve comentario jurisprudencial sobre el «despacho ordinario» de asuntos públicos por un gobierno en funciones
De la doctrina jurisprudencial cabe extraer que, por «despacho ordinario» de los asuntos públicos que puede acometer un Gobierno en funciones, se comprenden todos aquellos cuya resolución no implique establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno. Se trata, en todo caso, de un concepto jurídico indeterminado que ha de apreciarse –caso por caso- atendiendo a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que deba aquella producirse.
- El derecho a la indemnización del personal interino al servicio de la administracion española a la luz de la jurisprudencia del TJUE
La Directiva 1999/79/CE del Consejo tiene como objetivo mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando, a través de su cláusula 4, el respeto al principio de no discriminación del trabajador temporal respecto del fijo comparable y, estableciendo, en su cláusula 5, un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada. El personal interino al servicio de la Administración española, amparándose en esta Directiva, ha reclamado tanto el reconocimiento a una indemnización por cese al amparo de la cláusula 4 como una indemnización como sanción al abuso en la utilización de sucesivos contratos de duración determinada, basándose en las previsiones de la cláusula 5, lo que ha dado lugar a una abundante jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo hasta llegar, finalmente, a la reforma legislativa a través del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- El estado actual de los criterios de adjudicación de carácter medioambiental
Mediante la elaboración de este artículo se pretende dar una visión de la situación en la que se encuentran los Criterios Medioambientales de Adjudicación y la Contratación Pública Ecológica, tanto previamente a la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, como posteriormente tras su aplicación.
- Una propuesta de mejora para la valoración de las ofertas en el sector público. Las revisiones por pares
El artículo plantea una innovadora propuesta de valoración de la componente evaluable mediante juicios de valor en las ofertas que se licitan en el sector público. Propone la revisión por pares como método para garantizar la mayor transparencia y terminar con las malas prácticas que se producen en ocasiones creando así una alarma y desconfianza en la sociedad. Para ello, se analiza la viabilidad legislativa, técnica y operativa de la propuesta.
- Violencia psíquica en violencia de género
La lesión psíquica es un reciente concepto penológico, a pesar de que está implícita en los conceptos genéricos de daño moral, sufrimiento u otras acepciones que aparecen en el derecho comparado. No pasan inadvertidos los problemas probatorios que presenta esta clase de violencia, de ahí que se conozca también como «maltrato invisible». La agresión psíquica tiene entidad por sí misma y sus secuelas pueden ser incluso mucho más graves que las producidas por atentados meramente físicos. Entre los principales problemas que plantea la prueba de la violencia psíquica destaca la falta de formación del personal de los juzgados, la fiscalía y los abogados intervinientes. La práctica de la prueba en los procesos seguidos ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer presenta múltiples dificultades probatorias y una problemática diversa y compleja ya que, en la mayoría de los casos, se trata de delitos cometidos dentro del ámbito doméstico, en la intimidad del domicilio familiar. Se hace necesario que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuenten con Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). Lo relevante a efectos probatorios no es solo objetivar el menoscabo psíquico global de la persona, sino establecer una relación o nexo de causalidad entre las conductas lesivas y el daño.
- La contratación menor en España: su problemática regulación y una propuesta de futuro. Autor: D. Antonio Villanueva Cuevas
- Desafíos y retos de las contrataciones electrónicas en el Perú, a la luz de la experiencia española
El presente trabajo desarrolla la problemática en la que se encuentra el Perú debido a la necesidad de realizar los procedimientos de contratación pública de manera electrónica, más aún frente a la situación originada a causa de la propagación del COVID- 19 a raíz de la experiencia española y con una breve mirada a la legislación chilena sobre compras públicas. Analizando los siguientes procedimientos de selección para la adquisición de bienes y/o servicios: Licitación pública, comparación de precios, subasta inversa electrónica, concurso público, adjudicación simplificada y la contratación directa. La normativa de contratación pública en el Perú reconoce procedimientos de contratación electrónica que cada entidad pública puede realizar para atender sus requerimientos, sin embargo, muchas veces el procedimiento establecido no resulta el más idóneo. Ante ello, se propone que en el ordenamiento jurídico peruano quien debería desempeñar las funciones del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, debería ser PERÚ COMPRAS, siendo esta una central de compras públicas que tiene como objetivo optimizar las contrataciones a nivel nacional aprovechando el uso de tecnologías de la información y economía de escala. De esta manera, el área usuaria de cada entidad debe remitir sus respectivos requerimientos a la OEC (Órgano Encargado de la Contrataciones) y este coordinar las compras con PERU COMPRAS, a fin que sea este organismo público quien determine y gestione el procedimiento de selección mediante el cual se adquirirán los bienes y/o servicios contemplados en dicho requerimiento de manera electrónica.
- El complejo marco normativo de la protección de datos en las estrategias administrativas de smart mobility
La denominada movilidad inteligente (smart mobility) está llamada a revolucionar los desplazamientos por la ciudad y, por ende, a la Administración Pública. Esta nueva forma de ver y entender los movimientos urbanos apuesta por una movilidad más respetuosa con el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, utilizando las numerosas ventajas que ofrece la inteligencia artificial. No son pocos los estudios que ensalzan las bondades de estas iniciativas, sin embargo, no ocurre lo mismo con los diversos problemas jurídicos que se derivan de su despliegue, especialmente, los ocasionados en el ámbito de la protección de datos personales. Y es que las aplicaciones de movilidad inteligente precisan de un ingente volumen de información de sus usuarios para prestar sus servicios. La Administración Pública dada sus competencias en tráfico, transporte y movilidad va a jugar un importante papel en este sentido, además, de ser receptora de gran cantidad de datos de los ciudadanos. Por ello, este trabajo pretende ser una primera aproximación a la smart mobility pero desde un punto de vista en el que se repara escasamente: la salvaguarda del derecho a la protección de datos personales. Reparando, principalmente, en el marco normativo existente para desplegar las estrategias administrativas de esta nueva forma de desplazamiento.
- El tratamiento penitenciario como llave para la reeducación y reinserción social
La constitución consagra en su artículo 25 la finalidad a la que todas las penas privativas de libertad deben estar orientadas: la reeducación y la reinserción social. Es por ello que, desde la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria en el año 1979, y en sus posteriores desarrollos reglamentarios, se estableció el tratamiento penitenciario, que no es otra cosa que el conjunto de mecanismos integrados para alcanzar tal fin, aplicados al sujeto mientras cumple su pena de prisión. El tratamiento penitenciario aglutina distintos instrumentos o elementos que, por su contenido, permiten al interno adquirir las habilidades necesarias para tomar una vida alejada del delito, teniendo en cuenta en todo momento la personalidad del recluso como factor determinante para su aplicación. A su vez, fruto de la evolución científica y jurídica en la materia, se han desarrollado programas específicos de intervención que permiten un tratamiento mucho más desarrollado y específico sobre determinados tipos de sujetos. Se incluyen también en el presente trabajo, propuestas de mejora dentro de este campo y valoraciones sobre las distintas vicisitudes que se derivan de su aplicación en la actualidad.
Documentos destacados
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- El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de ...
- Contenido y novedades del reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016)
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El objeto del presente trabajo es analizar la repercusión de la Disposición Adicional de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en la doctrina jurisprudencial de reconocimiento de una indemnización adicional del 25% en los supuestos de nulidad del expediente expropiatorio...
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La temporalidad en el empleo público español es uno de sus mayores problemas, y una de sus peores consecuencias ha sido el reconocimiento judicial de la condición de empleados públicos "indefinidos no fijos". En este trabajo pretendemos cuestionar esta construcción judicial, a la vista de la propia ...
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El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud ha venido a revertir la reforma operada por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y...
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