Gabilex. Revista del gabinete jurídico de Castilla la Mancha

Editorial:
Gabinete juridico de la junta de comunidades de castilla la mancha
Fecha publicación:
2017-01-12
ISBN:
2386-8104

Número de Revista

Últimos documentos

  • La última doctrina de los tribunales jurisdiccionales y de recursos contractuales en materia de acción concertada. Extremadura y otras normativas autonómicas

    La Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, permite la gestión indirecta de servicios a las personas (sociales, sanitarios, etc.) de manera que dicha gestión indirecta no tenga que ser necesariamente a través de un contrato público. En esa senda, y con clara pretensión de huir del derecho de la contratación pública, prácticamente todas las comunidades autónomas vieron “el cielo abierto” y regularon (a través de conciertos sociales y acción concertada) la prestación de dichos servicios sociales de una forma que la jurisprudencia del TJUE (caso ASADE 1 y caso ASADE 2) ha declarado no ajustarse al derecho comunitario. Tras dicha doctrina ASADE, las más recientes resoluciones de los tribunales administrativos y jurisdiccionales españoles están anulando tanto normas reglamentarias de acción concertada, como actos administrativos de convocatoria de conciertos sociales, cuando no se ajustan a la jurisprudencia del TJUE. ¿Estamos ante una nueva “huida del derecho de la contratación pública”? Parece que sí…

  • Homeschooling y escolarización obligatoria en España

    La educación entendida como un periodo de escolarización obligatoria es un planteamiento arraigado en la sociedad y política española desde el siglo XX. El creciente interés social por la educación en casa como expresión de la libertad de educación consagrada en el artículo 27 de la Constitución Española, implica un llamamiento a tratar el tema con más profundidad. Comenzando por el análisis de la situación actual de la Ley Orgánica de Educación, la aplicación del homeschooling en el momento presente, la delimitación del derecho a la educación del artículo 27 de la Constitución Española, la visión jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el homeschooling y las propuestas de reforma, forman el contenido del presente trabajo. La escasez de estudios sobre el homeschooling desde el punto de vista jurídico dota de gran interés a este trabajo, que pretende dar respuesta a las principales preguntas que se derivan de la aplicación de la educación en casa en el sistema jurídico español

  • Análisis de criterios para garantizar la protección del usuario en espacios de la administración local

    El titular de un espacio debe garantizar la seguridad de sus usuarios (trabajadores y visitantes) para evitar cualquier accidente que pueda ocurrir debido a su mal estado o cualquier imprevisto, considerando que el titular es el responsable de la actividad que se realiza en él, no solo el propietario

  • El delito de odio analógico contra REO

    La presente contribución tiene por objeto denunciar una praxis asumida por los Tribunales españoles, que consiste en aplicar el discurso de odio del artículo 510.2 a) del Código Penal para perseguir y castigar el trato degradante contra una persona determinada. Se cuentan ya por centenares las sentencias de condena por el citado delito de odio, en su modalidad de «lesión de la dignidad por motivos discriminatorios». Esta práctica estaría vetada por el artículo 4.1 del CP que prohíbe las analogías contra reo. La razón es que el tipo básico del delito contra la integridad moral presenta problemas de seguridad jurídica y no permite subsumir con facilidad supuestos «menos graves» de trato degradante, por lo que se acude a una analogía in malam partem del artículo 510 del CP a fin de que tales conductas no queden impunes

  • Editorial nº 45
  • Recesión del libro de los profesores Rodríguez-Arana Muñóz, J., y Rodríguez Martín-Retortillo, Mª C., “la dimensión temporal en los contratos públicos (sobre la duración y la prórroga en la contratación pública)”
  • El interés superior del menor en las relaciones y visitas entre hermanos: a propósito de la STS 383/2025

    El presente trabajo se centra en la postura del Tribunal Supremo, en la sentencia 383/2025, donde se discute el interés superior del menor en las relaciones entre hermanos, en este caso, entre dos hermanas, que tienen el padre en común, y la existencia o no de justa causa para impedir las relaciones personales entre ellas, teniendo en cuenta el interés en que se establezca la relación por parte de una de ellas, y al margen de la situación penal en la que se encuentra el progenitor común. Si a eso se une una situación de violencia familiar o violencia de género, el denominado interés superior de menor y las relaciones entre hermanos puede derivar en conflictos judiciales donde los hijos pueden tener unas consecuencias que no les corresponden por lo que hayan realizado sus padres. La citada sentencia manifiesta que ese interés que va más allá del interés de los progenitores, y que deben ser exonerados los hijos de cualquier tipo de culpa por lo que hayan hecho los progenitores, ya que no deben pagar “justos por pecadores”

  • Investigaciones internas en el sector público

    El objeto del presente trabajo son las actuaciones identificables como “investigaciones internas” que se desarrollan en las entidades del sector público. A dicho fin se realiza un análisis conceptual y del ámbito de aplicación de dicha expresión, con especial énfasis en su delimitación respecto de la investigación de delitos, para, seguidamente, abordar distintas regulaciones que proporcionan encaje a estas actuaciones, precisadas, por tal dispersión normativa, de una regulación unitaria o, al menos, de unos principios comunes. A esto último responde el estudio de las facultades de investigación y derechos afectados y de la eventual utilización probatoria de la información obtenida. Todo ello en el contexto de la conceptuación de las investigaciones internas como un procedimiento sui generis orientado al esclarecimiento de conductas posiblemente ilícitas con carácter preliminar al eventual procedimiento en sentido estricto (disciplinario, administrativo sancionador o penal)

  • El análisis del riesgo en la auditoría de los contratos públicos

    En este trabajo se propone una metodología de auditoría de la contratación pública basada en un enfoque de riesgo para su aplicación al control financiero permanente. Con tal fin, el estudio parte de una definición específica de riesgo en contratos públicos para ordenar sistemáticamente las principales categorías y los factores que determinarán la probabilidad y la magnitud de su impacto. A continuación, se analizan los riesgos de especial consideración: los derivados del paradigma de la ‘contratación pública estratégica’, de la salvaguarda del principio de integridad y de la consolidación de la licitación electrónica. Por último, a modo de conclusión, se plantea un conjunto de oportunidades de mejora en el control interno para alcanzar un modelo de gestión de riesgos integral y automatizado

  • Obstáculos a la transparencia y el derecho de acceso a la información pública: reflexiones desde el ordenamiento jurídico español

    El valor, la filosofía y los efectos de la transparencia del sector público, en su vertiente tanto activa como pasiva, han experimentado un auge espectacular desde una perspectiva comparada en un período de tiempo relativamente corto. Su consolidación internacional se erige sobre el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública entendido como instrumento de rendición de cuentas y de participación pública, que permite al ciudadano acceder a aquella información que le pudiera resultar de interés por afectar al interés general o al suyo particular. Su logro parte inevitablemente del conflicto y de la búsqueda de un complejo e inestable equilibrio que obliga a cada ordenamiento a articular los instrumentos, mecanismos y garantías que permitan ponderar adecuadamente las facetas y derechos en conflicto en cada caso. Queda aún, no obstante, trabajo por delante para hacer verdaderamente eficaz la reclamación articulada por el legislador frente a la resolución desfavorable a la pretensión de acceso ejercitada, así como para garantizar un seguimiento real de las obligaciones normativas alumbradas al respecto

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