STS, 6 de Julio de 2004
| Ponente | D. VICTOR ELADIO FUENTES LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:4841 |
| Número de Recurso | 4496/2003 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 6 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
D. LUIS GIL SUAREZD. VICTOR ELADIO FUENTES LOPEZD. ANTONIO MARTIN VALVERDED. JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZD. JESUS GULLON RODRIGUEZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Julio de dos mil cuatro.
Vistos los presentes autos pendientes, ante esta Sala, en virtud del recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, contra la sentencia de fecha 18 de junio de 2.003, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, en Suplicación, contra la del Juzgado de lo Social nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 16 de octubre de 2.002, en actuaciones seguidas por DOÑA María Dolores, contra la entidad ahora recurrente, sobre "despido".
Con fecha 16 de octubre de 2.002, el Juzgado de lo Social nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: FALLO "Que estimando la demanda por despido en su petición subsidiaria, interpuesta por Doña María Dolores, frente al Instituto Nacional de Estadística, vengo a declarar la improcedencia del despido y en consecuencia condeno al Instituto Nacional de Estadística a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos, para que, a su opción, readmita a la demandante en las mismas condiciones anteriores al despido, con más los salarios de tramitación desde la fecha de los despidos hasta que la readmisión tenga lugar o indemnice a la actora en la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (475,44 euros) con más los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia. La opción antes dicha deberá realizarse ante la oficina de este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación de esta sentencia".
En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 1º) La actora ha prestado servicios por cuenta y bajo la dependencia del Instituto Nacional de Estadística, con antigüedad de 15.10.01, categoría profesional de Agente Censal y salario de 33,96 euros día con inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 2º) La actora suscribió un contrato con el Instituto Nacional de Estadística de duración determinada para la realización de los Censos demográficos 2001/2002, de acuerdo con lo establecido en el art. 15, apartado primero, letra a) del ET, excluido del Convenio Colectivo Unico para la Administración del Estado, cuyo objeto era "efectuar los trabajos de preparación de material, toma de datos, su revisión y labores de apoyo en la gestión administrativa, por ser insuficiente el revisión y labores de apoyo en la gestión administrativa, por ser insuficiente el personal fijo del INE para abordarlo. 3º) Con fecha 7-2-2002 y efectos de la misma fecha se le comunicó la extinción del vínculo laboral, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 49.1.c) ET. 4º) La demandante no ostenta ni ha ostentado en el último año cargo representativo sindical, ni se encuentra afiliada a ningún sindicato. 5º) El 18.2.02 interpuso reclamación previa ante el Organismo demandado.
Con fecha 18 de junio de 2.003, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: FALLO "Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de Estadística contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo social nº 5 de los de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 16 de octubre de 2.002, confirmando íntegramente la misma".
Por la parte recurrente se interpuso recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, ante esta Sala, mediante escrito amparado en lo dispuesto en el art. 215 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, aportando como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 1 de octubre de 2.002.
Personada la parte recurrida y emitido el preceptivo informe del Ministerio Fiscal en el sentido de considerar el recurso IMPROCEDENTE, se declararon conclusos los autos y se señaló día para Votación y Fallo el 14 de junio de 2.004, quedando la Sala formada por cinco Magistrados.
El presente recurso se interpone contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de 8 de abril de 2.003, que ha confirmado en suplicación la resolución de instancia, en la que se declara improcedente el despido de la actora. La sentencia recurrida considera que el contrato por obra o servicio determinado concertado para la realización de los censos demográficos 2001/2002 no es válido, ya que no resulta probada la existencia de una obra o servicio determinado a la que pueda referirse el objeto del contrato, ni acreditada su terminación, aparte de que considera excesivamente genérica la cláusula del contrato que delimita su objeto. El recurso del Instituto Nacional de Estadística designa como sentencia contradictoria la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 1 de octubre de 2002, que ante una reclamación de otro trabajador contratado para la realización de trabajos en relación con el mencionado censo consideró legalmente correcta la modalidad contractual de obra o servicio aplicada.
Como ha señalado la Sala en sus sentencias de 11 de marzo de 2004 (recurso 3679/2003), 6 de abril de 2004 (recurso 1982/2003) y en otras posteriores, dictadas en recursos que guardan con el presente la necesaria identidad, resultan apreciables diversas causas de inadmisión, que deben llevar ahora a la desestimación del recurso. En efecto, se ha incumplido en primer lugar, la exigencia de que el escrito de preparación del recurso contenga una exposición del núcleo de la contradicción que se alega, como exige el artículo 219.2 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con una reiterada doctrina de la Sala desde los autos de 13 de noviembre de 1992 y numerosas resoluciones posteriores. La Sala ha definido este núcleo como "la determinación del sentido y objeto de la divergencia entre las resoluciones comparadas", (sentencia de 28 de noviembre de 1997, recurso 1178/1997). Esta exigencia no se cumple en el escrito de preparación del presente recurso, que, aunque cita la sentencia que se considera contradictoria con la recurrida, no identifica el núcleo básico de la contradicción, pues se limita a afirmar que "entre las sentencias contrapuestas, se aprecia la concordancia de hechos, fundamentos y pretensiones, al versar todas sobre el contrato de trabajo suscrito por el Instituto Nacional de Estadística con distintos particulares para la realización de censos" y es claro que ese escueto relato, por su falta de concreción, es por completo insuficiente para determinar el objeto y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas. Que ello es así, lo evidencia que de su sola lectura no se alcanza a comprender mínimamente ni la naturaleza del "contrato suscrito" (si es indefinido o temporal y , en este último caso, de qué clase), ni cuál ha sido el objeto concreto de la controversia (despido, reclamación de cantidad, reconocimiento de derechos, etc. ni dónde ha surgido la divergencia entre las sentencias que se consideran contradictorias.
La segunda causa de inadmisión se refiere al escrito de interposición del recurso, y, concretamente, al incumplimiento de la obligación que impone el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral de "fundamentar la infracción legal denunciada". En relación con esa exigencia, esta Sala ha establecido que el recurso de casación para la unificación de doctrina, como extraordinario que es, debe estar fundado en un motivo de infracción de ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal y en tal motivo se debe establecer y justificar la causa de impugnación de la sentencia recurrida. Esta exigencia no se confunde con la exposición de la contradicción, ni se cumple con sólo indicar los preceptos que se consideren aplicables, sino que es requisito ineludible para su correcta observancia razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia. Así se deduce no sólo del artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, en su artículo 477.1, prescribe que "el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", y que en el artículo 481.1 impone que en el escrito de interposición del recurso "se expondrán con la necesaria extensión, sus fundamentos". Pues bien, en el motivo dedicado a fundamentar la infracción legal, la parte recurrente denuncia la infracción "del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el Real Decreto 2720/98, de 18 de diciembre, tal como reiterada jurisprudencia lo viene interpretando, y con el artículo 1.255 del Código Civil". De esta forma se incurre en una deficiencia que afecta a la exacta determinación de las normas y de la jurisprudencia aplicable. En efecto, la cita del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores es insuficiente, porque, estando dicho precepto dividido en cuatro apartados, cada uno de los cuales disciplina un tipo contractual distinto, no se concreta qué apartado de ellos ha sido infringido. El Real Decreto 2.720/98 consta de diez artículos, y tampoco se nos dice a cuál de ellos se refiere la denuncia. En relación con "la jurisprudencia que lo interpreta", no se cita ni una sola sentencia de este Tribunal que apoye el reproche de infracción jurisprudencial que se formula; y, finalmente, la cita del artículo 1.255 del Código Civil, dada la generalidad de sus previsiones, se muestra totalmente insuficiente para delimitar el objeto de un debate jurídico que el recurso deja sin concretar debido a las imprecisiones que acabamos de señalar. Se trata de deficiencias, insubsanables, en la fundamentación de las infracciones legales, que constituyen otro motivo de inadmisión. Aparte de lo anterior, resulta que las afirmaciones que se realizan al exponer la relación precisa y circunstanciada de la contradicción están todas ellas encaminadas a sostener la validez de los contratos de trabajo temporales de "naturaleza o carácter eventual", expresión que se reitera hasta cuatro veces a lo largo de dicha relación, y que en el contexto de un recurso extraordinario y técnico, debe tomarse necesariamente en su valor jurídico y como alusiva al contrato regulado en los artículos 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y 3 del Real Decreto 2.720/98.
De conformidad con lo razonado y con el informe del Ministerio Fiscal, procede la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de Estadística, con imposición de costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimamos el recurso de Casación para la Unificación de doctrina interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 18 de junio 2.003, en el recurso interpuesto frente a la sentencia dictada el 16 de octubre de 2.002, por el Juzgado de lo Social nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, en autos iniciados a instancia de Doña María Dolores contra dicho recurrente, sobre despido. Con imposición de costas.
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Victor Fuentes López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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