SAN, 16 de Junio de 2003
| Ponente | BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 7ª |
| ECLI | ES:AN:2003:5677 |
| Número de Recurso | 1747/2001 |
JAIME ALBERTO SANTOS CORONADO EMMA GALCERAN SOLSONA MARIA DOLORES DE ALBA ROMERO BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
SENTENCIA
Madrid, a dieciseis de junio de dos mil tres.
Visto el presente recurso contencioso- administrativo cuyo conocimiento ha correspondido a esta
Sección Séptima de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional con el número
1747/01, e interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Julian del Olmo Pastor en
representación de D. Jose Ignacio, contra la resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central de fecha 19 de julio de 2001 en materia de recaudación. En los presentes
autos ha sido parte la Administración demandada representada por el Sr. Abogado del Estado. Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dª Begoña Fernández Dozagarat, Magistrado de esta Sección.
Por el Procurador de los Tribunales D. Julian del Olmo Pastor en representación de D. Jose Ignacio se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 19 de julio de 2001.
Por providencia de fecha de 4 de diciembre de 2001 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase los emplazamientos legales.
Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación de fecha 6 de julio de 2002 se concedió a la parte recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la demanda, que efectuó el 2 de septiembre de 2002, y por diligencia de ordenación de 6 de septiembre de 2002 se dio traslado al Sr. Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de veinte días.
Por auto de fecha 12 de noviembre de 2002 se recibió el presente recurso a prueba y una vez practicadas aquellas que se declararon pertinentes se declaró concluso el presente procedimiento.
Por auto de fecha 12 de noviembre de 2002 se fijó la cuantía del presente procedimiento en 282.085,65 euros.
La parte recurrente impugna la resolución del TEAC de 19 julio 2001 que tiene su base en los hechos siguientes: La Unidad de Recaudación Ejecutiva de la AEAT Delegación de Cáceres, en fecha 22 diciembre 1997, dictó acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria por las deudas tributarias contraídas por la entidad Hierros Hermanos Carriches SA por el Impuesto de Sociedades 1988 a 1990 e IVA 1988 a 1990, contra los administradores de dicha entidad D. Pedro Jesús y D. Jose Ignacio. Contra dicho acuerdo se interpuso reclamación económica administrativa ante el TEAR de Extremadura que resolvió el 28 julio 1999 confirmando el acuerdo de derivación. Contra dicha resolución interpusieron recurso de alzada ante el TEAC que por resolución de 19 julio 2001 estimó en parte el recurso confirmando la derivación de responsabilidad pero excluyendo la liquidación A1015180890031198 por concepto de sanción por infracción simple de 3.005'6 euros. Contra dicha resolución se interpuso por D. Jose Ignacio recurso contencioso administrativo.
La parte recurrente en su demanda esgrime como motivos de recurso: 1) Nulidad de la resolución impugnada por incongruencia y falta de motivación. 2) Nulidad de la resolución impugnada por vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones tributarias y vulneración de los criterios de graduación del art. 82 LGT. Y suplica que se dicte sentencia declarando la nulidad de la resolución del TEAC, o subsidiariamente que se declare que la resolución no es ajustada a derecho por contravención del principio de proporcionalidad y graduación de las sanciones tributarias, debiendo en todo caso fijarse las sanciones en su cuantía mínima. El Abogado del estado por su parte, solicitó la desestimación de la demanda.
La primera de las cuestiones planteadas es la nulidad del acuerdo de derivación por incongruencia y falta de motivación. Y se basa en que en el art. 89 LRJAYPAC que exige que en las resoluciones que pongan fin al procedimiento se decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, y se dice que tanto ante el TEAR como ante el TEAC se alegaron unos motivos específicos que no han sido objeto de resolución en ninguna de las instancias citadas, siendo tales motivos la vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones tributarias y de los criterios de graduación.
Dos cuestiones se alegan de un lado la falta de congruencia y de otro lado la falta de motivación.
El art. 89 LRJAE recoge un principio de congruencia que deben respetar todas las resoluciones administrativas, pero ello debe entenderse en el sentido de que toda resolución sea congruente con lo que se pide, pero no es necesario una decisión pormenorizada y detallista de todas las alegaciones o fundamentos que se esgriman por la parte, basta con que se acuerde si procede o no lo que se pide fundamentándolo y motivándolo de manera congruente. Y en este caso ese principio se respeta por el TEAC y el TEAR de Extremadura, y en concreto el TEAC en su resolución de 19 julio 2001 especifica las razones por las cuales no considera vulnerados el principio de proporcionalidad de las sanciones, aunque el resultado al que se llega no es precisamente acorde con los intereses del recurrente, pero ello no priva de motivación la resolución ni por ello es nula de pleno derecho por supuesta indefensión, indefensión que por otra parte no se produce por tratarse en este recurso contenciosos de los mismos motivos que se han desestimado ante el TEAC.
En cuanto a la motivación del acto administrativo es un requisito genérico, recogido en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (antes, en el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 ), que tiene por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto.
En este sentido, se ha venido destacando tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, la estrecha conexión entre el requisito de la motivación y el derecho defensa del obligado tributario. Pero la exigencia de motivación no se reduce a esa conexión. La obligación de motivar no está prevista sólo como garantía del derecho a la defensa de los contribuyentes, sino que tiende también a asegurar la imparcialidad de la actuación de la Administración Tributaria así como de la observancia de las reglas que disciplinan el ejercicio de las potestades que le han sido atribuidas.
La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de...
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