STS, 12 de Junio de 2006
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO |
| ECLI | ES:TS:2006:4894 |
| Número de Recurso | 2712/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
RAFAEL FERNANDEZ MONTALVOMANUEL VICENTE GARZON HERREROJUAN GONZALO MARTINEZ MICOEMILIO FRIAS PONCEMANUEL MARTIN TIMONJAIME ROUANET MOSCARDO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Junio de dos mil seis.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 2712/2001, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Fernando Rodríguez-Jurado Saro, en nombre y representación de doña María Purificación, don Matías, don Domingo, don Juan Ramón y don Santiago, contra el auto, de fecha 6 de febrero de 2001, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 2513/2000, en incidente sobre extensión subjetiva de los efectos de sentencia de fecha 30 de noviembre de 1998 , dictada por la misma Sala. Ha sido parte recurrida el Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado.
En el recurso contencioso administrativo núm. 2513/2000 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional se dictó auto, con fecha 6 de febrero de 2001 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "SE DESESTIMA la súplica formulada por el representante de la parte recurrente frente al Auto de fecha 15 de diciembre de 2000 , confirmando el mismo en todos sus extremos. No ha lugar a la imposición de costas".
Notificada dicha sentencia a las partes, por el Procurador don Fernando Rodríguez- Jurado Saro, en la representación acreditada se preparó recurso de casación y, teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.
Dicha representación procesal, por escrito presentado el 19 de abril de 2001, formaliza el recurso de casación e interesa sentencia que case y anule la resolución recurrida, dictándose otra que resuelva el debate planteado declarando extensivos a los recurrentes los efectos derivados del fallo de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 30 de noviembre de 1998, estimatoria del recurso núm. 486/96 y, en consecuencia, declare el derecho de los recurrentes a la exención del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) con respecto a las pensiones que perciben por incapacidad permanente del régimen de Clases Pasivas durante los ejercicios impositivos de 1994, 1995 y 1996, así como la devolución de las cantidades resultantes durante este período, junto con los demás pronunciamientos favorables que en Derecho procedan.
El Abogado del Estado formalizó, con fecha 30 de abril de 2003, escrito de oposición al recurso de casación interesando sentencia que declare su inadmisibilidad o, en su defecto, su desestimación, con imposición de las costas procesales a la parte recurrente.
Por providencia de 20 de enero de 2006, se señaló para votación y fallo el 6 de junio de 2006, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Presidente de Sección
Los recurrentes, funcionarios de la Administración del Estado, en situación de retiro o jubilación por incapacidad permanente y perceptores de pensiones abonadas con cargo al Régimen de Clases Pasivas solicitaron, al amparo de lo establecido en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, Ley 29/1998, de 13 de julio (LJCA/1998 ) la extensión a su favor de los efectos de la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 30 de noviembre de 1998 , estimatoria del recurso núm. 486/96, que declaró el derecho de los recurrentes en dicho proceso a obtener íntegras sus pensiones por incapacidad permanente sin descuento o retención por IRPF, así como a la devolución de las cantidades retenidas en tal concepto desde el 1 de enero de 1994.
Se sostuvo en la instancia que los recurrentes se encontraban en la misma situación jurídica que los favorecido por el referido fallo y que, con base en el mencionado artículo de la LJCA/1998 y en el 14 de la Constitución que reconoce el derecho a la igualdad, procedía la extensión de efectos solicitada.
La Sala de la Audiencia Nacional, en auto de 19 de diciembre de 2000 , desestimó la pretensión de extensión de efectos por dos razones: de una parte, porque, al tratarse de una sentencia anterior a la entrada en vigor de la LJCA/1998, no era susceptible de extender sus efectos a terceros, según el artículo 72.3 y Disposición Transitoria Segunda de la Ley ; y, de otra, porque la sentencia de 29 de mayo de 1998 de este Alto Tribunal, dictada en recurso en interés de ley y con valor vinculante, según el artículo 100 LJCA/1998 , impedía la pretendida extensión de efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.7 de la misma LJCA/1998 .
Contra dicho auto se formuló recurso de suplica que fue desestimado por la resolución de 6 de febrero de 2001, directamente impugnada en este recurso de casación, que ampliaba los argumentos ya utilizados por la Sala de la Audiencia Nacional en su anterior resolución.
En el recurso de casación se alega que aunque la sentencia, cuya extensión de efectos se solicita, es anterior a la entrada en vigor de la LJCA/1998, sin embargo adquirió firmeza con posterioridad a dicha vigencia. Y, por otra parte, que dicha sentencia no es contraria a la doctrina establecida por esta Sala, ya que ésta distingue dos períodos: desde el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1996, al darse nueva redacción al artículo 9 de la Ley 18/1991 por el artículo 62 de la Ley 21/1993, de Presupuestos Generales del Estado ; y desde el 1 de enero de 1997 en adelante, al darse nueva redacción al artículo 9 de la Ley 18/1991 por el artículo 14 de la Ley 13/1996 . Y, según los recurrentes, única y exclusivamente a este segundo período se refiere la doctrina fijada por este Tribunal.
Con carácter previo al examen de las alegaciones formuladas por la representación legal de los recurrentes, es preciso que nos pronunciemos sobre la admisibilidad procesal del recurso, a la que el Abogado del Estado se opone considerando un grave defecto que la impugnación se prepare y se formule contra el auto de desestimación del recurso de súplica, de fecha 6 de febrero de 2001 , y no contra el inicial denegatorio de la pretensión de los recurrentes, de fecha 19 de diciembre de 2000.
Ninguna trascendencia, sin embargo, puede anudarse a la referida circunstancia, pues como advierte el propio Abogado del Estado, el auto resolutorio del recurso de súplica no hace sino confirmar la primitiva resolución de la Sala de instancia, denegatoria de la pretensión formulada; y resulta indiferente que, formalmente, este recurso se dirija contra uno u otro auto o contra ambas resoluciones.
Existen, sin embargo dos objeciones a la viabilidad del recurso.
En primer lugar la carencia de cuantía suficiente para el acceso a la casación. En efecto, el artículo 86.2.b) de la Ley Jurisdiccional exceptúa del acceso a la vía casacional las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de veinticinco millones de pesetas, excepción que también resulta aplicable, según el artículo 87.1.c) de la citada Ley , a los autos susceptibles de recurso de casación, entre los que se encuentran aquéllos dictados en el incidente de ejecución de sentencia, como ha declarado reiteradamente esta Sala. Asimismo, este órgano jurisdiccional puede inadmitir el recurso de casación cuando considere que la cuantía del mismo no supera, notoriamente, el referido límite casacional. Y esto es lo que se aprecia en el presente caso en el que el importe de las retenciones correspondientes a cada recurrente en la instancia por cada uno de los ejercicios a que se refiere su pretensión (1994, 1995 y 1996) no supera la cifra de 25 millones de pesetas; habida cuenta, además, que en los casos de acumulación de pretensiones -es indiferente que se haya producido en vía administrativa o jurisdiccional- aunque la cuantía venga determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de recurrir, y cuando son varios los demandantes ha de atenderse al valor de la pretensión deducida por cada uno y no a la suma de todos (artículo 41, apartados 2 y 3, de la LRJCA ) -en este sentido ATS de 15 de abril de 2002 , entre otros muchos-.
En segundo lugar, como hemos tenido ocasión de señalar en SSTS de 27 de diciembre de 2005 y 13 de enero de 2006 , a propósito de un caso análogo al que aquí nos ocupa, para la resolución del presente recurso ha de partirse del hecho de que sólo la aplicabilidad de la L.J.C.A. 29/1998, de 13 de julio , permite la extensión subjetiva de los efectos de una sentencia, al no encontrarse prevista esta institución en la Ley de 27 de diciembre de 1956.
La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 29/1998 (Ejecución de sentencias) establece que "la ejecución de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor de esta Ley se llevará a cabo según lo dispuesto en ella. Las dictadas con anterioridad de las que no constare en autos su total ejecución se ejecutarán en lo pendiente con arreglo a la misma".
Dos son, pues, los supuestos que contempla la disposición, desde una perspectiva temporal. El primer supuesto de hecho posible es el que se contempla en la primera parte de la Disposición Transitoria en cuestión -- ejecución de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor de la Ley 29/1998 --. La ejecución de ellas se llevará a cabo según lo dispuesto en la Ley 29/1998 .
El segundo supuesto de hecho, que es el que contempla el párrafo segundo de la regla transitoria, se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley (que entró en vigor el 14 de diciembre de 1998, Auto de 3 de mayo de 1999 ). Pues bien, a las situaciones creadas bajo la Ley derogada se les aplicará la regulación anterior a la Ley 29/1998 . Sólo cuando se trate de sentencias firmes que en el momento de entrar en vigor la Ley 29/1998 estén en proceso de ejecución se aplicará la nueva regulación "en lo pendiente" de ejecución.
La sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de noviembre de 1998 , cuya extensión de efectos se solicita, ha sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 y, en consecuencia, se ejecuta con arreglo a la anterior regulación legal. Se trata de una situación creada y ejecutada en todo con arreglo al régimen jurídico anterior que no toleraba que el reconocimiento de derechos o de situaciones jurídicas que una decisión judicial hiciese en favor de los demandantes se extendiese ultra partes. No procede, pues, la extensión de efectos de la sentencia invocada.
A la misma conclusión se llega por la vía de la previsión contenida en el art. 72.3 de la L.J.C.A . ("la estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada solo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los arts. 110 y 111") o en la Disposición Transitoria Segunda, apartado primero (Los recursos contencioso-administrativos interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley -- 29/1998 -- continuarán sustanciándose conforme a las normas que regían a la fecha de su iniciación").
En el art. 72.3 se contempla una situación posterior a la entrada en vigor de la ley vigente, sin que se contenga previsión alguna respecto a las situaciones anteriores. Contrariamente, la previsión genérica de la Disposición Transitoria Segunda reconoce que la sustanciación de los recursos interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se continuará conforme a las normas precedentes, no ofreciendo duda, y a falta de una regulación más explícita, que la ejecución de sentencia forma parte del "recurso contencioso".
En cuanto al fondo del asunto, y reiterando también el razonamiento de la resolución impugnada y el precedente de nuestras recientes sentencias de 27 de diciembre de 2005 y 13 de enero de 2006 , la extensión de efectos pretendida es contraria a la sentencia de este Tribunal de 29 de mayo de 1998 , lo que imposibilita la pretensión actuada en cuanto al fondo. No es admisible, para desvirtuar este argumento, la invocación sobre la necesidad de distinguir dos períodos, ya que el supuesto allí enjuiciado excluye la distinción temporal alegada. Se trataba en la STS de 29 de mayo de 1998 de una resolución del TEAR de Madrid de 21 de noviembre de 1994 que desestima reclamación contra retenciones a cuenta del IRPF correspondientes al ejercicio 1994. No se distingue en ella por razón de la fecha de jubilación ni del ejercicio tributario como ahora pretenden los recurrentes. O, dicho en otros términos, como señala la STS de 12 de abril de 2005 , la doctrina expuesta de esta Sala debe aplicarse también a las pensiones devengadas con anterioridad a 1996, y una vez vigente la reforma operada por la Ley 21/1993 , pues lo contrario supondría invertir los parámetros de la discriminación que llevó a la declaración de nulidad del art. 9.1.c) de dicha ley , convirtiendo una desigualdad entonces desfavorable para el funcionario público en una discriminación ahora positiva, al suponer exención para cualquier tipo de pensión de invalidez ajena a los grados de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez, que son, desde la 21/1993, las categorías generadoras de exención en el caso de los perceptores no funcionarios.
De lo razonado se infiere la necesidad de desestimar el recurso de casación que decidimos, con expresa imposición de costas a los recurrentes, a tenor de lo establecido en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional . Si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que reconoce el apartado 3 del indicado precepto fija en 1.500 Euros los honorarios máximos del Letrado.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que debemos declarar, y declaramos, no haber al lugar al recurso de casación formulado por el Procurador de los Tribunales don Fernando Rodríguez-Jurado Saro, en nombre y representación de doña María Purificación, don Matías, don Domingo, don Juan Ramón y don Santiago, contra el auto, de fecha 6 de febrero de 2001, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 2513/2000 , con expresa imposición de costas a la parte recurrente, con la limitación expresada en el último de los fundamentos jurídicos.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernández Montalvo Manuel Vicente Garzón Herrero Juan Gonzalo Martínez Micó Emilio Frias Ponce Manuel Martín Timón Jaime Rouanet Moscardó PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Rafael Fernández Montalvo, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.
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