STSJ Cataluña , 26 de Abril de 2001

PonenteEDUARDO BARRACHINA JUAN
ECLIES:TSJCAT:2001:5380
Número de Recurso641/1997
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución26 de Abril de 2001
EmisorSala de lo Contencioso

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Recurso n° 641/97.

Partes: POSTUA, S.A. C/ TEARC SENTENCIA N°376 Ilmos. Sres.

PRESIDENTE D. EDUARDO BARRACHINA JUAN MAGISTRADOS Dª M LUISA PÉREZ BORRAT D. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS En la ciudad de Barcelona, a veintiséis de abril de dos mil uno. VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo n° 641 /97, interpuesto por la entidad mercantil POSTUA, S.A., representada por el Procurador D. José Joaquín Pérez Calvo y asistida por el Letrado D. Jaime Cabecerans Cabecerans, contra TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA, representado y asistido por el Abogado del Estado.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EDUARDO BARRACHINA JUAN, quien expresa el parecer de la SALA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El Procurador Sr. Pérez Calvo, actuando en nombre y representación de la parte actora, interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de 5 de diciembre de 1996, recaída en la reclamación n° 1217/93, en concepto de Impuesto de Sociedades, ejercicio 1989.

SEGUNDO

Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO

No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron, haciendo las alegaciones que estimaron de aplicación y finalmente, se señaló día y hora para votación y Fallo que ha tenido lugar el 23 de abril del año en curo.

CUARTO

En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El objeto de este proceso consiste en determinar la legalidad de la resolución administrativa procedente del TEAR y de fecha 5 de diciembre de 1.996, que desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta en materia de Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio económico de 1.989, con imposición de sanción tributaria en importe de 1.043.200 pesetas.

La parte demandante se encuentra en régimen de transparencia fiscal habiendo presentado declaración por tal ejercicio con una base imponible de 8.625.417 pesetas y la controversia gira en torno a la legalidad del contrato de 10 de diciembre de 1.987 por el cual el Sr. Jose Antonio y su esposa venden a la sociedad mercantil Postua S.A. acciones de la misma sociedad, constituyéndose en pago de las mismas por dicha entidad dos pensiones vitalicias a favor de los vendedores y se llegó a contabilizar como gasto financiero una parte de las pensiones vitalicias correspondientes a dicho ejercicio económico de 1.989, que al no considerarse como gasto financiero se incrementó la base imponible con imposición de sanción anteriormente indicada.

Respecto de la alegación de falta de motivación del acta de conformidad, en modo alguno puede prosperar, pues de un análisis pormenorizado de la misma se llega a la conclusión de que contiene todos los elementos constitutivos de la relación jurídico tributaria y que permiten la cuantificación de la base imponible, a tenor de lo que se dispone en el artículo 145 de la Ley General Tributaria, en relación con el artículo 49.2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, máxime, cuando los datos consignados fueron facilitados por la propia parte demandante que dio expresamente su conformidad al resultado y cuantificación de dicha acta.

SEGUNDO

La Sociedad actora, que tributa en régimen de transparencia fiscal, señaló en síntesis en su demanda, insistiendo en su argumentación en la vía previa administrativa:

  1. La partida atribuida a intereses de dicha renta vitalicia (5.053.000 ptas., según se señaló) es deducible en el impuesto de sociedades, dado lo que sigue:

    1. A la vista de la conceptuación civil del contrato de renta vitalicia (art. 1802 CC), la normativa del IRPF (dichos Sres tributan en tal impuesto en régimen de transparencia fiscal), determina el tratamiento de estas rentas (pensiones vitalicias) para el perceptor: rendimientos de capital mobiliario (art. 17.1 E de la Ley 44/78 de dicho impuesto, introducido por Ley 48/85, de 27- 12), de las cuales (art. 58 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 2384/81) se considera amortizable el 70% del capital en el año de su imposición (con minoraciones anuales posteriores hasta el límite del 10%), por lo que aquí tal amortización llegará a dicho 70% (imposición de 12/88), siendo el 30% restante el rendimiento del capital mobiliario imputable al ejercicio.

    2. En igual sentido, la normativa sobre activos financieros (Ley 14/85 y Real Decreto 2027/85, de 23-10) determina como tales rendimiento de capital mobiliario con rentabilidad explícita, a efectos de IRPF e Impuesto de Sociedades las contraprestaciones de todo tipo, dinerarias o en especie, satisfechas por la captación o utilización de capitales ajenos y en particular "la contraprestación obtenida, cualquiera que sea su denominación y naturaleza, por, el aplazamiento en el precio...

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