STS 96/2005, 2 de Febrero de 2005

Por infracción de ley, en su modalidad de "error facti" (art. 849-2 L.E.Cr.), el recurrente en el primer motivo protesta por no haberse incluído en hechos probados el padecimiento de una grave adicción a las drogas "duras" que eliminaban o disminuían drásticamente su inteligencia y voluntad

1. El recurrente pretende con tal modificación fáctica obtener la exección de responsabilidad penal o la atenuación por estimación de una atenuante de eximente incompleta. Los documentos que cita estan integrados

   1. por el informe de urgencias del Hospital Espíritu Santo en el que se le asiste nueve horas después de la ocurrencia de los hechos, y en el que -según el recurrente- se le apreció síndrome de abstinencia, con prescripción de tranquilizantes

   2. informe del Centro penitenciario en el que se consigna que se inició tratamiento de deshabituación con metadona el 5-5-2003 y se mantuvo hasta el 28-1-2004

   3. por último en el informe forense, realizado 16 horas, posteriores al hecho, se hace constar el consumo habitual de heroína durante un periodo de 6 años y punturas en codos. No se constata síndrome por la previa ingesta de psicotrópicos

   En definitiva, estimando que el consumo del recurrente era de 0,6 gramos diarios de heroína, debió aplicar la eximente completa, prevista en el art. 20-2 C.P., o en su defecto, la incompleta del art. 21-1º en relación al primeramente citado

2. Recordemos la doctrina de esta Sala sobre el error facti. Los requisitos exigidos para la prosperabilidad de este motivo casacional son los siguientes

   1. ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase -como las pruebas personales por más que estén documentadas-

   2. que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones

   3. que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba

   4. que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo

      También la doctrina de esta Sala (sentencia 834/96, de 11 de noviembre, entre otras muchas), admite excepcionalmente la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia impugnada en casación cuando

   1. existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario

   2. cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de insancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen

3. De acuerdo con la doctrina expuesta, existiendo contradicción en los dictámenes, por un lado los dos primeros facultativos y por otro el emitido por la médico forense, no sería posible apreciar un error facti, al precisarse de una valoración crítica judicial sobre la credibilidad de unos y otros, que compete al Tribunal conforme al art. 741 L.E.Cr. En el informe forense se habla de punturas compatibles con el consumo, pero sin signos de abstinencia ni alteraciones psicológicas. Por otro lado, el consumo a la heroína durante 6 años a razón de 0,6 gramos diarios lo consigna la forense como simple manifestación del paciente y no como una conclusión diagnóstica. Lo único que afirma la forense es que la dependencia física y psíquica a la heroína es posible, no pudiéndose pronunciar sobre su gravedad. El Tribunal acoge tal dictamen

   El recurrente, a quien compete la probanza de las posibles eximentes o atenuantes de las que quiera beneficiarse, no ha probado debidamente la influencia que su indubiatada adicción le produjo en relación a los hechos cometidos. En ningún caso se hallaba (no se ha podido acreditar) bajo el síndrome de abstinencia, como se desprende no sólo del dictamen forense sino de su comportamiento relatado por la víctima

   En definitiva no ha sido posible comprobar debidamente el impacto de su adicción en sus facultades psíquicas, así como la entidad, duración o intensidad de tal adicción a efectos de configurar una atenuante muy cualificada o una eximente

   Con los datos habidos, que el Tribunal tuvo en cuenta, cabría estimar una atenuante genérica: "haber actuado el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas e el art. 20-2 C.P." (art. 21-2 C.P.)

   Sin embargo, conforme a la doctrina jurisprudencial antes enunciada, no es posible estimar este motivo si no va a tener repercusión en el fallo. El Tribunal ha impuesto las penas mínimas que no es posible rebajar más por efecto de una atenuación genérica

   Por todo ello el motivo debe rechazarse

En el homónimo ordinal, al amparo del art. 849-1º L.E.Cr. y 5-4 L.O.P.J. alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, contemplado en el art. 24-2 C.E

1. El recurrente partiendo del principio, al que se adhiere, según el cual sólo a partir de la concurrencia en la causa de elementos probatorios de cargo, obtenidos contradictoriamente en juicio y racionalmente valorados, estima absolutamente insuficiente los que concurrieron en el hecho criminal relatado en el ap. a) del factum. Ningún reparo opone sobre los similares ocurridos al día siguiente a que hace referencia el ap. b)

   Argumenta que las declaraciones autoinculpatorias las realizó por stress, lo que resultaba compatible con el informe forense de esa fecha, habiéndose limitado, sin más, a admitir los hechos, de los que se desdijo en el plenario

   A su vez, el taxista, víctima del despojo y testigo del juicio, manifestó que no vio el arma y que en su opinión el motivo de la acción era el robo, teniendo por causa la retención del robado el facilitamiento de la huída, por lo que la privación de libertad debería subsumirse en el robo. Igualmente añade que no pudo identificar al autor del robo

2. La queja carece de fundamento para poder ser estimada

   El Tribunal dispuso de las siguientes pruebas

   1. autoinculpación realizada por el recurrente en la fase de instrucción, en el interrogatorio realizado por el juez, bajo fé de Secretario y a presencia de letrado

      En juicio se le hicieron preguntas sobre las razones del cambio de declaración, que el Tribunal, con elemental lógica, no admitió. Por mucho estress del que este afectada una persona, no se atribuye gratuitamente la comisión de unos hechos que le puedan deparar unas penas graves, si realmente no las ha cometido

   2. testimonio deJose Daniell, víctima del suceso criminal, cuyo relato sobre el desarrollo de los hechos coincidía con lo reconocido por el acusado. A tal reconocimiento se añadieron detalles complementarios de la ejecución que contribuyeron a otorgar plena credibilidad a esta primera declaración y no a su injustificada retractación en el plenario

   3. el informe de la médico forense del mismo día 25 de abril de 2003, fecha de la declaración, en el que se pone de manifiesto que no presentaba signos de síndrome de abstinencia, expresándose el interrogatorio con claridad y coherencia

3. Con todos esos datos el Tribunal, haciendo uso de la facultad exclusiva de ponderación de la fiabilidad de las pruebas, llegó al pleno convencimiento de lo ocurrido, reflejado en el factum, sin que pueda ser sustituído por una valoración parcial e interesada del recurrente

   Es cierto que el testigo no pudo reconocer al acusado, pero la confesión de éste y la coincidencia de su relato con el del acusado, apuntaban inexorablemente a su intervención en los hechos. El acusado también reconoció que portaba un arma blanca

   Por lo demás, la opinión de un testigo sobre el animus del agente (propósito defraudatorio o de privación de libertad) es irrelevante. El dolo del autor, como elemento subjetivo, asentado en lo más íntimo de su intelecto, no puede ser objeto de ataque por la vía de la presunción de inocencia, en cuanto es fruto de una inferencia del Tribunal. Cabría impugnar la ausencia o no de elementos objetivos en que apoyar tal juicio inferencial o la racionalidad o irracionalidad de las conclusiones obtenidas, tomando como base los datos o elementos probatorios existentes, pero es lo cierto que el Tribunal, como apuntamos en el epígrafe anterior, dispuso de un acervo probatorio suficiente, que fue razonablemente valorado

4. Desde otro punto de vista, quizás anclado en el cauce procesal previsto en el nº 1 del art. 849 L.E.Cr. que el recurrente también invoca, pretende incluir y consumir la detención ilegal en el robo cometido, lo que tampoco tendría posibilidades de prosperar

   El robo violento ya se había perfeccionado cuando el recurrente decidió privar de libertad al taxista. Las motivaciones que pudieran haber determinado tal decisión son secundarias, y aunque tuvieran por objeto facilitar la huída del culpable, tal aspecto debería incardinarse en el agotamiento del delito, inoperante a efectos jurídicos

   La privación de libertad ni constituía un suceso necesario en el acto depredatorio, ni fue medio indispensable para su comisión. El acto intimidatorio y la posesión del arma sí lo fueron y ya se computaron en la figura cualificada de robo violento con empleo de armas o medios peligrosos (art. 242-1º y 2º C.P.)

   Por lo expuesto, el motivo debe rechazarse

Con apoyo procesal en el art. 851-4 de la L.E.Cr. (quebrantamiento de forma) alega la equivocación del Tribunal al haber sido castigado por un delito más grave y distinto del que fue objeto de acusación

1. La cuestión es la siguiente. En conclsuiones definitivas el Mº Fiscal modificó las provisionales y con respecto a los hechos que el factum refiere en el ap. b) éste los califica presentando dos posibles alternativas

   1. como delito de coacciones del art. 172 del C.Penal, solicitando la pena de 2 años de prisión

   2. como delito de robo con violencia e intimidación, en grado de tentativa, conforme a los arts. 242-1º y 2º (por error se menciona el art. 241), todo ello en relación a los 16 y 22 del C.Penal, interesando la misma pena de 2 años

   La sentencia por tales hechos condena por un delito de detención ilegal del art. 163-1º C.P. a la pena mínima de 4 años de prisión

2. Visto el anterior planteamiento, resulta plenamente admisible la pretensión del recurrente

   El Tribunal de instancia, en la fundamentación jurídica, excluye la posibilidad de que los hechos costituyan un delito de robo al no haberse acreditado el ánimo de lucro del agente o la realización de actos de los que pudieran beneficiarse económicamente. El delito contra el patrimonio no tiene nada que ver, en el plano de la naturaleza u homegeneidad jurídica, con el delito de detención ilegal

   Siendo así, sólo queda la otra alternativa, esto es, los hechos descritos en el factum constituyen un delito de coacciones?

   El ataque a la libertad de la persona quedó plenamente acreditado y el Tribunal acude al delito de detención ilegal y no de coacciones por ser más específico y hallarse más gravemente penado. El género es la coacción y la especificidad dentro de la privación de libertad es la anulación de la capacidad deambulatoria de modo pleno, configuradora de la detención ilegal

   No acusándose por este último delito, los hechos son perfectamente subsumibles en el art. 172 C.P. (coaaciones), por concurrir todos sus elementos típicos, pues si son capaces de integrar una detención ilegal, ello es implicativo de una restricción grave de la libertad de obrar, empleando para ello medios intimidatorios eficaces

   Ahora bien, si lo que pretende el recurrente es la absolución por el quebrantamiento de forma producido, la estimación del motivo debe ser parcial, en el sentido de que la condena debe ajustarse a la calificación acusatoria, debiendo imponerse otra sanción lógicamente más benevolente, por ser los hechos susceptibles de ser calificados como delito de coacciones

   El motivo, con tal alcance, debe estimarse.

En el último de los que formaliza el recurrente, sin hacer referencia a cauce procesal que lo viabilice (debe entenderse adecuado el art. 5-4 L.O.P.J. y 852 L.E.Cr.) estima vulnerado el principio de proporcinalidad de la pena y falta de motivación de las impuestas (art. 120-3 C.P.)

El motivo es improsperable, una vez admitido parcialmente el anterior. Las penas impuestas fueron las mínimas que preveían los preceptos punitivos aplicados, por lo que huelga cualquier motivación ya que, dentro de las opciones que el juzgador posee en su función individualizadora, eligió la más favorable al recurrente. Lógicamente la estimación del motivo anterior y consiguiente condena por delito de coacciones en lugar de la impuesta por detención ilegal, determinará una reducción sensible en el cómputo del total de penas

El motivo, por su inoperancia, debe rechazarse

Las costas del recurso se declaran de oficio, conforme dispone el art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

3. FALL

Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación del acusadoJesús Ángell, por estimación parcial del Motivo Tercero, con desestimación del resto de los aducidos, y en su virtud casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Séptima, con fecha tres de febrero de dos mil cuatro, con declaración de oficio de las costas ocasionadas en su recurso

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Joaquín Delgado García José Ramón Soriano Soriano Gregorio García Anco

SEGUNDA SENTENCI

En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil cinco

En las Diligencias Previas incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Badalona con el número 1771/2003 y falladas posteriormente por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Séptima, contra el acusadoJesús Ángell, de 35 años de edad, hijo de Gasino y de María Hermosinda, natural y vecino de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta, y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia Provincial, que ha sido casada y anulada por la pronunciada por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo en el día de la fecha, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo.Sr.D.José Ramón Soriano Soriano, hace constar lo siguiente

ÚNICO.- Se admiten y dan por reproducidos los que se contienen en la sentencia revoada y anulada dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha tres de febrero de dos mil cuatro, incluso su relato de hechos probados

Los de la mencionada sentencia de instancia, salvo en aquéllo que contradigan los argumentos de este Tribunal, en los concretos extremos relacionado con el motivo que se estima

En orden a la individualización de la pena (art. 66 C.P.) figurando en el propio art. 172 unos específicos criterios a tener en cuenta, a ellos debe acudirse en primer término

Como quiera que uno de los previstos hace referencia a los medios empleados en la comisión del delito, y en nuestro caso el acusado usó de una navaja (hechos probados), es patente que esa circunstancia añadía un riesgo para la víctima con peligro de sufrir quebranto en su integridad corporal de haberse resistido a los propósitos del sujeto agente. Por tal razón, debe acudirse a la pena privativa de libertad y no a la multa, y dentro de la primera, se estima adecuado y proporcionado imponer la pena mínima de 6 meses de prisión

Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusadoJesús Ángell, por los hechos relatados en el ap. b) del factum, como autor responsable de un delito consumado de coacciones, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de 6 MESES de prisión, manteniendo todos los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Joaquín Delgado García José Ramón Soriano Soriano Gregorio García Ancos

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico