STS, 27 de Mayo de 2003
| Ponente | D. Santiago Martínez-Vares García |
| ECLI | ES:TS:2003:3579 |
| Número de Recurso | 1555/2000 |
| Procedimiento | RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO |
| Fecha de Resolución | 27 de Mayo de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Mayo de dos mil tres.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Sexta, constituida por los Excmos Sres. Magistrados anotados al margen, el recurso nº 1.555 de 2.000, interpuesto por Don Jose Enrique , representado por el Procurador Doña Esperanza Álvaro Mateo, y defendido por el Letrado Don Álvaro Marín García, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de seis de octubre de dos mil, que de acuerdo con el Consejo de Estado, resolvió estimar en parte la reclamación formulada por el recurrente por responsabilidad patrimonial del Estado, en solicitud de indemnización por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio, derivados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1.969, que determinó el cierre del puesto de control aduanero y policial de La Línea de La Concepción. Como Administración demandada ha comparecido la del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del proceso se fijó en la suma de 1.753.500 pesetas, en valor adquisitivo de junio de 1.970. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Santiago Martínez-Vares García, Magistrado de la Sala, que expresa la decisión de la misma.
En el Registro General del Tribunal Supremo se presentó el veinticuatro de noviembre de dos mil, el escrito de interposición del recurso contra la resolución mencionada, que la Sala por Diligencia de Constancia de doce de diciembre siguiente, registró con el nº 1.555 de 2.000 designando Magistrado Ponente. En esa misma fecha se dictó Providencia en la que se tuvo por personada y parte en la representación que ostentaba al Procurador Sra. Álvaro Mateo, con el que se entenderían las sucesivas actuaciones, y se dispuso requerir a la Administración demanda el envío del expediente y la práctica de los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción.
La Sala por Providencia de once de enero de dos mil uno tuvo por recibido el expediente y por personado y parte al Sr. Abogado del Estado con el que se entenderían las sucesivas actuaciones, y dispuso la entrega del expediente al Procurador Sra. Álvaro Mateo para que dedujera la demanda en el plazo de veinte días. Dentro del plazo citado se presentó el escrito correspondiente, en el que tras exponer los fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, concluyó solicitando el recibimiento del pleito a prueba y suplicando de la Sala una sentencia que anulando el Acuerdo recurrido declarase el derecho de su representado a ser indemnizado en la suma de un millón setecientas cincuenta y tres mil quinientas pesetas en valor de junio de 1.970, actualizando dicho importe mediante la aplicación del índice de precios al consumo hasta la fecha de pago de dicha suma, más el interés legal correspondiente, desde la fecha de la resolución impugnada hasta el momento del pago.
La Sala proveyó el trece de febrero de dos mil uno el traslado de la demanda con entrega del expediente al Sr. Abogado del Estado, para que la contestase en el plazo de veinte días. En dicho plazo se contestó la demanda solicitando el Sr. Abogado del Estado la parcial inadmisión del recurso si lo que pretendía era la indemnización de la parte del negocio de que era titular su madre pues sólo ella estaría legitimada para reclamar, o la desestimación del proceso que fundó en el hecho de que al ser el negocio un estudio fotográfico, productos por tanto no perecederos la cuantía del valor del negocio debía reducirse en un 75%.
Seguidamente, y por Auto de veintiocho de mayo de dos mil uno la Sala no recibió el pleito a prueba, y acordó dar traslado a la demandante para que presentase en el plazo de diez días el escrito de conclusiones sucintas. Frente a ese Auto se interpuso recurso de súplica que mediante Providencia de diecinueve de junio de dos mil uno se tuvo por presentado fuera de plazo y se acordó no tramitarlo y transcurrido el plazo concedido para conclusiones, y evacuado dicho trámite en el que ratificó sus pretensiones, se dio mediante Providencia de veintinueve del mismo mes, traslado al mismo fin al Sr. Abogado del Estado que se ratificó en lo solicitado en la contestación a la demanda.
La Sala por Providencia de dieciséis de julio de dos mil uno tuvo por evacuado el trámite de conclusiones por el Sr. Abogado del Estado, y dejó los autos pendientes para Votación y Fallo, señalándose para ese trámite la audiencia del día veinte de mayo de dos mil tres en el que efectivamente se deliberó, votó y falló.
El recurrente Don Jose Enrique acciona en el presente proceso como heredero de sus padres, Don Juan María y Doña Antonia , según acredita con el acta notarial que acompaña fechada en La Línea de la Concepción a nueve de febrero de mil novecientos noventa. Como hechos que la Sala tiene como acreditados suficientemente se establecen los siguientes: Que el Sr. Juan María cuando se produjo el 8 de junio de 1.969 el cierre de la frontera de España con Gibraltar como consecuencia de la decisión adoptada el día 6 anterior por el Consejo de Ministros, había fallecido y el negocio de fotografía que regentaba en Gibraltar desde 1.934 se explotaba por el demandante que lo había continuado si bien y por imperativo de la legislación vigente en Gibraltar aparecía como cotitular con su madre. Para el desarrollo de esa actividad el Sr. Jose Enrique se desplazaba diariamente desde La Línea de la Concepción, municipio en el que residía, hasta la plaza británica para lo que contaba con los permisos correspondientes expedidos por la autoridad española. Esa situación se mantuvo hasta el cierre de la frontera, momento en el que vio interrumpida su actividad mercantil sin poder continuar con el negocio.
Todos estos hechos están documentalmente acreditados, y así aparece en el expediente una carta fechada el 27 de julio de 1.971 en Gibraltar, y firmada por Don Mariano , de cuya lectura se desprende que visto el tiempo transcurrido desde el cierre de la frontera el propietario del local donde se asentaba el negocio se había visto obligado a desalojar el estudio y a alquilarlo después de dos años. En esa carta se dice también que los enseres se habían almacenado en determinado lugar por el que se cobraría una renta y se le pide al recurrente autorización para realizar los enseres citados mediante subasta.
Esa prueba a la que hacemos referencia, y que consta en el expediente administrativo, destruye el argumento del Sr. Abogado del Estado y del Acuerdo recurrido, de que no se ha probado por el Sr. Jose Enrique la titularidad del negocio.
La contestación a la demanda no cuestiona la realidad de la reclamación efectuada en su momento 1.970 por el Sr. Jose Enrique , y, en consecuencia, que la misma se interpuso dentro de plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial que se dedujo frente al Estado y que hoy se resuelve.
La sentencia de esta Sala y Sección de 7 de marzo de 2.000 resuelve un caso semejante al presente. En ella la Sala dijo lo que sigue: «El dubio litigioso que fluye de cuanto dejamos expuesto demanda una vez más que, en los mismos términos en que lo hacíamos en las sentencias que nos sirven de precedente, recordemos nuestra uniforme doctrina, que por su misma reiteración es ocioso citar en concreto, a cuyo tenor la responsabilidad patrimonial pretendida en el proceso exige, para su reconocimiento:
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La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas que no tengan la obligación de soportarlo.
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Que la lesión patrimonial sufrida sea consecuencia de una actuación del poder público o actividad administrativa, en desarrollo de funciones de la misma naturaleza en una relación de causa a efecto.
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Que el daño no se haya producido por fuerza mayor. Es requisito "sine qua non" la concurrencia del nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, sin interferencias extrañas que pudieran anular o descartar aquél.
Debe agregarse a lo expuesto, en contemplación del particular supuesto analizado, que el cierre del puesto de control aduanero y policial de la Línea de la Concepción se produjo en desarrollo legítimo de las funciones propias que el Gobierno tiene encomendadas, adoptando una medida de carácter discrecional que, por su propia naturaleza, no resultaba fiscalizable jurisdiccionalmente, pero ello no empece para que pueda ser reconocida la responsabilidad patrimonial cuestionada, pues precisamente el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, precedente del art. 106.2 de la Constitución, establece el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia de la adopción de medidas no fiscalizables en la vía contenciosa.
De las actuaciones obrantes en el expediente ciertamente se desprende que mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de junio de 1969, en el ejercicio de las funciones de dirección de la política exterior que tiene encomendadas, se acordó el cierre de los puestos aduanero y de policía de La Línea de la Concepción y la cuestión que hemos de abordar es la de sí los perjuicios invocados por el recurrente como consecuencia del "obligado cese del negocio" traen o no causa o derivan efectivamente de aquella medida gubernamental.
Observamos que el recurrente, residente en la Línea de la Concepción, venía regentando mediante diarios desplazamientos en la plaza de Gibraltar un negocio dedicado a la carnicería sito en el número ... del mercado público de dicha plaza; que la medida adoptada por el Gobierno español determinó la obligada ausencia de la recurrente del establecimiento donde era desarrollado el negocio que regentaba personalmente y llevó consigo la imposibilidad práctica de desarrollar directamente la actividad mercantil o de continuar con la dirección del negocio. Es procedente, al modo que ya informaba el Consejo de Estado, la indemnización solicitada, habida cuenta que se ha producido el efecto dañoso, individual y efectivo para el reclamante como consecuencia de la medida gubernamental adoptada, determinante de la brusca interrupción de la actividad empresarial que aquel desarrollaba, para provocar en definitiva la extinción del negocio, que el actor no tenía la obligación de soportar, en cuanto el cierre de la frontera fue decretado en aras de los intereses nacionales.
La problemática decisoria queda en consecuencia constreñida a la determinación de la efectiva lesión que la prohibición del acceso a Gibraltar produjo para regentar el negocio. Su cuantificación objetiva resulta ciertamente difícil desde el momento en que ni tan siquiera ha sido concretada de modo individualizado, pero debe ser efectuada al objeto de prestar la tutela efectiva y alcanzar la justicia material en un caso en el que el hecho determinante se produjo en el año 1969.
No es posible olvidar que el peticionario, ya en la primera reclamación que fue registrada de entrada el 25 de mayo de 1970, cifró el valor de su negocio (atendido el valor de las existencias, instalaciones, volumen anual de operaciones y consiguientes beneficios obtenidos) en 1. 002. 000 pesetas, añadiendo por los perjuicios derivados del mantenimiento del negocio en Gibraltar (rentas, impuestos, luz, etc.) la suma de 29. 392 pesetas (con un total de 1. 031. 392 pesetas), y manifiesta que ofreció las pruebas que, a este objeto de evaluación, se consideren precisas, incluso la pericial, sin que la parte demandada haya desmentido esta afirmación. La Administración no adoptó decisión alguna al respecto y esta inactividad se mantuvo en la práctica hasta el 9 de febrero de 1996, fecha en que adoptó la resolución impugnada en el recurso contencioso-administrativo. Estas circunstancias, unidas al hecho, más trascendente aún, de que aquélla no acordó la apertura de un período de prueba, desde luego procedente en razón del "ofrecimiento" de pruebas formulado por el reclamante, de las concretas circunstancias del caso y de lo determinado en el art. 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo, determinan que deban pararle los correspondientes perjuicios a quien con su conducta omisiva, desde todos los puntos de vista, impidió el debido acreditamiento de la evaluación concreta en el momento oportuno, que hoy no sería ya factible realizar.
Por ello debemos considerar como cifra inicial de la que debemos partir para fijar la indemnización la suma reclamada en 1970 por el demandante, esto es, la de 1. 031. 392 pesetas (1. 002. 000 más 29. 392 pesetas). De esta cantidad procede detraer, cual señala el Consejo de Estado, los bienes materiales existentes en el establecimiento, ya que los mismos, al no perderlos el reclamante por la medida adoptada, pudieron ser realizados. Parece prudente, dada la naturaleza y circunstancias de la actividad, calcularlos en un porcentaje ascendente al 25% del valor del negocio, esto es en 250 500 pesetas, con lo cual la indemnización procedente asciende a 780 892 (1 002 000 menos 250 500) más 29 392) pesetas. A su vez, esta cantidad habrá de ser actualizada desde el año 1970 hasta la fecha de esta resolución conforme al incremento que haya habido en el índice de precios al consumo.
No ha lugar a reconocer el interés legal correspondiente, también peticionado, por cuanto la actualización monetaria al momento actual enjuga y determina en supuestos como el presente la improcedencia de aquél, cual reiteradamente ha proclamado esta Sala. Esto no es obstáculo para reconocer el interés legal de la cantidad señalada como indemnización desde la fecha de la sentencia hasta el momento del efectivo abono de la misma, con arreglo a lo que dispone el art. 106 de la vigente Ley de la Jurisdicción».
Esa doctrina es de perfecta aplicación al supuesto que nos ocupa con las adaptaciones que resultan precisas, y, que, fundamentalmente, se contraen a la petición de indemnización efectuada.
Desde el primer momento el Sr. Jose Enrique pretendió que el Estado español le indemnizase en la cantidad de dos millones cuatro mil pesetas, cifra en la que valoraba la empresa de su propiedad, establecida en Gibraltar, y que hubo de abandonar a consecuencia del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de junio de 1.969. Así resulta del escrito que como documento nº 6 aparece en el expediente administrativo, y que en su parte superior lleva un sello de entrada en el Registro General de la Presidencia del Gobierno de junio de 1.970.
En consecuencia, y siguiendo la doctrina establecida por la Sala, aplicando así el principio de unidad de la misma y de igualdad en la aplicación de la Ley, y habida cuenta de las características que el citado negocio reunía, esencialmente el de trabajar con géneros eminentemente no perecederos, parece prudente, partiendo de la cantidad reclamada, 2.004.000 pesetas calcular los géneros realizados en un porcentaje ascendente al 50% del valor del negocio, es decir 1.002.000 pesetas. A su vez, esta cantidad habrá de ser actualizada desde el año 1970 hasta la fecha de esta resolución, conforme al incremento que haya habido en el índice de precios al consumo.
Y como también dijimos en la resolución citada no ha lugar a reconocer el interés legal correspondiente, también solicitado, por cuanto la actualización monetaria al momento actual enjuga y determina en supuestos como el presente la improcedencia de aquél, cual reiteradamente ha proclamado esta Sala. Esto no es obstáculo para reconocer el interés legal de la cantidad señalada como indemnización desde la fecha de la sentencia hasta el momento del efectivo abono de la misma, con arreglo a lo que dispone el art. 106 de la vigente Ley de la Jurisdicción.
De conformidad con lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción la Sala no hace expresa imposición de costas al no concurrir en las partes las circunstancias de temeridad ni mala fe a que se refiere el precepto citado.
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD
EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN
Que estimamos en parte el recurso nº 1.555 de 2.000, interpuesto por Don Jose Enrique , representado por el Procurador Doña Esperanza Álvaro Mateo, y defendida por el Letrado Don Álvaro Marín García, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de seis de octubre de dos mil, que de acuerdo con el Consejo de Estado, resolvió desestimar en parte la reclamación formulada por el recurrente por responsabilidad patrimonial del Estado, en solicitud de indemnización por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio, derivados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1.969, que determinó el cierre del puesto de control aduanero y policial de La Línea de La Concepción, que anulamos por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico, y condenamos a la Administración demandada a abonar al recurrente la suma de un millón dos mil pesetas, valor de junio de 1.970, actualizada hasta la fecha de esta resolución conforme al incremento que haya habido en el índice de precios al consumo, y al pago del interés legal de la cantidad señalada como indemnización desde la fecha de la sentencia hasta el momento del efectivo abono de la misma, con arreglo a lo que dispone el art. 106 de la vigente Ley de la Jurisdicción. Y todo ello sin hacer expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en audiencia pública, por el Excmo. Sr. Don Santiago Martínez-Vares García, Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el mismo día de la fecha. Lo que certifico.-
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