ATS, 25 de Febrero de 2003
| Ponente | D. PEDRO GONZALEZ POVEDA |
| ECLI | ES:TS:2003:2130A |
| Número de Recurso | 1520/2002 |
| Procedimiento | Queja |
| Fecha de Resolución | 25 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil tres.ANTECEDENTES
-
- En el rollo de apelación nº 255/2002 la Audiencia Provincial de Ávila dictó Auto, de fecha 22 de octubre de 2002 declarando no haber lugar a tener por preparado recurso de casación por la representación de D. Francisco, contra la Sentencia de fecha 5 de octubre de 2002 dictada por dicho Tribunal.
-
- Contra dicho Auto se interpuso recurso de reposición que fue denegado por Auto de fecha 5 de diciembre de 2002, habiéndose entregado el testimonio de ambas resoluciones a los efectos del art. 495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
-
- Por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y representación de la indicada parte litigante, se ha interpuesto recurso de queja por entender que cabía recurso de casación y debía de haberse tenido por preparado.
-
- Formado el presente rollo, mediante Providencia de 14 de enero de 2003 se acordó requerir al recurrente, por medio de su Procurador, a fin de que aportara certificación de las sentencias dictadas en ambas instancias así como testimonio de ciertos particulares de autos, lo que ha verificado oportunamente.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Pedro González Poveda
-
- Es doctrina reiterada de esta Sala, plasmada en numerosos Autos resolutorios de recursos de queja, de fecha 13 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril, 3, 16 y 29 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio, 3, 10, 17 y 31 de julio, 18 y 25 de septiembre, 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre, 6, 13, 20 y 27 de noviembre, 4, 11, 18 y 28 de diciembre de 2001, 22 y 29 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero, 5, 12, 20 y 26 de marzo, 9, 16, 23 y 30 de abril, 7, 14 y 28 de mayo, 4, 11, 18 y 25 de junio, 2, 9 y 31 de julio, 17 y 24 de septiembre, 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre, 5, 12, 19 y 26 de noviembre, 3, 10, 17 y 30 de diciembre de 2002, 21 y 28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero de 2003, que los cauces de acceso al recurso de casación establecidos en el apartado 1 del art. 477 de la LEC son distintos y excluyentes, siendo la vía de acceso procedente en los asuntos seguidos por razón de la cuantía la del ordinal 2º del citado precepto, siempre que dicha cuantía supere los 25.000.000 de pesetas (150.000 euros, conforme Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciembre), según se establece en el mismo, quedando por tanto excluidos del recurso de casación aquellos procesos seguidos por razón de la cuantía en los que ésta es inferior a la mencionada cantidad así como los de cuantía indeterminada, sin que pueda utilizarse el cauce del ordinal 3º de dicho art. 477.2, esto es del "interés casacional", para eludir las consecuencias de no alcanzar el litigio la cuantía legalmente establecida (Cfr. AATS de 17 de diciembre de 2002, en recursos 1314/2002, 1244/2002 y 1223/2002, de 30 de diciembre de 2002, en recursos 617/2002, 1121/2002 y 1063/2002, de 21 de enero de 2003, en recursos 1382/2002, 1354/2002 y 1169/2002, de 28 de enero de 2003, en recursos 1348/2002 y 1095/2002, de 4 de febrero de 2003, en recursos 1134/2002 y 1179/2002, y de 11 de febrero de 2003, en recursos 1326/2002 y 1466/2002, por citar algunos de los más recientes, doctrina también recogida en Autos de inadmisión de recursos de casación ya interpuestos en AATS de 16 de abril de 2002 y de 21 de mayo de 2002, en rollos de casación números 3721/2001 y 2087/2001).
-
- Examinada la presente queja a la luz de la doctrina expuesta la conclusión no puede ser otra que su desestimación, ya que, según se advierte del examen de los particulares de autos aportados a requerimiento de esta Sala, la Sentencia contra la que se intentó la preparación del recurso tiene cerrado el acceso a la casación, toda vez que se dictó, en segunda instancia, en un juicio de menor cuantía, seguido por razón de la cuantía en la medida en que dicho cauce procedimental no venía establecido por razón de la materia de la acción ejercitada -de condena a hacer y subsidiariamente al pago del coste de realización a determinar en ejecución de sentencia con fundamento en el art. 1591 del CC- al tiempo de presentarse la demanda (Disp. trans. tercera LEC), siendo aquélla indeterminada por voluntad de los litigantes, quienes no realizaron actuación alguna tendente a su fijación aun en forma indiciaria; así pues, el cauce elegido por la entidad recurrente del "interés casacional", resulta inadecuado y no puede utilizarse, como ya se ha indicado, para eludir las consecuencias de no alcanzar el litigio la cuantía establecida por el legislador.
-
- Por lo expuesto debe confirmarse el pronunciamiento denegatorio de la preparación del recurso de la Audiencia Provincial, aun cuando sea por razones distintas de las contenidas en el Auto recurrido, lo que carece de relevancia y en modo alguno puede constituir indefensión, pues el objeto del recurso de queja es verificar la presencia de los presupuestos de recurribilidad establecidos por el legislador, materia de orden público procesal cuyo examen está atribuido a los órganos jurisdiccionales llamados a comprobar la concurrencia de tales requisitos, a lo que debe añadirse, en atención a la alegación del recurrente sobre el derecho constitucional de acceso a los recursos, que es doctrina constitucional plenamente consolidada la que, desde la Sentencia de Pleno núm. 37/1995, de 7 de febrero, señala que, así como el acceso a la jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a los recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales ha de incorporarse al mencionado derecho fundamental proclamado en el art. 24.1 CE en la concreta configuración que reciba en cada una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los distintos órdenes jurisdiccionales, con la excepción del orden jurisdiccional penal (SSTC 233/2001,13/2002 y 22/2002, entre las más recientes), pues el derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal cuyo ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, cumplimiento que ha de ser valorado en exclusiva por el órgano judicial (SSTC 58/1995, 149/1995, 211/1996 y 10/1999, entre otras muchas), habiendo reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional que no existe un derecho constitucionalmente protegido a interponer determinados recursos y, por tanto, que no existe un derecho de relevancia constitucional a recurrir en casación y por infracción procesal, siendo perfectamente imaginable, posible y real que no esté prevista semejante posibilidad (SSTC 37/88, 196/88 y 216/98); por el contrario, el derecho a los recursos, de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 y 216/98, entre otras), está condicionado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra sobre la materia, con el único límite consistente en la proscripción de la arbitrariedad y la evitación de los errores materiales (SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99), sin que la interpretación de las normas rectoras del acceso a los recursos extraordinarios tenga que ser necesariamente la más favorable al recurrente (SSTC 230/93, 37/95, 138/95, 211/96, 132/97, 63/2000, 258/2000 y 6/2001); y que el "principio pro actione", proyectado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, no opera con igual intensidad en las fases iniciales del pleito que en las posteriores (SSTC 3/83, 294/94, 23/99 y 201/2001), habiéndose añadido, por último, que el referido derecho constitucional se satisface incluso con un pronunciamiento sobre la inadmisibilidad del recurso, y no necesariamente sobre el fondo, cuando obedezca a razones establecidas por el legislador y proporcionadas en relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos procesales tienden (SSTC 19/81, 69/84, 43/85, 6/86, 118/87, 57/88, 124/88, 216/89, 154/92, 55/95, 104/97, 213/98, 216/98, 108/2000 y 22/2002).
DESESTIMAR EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y representación de D. Francisco, contra el Auto de fecha 22 de octubre de 2002, que se confirma, por el que la Audiencia Provincial de Ávila denegó tener por preparado recurso de casación contra la Sentencia de 5 de octubre de 2002, debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la referida Audiencia, para que conste en los autos.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
