SAP Cantabria 427/2002, 13 de Diciembre de 2002
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 13 Diciembre 2002 |
| Número de resolución | 427/2002 |
SENTENCIA NUM. 427/02
Ilma. Sra. Presidente
Doña María José Arroyo García
Ilmos. Srs. Magistrados
Don Joaquín Tafur López de Lemus
Don Eduardo Saiz Leñero.
En la Ciudad de Santander, a trece de diciembre de dos mil dos.
Vistos en trámite de apelación ante esta Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria los presentes Autos de juicio sobre Reclamación de cuotas a morosos 74/01, Rollo de Sala núm. 640/01, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Seis de Santander.
En esta segunda instancia ha sido parte apelante la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA C/ SAINZ Y TREVILLA 62- 64 y 66 de GUARNIZO , representada por la Procuradora Sra. CALVO SANCHEZ, y defendida por la Letrado Dª. Ana María Salceda Pérez y parte apelada D. Jose Pedro , representado por el Procurador Sr. GARCIA VIÑUELA, y defendido por el Letrado D. José Luis Holanda Obregón.
Es ponente de ésta resolución el Ilmo. Sr. D. Eduardo Saiz Leñero.
Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Santander, y en los autos ya referidos, se dictó en fecha 25 de Junio de 2001, Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: DESESTIMAR INTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por Dª Andrea , en su calidad de Presidenta de la Comunidad de Propietarios de la C/ Sainz y Trevilla n° 62,64 y 66 de Santander, que comparece en su propio nombre y derecho, frente a D. Jose Pedro y, en consecuencia, sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, absolver a estos de las pretensiones de la actora.
Contra dicha Sentencia, la representación de la ya reseñada parte apelante interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia, e impugnado por la parte apelada. Llegados los autos a la Audiencia Provincial, y turnados a esta Sección Cuarta, se señaló para deliberación y fallo.TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
No existe duda alguna, en el caso, acerca de que la demanda interpuesta por la Comunidad de propietarios ahora apelante, se formuló mediante la utilización del procedimiento especial (de tipo monitorio) regulado en el art. 21 de la LPH. (reformada por Ley 8/99); procedimiento, tal, vigente entonces, y que, en la actualidad cuenta para su trámite con la nueva redacción del citado art. 21, a tenor de la Disp. final primera de la actual LEC., remitiéndose ya el modificado precepto al proceso que, como monitorio, se regula en los arts. 812 y sgs del propio Texto.
Como se pone de manifiesto en la sentencia apelada, ha resultado meridianamente claro en los autos (a pesar de los voluntariosos esfuerzos de la Comunidad apelante para tratar de mostrar lo contrario) que la parte actora, cuando presentó su demanda, no había notificado al demandado, a quien se reputaba propietario moroso, el acuerdo de la Junta aprobador de la liquidación de la deuda, incumpliendo, así el requisito, fundamental, por supuesto, regulado en el citado art. 21, aptdo. 2 " in fine" en relación con el art. 9 de la susodicha LPH. y en el aptdo. 4 del propio artículo; de tal modo que la notificación de fecha posterior a la demanda, y requerida mediante...
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