STS 322/93, 5 de Abril de 1993

Para la adecuada comprensión y subsiguiente resolución de la cuestión litigiosa a que se refiere este recurso se estima necesario dejar consignados los presupuestos fácticos de la misma, que la sentencia aquí recurrida declara probados y que aparecen incuestionados. Son los siguientes: Primero. A virtud de los correspondientes contratos celebrados entre la entidad mercantil "Emicosa, S.A." y el Ayuntamiento de Móstoles, la referida sociedad anónima había venido, desde 1978, prestando al aludido Ayuntamiento el servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de la calefacción de determinados y numerosos establecimientos municipales.- Segundo. Según certificación expedida por el Interventor de dicho Ayuntamiento, "al día 1 de Marzo de 1984 las cantidades contabilizadas como deuda del Ayuntamiento a la empresa EMICOSA, S.A. ascendían a la cifra de ochenta y tres millones seiscientas veintiseis mil novecientas setenta y ocho pesetas" (folio 94 de los autos).- Tercero. El día 12 de Marzo de 1984, D. Gabino, actuando en nombre y representación de "Emicosa, S.A.", requirió al Notario de Madrid, D. Felipe Gómez-Acebo Santos, para que recogiera en acta diversas manifestaciones que se proponía hacer. Atendiendo al requerimiento, el aludido Notario levantó acta notarial de la citada fecha, con el número 526 de su protocolo (folios 15 a 19 de los autos), en la que después de relatar el requirente (en los apartados 1 a 3 del acta) que "Emicosa, S.A." había venido siendo, desde Octubre de 1978, adjudicataria del servicio de mantenimiento de calefacción, electricidad y fontanería en los colegios de E.G.B. que relaciona, y expresar que por la prestación de dicho servicio, el Ayuntamiento adeuda a "Emicosa, S.A." la cantidad total de sesenta y nueve millones seiscientas cincuenta y nueve mil doscientas noventa y cinco (69.659.295) pesetas, en los apartados siguientes (4 a 9) del acta notarial, el referido requirente, D. Gabino, hizo determinadas manifestaciones que, por su interés para la más acertada resolución del litigio, se estima necesario transcribir literalmente, y que son las siguientes: "4. Que los referidos débitos no han sido satisfechos por el Ayuntamiento a su vencimiento, pese a las reiteradas gestiones realizadas para su cobro por parte de EMICOSA, S.A.- 5. Que recientemente el Ayuntamiento ha mostrado su buena disposición para pagar, del total importe debido, la cantidad de 50.000.000 pesetas, si bien que condicionado dicho pago a la renuncia gratuita de EMICOSA, S.A. al resto de la cantidad debida, habiéndose sugerido por el Ayuntamiento para efectuar esta forma de pago parcial, la suscripción de un compromiso unilateral de renuncia a la diferencia y asignado a dicha renuncia el carácter de bonificación o reducción gratuita.- 6. Que EMICOSA, S.A. se halla actualmente en una dificilísima situación económica, derivada en gran medida del impago de la cantidad que le es adeudada, y de la necesidad de haber acudido al crédito bancario para sostener sus gastos generales.- 7. Que el que suscribe tiene fundado temor de (caso de no aceptar la sugerencia del Ayuntamiento) haberle de ser negado el pago de cualquier cantidad, con el efecto en tal caso de forzar a la Sociedad a una situación inmediata de suspensión de pagos y previsiblemente de quiebra y en ambos casos con grave daño para la subsistencia de sus normales relaciones comerciales, habida cuenta de que la actividad social consiste en la prestación de servicios.- 8. Que en evitación de mayores daños, y sin que exista el menor ánimo de liberalidad, ni de renuncia a la futura reclamación del total adeudado, el compareciente se propone tratar de conseguir la cantidad máxima posible, mediante la suscripción de un texto que le va a ser facilitado, habiéndosele indicado que se lleve papel impreso de la Sociedad y sello para su confección en las oficinas del Ayuntamiento.- 9. Que careciendo de toda justificación la bonificación expresada, y motivándose el referido documento en las razones expuestas, reitera el compareciente que su próxima confección y suscripción responde a razones ajenas a todo espíritu de liberalidad y al único propósito de obtener la cantidad máxima posible con la que atender a la perentoria situación de la Sociedad incluido el pago de nóminas".- Cuarto.Dos días después del levantamiento del acta notarial que acaba de expresarse, concretamente el día 14 de Marzo de 1984, D. Gabino, actuando en nombre y representación de "Emicosa, S.A.", suscribió y entregó al Ayuntamiento un escrito, extendido en papel de carta con membrete de dicha entidad mercantil, que literalmente dice así: "Que la citada empresa consciente de la necesidad de que todos colaboren en las medidas de sus posibilidades en el mejoramiento en sus diferentes órdenes de los municipios españoles, y sintiéndose solidario de la problemática municipal de Móstoles, por tener a su cargo servicios en esa localidad, concede una subvención a fondo perdido al Ayuntamiento de Móstoles, por importe de VEINTE MILLONES DE PESETAS (20.000.000.- Ptas.), que sirva a esa Corporación para financiar los gastos que ocasionan la limpieza, calefacción y entretenimiento de los edificios de propiedad municipal" (folio 14 de los autos).- Quinto. Ese mismo día 14 de Marzo de 1984 la Depositaría del Ayuntamiento de Móstoles expidió una Carta de Pago (en metálico), que dice: "Como Depositario de Fondos de este Ayuntamiento: RECIBI la cantidad de VEINTE MILLONES de pesetas, que ha satisfecho D. Gabinoen nombre de EMICOSA, S.A. por subvención concedida por dicha empresa al Ayuntamiento, para que financie los gastos de limpieza, calefacción y entretenimiento de los edificios propiedad del Ayuntamiento" (folio 13 de los autos).- Sexto. En el mes de Septiembre de 1984, la entidad mercantil "Emicosa, S.A." solicitó su declaración en estado de suspensión de pagos, cuyo procedimiento fue tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve de Madrid (autos número 1287/84).

Después de haber formulado (en 1987) la preceptiva reclamación previa en vía gubernativa, la entidad mercantil "Emicosa, S.A." y su Comisión Liquidadora promovieron contra el Ayuntamiento de Móstoles el proceso de que este recurso dimana, en el que, alegando que la "subvención" (ya expresada) de veinte millones de pesetas tiene la naturaleza de una donación, la cual no ha llegado a perfeccionarse, al no haber sido aceptada por el Ayuntamiento demandado, y que, por otro lado, dicha donación había sido hecha por intimidación y, además, carecía de causa al no existir ánimo de liberalidad, postuló se dicte sentencia por la que se declare: a) Que dicha donación no se perfeccionó y ha sido revocada por EMICOSA, S.A.; b) La inexistencia, nulidad, invalidez e ineficacia de la referida donación; c) Se condene al Ayuntamiento demandado a devolver a EMICOSA, S.A. y a su Comisión Liquidadora la cantidad de veinte millones de pesetas con los intereses legales correspondientes; por su parte, el Ayuntamiento demandado, en su escrito de contestación a la demanda, negó que se trate de una donación y no concretó la causa determinante de la referida "subvención" de veinte millones de pesetas, sino que se limitó a afirmar, en el terreno de la mera hipótesis, que las causas o motivos de la misma "pueden ser muy varios" y entre ellos, dice, "pudieron haber sido los siguientes": "el que consta en la carta del Sr. Gabinoentregada al Ayuntamiento"; "poner fin a la discrepancia sobre las facturas presentadas al Ayuntamiento que estaban pendientes de aceptación y aprobación"; "favorecer indirectamente el pago de las facturas ya aprobadas y pendientes de abono" o "por último, obtener de forma inmediata dinero efectivo ante la grave situación financiera por la que atravesaba la Empresa, lo que pudo incidir en la entrega de la subvención". En el referido proceso, en el que el Ayuntamiento demandado ni siquiera llegó a proponer prueba, recayó sentencia de primera instancia en la que el órgano judicial, después de afirmar que hubo donación pero no existió "animus donandi", llega a la conclusión de que se trata de un contrato sin causa alguna, al no haber probado el Ayuntamiento cuál fué la verdadera y determinante de la "entrega" de los veinte millones de pesetas, por lo que, estimando la demanda, textualmente "declara nula la donación efectuada el 14 de Marzo de 1984 y condena al Excmo. Ayuntamiento de Móstoles a devolver a la actora la cantidad de VEINTE MILLONES de pesetas más los intereses legales". En el correspondiente recurso de apelación, interpuesto por el Ayuntamiento demandado, recayó sentencia de la Sección Undécima de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que revocando la de primer grado, desestima la demanda y absuelve de la misma al demandado. Contra la referida sentencia de la Audiencia, las actoras "Emicosa, S.A." y su Comisión Liquidadora han interpuesto el presente recurso de casación.

La sentencia aquí recurrida, en su función calificadora del convenio celebrado entre las partes y que determinó la "entrega" o "subvención" de veinte millones de pesetas, que aquí nos ocupa, después de rechazar que se trate de una donación hecha por "Emicosa, S.A." al Ayuntamiento demandado, al aparecer probado que la causa determinante de la misma no fué el "animus donandi", llega a la conclusión de que se trata de un negocio fiduciario, para lo que razona lo siguiente: "La entrega de la subvención no constituye un contrato de donación sino un elemento (el elemento real) del negocio fiduciario. De la narración fáctica expuesta en el primer fundamento, se infiere que los hoy litigantes llegaron a un acuerdo transaccional y que, las limitaciones legales que en esta materia tienen los entes públicos, como el Ayuntamiento, especialmente por razones procedimentales y presupuestarias obligó a la utilización de una vía jurídica indirecta. El acta notarial del 12 de Marzo de 1984 es elocuente al respecto. En la misma se alude a una oferta del Ayuntamiento para un cobro rápido de la deuda, reduciéndola en parte y documentando la reducción a través de una subvención. El declarante expone que va a aceptarla y luego explica un motivo que no podemos reputar con trascendencia para afectar a la causa del contrato: sus dificultades económicas le aconsejan optar por cobrar la deuda reducida, en breve tiempo, y no reclamada judicialmente entera -con la indefectible dilación temporal.- Obligar a alguien a acudir a los Tribunales no puede reputarse una intimidación pues no es subsumible en el párrafo 2º del artículo 1267 del Código Civil. El elemento obligacional del negocio fiduciario era pues una transacción que ponía fin a un conflicto previo -el Ayuntamiento tenía quejas de la empresa contratista- y el cumplimiento del compromiso de pago, asumido por la entidad municipal no ha sido cuestionado y se deduce de no constar otra reclamación que la presente, efectuada 4 años después de la finalización de la contrata" (Fundamento jurídico tercero de la resolución recurrida).

Antes, todavía, de entrar en el examen de los motivos del recurso y dados los circunloquios que utilizan los escritos rectores del proceso (demanda y contestación) e incluso las propias sentencias de la instancia al hablar de la "entrega" del dinero, ha de dejarse puntualizado que el día 14 de Marzo de 1984 la entidad mercantil "Emicosa, S.A." no hizo entrega al Ayuntamiento de Móstoles, en dinero efectivo, de veinte millones de pesetas, sino que simplemente accedió (luego examinaremos la causa de ello, si es que existe) a reducir en esa cantidad el crédito de mucha mayor cuantía que ostentaba contra dicho Ayuntamiento, aunque luego ello se instrumentara, a efectos administrativo-contables del referido ente público, mediante una Carta de Pago en metálico (de dudosa legalidad), expedida por el Depositario de Fondos, complementada con la carta que D. Gabino(representante legal de "Emicosa, S.A.") presentó en el Ayuntamiento (cuyos dos documentos ya han sido transcritos literalmente en el Fundamento jurídico primero de esta resolución).

Como de los hechos que declara probados, que son los que ya hemos expuesto en el Fundamento de Derecho primero de esta resolución, la sentencia recurrida "infiere" (esa es la expresión que utiliza en las primeras líneas de su Fundamento jurídico segundo, que anteriormente hemos transcrito) que "los hoy litigantes llegaron a un acuerdo transaccional" y que esa transacción es "el elemento obligacional del negocio fiduciario", a combatir dicha inferencia o deducción de la existencia de un acuerdo transaccional entre las partes, que constituye el sustento angular y determinante del pronunciamiento desestimatorio de la demanda, se orientan los cuatro primeros motivos del recurso, por los que, con apoyos procesales distintos (en el ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -en su redacción anterior a la hoy vigente- el primero de ellos y en el ordinal quinto los otros tres) los recurrentes denuncian error en la apreciación de la prueba (en el primero) y sendas infracciones de los artículos 1214 y 1253 del Código Civil (en el segundo), 1809 en relación con los artículos 1261 y 1282, todos ellos del mismo Código (en el tercero) y 1276 del citado Cuerpo legal (en el cuarto). Como ya se tiene dicho, lo único que aparece probado (ha de recordarse que el Ayuntamiento demandado ni siquiera propuso prueba en el proceso) es lo siguiente: a) El 1 de Marzo de 1984 el Ayuntamiento adeudaba a "Emicosa, S.A." ochenta y tres millones seiscientas veintiseis mil novecientas pesetas (según certificación del propio Ayuntamiento -folio 94 de los autos) o sesenta y nueve millones seiscientas cincuenta y nueve mil doscientas noventa y cinco pesetas (según manifestación de D. Gabino, representante legal de "Emicosa, S.A.", en el acta notarial de que seguidamente hablamos); b) El día 12 de Marzo de 1984, el Sr. Gabino(en la representación ya dicha) manifestó en acta notarial (literalmente transcrita en el Fundamento jurídico primero de esta resolución) que para poder conseguir el pago de la mayor cantidad posible de todo lo que le adeudaba el Ayuntamiento, dada la muy difícil situación económica por la que atravesaba la referida entidad mercantil (abocada a una situación de suspensión de pagos y a una previsible quiebra), ante la imposición o exigencia que para dicho pago le había hecho el Ayuntamiento, se veía forzado a reducir el montante de dicha deuda, pero "sin que exista el menor ánimo de liberalidad, ni de renuncia a la futura reclamación del total adeudado", agregando en otro apartado de la misma acta notarial que todo ello "responde a razones ajenas a todo espíritu de liberalidad y al único propósito de obtener la cantidad máxima posible con la que atender a la perentoria situación de la Sociedad incluído el pago de nóminas"; c) El día 14 de Marzo de 1984 (o sea, dos días después de dicha acta notarial) el Depositario de Fondos del Ayuntamiento expide la ya referida Carta de Pago en metálico, por importe de veinte millones de pesetas; d) Ese mismo día 14 de Marzo de 1984, el Sr. Gabinofirma en el Ayuntamiento un escrito, extendido en papel de carta con membrete de "Emicosa, S.A.", en el que expresa que "sintiéndose solidario de la problemática municipal de Móstoles..... concede una subvención a fondo perdido al Ayuntamiento de Móstoles por importe de veinte millones de pesetas" (el referido escrito o carta ya ha sido transcrito literalmente en el Fundamento jurídico primero de esta resolución). Los expresados hechos-base (únicos que aparecen probados en el proceso), por sí solos, no permiten inferir o deducir (vía "presumptio hominis" o "presumptio facti"),según las reglas del criterio humano (que no son otras que las del raciocinio lógico), que haya mediado un convenio transaccional entre las partes, transacción que, por otro lado, en ningún momento ha sido aducida por el Ayuntamiento demandado, como causa determinante de la "entrega", pues en su inconcreto escrito de contestación a la demanda afirma que "el motivo o causa de la entrega de la bonificación, subvención o como quiera calificarse consistió en la necesidad de la Empresa de obtener liquidez inmediata para su normal desenvolvimiento" (folio 72 de los autos), agregando en el mismo escrito, dentro del campo de la mera hipótesis, que "La causa o motivos de la entrega efectuada al Ayuntamiento por el Sr. Gabino, pueden ser muy varios y todos ellos lícitos desde la vertiente del Ayuntamiento receptor. Y entre ellos pudieron haber sido los siguientes: -El que consta en la carta del Sr. Gabinoentregada al Ayuntamiento y que es totalmente lógica: La mejora de las instalaciones municipales de que precisamente estaba encargado de mantener la Empresa que entregó la subvención; -Poner fin a la discrepancia sobre las facturas presentadas al Ayuntamiento que estaban pendientes de aceptación y aprobación, según reconoce el propio Sr. Gabinoen lo manifestado ante el Notario citado; -Favorecer indirectamente el pago de las facturas ya aprobadas y pendientes de abono; -Por último, obtener de forma inmediata dinero efectivo ante la grave situación financiera por la que atravesaba la Empresa, lo que pudo incidir en la entrega de la subvención". De esas posibles causas (cuya simple enunciación, como meras hipótesis, ya excluye toda idea de transacción, que presupone el conocimiento por cada contratante de la causa por la que transige) ninguna de ellas ha sido probada por el Ayuntamiento demandado (se repite que ni siquiera propuso prueba en el proceso), no obstante recaer sobre él la carga probatoria acerca de dicho extremo, desde el momento en que reconoce expresamente en su referido escrito de contestación que no existió liberalidad alguna ("animus donandi") por parte de la entidad "Emicosa, S.A.". Por todo lo que antecede, ha de concluirse que no aparece probada (ni por vía de presunciones ni, mucho menos, por medio de prueba directa) la existencia de transacción alguna entre las partes, por lo que los cuatro expresados motivos han de ser estimados, al tener todos ellos el mismo y único objeto impugnatorio, ya expresado, aunque desde distintas perspectivas casacionales (fáctica el primero y jurídica los tres restantes).

Al no haber mediado entre las partes convenio transaccional alguno, en el que la sentencia recurrida hace consistir únicamente el que califica de negocio fiduciario, ha de quedar rotundamente descartada la existencia de dicha figura negocial que, además, carecería en todo caso de aplicación a este supuesto, pues en el negocio fiduciario existe una divergencia entre el fin económico perseguido y el medio jurídico empleado, de manera que las partes se proponen obtener un efecto distinto y más restringido del que es propio del medio jurídico puesto en juego (Sentencias de esta Sala de 6 de Abril de 1987, 28 de Octubre de 1988, 7 de Marzo de 1990), lo que no ocurre en el presente caso en el que el fin económico perseguido es plenamente coincidente con el medio jurídico empleado, aunque la causa expresada (aparente) sea o pueda ser distinta de la real y verdadera (si es que existe alguna), lo que sitúa el caso que nos ocupa en el ámbito jurídico de la simulación (absoluta o relativa), pero no en el de la fiducia, como equivocadamente ha entendido la sentencia recurrida. No es necesaria una gran profundización hermenéutica para detectar que la figura jurídica que ostensiblemente afluye de los documentos ya referidos anteriormente y de la forma de actuar las partes es la de una condonación (parcial) de deuda, aunque para soslayar las limitaciones legales que afectan a los entes públicos, la instrumentaran en forma de donación pura y simple (con la que se logra el mismo y único fin económico perseguido). Si bien en la generalidad de los casos toda condonación de deuda suele responder a un ánimo de liberalidad del acreedor ("causa donandi") y de ahí que, en materia de inoficiosidad y de forma, el artículo 1187 del Código Civil se remita a la normativa de las donaciones al regular la condonación, ello no impide que ésta, por convenio entre las partes (artículo 1255 del citado Código), pueda responder a otra causa distinta de la expresada liberalidad del acreedor. Como en el presente supuesto ambas partes son concordes en sostener y reiterar que no existió ánimo de liberalidad por parte de la entidad "Emicosa, S.A.", lo que deja totalmente excluida la "causa donandi", y como, por otro lado, el Ayuntamiento demandado no ha probado, ni intentado probar (a pesar de incumbirle el "onus probandi" sobre dicho extremo) cuál haya sido la verdadera causa de tal condonación, puede concluirse, en principio y sin perjuicio de lo que seguidamente ampliaremos, que dicha supuesta condonación fué inexistente, en cuanto carente de causa (artículos 1261 y 1275 del Código Civil). Pero es que, además, desde otra perspectiva jurídica, y esta es la anunciada ampliación, de la prueba practicada en el proceso se desprende claramente que la entidad "Emicosa, S.A." , dada la muy difícil situación económica que atravesaba (seguidamente traducida en suspensión de pagos) se vió forzada a hacer dicha condonación, ante la exigencia que le impuso el Ayuntamiento, como único medio posible de conseguir el pronto pago de parte de lo que se le adeudaba, lo que además de entrañar una causa ilícita (artículo 1275 antes citado), pues no es permisible que, en un Estado de Derecho, un ente público (como un Ayuntamiento) trate de aprovechar la angustiosa situación económica de un acreedor para obtener del mismo una condonación parcial de la deuda, cuando si existían dudas acerca de la procedencia o no de la aceptación y aprobación de algunas facturas, el ordenamiento jurídico arbitra medios legales suficientes para, sin negar el pago de las aprobadas y aceptadas, poder dilucidar el extremo atinente a las dudosas o pendientes de aceptación y aprobación, además de ello, decimos, la expresada conducta seguida por el Ayuntamiento demandado puede ser determinante de una intimidación, como vicio del consentimiento prestado por "Emicosa, S.A." (artículos 1265 y 1267 del Código Civil), al concurrir los requisitos que configuran la misma: temor racional y fundado (no obtener dicha entidad el pago de lo que se le debe), mal inminente y grave (peligro de suspensión de pagos e, incluso, una previsible quiebra), amenaza injusta o ilícita (no pagar si no se condona parte de la deuda) y nexo causal entre la amenaza y el consentimiento prestado. Todo lo anteriormente razonado ha de llevar a la estimación de los motivos quinto y séptimo, con sede procesal los dos en el ordinal quinto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por los que se denuncia "infracción del artículo 1274 del Código Civil en relación con los artículos 1275 y 1276 del mismo texto legal" (en el quinto) e "infracción de los artículos 1265 y 1267 del Código Civil y Jurisprudencia aplicable" (en el séptimo), deviniendo innecesario el estudio del sexto.

El acogimiento de los ya expresados motivos con las consiguientes estimación del recurso y casación y anulación de la sentencia recurrida, obliga a esta Sala, conforme preceptúa el número 3º del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, lo que, al no poder ser aceptado tampoco el "fallo" de la sentencia de primera instancia, ha de hacerse en el sentido de declarar la nulidad de la condonación parcial, en cuantía de veinte millones de pesetas, que hizo "Emicosa, S.A." de la deuda que a su favor tiene contraida el Ayuntamiento de Móstoles, si bien no procede condenar a éste a que entregue íntegra la referida cantidad a la entidad actora, sino que, previamente a ello, habrán de dilucidar por los trámites legales correspondientes cuál sea la cantidad verdaderamente adeudada por el Ayuntamiento, una vez aclarado el tema relativo a las facturas que se hallaban pendientes de aceptación y aprobación; no procede hacer expresa imposición de las costas de las instancias, ni de las de este recurso y sin que haya lugar tampoco a acordar la devolución del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que estimando el presente recurso, interpuesto por la Procuradora Dª Mercedes Revillo Sánchez, en nombre y representación de la entidad mercantil EMICOSA, S.A. y de su Comisión Liquidadora, ha lugar a la casación y anulación total de la sentencia de fecha diecisiete de Julio de mil novecientos noventa, dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid en el proceso a que este recurso se refiere, y, en sustitución de lo en ella resuelto, esta Sala acuerda que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por la entidad mercantil "Emicosa, S.A." y su Comisión Liquidadora contra el Ayuntamiento de Móstoles, debemos declarar y declaramos la nulidad de la condonación parcial que, en fecha 14 de Marzo de 1984 y en cuantía de veinte millones de pesetas, la entidad actora hizo de la deuda que con ella tiene contraida el Ayuntamiento demandado, sin que proceda condenar a éste a que entregue la referida cantidad a las actoras, sino que, previamente a ello, habrán de dilucidar, por los trámites legales correspondientes, cuál sea la cantidad verdaderamente adeudada por el Ayuntamiento, una vez aclarado el tema relativo a las facturas pendientes de aceptación y aprobación por dicho Ayuntamiento; sin expresa imposición de las costas de las instancias, ni de las del presente recurso; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.