Proposición de ley de organización territorial y gobierno local de Cataluña presentada por el grupo socialista (BOPC núm. 146, de 23 de julio de 1986)

Articulo 10

1. La organización del territorio de Cataluña se establece a los efectos de ordenar la administración territorial dependiente del Gobierno de la Generalidad y de definir la estructura de su Gobierno Local.

2. Los niveles generales de organización territorial de Cataluña son: los Municipios, las Comarcas y las Regiones.

3. También son elementos de la organización territorial de Cataluña las Áreas Metropolitanas y las Entidades Locales Menores.

Artículo 11

La delimitación de las unidades que componen la organización territorial de Cataluña ha de realizarse en el marco de los preceptos de esta Ley, y atendiendo en cualquier caso a los criterios y principios generales siguientes:

1. La realidad de las características físicas del territorio y de las unidades naturales que conforman.

2. La estructura demográfica y la distribución de los asentamientos humanos.

3. La estructura de comunicaciones y las relaciones económicas, sociales y culturales.

4. Las tradiciones históricas que estén sólidamente arraigadas.

5. La proximidad de las instituciones a los ciudadanos, facilitando su participación en las mismas.

6. Hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la igualdad en el acceso a los servicios públicos.

7. Las dimensiones óptimas para la mayor rentabilidad económica y social de las obras y servicios públicos, y para la efectividad de los objetivos de solidaridad y equilibrio interterritoriales.

Artículo 12

1. Los servicios y actividades dependientes del Gobierno de la Genera-Page 325lídad se organizan territorialmente atendiendo a los principios de descentralización y de desconcentración, al objeto de hacer efectivo su aprovechamiento a los ciudadanos.

2. En aplicación del principio de descentralización, el Gobierno de la Generalidad ha de tender a delegar en los Entes de gobierno local, y de manera especial en las Comarcas, los servicios y actividades de su titularidad que no requieran una prestación o ejercicio directos, por motivos de estructura de mando o de unidad de dirección.

3. En los otros casos, y en aplicación del principio de desconcentración, el Gobierno de la Generalidad ejerce mediante su administración territorial las funciones y competencias de su titularidad que no sea preciso gestionar en sus niveles centrales.

4. Lo que establecen los apartados anteriores es sin perjuicio de las técnicas de desconcentración funcional de la Administración de la Generalidad.

   Artículo 13

   La delegación de competencias del Gobierno de la Generalidad en favor de los Entes de Gobierno Local ha de realizarse en el marco de lo previsto en el Título noveno de esta Ley, y es especialmente oportuna en aquellas actividades y servicios que impliquen de manera preponderante una atención directa al ciudadano e incidan directamente en actividades o servicios propios de los Entes Locales afectados.

   Artículo 14

1. La Administración territorial dependiente del Gobierno de la Generalidad se organiza en las Regiones.

2. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior, cada uno de los Departamentos en que se estructura el Gobierno de la Generalidad nombra un jefe de Servicios para cada Región.

3. Los jefes de Servicios Regionales asumen la dirección de los servicios y actividades dependientes del Departamento en el respectivo ámbito territorial. Para el ejercicio de estas funciones están dotados de capacidades decisorias, en la medida de sus atribuciones.

4. El jefe de los Servicios Regionales del Departamento de Gobernación asume las funciones de representante del Gobierno de la Generalidad en la Región, con categoría de director general. En esta calidad, tiene competencias para coordinar e impulsar la actividad de los otros jefes de Servicios Regionales.

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   Artículo 15

   Si hay circunstancias derivadas de especificidades propias de determinadas zonas territoriales que así lo aconsejen, una o más comarcas, pertenecientes a una misma Región, pueden tener la consideración de Unidad Territorial específica para la Administración de la Generalidad. Esta consideración debe ser establecida por Decreto y en atención a las siguientes características:

   1. Las Unidades Territoriales son comunes para todos los Departamentos en que se estructura el Gobierno de la Generalidad.

   2. Al frente de cada Unidad, cada Departamento del Gobierno de la Generalidad puede nombrar un jefe de Unidad Territorial, subordinado al jefe de Servicios Territoriales respectivo.

   3. El jefe de Unidad Territorial del Departamento de Gobernación asume la coordinación de los diferentes servicios dependientes del Gobierno de la Generalidad en este ámbito, bajo la depedencia del jefe de Servicios Territoriales del mismo Departamento.

   Artículo 16

   Lo que establecen los artículos anteriores es sin perjuicio de la existencia excepcional de ámbitos territoriales diferentes, específicos para determinados servicios, y establecidos en función de la máxima idoneidad para la gestión del servicio de que se trate. En cualquier caso, estos ámbitos funcionales específicos han de estar siempre comprendidos en el marco de una Región, y dependen administrativamente del correspondiente jefe de Servicios Territoriales.

Artículo 46

1. La organización territorial de Cataluña y la estructura y entidades de su gobierno local se justifican en la mejor garantía en favor de los ciudadanos, de la prestación de los servicios y de las funciones públicas constitucionalmente previstas, y en el fomento de su participación en la gestión de los asuntos públicos.

2. Los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña en relación con los respectivos entes de gobierno local son los que se regulan en este Título, y su efectividad es exigible por los procedimientos políticos, administrativos y judiciales previstos en las Leyes. La concreción de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con las respectivas entidades de gobierno local está en función de la situación jurídica en que se encuentren, de acuerdo con los criterios apuntados en el Capítulo siguiente.

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3. Los entes de gobierno local deben establecer los mecanismos adecuados para la efectividad del principio constitucional de participación ciudadana, como requisito para la plenitud de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, y para la mayor eficacia en la gestión de los asuntos públicos.

Artículo 47

1. El ciudadano está, en relación con el Municipio del que es residente, en una de las siguientes situaciones jurídicas:

   1. Vecino, si tiene la nacionalidad española, es. mayor de edad, reside habitualmente en el término municipal y está inscrito como tal en el Padrón de habitantes.

   2. Domiciliado, si es menor de edad o no tiene la nacionalidad española, siempre que resida habitualmente en el término municipal y esté inscrito como tal en el Padrón de habitantes.

2. Los ciudadanos que vivan temporalmente en un Municipio diferente de aquel en que residen pueden inscribirse en él en calidad de transeúntes.

   Artículo 48

1. Da fe de las citadas situaciones jurídicas la inscripción en el correspondiente Padrón Municipal, que tiene el carácter de documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos.

2. La inscripción pad roñal es un derecho y un deber para todos los ciudadanos que vivan en Cataluña, y que se ejerce de acuerdo con las siguientes normas:

   1. Todo ciudadano debe inscribirse como vecino o domiciliado, según corresponda, en el Municipio donde resida habitualmente o, como mínimo, la mayor parte del año. Respecto a los menores o incapacitados, la obligación de empadronarlos corresponde a los padres, tutores o residentes mayores de edad con los que habiten.

   2. Los ciudadanos de nacionalidad española que residen en el extranjero y sigan inscritos, en la calidad que corresponda, en el último Padrón en que lo hubiesen estado, si bien de manera especial.

   3. En los casos de cambio de residencia, para proceder a la nueva inscripción en el Padrón en calidad de vecino o domiciliado, hay que presentar la baja en el Padrón anterior.

   4. La inscripción como transeúnte es optativa para el ciudadano interesado, y no supone la baja en el Padrón en el que está inscrito como residente.

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3. La condición jurídica de vecino, domiciliado o transeúnte se adquiere en el mismo momento de hacer efectiva la inscripción en el Padrón correspondiente.

   Artículo 49

1. En el Padrón de habitantes constan los datos personales necesarios para las relaciones jurídico-públicas, y también para un mejor conocimiento de la realidad social, que disponen la Administración del Estado, el Gobierno de la Generalidad o los Municipios afectados.

2. Deben constar en cualquier caso las siguientes: nombre y apellidos, edad y naturaleza, profesión y ocupación y estado civil.

3. En ningún caso la toma de datos personales, ni su utilización, pueden vulnerar el derecho a la intimidad y otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

   Artículo 50

1. La formación, mantenimiento, rectificación y custodia del Padrón corresponde al Ayuntamiento, que debe renovarlo cada cinco años y rectificarlo anualmente, de acuerdo con lo que dispongan las Leyes.

2. Corresponde a la Administración del Estado dictar las instrucciones y directrices de carácter técnico para la formación, mantenimiento y rectificación del Padrón. A los solos efectos de comprobar la observancia de estas directrices, el órgano del Estado competente en materia estadística debe aprobar el Padrón.

3. El Gobierno de la Generalidad y los propios Ayuntamientos pueden disponer la inclusión de datos complementarios en el Padrón Municipal de Habitantes.

4. La gestión del Padrón está a cargo del Ayuntamiento. En caso de que la Administración del Estado o de la Generalidad dispongan la inclusión de más datos de los previstos en el apartado segundo del artículo anterior, deben compensar económicamente a los Ayunamientos por el aumento de coste que esto implique.

5. La inscripción de los españoles que residan en el extranjero se hace en un Padrón especial, gestionado también por el Ayuntamiento, en coordinación y colaboración con las Administraciones del Estado y de la Generalidad.

   Artículo 51

1. El alcalde debe declarar de oficio la condición de vecino en favorPage 343 de los que al formarse o rectificarse el Padrón llevasen más de dos años de residencia efectiva en el término municipal. Asimismo, también debe declarar vecinos a los que, residiendo en el término municipal, lo soliciten reuniendo los requisitos del artículo 48.2 de esta Ley. La declaración de domiciliado procede en condiciones similares.

2. El Padrón y sus rectificaciones deben ser expuestos al público, a los efectos de que los interesados puedan efectuar reclamaciones.

3. Contra la inclusión, exclusión o calificación de los habitantes en el Padrón Municipal, los interesados pueden formular alegaciones ante el alcalde, cuya resolución puede recurrir se en reposición ante él mismo. El alcalde resuelve este recurso previo informe del órgano de la Administración del Estado competente en materia de estadística.

   Artículo 52

1. La inscripción padronal es requisito para hacer efectivo los derechos y deberes ciudadanos que regula el capítulo siguiente.

2. Estos derechos y deberes, según la calificación jurídica de que se trate, son exigibles tanto en relación con la Administración municipal, como en relación con los otros Entes Locales previstos en esta Ley competentes en el territorio en que vive el ciudadano.

Artículo 53

1. En relación con los entes de gobierno local de Cataluña, los ciudadanos ostentan los siguientes derechos y deberes:

   1. Ser elector y poder ser elegido, de acuerdo con lo que dispone la legislación electoral.

   2. Participar en la gestión de los asuntos locales, de acuerdo con lo que dispone en esta Ley y en las otras que sean de aplicación, y, en su caso, colaborar voluntariamente cuando les sea solicitado por los órganos de gobierno y de administración local.

   3. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos locales, y acceder a los aprovechamientos comunales, de acuerdo con las normas aplicables.

   4. Contribuir, mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas, a la realización de las competencias locales.

   5. Recibir una información puntual objetiva y amplia de los asuntos municipales; ser puntualmente informado, previa petición razonada, y diri-Page 344gir solicitudes a las administraciones locales, en relación con todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo que prevé el artículo 105 de la Constitución.

   6. Ejercer el derecho de petición a las autoridades locales, o a las otras autoridades del Estado, a través de los órganos de gobierno local.

   7. Pedir la consulta popular, en los términos previstos en la Ley.

   8. Exigir la prestación, y en su caso, establecimiento de los correspondientes servicios públicos, en los casos de competencias locales de carácter obligatorio.

   9. Ser protegido en el uso de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución, de acuerdo con las leyes, y en el ámbito de las competencias y posibilidades de los entes de gobierno local.

   10. Utilizar en sus relaciones con la Administración local de Cataluña, y ser atendido por la misma, en la lengua oficial que libremente elijan.

   11. Asistir a las sesiones de los consejos plenarios locales, y de los otros órganos de gobierno local cuyas sesiones sean públicas, y, en su caso, ser escuchados en las mismas, en los términos previstos en esta Ley y en el respectivo Reglamento Orgánico.

2. Los extranjeros domiciliados que sean mayores de edad gozan de los derechos y deberes propios de los vecinos, excepto de los de carácter político. No obstante, tienen derecho al sufragio activo en los términos previstos en la legislación electoral aplicable a las elecciones locales.

3. Los españoles menores de edad emancipados o judicialmente habilitados tienen iguales derechos que los vecinos, a excepción de los de carácter político.

   Artículo 54

1. Los Entes de gobierno local sólo pueden establecer prestaciones personales y de transporte por parte de los residentes, o, en su caso, las compensaciones económicas de las mismas, en los casos y con el alcance que determinen las Leyes.

2. Excepto en los casos de operaciones relacionadas con la protección civil, las prestaciones a que se refiere este artículo son una medida excepcional, cuando no haya otras normas de cumplir los servicios locales obligatorios. En su establecimiento, debe velarse escrupulosamente por el cumplimiento del principio de igualdad y otros derechos constitucionales.

   Articulo 55

   La efectividad de los derechos que se establecen en este Capítulo puede ser exigida por los ciudadanos mediante los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que correspondan, pudiendo buscar el apoyo de la Sindicatura de Greuges, sin perjuicio de los canales de participación política.

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Artículo 56

Los entes de gobierno local en general, y de forma especial los Municipios, deben facilitar y estimular la participación de los ciudadanos en los asuntos locales, mediante las fórmulas que se establezcan en este Capítulo, o por cualquier otra que sea oportuna.

Articulo 57

Los Reglamentos Orgánicos, o, en su caso, las otras normas de organización, de los entes de gobierno local deben prever una suficiente articulación de los siguientes derechos de participación ciudadana:

1. La emisión de una información amplia, puntual y objetiva sobre los asuntos y actividades locales.

2. La participación en las sesiones de los órganos de gobierno local, cuando éstas tengan el carácter de públicas.

3. El acceso a la documentación local, cuando ésta tenga el carácter de pública, o cuando los ciudadanos o sus asociaciones estén directa y legitimamente interesados, y el derecho a obtener copias y certificaciones de la citada documentación.

4. El derecho de petición a los órganos locales, de formularles propuestas de actuación y preguntas, en las materias y asuntos de su competencia, y el derecho de que los órganos locales canalicen las peticiones que correspondan a la competencia de otras administraciones públicas.

5. El fomento y la ayuda material y financiera a las asociaciones ciudadanas cuyos objetivos sean de interés local.

   Artículo 58

   A los entes locales que no regulen mediante sus propias normas los derechos citados en el artículo anterior, les será de aplicación la normativa subsidiaria que dicte por Decreto el Gobierno de la Generalidad.

   Artículo 59

   1. Los alcaldes pueden someter a Consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local.

   2. Para tramitar válidamente la consulta, deben cumplirse los siguientes requisitos:

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1. Los términos exactos de la Consulta son aprobados por la mayoría absoluta de miembros del Pleno.

2. El alcalde informa al Gobierno de la Generalidad, y simultáneamente solicita al Gobierno del Estado la autorización para convocar la consulta. La solicitud al Gobierno puede hacerla directamente a la Administración del Estado o a través de la Generalidad.

3. Si el Gobierno de la Generalidad tiene alguna observación a hacer en relación con la legalidad de la consulta, la pone en conocimiento del Ayuntamiento afectado y del Gobierno del Estado. Si a pesar de estas observaciones prosperase la consulta, el Gobierno de la Generalidad podría impugnar jurisdiccionalmente su celebración.

4. El Gobierno del Estado debe pronunciarse en relación con la autorización solicitada en el plazo de un mes de haberla recibido; en caso contrario, la autorización se entiende concedida por silencio administrativo positivo.

5. La autorización sólo puede ser denegada si su objeto no reúne los requisitos del apartado primero de este artículo, o si la consulta hubiese de coincidir con procesos electorales de carácter general o autonómico.

   3. Una vez obtenida la autorización, el alcalde debe convocar la consulta en los tres meses siguientes, siempre y cuando el acuerdo de autorización no indique otra cosa.

   4. El Gobierno puede condicionar su autorización a la modificación por parte del Ayuntamiento de los términos de la consulta. Si el Ayuntamiento se aviene a estas indicaciones, la autorización es efectiva desde el momento en que el Pleno acepta los términos propuestos por el Gobierno. En caso contrario, el Ayuntamiento puede entender denegada la solicitud.

   5. La denegación de la solicitud debe estar siempre motivada.

   6. Contra las resoluciones administrativas en materia de consultas populares, los órganos o ciudadanos interesados pueden interponer el recurso Contencioso Electoral; opcionalmente, pueden plantear antes los correspondientes recursos administrativos.

   7. Las consultas populares se regirán para todo aquello que no se prevé en este artículo por la legislación sobre Referéndum.

Artículo 60

1. Los Municipios de Cataluña son las entidades básicas en que sePage 347 estructura la organización territorial de la Generalidad, y también la del Estado.

2. Los Municipios son, también, las Entidades Locales básicas, y gozan de autonomía, personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas, para representar los intereses de la respectiva colectividad y para gestionar los servicios públicos cuya titularidad asuman.

   Artículo 61

1. Los elementos del Municipio son el territorio, la población y la organización.

2. El término municipal es el ámbito territorial en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.

3. La población municipal está constituida por todos los residentes.

4. La organización municipal se institucionaliza en el Ayuntamiento, que está formado por el alcalde y los concejales.

   Artículo 62

1. Los Municipios se identifican por su denominación y otros símbolos representativos.

2. Si un Municipio está formado por más de un núcleo de población, puede acordar que uno de ellos asume la capacidad.

3. Corresponde al Pleno municipal la determinación del nombre y capitalidad del Municipio, y también la institución o modificación de escudo, bandera o distintivo municipal. Los acuerdos sobre estas materias deben ser tomados por mayoría de las dos terceras partes del número de concejales de hecho y, en todo caso, mayoría absoluta del número legal de miembros del Ayuntamiento. Para la institución o modificación del escudo, bandera o distintivo municipal, debe solicitarse previamente informe al Institut d'Estudis Catalans.

4. En los casos de cambio de nombre o capitalidad, los acuerdos correspondientes deben ser remitidos al Departamento de Gobernación de la Generalidad, a los efectos de su inscripción en el Mapa Municipal de Cataluña; al Ministerio de Administración Territorial, a los efectos de su inscripción en el Registro de las Entidades Locales del Estado, y al Boletín Oficial del Estado.

   Artículo 63

   Los Municipios pueden anteponer a su nombre el tratamiento de ciudad,Page 348 villa o cualquier otra denominación genérica que entiendan adecuada. Asimismo, pueden utilizar los títulos y honores específicos que les hayan sido reconocidos históricamente.

Articulo 64

1. El Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales, es la institución en que reside el gobierno y la organización mundiales.

2. La elección y cese del alcalde y los concejales se hace de acuerdo con lo que se dispone en las normas electorales.

3. A los Municipios que se rigen por el régimen de Consejo Abierto, les son de aplicación las normas especiales propias de ese régimen.

   Artículo 65

1. La denominación de las autoridades y órganos municipales es la que se prevé en esta Ley. Asimismo, pueden utilizarse las denominaciones tradicionales o históricas en los términos previstos en los respectivos Reglamentos Orgánicos.

2. Sin perjuicio de lo que se establece en el apartado anterior, las autoridades locales tienen el mismo tratamiento que cualquier ciudadano, a no ser que quieren utilizar tratamientos especiales que les hayan sido concedidos en el pasado.

   Artículo 66

1. Son órganos comunes a todos los Ayuntamientos, los siguientes:

   1. El alcalde, elegido por los concejales, cuyas funciones son las de representar al Municipio, presidir el Ayuntamiento y dirigir el gobierno y la Administración municipales.

   2. Los tenientes de alcalde, a quienes corresponde sustituir al alcalde y, si procede, ejercer las competencias que éste les delegue.

   3. El Pleno municipal, integrado por todos los concejales, que ejerce las funciones superiores de planificación y control municipales.

   4. La comisión especial de cuentas, que es el órgano especializado en la información de las cuentas municipales.

2. En todos los Ayuntamientos con una población de derecho superior a los 5.000 habitantes eviste una Comisión de Gobierno, que también puedePage 349 instituirse en los Municipios de menor población, si así lo dispone su Reglamento Orgánico. La función principal de la Comisión de Gobierno es la de asistir al alcalde en el gobierno y administración municipales. La Comisión de Gobierno también ejerce las competencias que le deleguen otros órganos municipales.

   Artículo 67

1. El Ayuntamiento, en ejercicio de su autonomía organizativa, puede crear otros órganos minicipales complementarios, respetando en todo caso la organización básica determinada en las leyes. La creación de los órganos complementarios debe responder a los principios de eficacia, economía organizativa y participación ciudadana.

2. En el marco de lo que se dispone en el artículo anterior, se pueden instituir órganos de gestión desconcentrada, órganos para la participación ciudadana, grupos municipales y portavoces de éstos, comisiones informativas para el tratamiento previo de los asuntos del Pleno, o cualesquiera otros. En todo caso, todos los grupos políticos municipales tienen derecho a participar en las comisiones informativas y, en general, en los órganos de asistencia al Pleno municipal.

3. La competencia para la creación de los órganos complementarios corresponde al Pleno Municipal, excepto cuando se trate de órganos de gestión cuya relevancia no supere los límites de las atribuciones del alcalde. En estos casos, la competencia para la creación, reglamentación o supresión de los órganos corresponde al alcalde, que debe dar cuenta al Pleno.

   Artículo 68

   La reglamentación sobre la organización complementaria municipal que apruebe el Consejo Ejecutivo de la Generalidad será aplicable mientras los Ayuntamientos no aprueben una propia, mediante el correspondiente Reglamento Orgánico. Los principios que deben inspirar esta organización supletoria son los que se citan en el apartado primero del artículo anterior.

   Artículo 69

1. El Pleno municipal, integrado por todos los concejales, está presidido por el alcalde.

2. Corresponden al Pleno las atribuciones siguientes:

   1. El control y fiscalización de los órganos de gobierno del Ayuntamiento.

   2. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supra-municipales; alteración del término municipal; creación o supresión de Muni-Page 350cipios o Entidades de Descentralización Municipal; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del Municipio y el cambio de nombre de éste o de las entidades citadas y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

   3. La aprobación de los planes y otros instrumentos de ordenación y gestión previstos en la legislación urbanística.

   4. La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas y otras normas municipales.

   5. La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de los presupuestos; la disposición de los gastos en los asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas.

   6. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.

   7. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.

   8. Plantear conflictos de competencia a otras Entidades Locales y restantes Administraciones públicas.

   9. La aprobación de la plantilla de personal, la relación de los puestos de trabajo, las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual, en los términos establecidos en la legislación sobre función pública, y también la separación del servicio de funcionarios de la Entidad, salvo lo que se establezca en el art. 99 de la Ley 7/85, y la ratificación del despido del personal laboral.

   10. El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales.

   11. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

   12. La alienación del patrimonio.

   13. La adquisición de bienes y derechos del Municipio, y la transacción sobre éstos, siempre que las competencias no estén atribuidas a otros órganos.

   14. La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales en los términos previstos en la legislación aplicable.

       ñ) La contratación de obras, servicios o suministros cuya duración exceda de un año, o exija créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual.

   15. El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, y concesión de «quita y espera».

   16. Las otras que correspondan al Pleno por el hecho de que su aprobación exija una mayoría calificada.

   17. Las otras que expresamente le atribuyan las leyes.

       Artículo 70

       Es atribución del Pleno la votación de la Moción de Censura al alcalde en los términos regulados en la legislación electoral. En cualquier caso, laPage 351 Moción de Censura debe ser suscrita como mínimo por una tercera parte de los concejales, y debe proponer candidato a la Alcaldía, que es automáticamente elegido si prospera la Moción, para lo cual es necesario que sea votada favorablemente por la mayoría absoluta de los miembros del Ayuntamiento. Cada concejal sólo puede suscribir una Moción durante el mandato municipal.

       Artículo 71

1. En su calidad de representante del Municipio, el alcalde representará también al Ayuntamiento y los establecimientos dependientes de él, haciendo valer sus intereses y derechos ante todas las instancias. En esta representación, el alcalde recibe de autoridades, instituciones y ciudadanos la debida consideración.

2. En su calidad de presidente del Ayuntamiento, el alcalde ostenta también la facultad de presidir y convocar a los órganos municipales, y también las subastas y concursos por ventas, arrendamientos, suministros y cualquier tipo de adjudicaciones de obras y servicios municipales, decidiendo los empates con su voto de calidad.

3. Como responsable del gobierno municipal, el alcalde ostenta las atribuciones siguientes:

   1. Dirigir el gobierno y la Administración municipales.

   2. La organización de los servicios administrativos de la Entidad, en el marco del Reglamento Orgánico.

   3. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

   4. Dictar bandos.

   5. Disponer gastos, en los límites de su competencia, ordenar pagos y rendir cuentas; el desarrollo y la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.

   6. Ejercer la dirección superior de todo el personal de la Entidad, y también cualquier atribución en materia de personal no expresamente imputada al Pleno municipals.

   7. Ejercer la dirección superior de la policía municipal, y también el nombramiento y sanción de los funcionarios que lleven armas.

   8. Ejercer acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.

   9. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofes o infortunios públicos o grave peligro, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno.

   10. Sancionar faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de ordenanzas municipales, excepto en los casos en que la facultad se atribuya a otros órganos.

   11. La contratación o concesión de obras, servicios y suministros siempre que su cuantía no exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto ni del cincuenta por ciento del límite general aplicable a la contratación directa, o cuando, excediendo de esta cuantía, tengan una duración no superior a un año, o no exijan créditos superiores a los consigna-Page 352dos en el presupuesto; siempre de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

   12. Conceder licencias excepto cuando las Ordenanzas o las Leyes sectoriales otorguen esta atribución al Pleno o a la Comisión de Gobierno.

   13. Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos municipales.

   14. Las otras atribuciones que expresamente le otorguen las Leyes, y aquellas que la legislación asigne al Municipio y no atribuya a otros órganos municipales.

4. El alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, execepto las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno, y las citadas en los apartados a), d), /), inciso primero, h) e i).

   Articulo 72

   El alcalde es el representante ordinario de la Generalidad de Cataluña en el término municipal.

   Artículo 73

1. La Comisión de Gobierno está integrada por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de éstos, nombrados y separados por el alcalde, dando cuenta al Pleno.

2. Corresponde a la Comisión de Gobierno:

   1. La asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, asumiendo la responsabilidad política de los acuerdos que tome en esta función.

   2. Las atribuciones que el alcalde u otro órgano de gobierno le delegue, o las que le atribuyan las leyes. No son delegables las atribuciones plenarias determinadas en los apartados a), b), c), d), e), /), g), b), i), k) y vi) del artículo 63.

   Articulo 74

1. Es función de los tenientes de alcalde la de sustituir, por el orden de su nombramiento, y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al alcalde.

2. En los Municipios que no dispongan de Comisión de Gobierno, el alcalde puede delegar sus atribuciones en los tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, otorgue en favor de otros concejales.

3. Los tenientes de alcalde son libremente designados y revocados por el alcalde de entre los miembros de la Comisión de Gobierno, o de entre los concejales cuando ésta no exista.

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   Artículo 75

   Los Ayuntamientos pueden instituir órganos de desconcentración municipal en los casos siguientes:

   1. Cuando razones derivadas del volumen y complejidad de gestión así lo aconsejen.

   2. Por motivos fundamentales en la expectativa de aumentar o mejorar la financiación de los servicios.

   3. Para posibilitar un mayor grado de participación ciudadana en la gestión del servicio, o de un barrio o distrito.

   4. Para aumentar la capacidad de respuesta municipal, aligerando los procedimientos de gestión y tramitación municipal.

      Artículo 76

      Para la creación de órganos de desconcentración municipal es necesario atender a los criterios siguientes:

   1. En ningún caso pueden utilizarse estas técnicas para la gestión de los servicios que impliquen ejercicio de autoridad.

   2. Los órganos desconcentrados se crean de acuerdo con las formas institucionales que se regulan en la legislación administrativa.

   3. La institución de estos órganos debe atenerse al principio de economía organizativa.

   4. Los actos de creación y los estatutos o normas fundacionales de los órganos desconcentrados deben establecer suficientes mecanismos de tutela municipal sobre éstos; en especial, sobre los instrumentos de planificación, los presupuestos y las cuentas de estos órganos. Se exceptúa de lo que se dispone en este apartado a las sociedades mercantiles de accionariado mixto

Artículo 77

El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad de vecinos.

Artículo 78

El Municipio ejerce, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de la Generalidad, en las materias siguientes:

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1. Seguridad en los lugares públicos.

2. Ordenación del tránsito de vehículos y personas en vías urbanas,

3. Protección civil, prevención y extinción de incendios.

4. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines; pavimentación de vías públicas urbanas, y conservación de caminos y vías rurales.

5. Patrimonio histórico-artístico.

6. Protección del medio ambiente.

7. Abastecimientos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

2. Protección de la salubridad pública.

9. Participación en la gestión de la atención primaria a la salud.

10. Cementerios y servicios funerarios.

11. Prestación de los servicios sociales, y de promoción y reinserción social.

12. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillas y tratamiento de aguas residuales.

13. Transporte público de viajeros.

14. Actividades o instalaciones culturales o deportivas, ocupación del ocio y turismo.

    ñ) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

    Artículo 79

    Asimismo, y en el marco de sus competencias, la legislación de la Generalidad debe reconocer competencias a los Municipios, al menos, en las materias siguientes:

1. Archivos, bibliotecas, museos, conservatorios de música y centros de bellas artes.

2. Ordenación y policía del litoral.

3. Ordenación y fomento de las estructuras agrarias y prestación de servicios de interés público agrario.

4. Ocupación y lucha contra el paro.

5. Medios de comunicación de alcance municipal, y la autorización y control de las redes urbanas de comunicación.

6. Ordenación, autorización y control de los establecimientos industriales, comerciales o profesionales, y también los de espectáculos o diversión.

7. Juventud, promoción y reinserción de menores.

8. Promoción de la mujer.

9. Lucha contra las drogodependencias.

10. Instituciones de crédito popular.

11. Policía urbana y rural.

    Page 355

    Artículo 80

    Sólo mediante Ley se pueden determinar las competencias municipales en las materias citadas en los artículos anteriores.

    Artículo 81

    1. Los Municipios, por sí mismos o asociados, deben prestar necesariamente los servicios siguientes:

1. Todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillas, acceso a los núcleos de población, pavimentación y conservación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

2. Los Municipios de población superior a los 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado, tratamiento de residuos y policía urbana y rural.

3. Los Municipios de población superior a los 20.000 habitantes, además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público y matadero.

4. Los Municipios de población superior a los 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

   2. Los Municipios pueden solicitar a la Generalidad la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan, cuando, a causa de sus características propias, los citados servidos resulten de imposible o muy difícil prestación por parte del Ayuntamiento. La dispensa es de reconocimiento obligado cuando se fundamente adecuadamente en la falta de necesidad de prestación del servicio a causa de las características propias del municipio, y la decisión haya sido sometida a información pública, sin merecer reclamaciones.

   3. En todo caso, las comarcas y las regiones son subsidiariamente responsables del cumplimiento de los servicios que se citan en este artículo.

      Artículo 82

   1. Los Municipios pueden realizar actividades complementarias propias de la Administración del Estado y de la Generalidad, y en particular las relativas a la enseñanza, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.

   2. Además, y en el ámbito de las atribuciones genéricas de la Generalidad, los Municipios pueden llevar a cabo actividades complementarias en materia de ocio, deportes, política social y promoción de la ocupación, fomento de los sectores económicos locales, y otras análogas. Las actividades muni-Page 356cipales en estas materias deben respetar, si se da el caso, la planificación aprobada por la Generalidad.

   3. Asimismo, los Municipios pueden llevar a cabo actividades no imputadas expresamente a ninguna otra Administración, siempre que sean de interés para el bienestar de la población, y que su alcance no supere el término municipal.

      Artículo 83

      Los Municipios pueden ejercer las competencias o servicios que les deleguen las otras Administraciones o instituciones públicas. El régimen aplicable a las delegaciones de competencias o servicios en favor de los Municipios es el previsto con carácter general en esta Ley para la delegación de competencias o servicios.

Artículo 84

1. Las haciendas municipales deben ser suficientes y disponer de los medios financieros adecuados para el cumplimiento de los fines y el desarrollo de las competencias que la legislación imputa a los Municipios.

2. Corresponde al Gobierno de la Generalidad velar por el cumplimiento del principio de suficiencia financiera de las haciendas municipales.

   Artículo 85

   Las haciendas municipales se nutren fundamentalmente de los tributos propios, y de la participación en los ingresos del Estado y de la Generalidad. Constituyen también recursos locales los siguientes:

   1. Los ingresos de derecho privado, incluidos los legados y las donaciones de cualquier género.

   2. Las subvenciones e ingresos de derecho público.

   3. Los ingresos procedentes de las operaciones de crédito o endeudamiento.

   4. Las multas.

   Artículo 86

1. Independientemente de las subvenciones afectadas a un fin específico, la Generalidad de Cataluña debe transferir a los municipios los recursosPage 357 correspondientes del Fondo de Cooperación Local de Cataluña, que no quedarán afectados a ningún fin específico.

2. La Generalidad debe velar para que la correlación entre el volumen de subvenciones y de ingresos finalistas en relación con los ingresos municipales totales no comprometa la independencia y la autonomía de los entes locales.

3. La distribución del Fondo municipal del Fondo de Cooperación Local de Cataluña se hace de acuerdo con los criterios que se establecen en esta Ley y en los Presupuestos de la Generalidad.

   Artículo 87

   Los Municipios tienen potestad para el establecimiento de contribuciones especiales, tasas o precios públicos, en el marco de lo que se establece en las Leyes.

Artículo 88

1. La legislación sectorial de la Generalidad debe atender a la especificidad de los Municipios que, por su tamaño, situación geográfica, actividad primordial, patrimonio cultural o histórico, déficits infraestructurales, o cualquier otra peculiaridad, merezcan un tratamiento diferenciado desde el punto de vista de su organización o financiación, para proteger su patrimonio cultural o artístico, o para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de sus habitantes.

2. Son nulas las disposiciones referidas a los Municipios cuando supongan un tratamiento discriminatorio, o un privilegio injustificado en relación con el resto de municipios de Cataluña.

   Artículo 89

1. Funcionan en régimen de Consejo Abierto los Municipios de menos de cien habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este régimen de gobierno y Administración.

2. Pueden también funcionar con este régimen especial los Municipios de menos de doscientos cincuenta habitantes que gocen de aprovechamientos comunales de rendimiento igual o superior a la cuarta parte de los ingresos ordinarios de su presupuesto, o tengan características especiales que lo haganPage 358 aconsejable. La constitución del Consejo Abierto requiere, en estos casos, la petición de la mayoría de vecinos, la decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento, y la aprobación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad.

3. En estos Municipios, el gobierno y la Administración corresponden a un alcalde elegido de acuerdo con la legislación electoral, y a un Consejo General del que forman parte todos los electores. El funcionamiento de estos Municipios se ajusta a las costumbres y a las tradiciones, o a lo que disponga el Consejo General mediante un reglamento de régimen interior, respetando las reglas fundamentales establecidas en esta Ley, que será supletoria en todo aquello que sea aplicable.

4. En todo caso, corresponde al alcalde la representación del municipio, su gobierno y Administración, la presidencia del Consejo y la ejecución de sus acuerdos.

   Artículo 90

1. El Municipio de Barcelona dispone de un régimen especial, que debe ser aprobado por Ley de Cataluña, cuya propuesta debe ser presentada por el Ayuntamiento al Gobierno de la Generalidad, a fin de que tramite el oportuno proyecto de ley. En el precedimiento parlamentario debe garantizarse la audiencia del Ayuntamiento. En el caso de que el régimen especial aconseje la modificación o la adaptación de aspectos básicos de la legislación estatal, el Parlamento elevará la correspondiente propuesta de Proposición de Ley a las Cortes Generales.

2. Lo mismo que prevé el apartado anterior puede ser de aplicación en aquellos otros municipios cuyo tamaño y complejidad así lo aconsejen en el futuro.

Artículo 91

1. La Comarca es una Entidad Local básica para la organización de la Generalidad. Goza de autonomía, personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas. Son fines de la Comarca la representación de los intereses generales de su territorio yPage 359 de los ciudadanos que habitan en él, el apoyo a los Municipios que la integran y la gestión de los servicios públicos locales de su ámbito, con el objeto de hacer efectivo el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos y de contribuir a la solidaridad y al equilibrio territoriales.

2. Como ente de gobierno local, los elementos de la Comarca son el territorio, la población y la organización.

   1. El territorio de la Comarca es el comprendido en los respectivos límites comarcales, que sean determinados de acuerdo con los criterios establecidos en el Título I de esta Ley.

   2. La Población de la Comarca está constituida por las de los respectivos municipios, con las características y situaciones jurídicas que correspondan, atendiendo a lo que dispone el Título II de esta Ley.

   3. La organización comarcal se institucionaliza en el Consejo Comarcal, que se estructura en el Consejo en Pleno, su Presidente y otros órganos establecidos en esta Ley y en el Estatuto Comarcal.

   Artículo 92

1. Las Comarcas se identifican por su denominación, que es la establecida en su norma.

2. Los órganos del Consejo Comarcal tienen su sede en el Municipio capital, sin perjuicio del establecimiento de servicios en otros lugares dentro de los límites comarcales. La capital de la Comarca es la definida en su norma constituyente.

3. Los Consejos Comarcales, previa audiencia de los Ayuntamientos miembros, pueden proponer el cambio de capitalidad y de nombre de la Comarca, y también el establecimiento de otros signos identificadores. Estas propuestas se tramitan en los mismos términos regulados en esta Ley para la alteración de los límites comarcales.

4. Los datos referentes a la capitalidad, denominación y otros signos identificadores de la Comarca están reflejados en el Mapa Comarcal de Cataluña.

Artículo 93

1. La organización del Consejo Comarcal se estructura en el siguiente esquema básico:

   1. Consejo Comarcal en pleno.

      Page 360

   2. Presidente y vice-presidentes.

   3. Comisión Especial de Cuentas.

2. El Estatuto Comarcal y el Reglamento Orgánico Comarcal pueden establecer, en los términos previstos en esta Ley, otros órganos complementarios.

   Artículo 94

1. El Consejo Comarcal está formado por los consejeros, que son representantes de los Ayuntamientos de la Comarca, en los términos regulados en el correspondiente Estatuto Comarcal, y en atención a los siguientes criterios:

   1. Deben estar representados todos los Ayuntamientos de la Comarca.

   2. La representación que corresponda a cada Ayuntamiento es proporcional a su población.

   3. Asume la representación municipal en el Consejo Comarcal el alcalde o el concejal que sea nombrado a tal fin por el respectivo Plenario.

2. A los efectos del apartado b) anterior cada uno de los miembros del Consejo Comarcal ostenta el número de votos que correspondan al respectivo Municipio, en atención al criterio siguiente: todos los Municipios un voto, y los de más de mil habitantes, un voto más por cada mil habitantes o fracción.

   Artículo 95

1. El mandato de los miembros del Consejó Comarcal coincide con los respectivos mandatos municipales, sin perjuicio de la concurrencia de alguna de las siguientes causas de pérdida de la condición de consejero.

   1. Dimisión o renuncia.

   2. Pérdida de la condición de alcalde o de concejal.

   3. Revocación de su nombramiento por parte del Ayuntamiento respectivo.

2. En los casos de vacante, el respectivo Ayuntamiento debe nombrar un nuevo consejero en el plazo de un mes de hacerse efectiva.

3. El régimen de incompatibilidades de los consejeros es el mismo que esté vigente para los concejales.

   Artículo 96

   El Pleno del Consejo está presidido por el presidente del Consejo Comarcal, y se reúne en sesión ordinaria con la periodicidad que determine elPage 361 respectivo Estatuto Comarcal, que en cualquier caso no puede ser superior a los tres meses.

   Artículo 97

1. El presidente del Consejo Comarcal es elegido por el respectivo Plenario, y pueden ser candidatos cualesquiera de sus miembros. Son de aplicación para esta elección las normas procedimentales previstas en la legislación electoral general para la elección de los presidentes de las Diputaciones Provinciales.

2. El mandato del presidente coincide con el del Consejo Comarcal, sin perjuicio de su cese por los siguientes motivos:

   1. Pérdida de la condición de concejal.

   2. Dimisión o renuncia.

   3. Destitución por acuerdo del Plenario del Consejo. La destitución sólo procede cuando sea presentada en forma de Moción de Censura, propuesta por un mínimo de una tercera parte de los votos que legalmente están presentes en el Consejo, debatida en una sesión extraordinaria convocada a este solo efecto, y votada favorablemente por la mitad más una de los votos legalmente representados en el Consejo. Para ser válida, la Moción de Censura debe incluir un candidato alternativo a la presidencia, que es automáticamente elegido caso de prosperar la Moción.

3. Los vice-presidentes son nombrados, y pueden ser destituidos, por el presidente, de entre los consejeros comarcales, informando puntualmente al Plenario del Consejo.

   Artículo 98

   La Comisión Especial de Cuentas está formada por el número de consejeros que determine el Estatuto Comarcal, y están presentes en ella representantes de todos los grupos que se constituyan en el seno del Consejo. Sus atribuciones y normas de funcionamiento son las previstas en el Título XII de esta Ley.

   Artículo 99

1. El Estatuto Comarcal regula, en el marco de los preceptos de esta Ley y otra legislación aplicable:

   1. Las normas específicas del régimen de sesiones comarcales, y también su periodicidad.

   2. El procedimiento para la elección del presidente, y también para presentar las eventuales mociones de censura y para cubrir, si procede, la vacante.

      Page 362

   3. El número de vice-presidentes y sus atribuciones, previendo en cualquier caso sus funciones de sustitución en caso de vacante en la presidencia.

   4. El número de miembros que deben formar la Comisión Especial de Cuentas, y en qué proporción están representados los diferentes grupos políticos presentes en el Consejo Comarcal.

   5. Si procede, el establecimiento de la Comisión de Gobierno, con indicación de su número de miembros, criterios de elección y nombramiento, normas de funcionamiento y atribuciones. En cualquier caso, si existiese, Comisión de Gobierno debe estar presidida por el Presidente del Consejo y formada por consejeros, y puede ostentar cualquier atribución, a excepción de aquellas que esta Ley atribuya, en calidad de indelegable, al Consejo Comarcal en pleno o a su presidente.

   6. El reconocimiento y la estructuración institucional de los grupos políticos presentes en el Consejo Comarcal.

   7. Aquellas otras normas de organización que estime convenientes.

2. El Estatuto Comarcal también puede incluir la regulación de las cuestiones que el artículo siguiente califica de propias del Reglamento Orgánico Comarcal.

   Artículo 100

1. En ejercicio de su potestad de autoorganización, el Consejo Comarcal, por mayoría absoluta de los votos representados en su plenario, puede aprobar un Reglamento Orgánico Comarcal.

2. El Reglamento Orgánico Comarcal puede:

   1. Establecer órganos complementarios a los previstos en esta Ley y a los que disponga el Estatuto Comarcal, y también desarrollar sus normas de funcionamiento.

   2. Disponer el establecimiento de órganos colegiados para informar las cuestiones a resolver por el Gobierno Comarcal en pleno y, si procede, por la Comisión de Gobierno. Si existieran, en estos órganos deben estar representados todos los grupos políticos presentes en el Consejo, sí no es que renuncian a ello.

   3. Determinar la estructura administrativa de la Comarca, y también los mecanismos de relación entre los órganos comarcales y los municipales respectivos.

3. Previamente a su aprobación, el Reglamento Orgánico Comarcal debe haber sido sometido a información de los plenarios municipales de su demarcación.

4. El Consejo Ejecutivo de la Generalidad debe aprobar, por Decreto, un régimen de organización comarcal complementario al establecido en el presente Capítulo y supletorio respecto al previsto en los respectivos Estatu-Page 363tos Comarcales. Sólo es de aplicación en aquellas Comarcas que no se doten del correspondiente Reglamento Orgánico.

   Artículo 101

1. Son atribuciones del Consejo Comarcal en pleno:

   1. El impulso y control de los otros órganos de gobierno de la comarca.

   2. Los acuerdos relativos a la alteración de límites comarcales, cambio de nombre y capitalidad de la comarca y, en su caso, la alteración de límites de las otras entidades territoriales previstas en esta Ley.

   3. La aprobación de los instrumentos de planificación.

   4. La aprobación del Reglamento Orgánico Comarcal y del Proyecto de Estatuto Comarcal.

   5. La aprobación de las Ordenanzas, de los Presupuestos y de las cuentas.

   6. La aprobación de las fuentes de ingresos comarcales y de los gastos en cuestiones de su competencia.

   7. La aprobación de las formas de gestión de los servicios.

   8. Los expedientes de comarcalización de servicios.

   9. Contratar obras y servicios si su cuantía excede del cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, o del cincuenta por ciento del límite general aplicable a la contratación directa.

   10. La aceptación de la delegación de competencias de otras Administraciones.

   11. El planteamiento de conflictos de competencias a otras Administraciones públicas.

   12. Los acuerdos en materia de función pública comarcal que, en su nivel, corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

   13. El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales.

   14. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

       ñ) La alienación del patrimonio.

   15. Aquellas otras que deban corresponder al Plenario, por el hecho de exigirse una mayoría especial para su aprobación.

   16. Las otras que le atribuyan las Leyes y aquellas que estén atribuidas a la Comarca, sin especificar el órgano que es titular.

2. El Estatuto Comarcal puede atribuir a la Comisión de Gobierno o al presidente las atribuciones previstas en los párrafos c), f), g), i), j), k), 1), m), «}, «) y p) del apartado anterior.

3. Si procede, el Plenario del Consejo Comarcal puede delegar en la Comisión de Gobierno el ejercicio de las atribuciones previstas en el apartado anterior, y que no le hayan sido ya asignadas por el Estatuto Comarcal.

   Page 364

   Artículo 102

1. Son atribuciones del presidente del Consejo Comarcal:

   1. Dirigir el gobierno comarcal y convocar y presidir las sesiones del Consejo Plenario y de la Comisión de Gobierno.

   2. Convocar y presidir las sesiones de otros órganos comarcales. Decidir los empates con voto de calidad.

   3. Dirigir la Administración e inspeccionar e impulsar los servicios y las obras comarcales.

   4. Disponer gastos, ordenar pagos y rendir cuentas.

   5. Dirigir el personal comarcal y, en general, todas las atribuciones en materia de personal que no asuma el Consejo.

   6. Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.

   7. Imponer sanciones.

   8. Contratar obras y servicios siempre que su cuantía no exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, ni del cincuenta por ciento del límite general aplicable a la contratación directa.

   9. Otorgar licencias.

   10. Nombrar a los vice-presidentes,

   11. Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y toda clase de adjudicaciones de servicios y obras comarcales.

   12. Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos comarcales.

   13. Aquellas otras que le atribuyan las Leyes.

2. El Estatuto Comarcal puede atribuir a otros órganos de la Comarca, o autorizar su delegación por parte del presidente, las atribuciones previstas en los párrafos b), c), e), g), h), i), k), 1) y m).

   Artículo 103

   Para hacer efectivas las finalidades públicas que tiene encomendadas, la Comarca es titular de las competencias que resulten de la aplicación de los criterios siguientes:

   1. Las atribuidas expresamente por esta Ley.

   2. Las que le atribuyan las leyes reguladoras de los diferentes sectores de la acción pública.

   3. Las previstas en el Estatuto Comarcal.

   4. Las que asuma a través del correspondiente expediente de comarcalización de competencias o de servicios.

      Artículo 104

      En su calidad de entidad territorial, corresponde a la Comarca el establecimiento de las medidas generales para el desarrollo económico de su ámbito; con esta finalidad, ostenta las siguientes competencias propias:

      Page 365

   1. La ordenación territorial a nivel comarcal, confeccionando a tal fin los correspondientes instrumentos de planificación, en el marco de los planes generales o sectoriales. La gestión y la ejecución de las respectivas previsiones.

   2. La promoción de las actividades y del desarrollo económico a nivel comarcal.

   3. El fomento de las comunicaciones internas de la Comarca, y el transporte público de viajeros en el seno de la Comarca, a nivel interurbano.

   4. La cooperación en los servicios municipales, en coordinación con el correspondiente Consejo Regional.

      Artículo 105

      En cumplimiento de los objetivos de descentralización de las funciones públicas, las Leyes de la Generalidad reguladoras de los diferentes sectores de la actividad administrativa deben atribuir a las Comarcas, y sin perjuicio de las que correspondan a los Municipios, competencias de planificación, coordinación o gestión, según los casos, en las siguientes materias:

   1. Protección civil, prevención y extinción de incendios y salvamento.

   2. Funciones de apoyo a las competencias municipales en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, y de promoción y gestión de viviendas.

   3. Parques de ámbito superior al municipal y conservación de caminos y vías rurales.

   4. Protección del medio ambiente.

   5. Mataderos, ferias y mercados de su ámbito.

   6. Participación en la gestión de las instituciones sanitarias.

   7. Funciones de apoyo a las competencias municipales en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

   8. Funciones de apoyo a las competencias municipales en materia de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales, y de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos.

   9. Equipamientos culturales, deportivos y para el ocio, de ámbito comarcal.

   10. Participar en la programación de la enseñanza, en sus niveles primario y medio, y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento de los centros docentes públicos, participar en sus órganos de dirección e intervenir en los servicios de renovación pedagógicos y de orientación y asesor amiento psicopedagógico.

   11. Ordenación y fomento de las estructuras comerciales, industriales y agrarias en su ámbito territorial.

   12. Colaboración con el Municipio en la prestación de los servicios públicos de interés agrario.

       Artículo 106

       El Estatuto Comarcal concreta las competencias y los servicios de laPage 366 titularidad de la Comarca, de acuerdo con lo que derive de los artículos anteriores, y teniendo en cuenta las que hayan acordado delegarle los Municipios de su demarcación, las Regiones o el Gobierno de la Generalidad.

       Artículo 107

       La Comarca puede promover actividades complementarias de aquellas que son competencia de otras Administraciones públicas, especialmente en los términos relacionados con los servicios asistenciales y de promoción personal, y en las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente. En cualquier caso, debe respetar la integridad competencial de las Administraciones públicas que sean titulares de ellas.

       Artículo 108

1. La Comarca puede asumir servicios de titularidad de los Municipios, teniendo en cuenta las cautelas previstas en el artículo 42.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y evitando cualquier tipo de discriminación, mediante la tramitación del correspondiente expediente de establecimiento de servicios comarcales, en los siguientes términos:

   1. Elaboración y aprobación del proyecto de establecimiento de servicios comarcales, y de la correspondiente memoria justificativa, por el Consejo Comarcal en Pleno, con el acuerdo de la mayoría absoluta de los votos que lo integran.

   2. Sometimiento del Proyecto, acompañado de la memoria correspondiente, a informe de todos los Plenarios municipales de la Comarca, por un plazo no inferior a los tres meses.

   3. Estudio, por parte del Consejo Comarcal en Pleno, de las alegaciones presentadas.

   4. El proyecto decae si lo informan negativamente más de una cuarta parte de los Ayuntamientos de la Comarca o uno o diversos Ayuntamientos que representen más del veinticinco por ciento de la población comarcal.

   5. En caso de no darse las circunstancias previstas en el apartado anterior, aprobación del expediente por parte del Consejo Comarcal en Pleno, con el acuerdo favorable de la mayoría absoluta de los votos que están representados.

2. Una vez aprobado el expediente de establecimiento de servicios comarcales, la Comarca asume la competencia o el servicio que ha sido objeto de él, y también la titularidad de los medios personales o materiales que le estaban destinados por parte de los diferentes Municipios. En cualquier caso, debe compensar económicamente a los Municipios afectados si, como resultado del establecimiento del servicio comarcal, pierden la titularidad o la disposición de bienes patrimoniales o demaniales afectados al correspondiente servicio.

   Page 367

3. Con los mismos requisitos apuntados, y mediante el oportuno expediente, la comarca puede disponer que algunos de sus servicios sean de recepción obligatoria por parte de los Municipios que la integran.

4. Con los mismos requisitos previstos en el apartado anterior, el Consejo Comarcal puede proceder al establecimiento de servicios comarcales en relación con servicios de titularidad de Mancomunidades de Municipios o Consorcios de su ámbito territorial. En estos casos, a los trámites de informe señalados en el apartado \.b) anterior, debe añadirse el del máximo órganc rector de la Mancomunidad o del Consorcio.

5. En cualquier caso, el expediente de establecimiento de servicios comarcales previsto en los apartados anteriores debe contener una explicación del servicio que se pretende establecer; un informe relativo a cómo se presta en el momento de iniciar el expediente; una memoria económica, organizativa y técnica exponiendo cómo se proyecta prestar el servicio, y una valoración de la incidencia económica, social e institucional de su establecimiento.

   Artículo 109

1. El Consejo Comarcal puede convenir con cualquier Ayuntamiento de su demarcación la utilización de bienes, servicios o recursos municipales para el ejercicio de sus competencias o para la gestión de los servicios de su titularidad.

2. De manera especial, el Consejo Comarcal ha de procurar convenir con los respectivos Ayuntamientos y con el Consejo Regional correspondiente, la asignación a los servicios comarcales de trabajadores dependientes de estas entidades.

   Artículo 110

   La Comarca puede ejercer las competencias o los servicios que le deleguen las otras Administraciones o instituciones públicas. El régimen aplicable a las delegaciones de competencias o servicios en favor de la Comarca es el previsto con carácter general en esta Ley para las delegaciones de competencias o servicios.

Artículo 111

1. La Comarca dispone de los recursos económicos y personales que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias.

   Page 368

2. La Generalidad de Cataluña garantiza la efectividad del principio de suficiencia financiera en favor de las haciendas comarcales. En aplicación de este principio, la Comarca debe tener capacidad económica para:

   1. Ejercer las competencias que le atribuyan esta y otras Leyes de Cataluña, así como el Estatuto Comarcal.

   2. Gestionar las competencias y los servicios que asuma mediante los expedientes de comarcalización.

   3. Ejercer la iniciativa en las actividades públicas que afecten a sus intereses.

   4. Dar apoyo económico a las necesidades del funcionamiento de sus órganos de gobierno y de la Administración general.

3. Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Comarcal ha de procurar servirse de las plantillas de trabajadores de los Ayuntamientos o del consejo regional respectivo, sin perjuicio de poder crearse su propia plantilla de personal.

   Articulo 112

   La Comarca dispone de las siguientes formas de ingresos económicos:

   1. Participaciones en el Fondo de Cooperación Local de Cataluña y, en su caso, en los Presupuestos Generales del Estado.

   2. Las otras transferencias corrientes o de capital que reciba a cargo de los Presupuestos de la Generalidad o de las Regiones, y también de los Presupuestos Generales del Estado o de los de la Comunidad Económica Europea.

   3. Las aportaciones municipales que se determinen en el Estatuto Comarcal, o acuerden los Ayuntamientos respectivos.

   4. Las que resulten del establecimiento de contribuciones especiales, tasas o precios públicos, en relación con los servicios que gestiona.

   5. Los rendimientos de su patrimonio, y de los aprovechamientos especiales del dominio público de su titularidad.

   6. Donaciones o subvenciones de entidades públicas o privadas.

   7. El endeudamiento.

   8. Ingresos de derecho privado.

   í) Las otras que proceden de acuerdo con la Ley.

   Artículo 113

1. Los ingresos comarcales provenientes del Fondo de Cooperación Local de Cataluña deben dar cobertura a los gastos en los apartados a) y d) del artículo 111 de esta Ley, y permitir una disponibilidad mínima de cara al ejercicio de funciones amparadas en el apartado c) de ese mismo artículo.

2. Los recursos económicos a que se refiere el apartado primero de este artículo constituyen el Fondo Comarcal del Fondo de Cooperación LocalPage 369 de Cataluña, y son distribuidos de acuerdo con los criterios fijados en el Título XII de esta Ley.

   Artículo 114

1. La Comarca tiene derecho a recibir transferencias corrientes a cargo de los Presupuestos de la Generalidad, del Estado, de la Comunidad Económica Europea o de las Regiones, para financiar las competencias o los servicios que éstas le deleguen, para compensar su colaboración en la gestión de competencias o servicios de su titularidad, o para cualquier otra finalidad análoga. En su caso, estas transferencias son distribuidas entre las diferentes comarcas según criterios objetivos, y en función del coste económico que para cada Comarca suponen las actividades que se financian.

2. Pata contribuir a la financiación de sus inversiones, la Comarca tiene derecho a recibir transferencias de capital en el marco del Plan de Inversiones de Interés Local de Cataluña y de los Planes de Cooperación con las obras y servicios locales que elaboren los consejos regionales. También puede recibir transferencias de capital a cargo de las diversas Administraciones públicas, en el marco de su colaboración en la gestión de las inversiones respectivas.

   Artículo 115

1. El Estatuto Comarcal puede prever el establecimiento de aportaciones económicas ordinarias de los Municipios en favor de la Comarca, bien sea para la financiación de competencias o servicios municipales que, en virtud de lo que establece el mismo Estado, se convierten en comarcales, bien sea para cualquier otra finalidad de interés de los Ayuntamientos miembros de la Comarca.

2. El mismo Estatuto regula los criterios relativos a la determinación de la cuantía, periodicidad y actualización o eventual alteración de estas aportaciones, y los de su reparto entre los diferentes Municipios, que en todo caso deben estar en función de su representación en el Consejo Comarcal.

   Artículo 116

1. En su calidad de Entidades Locales de carácter territorial, las Comarcas tienen potestad para el establecimiento de contribuciones especiales tasas o precios públicos, en el marco de los preceptos de esta Ley y de la otra legislación que sea aplicable.

2. Asimismo, gozan de los rendimientos que puedan obtener de su patrimonio y de los aprovechamientos especiales del dominio público de su titularidad, en el marco de lo que establecer esta Ley y la legislación de régimen local que sea aplicable.

   Page 370

   Artículo 117

1. Las Comarcas pueden recibir cualquier tipo de donaciones o subvenciones de entidades públicas o privadas, bien sea a título incondicional, o para el ejercicio de funciones públicas relacionadas con su ámbito de intereses.

2. Para la validez de la recepción de donaciones o subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, es preceptivo solicitar un informe previo del Departamento de la Generalidad a que corresponda por razón de la materia.

   Artículo 118

1. La Comarca tiene capacidad para endeudarse, a fin de afrontar los gastos de sus servicios y para financiar sus inversiones.

2. Para sus operaciones de endeudamiento, es de aplicación el régimen previsto en esta y otras Leyes, en relación con las otras Entidades Locales.

Arítculo 119

1. El Estatuto es la norma fundacional de la Comarca, y regula sus aspectos básicos en el marco de lo que establece esta Ley.

2. El Estatuto Comarcal tiene, como mínimo, los siguientes contenidos:

   1. Indicación de la denominación y otros elementos identificadores, de los límites, de los Municipios y de la capitalidad de la Comarca.

   2. Estructuración y normas de funcionamiento de los órganos de gobierno comarcal, en el marco de lo que establece esta Ley.

   3. Concreción de competencias y servicios, y, en su caso, de fuentes de recursos de la Comarca. Determinación de las aportaciones económicas de los Municipios a la hacienda local.

   4. Normas para regular las relaciones entre la Comarca y los Municipios que la integran, y entre la Comarca y los otros Entes Locales que territorialmente la afecten.

   Artículo 120

1. La aprobación, modificación o derogación del Estatuto Comarcal debe hacerse de acuerdo con el siguiente procedimiento:

   1. El proyecto correspondiente es elaborado y aprobado por el Con-Page 371sejo Comarcal en Pleno, con acuerdo favorable de, como mínimo, las dos terceras partes de los votos que la integran.

   2. El proyecto es sometido a consulta de los Plenarios municipales de la Comarca, durante un plazo mínimo de tres meses. El proyecto decae si es informado negativamente por una cuarta parte de los Ayuntamientos de la Comarca, o por uno o diversos Ayuntamientos que representen como mínimo la cuarta parte de la población comarcal.

   3. El Consejo Comarcal en Pleno estudia las alegaciones formuladas por los Ayuntamientos; si como resultado de éstas se acuerda introducir alguna modificación en el proyecto es necesario que gestione de nuevo el asentimiento municipal.

   4. Si el proyecto prevé o afecta a la atribución a la Comarca de competencias o recursos de la correspondiente Región, el Consejo Regional debe dar formalmente su conformidad simultáneamente al trámite de información municipal.

   5. Si concurren en el Proyecto las condiciones de legitimación señaladas en los apartados anteriores, se somete, por un período mínimo de un mes, a información, en su caso, de las otras Entidades Locales afectadas.

   6. Seguidamente, el Consejo Comarcal remite el Proyecto acompañado de las alegaciones que se le hayan formulado y otra documentación que estime pertinente al consetter de Gobernación, que en el plazo de diez días lo somete a dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y procede a su estudio.

   7. En el plazo máximo de tres meses desde su recepción en el Departamento de Gobernación, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad ha de presentar al Parlamento el correspondiente Proyecto de Ley.

2. La propuesta de reforma del Estatuto Comarcal también puede ser tramitada ante el Parlamento por el mismo Consejo Comarcal, en ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa; en este caso, el Parlamento, antes de pronunciarse sobre la admisión de la proposición, requiere del Gobierno de la Generalidad los informes a que se refieren los apartados /) y g) anteriores.

Artículo 121

1. La Región es la división en que se estructura la Administración territorial del Gobierno de la Generalidad.

2. La Región es también una entidad local de segundo grado, que se define por la agrupación de los Municipios y de las Comarcas que la integran.

   Page 372

3. Como Entidad Local, la Región goza de autonomía, personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas y para gestionar los servicios públicos de su titularidad. Son fines de la Región garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales e intercomarcales, en el marco de la política económica y social, y garantizar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio regional de los servicios de la competencia local.

   Artículo 122

   Los elementos de la Región, como Entidad Local, son el territorio, la población y la organización,

   1. El territorio es el comprendido en los respectivos límites regionales, que son determinados de acuerdo con los criterios establecidos en el Título I de esta Ley.

   2. La población de la Región está constituida por la de los respectivos Municipios, con las características y situaciones jurídicas que correspondan, atendiendo a lo que dispone el Título II de esta Ley.

   3. La organización regional se institucionaliza en el Consejo Regional, que se estructura en el Consejo en Pleno, el presidente y vice-presidentes, la Comisión de Gobierno, y los otros órganos que se establezcan de acuerdo con lo que dispone esta Ley.

   Artículo 123

1. Las Regiones se identifican por su denominación, y otros signos que proceden, y que son los que establecen esta y otras Leyes de Cataluña.

2. Los órganos de gobierno regional tienen su sede en el Municipio capital, sin perjuicio del establecimiento de servicios en otros lugares dentro de los límites de la Región. La capitalidad regional es la establecida en esta Ley para la alteración de los límites regionales.

4. Los datos referentes a la capitalidad, denominación y otros signos identificadores de la Región están reflejados en el Mapa Comarcal de Cataluña.

Artículo 124

1. La organización de la Región se estructura en el siguiente esquema básico:

   1. Consejo Regional en Pleno.

      Page 373

   2. Presidente y vice-presidente.

   3. Comisión de Gobierno.

   4. Comisión Especial de Cuentas.

2. El Reglamento Orgánico Regional puede establecer, en los términos previstos en esta Ley, otros órganos complementarios.

   Artículo 125

1. Para la asignación y elección de los miembros del Consejo Regional en Pleno, para la elección de su presidente, y también para la destitución y cese de unos y otros, deben aplicarse las normas previstas en la legislación electoral para la elección de las Diputaciones provinciales y de los respectivos presidentes.

2. Los vice-presidentes son nombrados libremente por el presidente, que da puntualmente cuenta al Consejo en Pleno. Sustituyen al presidente, en función del orden de su nombramiento, y ejercen las funciones que éste les delegue, o les atribuya el Reglamento Orgánico. Deben ser nombrados de entre los miembros de la Comisión de Gobierno.

3. La Comisión de Gobierno está formada por el presidente y por un número de consejeros que no supere el tercio de su número total, nombrados libremente por el presidente, que da cuenta al Consejo en Pleno. Asiste al presidente en el ejercicio de sus funciones, y ejerce las funciones que éste u otro órgano regional le deleguen, o la atribuya al Reglamento Orgánico.

4. La Comisión Especial de Cuentas está formada por el número de consejeros que determine el Reglamento Orgánico o el Consejo en Pleno, y están presentes en ella representantes de todos los grupos políticos que se constituyan en el seno del Consejo. Sus atribuciones y normas de funcionamiento son las previstas en el Título XII de esta Ley.

   Artículo 126

1. En el ejercicio de su potestad de autoorganización, el Consejo Regional en Pleno, por mayoría absoluta de sus miembros, puede aprobar un Reglamento Orgánico, que puede establecer órganos complementarios a los previstos en esta Ley, y también desarrollar sus normas de funcionamiento.

2. El Reglamento Orgánico puede disponer el establecimiento de órganos colegiados para informar de las cuestiones a resolver por el Consejo Regional. En cualquier caso, debe garantizarrse la presencia en estos órganos de representantes de todos los grupos políticos presentes en el Consejo, si no es que renuncian a ello.

3. El Reglamento Orgánico regula la estructura institucional de los grupos políticos en que se organicen los miembros del Consejo Regional.

   Page 374

4. El Reglamento Orgánico también puede determinar la estructura administrativa del Consejo Regional, y los mecanismos de relación entre los órganos de gobierno regional y los municipios y comarcas de su árnbitOj todo ello en el marco de los preceptos de esta Ley.

5. Previamente a su aprobación, el Reglamento Orgánico Regional es sometido a información de los Consejos Comarcales respectivos.

   Artículo 127

   El Consejo Ejecutivo de la Generalidad puede aprobar, por Decreto, un régimen de organización regional, complementario al establecimiento en el presente capítulo, y supletorio respecto de los Reglamentos Orgánicos Regionales.

   Artículo 128

1. Son atribuciones del Consejo Regional en Pleno:

   1. La organización del Consejo Regional, la aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.

   2. La aprobación y modificación de los Presupuestos, la aprobación de gastos dentro de los límites de su competencia, y la aprobación provisional de las cuentas.

   3. La aprobación de los instrumentos de planificación de carácter regional.

   4. El impulso y el control de la gestión de los otros órganos de gobierno.

   5. Los acuerdos en materia de función pública que, en su nivel, corresponde adoptar al Plenarío municipal.

   6. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

   7. La alienación de los bienes patrimoniales.

   8. El planteamiento de conflictos de competencias a otras Administraciones públicas.

   10. Contratar obras y servicios cuya cuantía exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto o del cincuenta por ciento del límite general aplicable a la contratación directa.

   11. Aquellas atribuciones que deban corresponderé, por ser exigida una mayoría especial para su ejercicio.

   12. Las otras que expresamente le atribuyan las Leyes.

2. Las atribuciones señaladas en los apartados c), g), h), i) y 1) anteriores pueden ser delegadas por el Consejo en Pleno, o atribuidas por Reglamento Orgánico, a otros órganos regionales.

   Page 375

   Artículo 129

1. Son atribuciones del presidente del Consejo Regional:

   1. Dirigir el gobierno y la Admnistración regionales.

   2. Representar a la Región.

   3. Convocar y presidir las sesiones del Consejo en Pleno, la Comisión de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado regional.

   4. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponda al Consejo Regional.

   5. Asegurar la gestión de los servicios que la Generalidad haya encomendado al Consejo Regional.

   6. Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia, ordenar pagos y rendir cuentas.

   7. Jefe superior del personal al servicio del Consejo Regional.

   8. Ejercer acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.

   9. Contratar obras y servicios, siempre que su cuantía no exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto, ni del cincuenta por cien del límite general aplicable a la contratación directa, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

   10. Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos regionales.

   11. Las otras que expresamente le atribuyan las Leyes.

   12. El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación de la Generalidad asigne a los Consejos Regionales, y no estén expresamente atribuidas a otros órganos, y también aquellas atribuciones que la legislación del Estado atribuya a las Diputaciones Provinciales, y que no estén asignadas por Leyes de la Generalidad a las Comarcas o a otros entes locales, y no se atribuyan expresamente a otros órganos.

2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, a excepción de las de convocar y presidir las sesiones del Consejo en Pleno y de la Comisión de Gobierno, y las enumeradas en los apartados a), g) y h) del número anterior.

   Artículo 130

   Las delegaciones que acuerde el Consejo Regional en el marco del artículo anterior lo pueden ser en favor de la Comisión de Gobierno o de cualquier otro órgano regional, y también de los consejeros que sean miembros de la Comisión de Gobierno, considerados individualmente. También puede disponer delegaciones especiales y para cometidos específicos en favor de otros consejeros.

   Page 376

Artículo 131

1. Son competencias propias del Consejo Regional las que le atribuyan en calidad de tales las Leyes de la Generalidad, y también las que las Leyes del Estado atribuyan a las Diputaciones Provinciales, y no estén asignadas por la legislación de la Generalidad a los Consejos Comarcales o a otros entes de gobierno local, en relación con los diferentes sectores de la acción pública.

2. Son en todo caso competencias regionales:

   1. La coordinación entre los servicios locales y la cooperación con éstos, a fin de garantizar a toda la población el acceso a los servicios públicos que esta Ley califica de obligatoria prestación por los Ayuntamientos.

   2. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios y a las Comarcas, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.

   3. La prestación de servicios públicos de carácter regional, y que sean propios del ámbito de gobierno local.

   4. En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Región.

   Artículo 132

1. En Estado, la Generalidad y las entidades de gobierno local de Cataluña pueden delegar competencias a los Consejos Regionales. En el caso de delegaciones provinientes del Estado, deben referirse a competencias de mera ejecución, y es necesario consultar previamente a la Generalidad, que puede emitir el correspondiente informe antes de disponerse la delegación.

2. La Generalidad también puede encomendar a los Consejos Regionales la gestión ordinaria de servicios de su titularidad; en este caso, los Consejos Regionales deben actuar con plena sujeción a las instrucciones generales y particulares que, para el ejercicio de estas funciones, les dicte la Generalidad.

3. Para la asunción y ejercicio de competencias delegadas por parte de los Consejos Regionales, son de aplicación las normas relativas a las delegaciones previstas en esta Ley.

   Page 377

Artículo 133

1. El Consejo Regional dispone de los recursos económicos y personales que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias.

2. Las leyes garantizan la efectividad del principio de suficiencia financiera en favor de las haciendas regionales. En aplicación de este principio, el Consejo Regional ha de tener capacidad económica para:

1. Ejercer las competencias que le atribuyan és y otras Leyes.

2. Ejercer las actividades que sean necesarias para la representación de los intereses regionales.

3. Dar apoyo a sus órganos de gobierno y de administración general.

   Artículo 134

   El Consejo Regional dispone de las siguientes fuentes de ingresos económicos:

1. Las participaciones que correspondan a las Diputaciones Provinciales en los Presupuestos Generales del Estado.

2. Las otras transferencias corrientes o de capital que reciba a cargo de los Presupuestos de la Generalidad, o de los Generales del Estado; en este último caso, por estar previstas en favor de las Diputaciones Provinciales. Las transferencias a que pueda tener derecho, provinientes de la Comunidad Económica Europea.

3. Las que resulten de sus tributos y de su participación en impuestos de acuerdo con lo que disponga la legislación de finanzas locales en relación con las Diputaciones Provinciales.

4. Las que resulten del establecimiento de contribuciones especiales, tasas o precios públicos, en relación con los servicios que gestiona.

5. Los rendimientos de su patrimonio, y de los aprovechamientos especiales del dominio público de su titularidad.

6. Donaciones o subvenciones de entidades públicas o privadas.

7. El endeudamiento.

8. Las otras que proceden, de acuerdo con las Leyes.

   Artículo 135

   En el caso de que gestionen créditos destinados a cooperación local, provinientes por este concepto de los Presupuestos Generales del Estado, los Consejos Regionales han de remitir a la Administración del Estado, con la periodicidad que reglamentariamente se establezca, un estado que comprendaPage 378 el desarrollo económico de esos créditos, y también una memoria detallada de las realizaciones conseguidas en el año anterior.

Artículo 136

1. El Área Metropolitana es una Entidad Local dotada de autonomía, personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas. Son fines del Área Metropolitana la representación de los intereses de su territorio, de la población que habita en él, y la gestión de los servicios públicos de su ámbito, el objeto de dar expresión institucional a una realidad urbana que sobrepasa los límites municipales.

2. En su calidad de Ente de gobierno local, son elementos del Área Metropolitana el territorio, la población y la organización.

   1. El territorio del Área es el comprendido en los respectivos límites metropolitanos, que son determinados de acuerdo con los criterios establecidos en el Título I de esta Ley.

   2. La población del Área Metropolitana está constituida por las de los respectivos Municipios, con las características y situaciones jurídicas que correspondan, atendiendo a lo que dispone el Título II de esta Ley.

   3. La organización metropolitana se institucionaliza en el Consejo Metropolitano, que se estructura en el Consejo Plenario, el presidente y otros órganos establecidos en esta Ley y en el Estatuto Metropolitano.

   Artículo 137

1. Las Áreas Metropolitanas se identifican por su denominación, que está establecida en su norma constituyente.

2. La capitalidad del Área es la definida en su norma constituyente.

3. De acuerdo con los mismos trámites previstos en esta Ley para la alteración de los límites metropolitanos, se puede proceder al cambio de denominación de capitalidad del Área.

4. Los datos referentes a la capitalidad y denominación de las ÁreasPage 379 Metropolitanas están reflejados en los Mapas Municipales y Comarcal de Cataluña.

Artículo 138

1. La organización metropolitana se estructurará en el siguiente esquema básico:

   1. Consejo Metropolitano en Pleno.

   2. Presidente y vice-presidente.

   3. Comisión de Gobierno.

   4. Comisión Especial de Cuentas.

2. El Estatuto Metropolitano y el Reglamento Orgánico Metropolitano pueden establecer, en los términos previstos en esta Ley, otros órganos complementarios.

   Artículo 139

   El Consejo Metropolitano en Pleno está formado por:

   1. Todos los Alcades de los Municipios del Área.

   2. Un número de consejeros proporcional a la población de cada uno de los Municipios.

   Artículo 140

1. La Ley de creación del Área Metropolitana debe fijar los criterios de proporcionalidad y los factores de corrección que sean necesarios, para la determinación del número de Consejeros a que se refiere el apartado b) del artículo anterior.

2. Para la determinación del mandato de los consejeros metropolitanos son de aplicación las normas previstas para los consejeros comarcales en el artículo 95 de esta Ley.

   Artículo 141

1. El Consejo Metropolitano en Pleno se reúne según la periodicidad establecida en el Estatuto Metropolitano, y que ha de ser, como mínimo, trimestral.

2. El Consejo Metropolitano en Pleno elige a su presidente, aplicandoPage 380 a tal fin las mismas normas previstas en esta Ley para la elección de los presidentes de los Consejos Comarcales. También son de aplicación estas normas para la determinación del mandato del presidente del Consejo Metropolitano, y para la previsión de sus supuestos de cese o destitución.

3. Para la formación de la Comisión Especial de Cuentas metropolitana, y también para la determinación de sus normas de funcionamiento y atribuciones, son de aplicación las normas previstas en esta Ley para la Comisión Especial de Cuentas comarcal.

   Artículo 142

   El Estatuto Metropolitano regula, en el marco de los preceptos de esta Ley y otra legislación aplicable:

   1. El número de miembros del Consejo Metropolitano en Pleno, y el procedimiento para su constitución, y para la elección de su presidente.

   2. Número de miembros de la Comisión de Gobierno, los criterios para su elección o nombramiento, y las normas de funcionamiento y atribuciones de la Comisión. En cualquier caso, la Comisión de Gobierno está presidida por el presidente del Consejo Metropolitano, y formada por miembros del del mismo Consejo, y puede tener cualesquiera atribuciones, a excepción de aquellas que esta Ley atribuye, en calidad de indelegables, al Consejo Metropolitano o a su presidente.

   3. Las técnicas concretas en que se articula la participación de todos los municipios en la toma de decisiones metropolitanas.

   4. En su ámbito, las otras cuestiones señaladas, en relación con el Estatuto Comarcal, por los apartados \.c), d), e), /), b) e í), y 2 del artículo 98 de esta Ley.

   Artículo 143

1. En el ejercicio de su potestad de autoorganización, el Consejo Metropolitano en Pleno, por mayoría absoluta de sus miembros, puede aprobar un Reglamento Orgánico Metropolitano.

2. Para la determinación de los contenidos y para la aprobación de ese Reglamento, son de aplicación los criterios establecidos en el artículo 99 de esta Ley, en relación con el Reglamento Orgánico Comarcal.

3. Si el Consejo Metropolitano no aprueba el correspondiente Reglamento Orgánico, le es de aplicación supletoria el régimen de organización complementaria que dicte el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, en el marco de lo previsto en el artículo 100 de esta Ley.

   Artículo 144

   Por lo que respecta a las atribuciones del Consejo Metropolitano enPage 381 Pleno y de su presidente, y también al régimen de sus delegaciones o asignaciones a otros órganos, y a las competencias para la resolución de conflictos entre órganos de gobierno metropolitano, son de aplicación, en su ámbito, los preceptos que disponen los artículos 101, 102 y 103 de esta Ley.

   Artículo 145

   Los Municipios del Área participan en los procesos de toma de decisiones metropolitanas en atención a los siguientes criterios:

   1. Los Planes generales de actuación metropolitanos son sometidos a información de los Ayuntamientos que integran el Área, por un período mínimo de un mes. Las eventuales alegaciones son adjuntadas al Proyecto, y los alcaldes respectivos pueden defenderlas en la sesión en que se debatan los Planes citados.

   2. Se sigue idéntico procedimiento en los procesos de aprobación de Ordenanzas y de instrumentos de planificación metropolitanos.

   3. Cada uno de los Ayuntamientos del Área puede proponer a su presidente la inclusión en el orden del día del Plenario del Consejo Metropolitano los temas que considere de interés. Esta inclusión obligatoria, excepto si el tema propuesto por el Ayuntamiento coincide con otro punto del orden del día.

   4. Los órganos metropolitanos deben consultar a los Ayuntamientos afectados previamente a la adopción de acuerdos de trascendencia directa en relación con los servicios o competencias municipales.

Artículo 146

1. El Área Metropolitana tiene competencias a nivel de planificación, coordinación y ejecución en las materias siguientes:

   1. Urbanismo y ordenación del territorio metropolitano.

   2. Abastecimiento de agua potable y tratamiento y depuración de las aguas residuales.

   3. Transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos.

   4. Protección del medio ambiente.

   5. Transportes públicos de viajeros en su ámbito.

   6. Actividades de promoción del desarrollo económico metropolitano.

   7. Aquellas otras previstas en el respectivo Estatuto.

   2, La concreción de las competencias metropolitanas en relación con las materias citadas corresponde a la legislación sectorial aplicable y al Estatuto Metropolitano.

   Page 382

3. En relación con estas materias, el Área Metropolitana puede coordinar el ejercicio de las correspondientes competencias por parte de los Municipios y, en su caso, de las Comarcas que la integran.

   Articulo 147

1. Si en el seno del territorio metropolitano no se establece una organización comarcal, el Área Metropolitana asume también las competencias que, en el marco de lo previsto en esta Ley, correspondan a las Comarcas. En su caso, se procede también de esta manera cuando la organización comarcal en el seno del Área es sólo parcial, en relación con los Municipios no integrados en una Comarca.

2. Si hay Comarcas constituidas en el seno de un Área Metropolitana, no pueden ser titulares de las competencias que esta u otras Leyes califiquen de metropolitanas.

   Artículo 148

1. El Área Metropolitana es titular de los servicios que:

   1. Tengan esta calificación en el Estatuto Metropolitano.

   2. Le transfieran la Generalidad o las Entidades de gobierno local.

   3. Establezca, en el marco de sus competencias.

   4. Siendo gestionados por los Municipios o Comarcas que la integran, pasan a ser titularidad del Área después del correspondiente expediente de establecimiento de servicios metropolitanos, y siempre en el marco de sus competencias.

2. El expediente de establecimiento de servicios metropolitanos es tramitado de acuerdo con los mismos requisitos que el artículo 108 de esta Ley establece en relación con el expediente de establecimiento de servicios comarcales; en su caso, deben ser oídos los Consejos Comarcales integrados en el Área, en el mismo trámite de consulta municipal.

   Artículo 149

   El Área Metropolitana puede ejercer las competencias y gestionar los servicios que le deleguen las otras Administraciones o instituciones públicas. El régimen aplicable a las delegaciones de competencias o servicios en favor del Área es el previsto con carácter general en esta Ley para las delegaciones de competencias o servicios.

   Page 383

Artículo 150

1. El Área Metropolitana dispone de los recursos económicos y personales que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias.

2. Las instituciones centrales del Estado y la Generalidad de Cataluña garantizan la efectividad del principio de suficiencia financiera en favor de las haciendas metropolitanas. En aplicación de este principio, el Área ha de tener capacidad económica propia para:

   1. Ejercer las competencias que le atribuyan esta y otras Leyes, o el Estatuto Metropolitano.

   2. Gestionar los servicios que asuma mediante los expedientes de metropolitanización.

   3. Ejercer la iniciativa en las actividades públicas necesarias para la promoción de los intereses de su ámbito, siempre en el marco de sus competencias.

   4. Dar apoyo a sus órganos de gobierno y de administración general.

3. El Consejo Metropolitano dispone de la plantilla de personal que sea necesaria para el ejercicio de sus competencias y servicios.

   Artículo 151

   El Área Metropolitana dispone de las siguientes fuentes de ingresos económicos.

   1. Participaciones en el Fondo de Cooperación Local de Cataluña y, en su caso, en el Fondo Nacional de Cooperación Local.

   2. Las otras transferencias corrientes o de capital que reciba a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, de la Generalidad o de la Región respectiva, en el marco de los criterios establecidos, en relación con la Comarca, en el artículo 114 de esta Ley, y que le sean aplicables. Las transferencias a que pueda acceder, a cargo de la Comunidad Económica Europea.

   3. Las aportaciones municipales que se determinen en el Estatuto Metropolitano, y que en todo caso han de distribuirse entre los diferentes Municipios en función de la respectiva representación en el Consejo Metropolitano.

   4. Las que resulten del establecimiento de contribuciones especiales, tasas o precios públicos, en relación con los servicios que gestiona.

   5. Los rendimientos de su patrimonio, y de los aprovechamientos especiales del dominio público de su titularidad.

   6. Donaciones o subvenciones de entidades públicas o privadas, dePage 384 acuerdo con los criterios que, en relación con las Comarcas, establece el artículo 117 de esta Ley.

   7. El endeudamiento.

   2. Las otras que procedan, de acuerdo con la Ley.

   Articulo 132

1. En el caso de que no haya constituidas comarcas en el seno del Área, ésta tiene derecho a recibir las transferencias económicas que, con carácter general, reciben las comarcas, y en la proporción que, en su caso, correspondería a las comarcas que se hubiesen constituido en su ámbito. Se procede de la misma forma cuando la organización comarcal se haya estructurado sólo parcialmente en el seno del Área y en relación con los Municipios que no formen parte de ninguna comarca.

2. Las comarcas que, si procede, se constituyan en el seno del Área reciben las transferencias económicas para la generalidad de las comarcas; minoradas, en su caso, en la proporción en que lo hayan sido sus competencias, a causa de su atribución al Área; la cuantía en que se concrete esta minoración debe ser asignada al Área.

Artículo 151

El Estatuto es la norma fundacional del Área Metropolitana, y regula sus aspectos básicos, en el marco de lo que establece esta Ley. Tiene en cualquier caso los siguientes contenidos mínimos:

1. Denominación y otros elementos identificadores del Área.

2. Estructuración y normas de funcionamiento de los órganos del Consejo Metropolitano.

3. Concreción de las competencias y de los servicios y obras de prestación o realización metropolitanas, y el procedimiento para su ejecución.

4. Concreción de sus fuentes de recursos, especialmente los criterios para la determinación y el reparto de las aportaciones municipales al presupuesto metropolitano.

5. Normas para regular las relaciones entre el Área y los Municipios que la integran, y con las otras Entidades Locales que territorialmente la afecten.

   Artículo 154

   1. El Estatuto Metropolitano es aprobado por Ley de Cataluña, y ga-Page 385rantiza en su tramitación audiencia de la Administración del Estado, de los Municipios y de los Consejos Regionales afectados, en la fase de elaboración del correspondiente Proyecto de Ley.

   2. Para la modificación o derogación del Estatuto Metropolitano deben seguirse los mismos trámites.

      Artículo 155

   1. Pueden ejercer la inciativa para aprobar, modificar o derogar el Estatuto Metropolitano los Municipios de Área o el Consejo Metropolitano en Pleno.

1. Si la iniciativa es municipal, debe ser suscrita por la mitad más uno de los Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los respectivos plenarios, que representen más de la mitad de la población del Área, o, en su caso, del territorio que se proyecta constituir como tal.

2. Si la iniciativa es del Consejo Metropolitano, es necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de su Plenario.

   2. En caso de prosperar lo que prevé el apartado anterior, las Entidades Locales que ejercen la iniciativa deben entregar al Gobierno de la Generalidad el Proyecto que avalan. El Gobierno debe presentar al Parlamento, en el plazo máximo de seis meses, el correspondientes Proyecto de Ley, reuniendo los requisitos previstos en el artículo anterior.

Artículo Í56

1. Las Entidades Locales Menores son entes locales dotados de personalidad jurídica y capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas, y para representar los intereses de la respectiva colectividad, en los términos establecidos en esta Ley.

2. Como Entes de gobierno local y de base territorial, los elementos de la Entidad Local Menor son el territorio, la población y la organización.

   1. El territorio de la Entidad Local Menor es el comprendido en losPage 386 límites respectivos, que son determinados de acuerdo con los criterios establecidos en el Título I de esta Ley.

   2. La población de la Entidad Local Menor está constituida por aquellos ciudadanos empadronados en el respectivo Municipio cuyo domicilio esté incluido en el territorio de la Entidad.

   3. La organización de la Entidad Local Menor se estructura en el Consejo Vecinal y en el Regidor, salvo que proceda aplicar el régimen de Consejo Abierto.

3. La disposición que establece la constitución de la Entidad Local Menor regula, en el marco de lo previsto en esta Ley, sus regímenes organizativo, competencial y de recursos. Para la alteración de esta régimen, es necesario seguir el procedimiento previsto en el artículo 43 de esta Ley.

   Artículo 157

1. Las Entidades Locales Menores son identificadas por su denominación, que es la que han utilizado tradicionalmente, o la que se establezca en el acuerdo de constitución de la Entidad. El Consejo Vecinal puede acordar el cambio de nombre, y también el establecimiento de otros signos identificadores de la Entidad; estos acuerdos, para ser válidos, deben tramitarse en los mismos términos previstos para el cambio de nombre de los Municipios, requieren el acuerdo favorable del Plenario del respectivo Ayuntamiento.

2. En caso de que en el seno de la Entidad haya diversos núcleos de población, el Consejo Vecinal puede aprobar que uno de los núcleos sea considerado como capital, y radicar en su seno los órganos de gobierno de la Entidad.

3. Los acuerdos de cambio de denominación, los de establecimiento de otros signos identificadores, o de determinación o cambio de capitalidad deben ser adoptados por la mayoría absoluta de miembros del Consejo Vecinal.

4. Los datos referentes a la denominación y otros signos identificadores, y, si se da el caso, a la capitalidad de las Entidades Locales Menores, están reflejados en el Mapa Municipal de Cataluña.

Artículo 158

1. La organización de la Entidad Local Menor se estructura en el Consejo Vecinal y en el regidor. También se podrán utilizar las denominaciones que sean tradicionales, en las Entidades de estas características ya constituidas a la entrada en vigor de esta Ley.

   Page 387

2. No obstante lo que dispone el apartado anterior, la Entidad Local Menor funciona en régimen de Consejo Abierto, con las características previstas para esta forma de gobierno en el Título tercero de esta Ley, cuando se dé alguna de las características siguientes:

   1. Sea ésta la forma tradicional de gobierno de la Entidad.

   2. Sea ésta la forma de organización del Municipio suprimido que da lugar a la creación de la Entidad, en el marco de lo que prevé el artículo 38.2 de esta Ley.

   3. Así se acuerde en su creación o alteración, siempre que su población sea inferior a los cien habitantes, o lo aconsejen su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias similares.

3. El Consejo Vecinal está formado por un número de vocales igual al tercio de consejeros que corresponden al respectivo Ayuntamiento, sin que en ningún caso haya menos de dos. Los vocales son designados por las respectivas candidaturas que hayan concurrido a las Elecciones Municipales, en la proporción que determine la Junta Electoral en Zona, en función de los votos obtenidos por cada candidatura en el marco territorial de la entidad. Los miembros del Consejo deben ser vecinos de la entidad.

4. El regidor es elegido por los vecinos en ocasión de las Elecciones locales. Pueden presentarse candidaturas con los mismos requisitos que para las elecciones municipales. Resulta elegido el candidato que obtenga más votos; en caso de empate, lo es el de menor edad.

   Artículo 159

1. Corresponde al Consejo Vecinal:

   1. El impulso y el control de la actividad del regidor.

   2. Informar los acuerdos que le proponga el regidor, y, en cualquier caso, los relativos a supresión o alteración de los límites de la entidad, y los que se refieren a su denominación o capitalidad y los que hayan de ser ratificados por el Ayuntamiento respectivo.

2. Corresponde al regidor dirigir el gobierno y la administración de la entidad y adoptar los acuerdos que considere precisos, en el marco de sus competencias. Debe rendir cuentas de su gestión al Consejo, como mínimo cada tres meses.

   Artículo 160

1. El regidor debe ser convocado a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, y puede hacer uso de la palabra cuando éste debata cuestiones que, de manera específica, afecten a la Entidad.

2. El Ayuntamiento debe ratificar, para ser válidos, los acuerdos dePage 388 la Entidad y aprobar el presupuesto, y, sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa. Asimismo, las relaciones institucionales de la Entidad Local Menor deben tramitarse siempre a través del Ayuntamiento.

3. El Ayuntamiento puede atribuir a la Entidad la consideración de órgano de participación y de gestión desconcentrada. En este caso, le puede delegar el ejercicio de las comptencías municipales que afecten a su ámbito, en los términos previstos en esta Ley y en el repectivo Reglamento Orgánico Municipal.

Artículo 161

1. Las competencias de la Entidad Local Menor son las que se concretan en su norma constituyente. En cualquier caso, tienen competencia para la gestión de sus bienes e intereses propios y para la regulación del aprovechamiento de los bienes del común de los vecinos. También pueden ejercer las competencias que le delegue el Ayuntamiento, en el marco de lo que dispone el apartado 3 del artículo anterior.

2. Los recursos de la Entidad Local Menor son los que provienen del rendimiento de sus bienes y derechos, y de las otras fuentes de ingresos que estén previstas en su norma constituyente.

Artículo 167

1. Todas las Administraciones públicas, en la medida de las atribuciones respectivas, son cor responsables ante los ciudadanos del ejercicio de las funciones y de la prestación de los servicios públicos.

2. A los efectos de una mayor eficiencia en la gestión de las competencias públicas, debe garantizarse las más adecuadas coordinación y colaboración entre las diversas Administraciones competentes en un mismo territorio.

3. La colaboración y coordinación ínter administrativas actúan sobre la base de la autonomía y del respeto a la integridad competencial de las diferentes Administraciones públicas afectadas.

4. En sus relaciones ordinarias, las Administraciones Públicas de Cataluña deben cuidar de:

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1. Respetarse mutuamente los ámbitos de competencias legítimas, evitando invasiones competenciales en ámbitos ajenos, sin perjuicio de las actividades complementarias que puede desarrollar cada Entidad, en el marco de lo que establece esta Ley.

2. Asumir y respetar las consecuencias que para cada Administración puede tener el ejercicio de competencias públicas por parte de otras instituciones.

3. Valorar los diferentes niveles de intereses públicos que pueden estar presentes en toda actuación administrativa, y tener especialmente en cuenta la integridad de aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones públicas diferentes de la que actúa.

4. Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos.

5. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras administraciones pudiesen precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

Artículo 200

1. La determinación del número de concejales municipales y de consejeros regionales, y también la duración del mandato y los supuestos de inelegibilidad y de incompatibilidad, se rige por lo que se dispone en la legislación electoral.

2. El régimen de los consejeros comarcales es el que se establece en esta Ley, sin perjuicio de que les sean aplicables las causas generales de inelegibilidad e incompatibilidad. La legislación aplicable a los concejales municipales y consejeros regionales es supletoria respecto del régimen de los consejeros comarcales.

   Artículo 201

   Los miembros de las Entidades de gobierno local gozan, a partir de la toma de posesión del cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propias de éste, que se establecen en la legislación. Asimismo, quedan obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes al cargo.

   Page 407

   Artículo 202

1. Los miembros de las Entidades de gobierno local quedan en situación de servicios especiales en los siguientes supuestos:

   1. Cuando sean funcionarios de la propia Entidad en la que han sido elegidos.

   2. Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas, y ejerzan el cargo de autoridad local de que se trate en régimen de dedicación exclusiva.

   En ambos casos, la Entidad debe abonar las cotizaciones de las Mutualidades obligatorias y las de clases pasivas de los miembros afectados.

2. Las mismas reglas son de aplicación al personal laboral, de acuerdo con lo que se prevé en la legislación específica.

3. Los miembros de las Entidades Locales que no ejercen el cargo en régimen de dedicación exclusiva tienen derecho a la permanencia en el centro de trabajo en que presten sus servicios en el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otros lugares.

4. Los miembros de las Entidades Locales tienen derecho a obtener permiso remunerado del centro de trabajo, público o privado, donde presten sus servicios para asistir a las sesiones de los Plenos y comisiones de que formen parte, así como para ejercer las delegaciones que hayan recibido.

   Artículo 203

1. Antes de tomar posesión del cargo, todos los miembros de las Entidades Locales están obligados a formular declaración de sus bienes, y de las actividades privadas que puedan proporcionarles ingresos económicos o afecten al ámbito de las competencias de la Entidad. Es necesario actualizar estas declaraciones cada vez que haya una variación en las circunstancias citadas.

2. Las declaraciones de intereses deben inscribirse en un registro que queda bajo la custodia del secretario general de la Corporación. A los datos del registro de intereses pueden acceder los miembros de la Entidad, las autoridades de justicia y de cuentas, y los vecinos que acrediten un interés legítimo y directo.

Artículo 204

1. En el ejercicio de su cargo, los miembros de las Entidades Locales gozan de los siguientes derechos:

   Page 408

   1. Participar en las sesiones plenarias de la Entidad, y también en las comisiones informativas y en la Comisión Especial de Cuentas a través de su grupo político de consejeros.

   2. Obtener del presidente de la Entidad la información relativa a los asuntos locales que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, en los términos que se citan en esta Ley.

   3. Recibir, a cargo del Presupuesto de la Entidad, las retribuciones o indemnizaciones que correspondan según los criterios generales establecidos en esta Ley y en las otras que sean de aplicación, y de acuerdo con las previsiones del Reglamento Orgánico de la Entidad, y del Presupuesto.

   4. Disponer de los medios materiales necesarios para llevar a cabo su función.

   5. Impugnar los acuerdos o disposiciones tomados por la Entidad, en los términos establecidos por las Leyes.

2. Son deberes de los miembros de las Entidades Locales los siguientes:

   1. Asistir a las sesiones plenarias y a las reuniones de los otros órganos de los cuales sean miembros, excepto cuando concurra causa justificada, que deben comunicar al presidente con suficiente antelación.

   2. Respetar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso por razón de su cargo.

   3. Respetar las normas vigentes en cuanto a las incompatibilidades de su cargo.

   4. No invocar o utilizar su condición de miembro de la Entidad Local en el ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales.

   5. Abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de los asuntos en los que concurra alguna de las causas que se determinan en las Leyes administrativas.

3. El presidente de la Entidad puede imponer sanciones a los consejeros que incumplan estos deberes, sin perjuicio de las tres responsabilidades que se puedan derivar. En todo caso, el ejercicio de la facultad sancionadora por parte del presidente debe ajustarse a lo que se establece en el Reglamento Orgánico y al límite de las multas que le está autorizado.

   Artículo 205

1. Todos los miembros de las Entidades Locales tienen derecho a recibir la información necesaria para el ejercicio de su cargo, y a acceder a los expedientes administrativos, antecedentes, datos o informaciones correspondientes.

2. La información debe ser proporcionada directamente por los servicios de la Entidad cuando se trate de información pública, de la documentación propia de los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de Jos cuales sean miembros los solicitantes, o cuando el consejero tenga un interés directo y legítimo en ésta.

   Page 409

3. En el resto de casos, el dar información debe ser autorizado por el presidente o delegado suyo, que puede denegarla en los siguientes o similares casos:

   1. Cuando el conocimiento o difusión de la información pueda vulnerar el derecho constitucional al honor, a la intimidad personal o familiar y la propia imagen de las personas.

   2. Cuando la publicidad pueda devenir negativa para la seguridad de la población, o pueda producir inquietud en ésta.

   3. Cuando se trate de materias afectadas por la legislación sobre secretos oficiales.

   Artículo 206

1. Los miembros de las Entidades Locales tienen derecho a ser retribuidos en el ejercicio de sus cargos cuando desarrollen sus responsabilidades en régimen de decicación exclusiva. En este caso, y con la excepción de los funcionarios en situación de servicios especiales, deben ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Entidad el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

2. El reconocimiento de la dedicación exclusiva y la determinación de las retribuciones correspondientes son acordados por el Pleno de la Entidad, de acuerdo con las previsiones presupuestarias, que deben respetar los límites máximos que se establecen en las Leyes.

3. Asimismo, todos los miembros de las Entidades Locales pueden percibir dietas e indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo, cuando sean efectivas y justificadas documentalmente. Tamben se pueden instituir indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los órganos de gobierno locales.

4. Las retribuciones de los miembros de las Entidades Locales quedan sometidas a las incompatibilidades que se establecen en la legislación especial y, específicamente, son incompatibles con cualquier otra retribución derivada de los presupuestos de las Administraciones públicas, y de los órganos, entes y empresas dependientes de éstas. Las dietas e indemnizaciones no quedan sometidas a incompatibilidad.

   Artículo 207

   Los miembros de las Entidades Locales tienen derecho a acceder a los medios materiales necesarios para el desarrollo de sus responsabilidades, dentro de las posibilidades de la Entidad. El Reglamento Orgánico debe contemplar los medios materiales de los miembros de las Entidades, y las condiciones de su utilización.

   Page 410

Articulo 208

1. Los miembros de las Entidades Locales quedan sometidos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigen ante los Tribunales de justicia competente, y se tramitan por el procedimiento ordinario.

2. Son responsables de los acuerdos de las Entidades Locales los miembros de éstas que los hayan votado favorablemente.

3. Las Entidades Locales pueden exigir la responsabilidad de sus miembros cuando, con concurrencia de duelo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Entidad o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por la Entidad.

Artículo 209

Las Entidades Locales se rigen por la legislación básica del Estado y por esta Ley, y además:

1. En cuanto a su régimen organizativo y de funcionamiento de sus órganos: por la legislación de la Generalidad y por el Reglamento Orgánico propio de cada Entidad.

2. En cuanto al régimen sustantivo de las funciones y servicios locales: por la legislación del Estado o de la Generalidad, según la distribución constitucional de competencias, y por las ordenanzas propias de cada Entidad.

3. En cuanto al régimen estatutario de los funcionarios, procedimiento administrativo, contratos, concesiones y otras formas de prestación de los servicios públicos, expropiación y responsabilidad patrimonial: por la legislación del Estado y por la de la Generalidad en las especialidades derivadas de la organización de ésta, y, finalmente, por las ordenanzas de cada Entidad.

4. En cuanto al régimen de los bienes locales: por la legislación básica del Estado de desarrollo del artículo 132 de la Constitución, por la legislación de la Generalidad, y por las ordenanzas de cada Entidad.

   Page 411

5. En cuanto a las hacienas locales: por la legislación general tributaria del Estado, y la reguladora de las Haciendas de las Entidades Locales, de la cual es supletoria la Ley General Tributaria; por la legislación de la Generalidad, en el marco de la legislación citada, y a referente a Fondo de Cooperación Local de Cataluña, y por las ordenanzas riscales de cada Entidad, de acuerdo con los que se prevé en la legislación aplicable.

   Artículo 210

   1. Los Entes Locales han de aplicar las normas relativas al procedimiento administrativo común, lo que se establece en las Leyes Sectoriales correspondientes, o lo que instituya la Generalidad como consecuencia de las especialidades derivadas de su organización.

   2. En el procedimiento para la aprobación de los actos administrativos y disposiciones de carácter general, las Entidades Locales han de velar por el cumplimiento de los principios de audiencia o consulta previa y de información a los interesados, evitando las situaciones de indefensión de estos.

      Artículo 211

   1. Los órganos y autoridades locales están obligados a contestar las instancias o solicitudes que les dirijan los ciudadanos, resolviéndolas o comunicando los motivos para no hacerlo.

   2. Es aplicable a los Entes Locales la regulación general sobre el silencio administrativo.

Artículo 212

1. En ejercicio de su autonomía organizativa, los Entes Locales pueden determinar los aspectos materiales de su funcionamiento mediante el Reglamento Orgánico, que será de aplicación prioritaria en todo aquello que no se contradiga con la legislación del Estado o con esta Ley.

2. En caso de que la Entidad no disponga de Reglamento Orgánico, es de aplicación la reglamentación subsidiaria aprobada con carácter general por el Gobierno de la Generalidad.

   Artículo 213

1. Los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan en régi-Page 412men de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.

2. Las sesiones ordinarias se celebran con la periodicidad que determine el Reglamento Orgánico y, como mínimo, cada tres meses, salvo las excepciones previstas en esta Ley.

3. Las sesiones extraordinarias se celebran cuando así lo determine el presidente, o lo solicite una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Entidad. En este último caso, la celebración de la sesión no puede demorarse más de dos meses.

4. Las sesiones plenarias deben convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, excepto las sesiones extraordinarias de urgencia. La estimación de la urgencia debe ser ratificada por el Pleno.

5. Las convocatorias de las sesiones plenarias deben explicitar los puntos que han de ser tratados. En el caso de las sesiones extraordinarias, no se pueden tratar asuntos no incluidos en el orden del día.

6. Todas las convocatorias de sesiones ordinarias del Pleno deben incorporar un punto de ruegos y preguntas, a los efectos de hacer efectivo el derecho de participación de los consejeros y, en su caso, de los vecinos y entidades ciudadanas.

7. Desde el mismo momento de la convocatoria del Pleno, la documentación íntegra de los asuntos a tratar queda a disposición de los miembros de las Entidades Locales en la Secretaría General.

   Artículo 214

1. Las sesiones plenarias han de celebrarse en la Casa Consistorial o en la sede oficial de la Entidad, excepto en los casos de fuerza mayor, en los cuales se pueden habilitar otros locales.

2. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, que nunca puede ser inferior a tres. Este quorum debe mantenerse a lo largo de toda la sesión. En todo caso, es necesaria la asistencia del presidente y del secretario, o de los que legalmente los sustituyan.

3. El Presidente debe velar por que todos los consejeros puedan expresar sus opiniones sobre los asuntos del orden del día, sin perjuicio de limitar el uso de la palabra para el buen orden de la sesión, y de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento Orgánico.

   Artículo 215

1. La adopción de los acuerdos plenarios se producen mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde la votación nominal.

   Page 413

2. El voto puede ser emitido en sentido afirmativo o negativo. Los miembros de las Entidades Locales tienen el derecho de abstenerse y de hacer constar la explicación del sentido de su voto.

3. Una vez iniciada la deliberación de un asunto, la ausencia de miembros de la Entidad equivale, a los efectos de su votación, a la abstención.

4. Sí se registra empate en la votación, hay que llevar a cabo otra votación, y si persiste el empate, decide el voto de calidad del presidente.

   Artículo 216

1. Las sesiones plenarias de las Entidades Locales son públicas. No obstante, el presidente puede declarar secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, o cuando así se acuerde por mayoría absoluta, sin perjuicio de la facultad del presidente de desalojar el recinto en casos de alboroto o cuando la presencia del público coaccione la libre expresión de la voluntad de los miembros de la entidad.

2. La entidad puede regular mediante el reglamento orgánico la expresión de la opinión de los vecinos o entidades ciudadanas.

3. Las sesiones de la Comisión de gobierno no son públicas.

   Artículo 217

1. De cada sesión debe extenderse acta por parte del secretario de la entidad o, en su caso, por parte del secretario del órgano correspondiente, haciendo constar, como mínimo, la fecha y hora del inicio y del final de la sesión, los nombres del presidente y los otros asistentes, los asuntos tratados, el resultado de los votos emitidos y los acuerdos adoptados. En las actas de las sesiones plenarias es necesario reflejar brevemente las opiniones emitidas.

2. El libro de actas tiene la consideración de instrumento público y solemne, Es necesario que sus hojas estén foliadas y lleven la rúbrica del presidente y el sello de la entidad.

3. No son válidos los acuerdos no reflejados en el libro de actas.

4. La Generalidad puede determinar reglamentariamente la adaptación de estos requerimientos a los procesos de informatización de las actas.

   Artículo 218

1. Los acuerdos de delegación de atribuciones de los órganos de las Entidades Locales deben formularse mediante acuerdo o resolución en que conste el alcance material de la delegación, las potestades que se delegan y,Page 414 en su caso, las facultades de tutela que se reserva el órgano originariamente competente.

2. La delegación no es eficaz si no es aceptada, expresa o tácitamente, por el órgano delegado.

3. El órgano que recibe una competencia delegada no puede delegarla en un terceto.

4. Si en el acuerdo de delegación no se establece otra cosa, las competencias se entienden delegadas por tiempo indefinido, hasta que no sean expresamente revocadas.

   Articulo 219

   Los conflictos de atribuciones que surjan entre los diferentes órganos de una Entidad Local son resueltos por el respectivo Plenario, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, a miembros de ésta o a entidades o instituciones de descentralización o desconcentración, y por el alcalde o el presidente en los demás casos.

Articulo 220

1. Los acuerdos de las Entidades Locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Hay mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los votos negativos.

2. Se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la entidad, para la adopción de los siguientes acuerdos:

   1. Creación y supresión de municipios y alteración de sus términos.

   2. Creación de las Entidades Locales menores.

   3. Aprobación de la delimitación del término municipal.

   4. Alteración del nombre y la capitalidad de la entidad.

3. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la entidad para la adopción de acuerdos en las materias siguientes:

   1. Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la entidad.

   2. Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, como también la modificación de sus estatutos.

      Page 415

   3. Dispensa de servicios mínimos, y transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas.

   4. Cesión, por cualquier título, del aprovechamiento de bienes comunales.

   5. Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

   6. Municipalización, comarcalización, regiónalización o metropolitanización de actividades en régimen de monopolio, y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente.

   7. Aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesión de descuentos y moratorias, cuando su importe exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.

   8. Imposición y ordenación de los recursos propios de carácter tributario.

   9. Aprobación de planes y de instrumentos de ordenación urbanística.

   10. Separación del servicio de los funcionarios de la entidad, y ratificación del despido disciplinario del personal laboral.

   11. Alienación de los bienes, cuando su cuantía exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

   12. Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales, o comunales.

   13. Cesión gratuita de bienes a otras administraciones o instituciones públicas.

   14. Las otras materias determinadas por ley.

       Artículo 221

1. Las Entidades Locales pueden aprobar, en el marco de sus competencias, las ordenanzas y los reglamentos que sean adecuados. Asimismo, el alcalde puede emitir bandos en la esfera de sus atribuciones.

2. La aprobación o la modificación de las ordenanzas locales debe ajustarse al siguiente procedimiento:

   1. Aprobación inicial del Pleno.

   2. Información pública y audiencia de los interesados, durante un plazo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

   3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, y aprobación definitiva del Pleno.

3. La infracción de las ordenanzas, los reglamentos y los bandos se sancionan con las multas que se establecen en la legislación básica el Estado. Las infracciones prescriben de acuerdo con los plazos que se establecen en el Código Penal para las faltas. Las sanciones son exigibles por vía de apremio

   Page 416

   Artículo 222

1. Es necesario el informe preceptivo del secretario y, en su caso, del interventor, o de quien legalmente los sustituya, para la adopción de los siguientes acuerdos:

   1. Cuando lo pida el presidente de la entidad, o cuando lo solicite un tercio de los miembros de ésta, con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hayan de tratarse.

   2. Siempre que se trate sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

2. Los informes que se emitan deben señalar la legislación aplicable, y la adecuación a ésta de los proyectos de acuerdo.

3. Los acuerdos para el ejercicio de las acciones necesarias para la defensa de los bienes y los derechos de las Entidades Locales deben adoptarse previo dictamen del secretario, de la asesoría jurídica o, en defecto de ambos, de un letrado.

Artículo 223

1. Los actos de las Entidades Locales son inmediatamente ejecutivos, excepto en los casos en que una disposición legal determine lo contrario, y cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la ley.

2. Asimismo, los actos de los Entes Locales son válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que ellos mismos dispongan otra cosa.

3. La eficacia de los actos locales queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o cuando quede supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

4. Excepcionalmente, puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos locales cuando se dicten en sustitución de otros anulados, y también cuando se produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los presupuestos de hecho necesarios existiesen ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acta, y ésta no lesione intereses legítimos de otras personas.

   Artículo 224

1. Contra los actos y los acuerdos de las Entidades Locales, los inte-Page 417resados pueden, previo recurso de reposición en los casos en que corresponda ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente.

2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:

   1. Las del Pleno, presidente y Comisión de gobierno de las Entidades Locales, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación posterior de la Administración del Estado o de la Generalidad o cuando proceda recurso ante éstas, en los casos de ejercicio de competencias delegadas.

   2. Las autoridades y los órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del alcalde o de los presidentes de las Entidades Locales, o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa..

   3. Las de cualquier otra autoridad u órgano, cuando así lo establezca una disposición legal.

   Artículo 223

1. Los Entes Locales pueden en cualquier momento, de oficio o a instancia de interesado, de la Generalidad o de la Administración del Estado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado, declarar la nulidad de los actos en que concurran las circunstancias que, según la legislación administrativa, determinan este efecto.

2. En otros casos, la anulación de los actos declarativos de derecho requieren la declaración previa de lesividad para el interés público, en el plazo máximo de cuatro años desde que se dictó, y la posterior impugnación ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. También pueden ser anulados de oficio por la propia Administración los actos declarativos de derechos cuando concurran las siguientes circunstancias:

   1. Que los actos citados infrinjan manifiestamente la Ley, y así lo haya manifestado el Consejo de Estado.

   2. Que no haya transcurrido el plazo de cuatro años desde que fueron adoptados.

4. En cualquier momento los Entes Locales pueden rectificar los errores materiales o de hecho, y los aritméticos.

5. Las facultades de anulación y revocación no pueden ser ejercidas cuando, por prescripción de acciones, por el plazo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio fuera contrario a la equidad, al derecho de particulares, o a las Leyes.

6. El Pleno de los Entes Locales puede declarar la nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento que se establece en la Ley Gene-Page 418ral Tributaria. En los otros casos, las Entidades Locales no pueden anular sus propios actos declarativos de derechos, y su revisión requiere el procedimiento previsto en el apartado segundo de este artículo.

Artículo 226

1. La representación y la defensa de las Entidades Locales corresponde a los letrados de sus servicios jurídicos. En los casos de las Entidades que no disponga de servidos jurídicos propios, su representación y defensa es asumida por los servicios de la Comarca o de la Región.

2. La Entidad Local también puede designar abogado colegiado y, en su caso, procurador de los Tribunales, que la representen y la defiendan.

3. La acreditación de los letrados y los procuradores se patentiza mediante certificación del secretario de la Entidad, en su calidad de fedatario de los actos y los acuerdos locales.

4. Previamente al ejercicio de las acciones correspondientes, las Entidades Locales deben solicitar el informe preceptivo correspondiente al secretario o al interventor.

Artículo 227

1. Los recursos patrimoniales de los Entes de gobierno local están constituidos por todos los bienes, los derechos y las acciones que les pertenecen por cualquier título.

2. En la administración de sus bienes de dominio público y patrimoniales, los Entes Locales gozan de autonomía plena, y procuran el cumplimiento de los objetivos establecidos en la legislación sectorial, sin que sea admisible ningún poder de dirección o control de esta gestión por parte de otras Administraciones Públicas.

   Page 419

3. Los bienes de las Entidades Locales se clasifican en bienes de dominio púplico y bienes patrimoniales.

   Artículo 228

1. Son bienes de dominio público los afectados al uso público y a los servicios públicos locales, los bienes comunales y aquellos que la Ley así lo declare.

2. Se entienden destinados al uso público aquellos bienes que están destinados a ser directamente utilizados por los ciudadanos, de forma general, especial o privativa, según la naturaleza de los bienes.

3. Se entienden afectados al servicio público los bienes que las Entidades Locales destinen al cumplimiento de los fines de interés público local.

4. Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde a la comunidad de los vecinos.

   Artículo 229

1. Son bienes patrimoniales de las Entidades Locales aquellos que les pertenecen en régimen de derecho privado, sin estar destinados al uso público o afectados a servicios públicos, y pueden constituir fuentes de ingresos locales.

2. Los bienes patrimoniales se rigen por lo que dispone su legislación específica y, en su defecto, las normas de derecho privado.

   Artículo 230

1. Para la alteración de la calificación jurídica de los bienes locales debe abrirse el correspondiente expediente, y expresar su oportunidad y legalidad.

2. No obstante, se entiende efectuada automáticamente la afectación de los bienes al dominio público en los siguientes casos:

   1. Por la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y los proyectos de obras y servicios.

   2. Por la adscripción de bienes patrimoniales durante más de veinticinco años a un uso o servicio público.

   3. Por la inscripción del dominio de un bien que hubiese sido destinado a un uso público o comunal.

3. La resolución de los expedientes de alteración de la calificación jurídica de los bienes locales corresponde al Pleno de la Entidad.

4. La desafección de los bienes de dominio público se entiende hechaPage 420 en el acto de su adscripción a las sociedades privadas locales, o a los órganos autónomos que dependen de los Entes Locales.

   Artículo 231

1. Los Entes de gobierno local tienen plena capacidad jurídica para adquirir toda clase de bienes y derechos, para poseerlos y para ejercer las acciones que procedan para su defensa.

2. Las Entidades Locales pueden adquirir bienes y derechos por:

   1. A título oneroso, con el cumplimiento de la normativa de contratación. Se puede proceder a la adquisición directa cuando así lo requieran la peculiaridad de los bienes, las necesidades del servicio o las limitaciones del mercado inmobiliario, y en los supuestos de extrema urgencia.

   2. Por herencia, legado o donación. La aceptación de herencias por parte de los entes locales es siempre a beneficio del inventario. La adquisición de bienes a título lucrativo no está sujeta a ninguna restricción; no obstante, si la adquisición comporta la asunción de una condición, carga o gravamen oneroso, sólo se pueden aceptar cuando el valor del bien es superior al de sus cargas.

   3. Por ocupación.

   4. Por prescripción.

3. De acuerdo con los que establecen las Leyes, los Entes oe gobierno local pueden también adquirir bienes y derechos:

   1. Por sucesión administrativa.

   2. Por cesión obligatoria o interadministrativa.

   3. Por expropiación forzosa.

4. Por razones de utilidad pública, la Generalidad puede ceder bienes y derechos de su titularidad a los Entes de gobierno local, para el cumplimiento de sus finalidades.

   Artículo 232

   Para la alienación, gravamen o cesión de bienes patrimoniales, deben tenerse en cuenta las reglas siguientes:

   1. La alienación de bienes patrimoniales debe realizarse por licitación pública, salvo en los supuestos de permuta. Este trámite no es necesario en los casos de bienes muebles. Si el concurso resultase desierto, la Entidad puede alienar de forma directa, respetando el principio de publicidad.

   2. La alienación, gravamen o cesión de bienes debe ser acordada por el Pleno de la Entidad, el cual puede delegar esta potestad en la Comisión de Gobierno cuando la cuantía de los bienes no exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto.

      Page 421

   3. La cesión gratuita de bienes patrimoniales inmuebles sólo puede realizarse cuando el destinatario sea otra entidad pública, un órgano de gestión local, directa o indirecta, o una entidad privada sin ánimo de lucro, y con fines de utilidad pública o de interés social para el cumplimiento de los intereses de carácter local. El acuerdo de cesión debe determinar la finalidad concreta a que han de destinarse los bienes; si no se destinan al uso previsto en el plazo fijado, revierten automáticamente al patrimonio del Ente Local que ha hecho la cesión.

   4. Los bienes patrimoniales pueden ser cedidos en arrendamiento mediante los sistemas de concurso o subasta.

      Artículo 233

1. La utilización de bienes de dominio público destinados al uso público puede adoptar las siguientes modalidades:

   1. Uso común, general o especial, según el tipo de bienes de que se trate y las especiales circunstancias de peligrosidad, de intensidad de uso y otras similares.

   2. Uso privativo por la Administración o por los particulares.

2. Los bienes de uso común general están abiertos a la utilización por parte de todos, sin más limitaciones que el cumplimiento de las disposiciones generales y de las reglamentaciones de policía que establezcan las Entidades Locales.

3. La utilización de los bienes de uso común especial puede sujetarse a licencia, de acuerdo con las disposiciones, y teniendo en cuenta los actos de afectación y destino al uso público y la naturaleza de los bienes.

4. El uso privativo inherente a la afectación de los bienes queda sujeto a concesión administrativa. El uso privativo que no comporte transformación del dominio queda sujeto a licencia.

   Artículo 234

1. La extinción de los derechos de utilización, constituidos sobre los bienes de dominio público en virtud de licencia, concesión o cualquier otro título, y de las situaciones posesorias que hubiesen podido dar lugar se efectúa por los mismos Entes Locales, previo expediente con ausencia de los interesados, y con la indemnización correspondiente, cuando proceda en derecho.

2. No procede indemnización por el recate de bienes adscritos a las concesiones de servicios públicos cuando éstas se extingan por el transcurso del plazo fijado en las mismas o vigente en términos generales.

   Page 422

   Artículo 235

   La utilización de los bienes de dominio público afectados a un servicio público local se rige por lo que determinen las normas sobre los servicios locales y supletoriamente por las disposiciones sobre bienes.

   Artículo 236

1. Los bienes comunales se utilizan normalmente en régimen de explotación común o colectiva. Cuando este sistema no fuese posible, la utilización se rige por la costumbre, ordenanzas locales o, en defecto de éstas, por la adjudicación de lotes entre los vecinos.

2. Excepcionalmente, cuando no sea posible la utilización en la forma prevista en el apartado anterior, los bienes comunales se pueden arrendar o ceder en uso. La adjudicación debe hacerse por subasta pública.

3. Cuando los bienes comunales no hayan sido objeto de utilización durante más de un año, a pesar de que en alguno de ellos haya utilizaciones aisladas, puede alterarse su calificación jurídica, pasando a afectarse a un uso o servicio público, o a ser calificados de patrimoniales.

   Artículo 237

   Las Entidades Locales tienen respecto de sus bienes las siguientes prerrogativas:

   1. La de recuperar por sí mismas y en cualquier momento la posesión de sus bienes de dominio público. Igualmente pueden recuperar por esta vía los bienes patrimoniales en el plazo de un año, contado desde el día siguiente a la fecha en que se ha producido la ocupación; transcurrido este tiempo, sólo pueden recuperarlos por la vía jurisdiccional ordinaria. En el marco de este apartado, no se admiten interdictos contra las actuaciones de los Entes de gobierno local.

   2. Promover y ejecutar el deslindamiento entre los bienes locales y los particulares, cuando los límites sean imprecisos o se observen indicios de confiscación.

   3. La facultad para investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de titularidad local, cuando ésta no conste de forma explícita.

   Artículo 238

   Los procedimientos para ejercitar las facultades establecidas en el artículo anterior deben ajustarse a lo que disponga la legislación del Patrimonio del Estado. Corresponde al Pleno de la Entidad la resolución de los correspondientes expedientes.

   Page 423

   Artículo 239

   Los bienes del dominio público son inalenables, inembargables e imprescriptibles.

   Articulo 240

1. Ninguna autoridad judicial o administrativa puede dictar providencias o embargos, ni tramitar órdenes de ejecución contra los bienes y derechos que integran el patrimonio de los Entes Locales, ni contra sus rentas, frutos o productos.

2. El cumplimiento de las resoluciones que determinen obligaciones a cargo de los Entes Locales se rige por lo que disponga la legislación reguladora de las Haciendas Locales y supletoriamente por la Ley General de Presupuestaria.

   Artículo 241

   Ningún tipo de bien público de la titularidad de los Entes Locales puede estar sujeto a tributos de ninguna clase.

   Artículo 242

1. Las Entidades Locales han de hacer un inventario de sus bienes inmuebles y muebles, que comprende los bienes, los derechos y los valores mobiliarios.

2. Los inventarios de bienes de las Entidades Locales son objeto de actualización continuada y de comprobación cada vez que se renueven los órganos de gobierno de la Entidad.

3. Corresponde al Pleno de la Entidad la aprobación, rectificación y comprobación del inventario.

   Artículo 243

1. Las Entidades Locales, a través de sus servicios de patrimonio, deben inscribir sus bienes inmuebles y derechos reales en el Registro de la Propiedad.

2. Es suficiente para la inscripción la certificación que, en relación con el inventario de bienes de la Entidad, extienda su secretario, con el visto-bueno del alcalde o presidente.

3. Quedan exentos de obligación de inscripción los bienes de dominio público de uso común general.

   Page 424

4. Para la inscripción de bienes y derechos en el Registro de la Propiedad se aplica lo que dispone la legislación del Patrimonio del Estado y la legislación hipotecaria. En todo caso, en la inscripción debe hacerse constar la calificación de los bienes municipales. Para la inscripción del cambio de calificación es también suficiente la certificación del secretario de la Entidad.

5. Los registradores de la propiedad no pueden autorizar la inscripción de alienaciones de bienes locales cuya calificación sea de dominio público, excepto por mandato judicial.

   Artículo 244

1. Los bienes de titularidad de organismos autónomos locales se inscriben a nombre de los organismos correspondientes.

2. Los bienes de los entes Locales adscritos en uso a sus organismos autónomos no pueden inscribirse a nombre de éstos, pero la adscripción se hace constar en la inscripción.

Artículo 245

1. Las haciendas locales disponen de recursos suficientes para el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas, en el marco de esta y de otras Leyes.

2. Los recursos económicos de los Entes de gobierno local provienen de sus tributos propios y de participaciones en los Presupuestos Generales del Estado y en los Presupuestos de la Generalidad, así como de las otras fuentes previstas en las Leyes.

   Artículo 246

1. Las Entidades Locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos, de acuerdo con lo previsto en las Leyes reguladoras de las Haciendas Locales.

2. Las Entidades de gobierno local ejercen su potestad reglamentaria en materia tributaria a través de las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección, pudiendo dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de éstas.

3. Es competencia de las Entidades de gobierno local la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegacionesPage 425 que puedan hacer en favor de otras Entidades Locales o de la Generalidad, y de las fórmulas de colaboración con otras Entidades Locales, con la Generalidad o con el Estado. Las Entidades Locales, en el ejercicio de estas actividades, gozan de autonomía plena, en el marco de la legislación tributaria general.

   Artículo 247

   Los ingresos de los Entes Locales de Cataluña consistentes en participaciones en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas son percibidos a través de la Generalidad, que los distribuye de acuerro con los criterios legales que estén establéanos para las citadas participaciones.

   Artículo 248

1. Se crea el Fondo de Cooperación Local de la Generalidad de Cataluña, que se nutre de la participación que acuerden los Presupuestos en los ingresos de la Generalidad. El Fondo se estructura en un Fondo Municipal y un Fondo Comarcal, que cubre también las eventuales participaciones de las Áreas Metropolitanas.

2. La cantidad total del Fondo y la parte que corresponde a cada uno de sus Fondos específicos son determinadas anualmente por los Presupuestos de la Generalidad. Los mismos Presupuestos establecen los criterios de distribución de cada Subfondo entre las Entidades Locales respectivas; estos criterios deben atender, en cualquier caso, a los siguientes principios generales:

   1. Objetivos de solidaridad y equilibrio territorial.

   2. Déficits estructurales y coste de los servicios públicos que efectivamente gestione cada tipo de entidades.

   3. Esfuerzo fiscal de cada colectividad afectada. Este esfuerzo se computará en relación con la renta per cápita, y su cuantía será proporcional a la cantidad a recibir a cargo del Fondo.

   4. Población.

   5. En cualquier caso, se evitarán tratos discriminatorios, y se garantizará la objetividad en la distribución de los recursos del Fondo.

   Artículo 249

1. Corresponde a la Generalidad la tutela financiera sobre los Entes Locales, respetando la autonomía que les reconocen los artículos 140 y 142 de la Constitución.

2. A los efectos de lo que establece el apartado anterior, la tutela financiera se ejerce a nivel de estricto control de legalidad, sólo a los efectos de comprobar que determinadas operaciones financieras que realicen los EntesPage 426 de gobierno local reúnen los requisitos establecidos por la Ley. El ejercicio de la tutela financiera sólo es posible en los casos en que esté previsto expresamente por la Ley.

3. Las técnicas con que opera la tutela financiera son las siguientes: autorizar determinadas actuaciones de los Entes Locales en materia financiera, y tener conocimiento de los Presupuestos, Ordenanzas y Cuentas aprobados por los diferentes Entes Locales, a fin de impugnarlos jurisdiccionalmente, si pudiesen resultar ilegales.

4. La Generalidad de Cataluña no puede utilizar sus competencias en materia de tutela financiera para ejercer un control de oportunidades sobre la gestión económica de los Entes Locales. Los acuerdos de la Generalidad ejerciendo funciones de tutela financiera sobre los Entes de gobierno local son impugnables ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En cualquier caso, de no ejercer la Generalidad sus competencias, de tal manera que resultase paralizada por este motivo la adopción de determinados acuerdos, se aplicará el silencio administrativo, favorable a las pretensiones del Ente Local, y sin necesidad de denunciar la mora.

   Artículo 250

1. Las Entidades Locales aprueban anualmente un Presupuesto único, que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer, y de los derechos que se prevé realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide con el año natural, y está integrado por el de la propia Entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de ella.

2. La Administración del Estado determina con carácter general la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. La generalidad de Cataluña puede dictar determinaciones complementarias, de carácter general para los Entes Locales de Cataluña. Los Entes Locales deben ajustar sus Presupuestos a estas instrucciones, sin perjuicio de su presentación orgánica o por programas, si se da el caso.

3. Aprobado inicialmente el Presupuesto, debe exponerse al público durante el plazo que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales, al objeto de que los interesados puedan interponer reclamaciones. Una vez resueltas las reclamaciones que se hayan presentado, el Presupuesto definitivamente aprobado debe publicarse resumido en el Boletín Oficial de la Provincia y, entero, en el Diario Oficial de la Entidad, si lo tuviese.

4. La aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno de la Entidad debe hacerse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que ha de aplicarse. Si el Presupuesto no fuese aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedaría automáticamente prorrogada la vigencia del anterior.

   Page 427

   Artículo 251

1. Las Ordenanzas riscales reguladoras de los tributos locales entran en vigor simultáneamente con el presupuesto del ejercicio económico siguiente a su aprobación, salvo que ellas mismas dispongan otra fecha.

2. Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva Entidad Local, y se aplican de acuerdo con los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.

3. Los acuerdos de imposición de tributos y modificación de las Ordenanzas fiscales deben aprobarse y publicarse de acuerdo con lo que dispone esta Ley en relación con el régimen de adopción de acuerdos.

   Artículos 252

1. Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales se puede formular, ante el mismo organismo que los dictó, el correspondiente recurso de reposición, y contra la denegación expresa o tácita de recurso, podría interponerse recurso contencioso-administrativo.

2. Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de las Entidades Locales en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados pueden interponer directamente el recurso contencioso-administrativo. El Tribunal o, en su caso, la Sindicatura de Cuentas deben emitir informe cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

3. La interposición de los recursos previstos en este artículo, y también de los demás recursos que procedan contra actos o acuerdos locales de naturaleza económica, no supone por sí misma la suspensión del acto o acuerdo impugnado.

   Artículo 253

1. Corresponde al Pleno de la Entidad la declaración de la nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria.

2. En los demás casos, las Entidades Locales no pueden anular sus propios acuerdos declarativos de derechos, y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con la Ley de esta Jurisdicción.

   Page 428

   Artículo 254

1. Las deudas contraídas por las Entidades Locales no pueden ser exigidas por el procedimiento de apremio, a excepción de las aseguradas con garantía o hipoteca, no pudiendo ninguna autoridad ni tribunal librar mandato de ejecución ni dictar providencia de embargo contra bienes ni derechos de estas Entidades.

2. Aquellos créditos que sean a favor de las haciendas estatales o de la Generalidad pueden extinguirse por la vía de la compensación, en los términos que establece el artículo 109 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. Sólo son exigibles a las Entidades Locales las obligaciones de pago que resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos o las derivadas de sentencia judicial firme, a cuyo cumplimiento debe procederse inmediatamente, después de la notificación o conocimiento fehaciente de ésta.

4. Cuando el cumplimiento de resolución de autoridad o tribunal implique abono de cantidades para el cual no fuese posible aportar recursos por cualquiera de las vías presupuestarias normales, puede fraccionarse su pago hasta un máximo de cinco anualidades, consignándose en los respectivos presupuestos la deuda principal más los intereses de demora.

5. Las Entidades Locales están exentas de la presentación de cauciones, fianzas y depósitos ante los Tribunales de cualquier jurisdicción y organismo de la Administración.

6. Las actuaciones inspectoras de los diferentes organismos estatales y de la Generalidad competentes en relación con las Entidades Locales han de ponerse en conocimiento de sus presidentes mediante comunicación en la que, de manera razonada, se exponga su objeto. En caso de disconformidad con la inspección por parte de la Entidad, su realización debe ser decidida por el ministro o conseller de la Generalidad a quien corresponda.

   Articulo 255

1. Sólo por medio de una Ley se pueden establecer servicios que representen cargas económicas para las Entidades Locales, o determinar obligaciones que tengan por objeto costear o subvencionar atenciones a las restantes administraciones públicas.

2. Si en los procedimientos de aprobación de precios públicos los precios inicialmente aprobados por los Entes Locales son rebajados por la Comisión de Precios de Cataluña, de tal manera que resulte, por este motivo, alterado el equilibrio financiero de la prestación o servicio, la Generalidad debe disponer la transferencia de las competencias correspondientes.

   Page 429

   Artículo 256

   La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, la Generalidad, los organismos autónomos o cualquier otra entidad de derecho público tengan con las Entidades Locales, o a la inversa, puede acordarse por la vía de la compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.

   Artículos 257

1. Las Entidades Locales quedan sometidas al régimen de compatibilidad pública. La Administración del Estado establece, con carácter general, el plan de cuentas de las entidades locales.

2. La Generalidad puede desarollar las previsiones del Pían de cuentas general para las Entidades Locales de Cataluña. En cualquier caso, tomará las medidas necesarias para que los instrumentos contables de las Entidades Locales de Cataluña sean las más idóneas para la mayor eficiencia en la gestión pública, y para que la información contable proporcione tanto datos de control de los gastos como información sobre la eficiencia de los diversos servicios, órganos y programas de la actividad local.

   Artículo 258

   En cada una de las Entidades Locales previstas en esta Ley en la cual resulte obligatoria la constitución de la Comisión Especial de Cuentas, son de aplicación los preceptos siguientes:

   1. Es atribución de la Comisión Especial de Cuentas informar las cuentas municipales siguientes: Cuenta General de Presupuestos, Cuenta de Administración del Patrimonio, Cuenta de la Tesorería y Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto. Estas cuentas son preparadas y redactadas por la intervención y libradas a la Comisión antes del día 1 de junio de cada año.

   2. Asimismo, la Comisión Especial de Cuentas informa las cuentas correspondientes a los organismos desconcentrados, órganos autónomos y sociedades mercantiles dependientes de la Entidad, en la forma que esta misma establezca reglamentariamente.

   3. La Comisión Especial de Cuentas, si así lo acuerda el Pleno de la Entidad, o su Reglamento Orgánico, puede coincidir con la Comisión Informativa de Hacienda. En cualquier caso, debe estar integrada por representantes de todos los grupos políticos presentes en la Corporación, a menos que renuncien a ello.

   Articulo 259

   La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de lasPage 430 Entidades Locales corresponde al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, de acuerdo con sus legislaciones respectivas.

Artículo 260

El personal al servicio de las Entidades Locales está integrado por los funcionarios de carrera, los contratados en régimen de derecho laboral y el personal eventual que ocupe puestos de confianza o asesoramiento especial.

Artículo 261

1. Corresponde a cada Entidad la aprobación anual de una única plantilla de personal, conjuntamente con el presupuesto. La plantilla de personal alcanza todos los puestos de trabajo reservados al personal de la Entidad.

2. La plantilla responde a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y se establece de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan sobrepasar los límites que se fijen con carácter general por las normas de la Administración del Estado que sean directamente aplicables.

3. En el marco de los principios y limitaciones que se citan en este artículo, las Entidades Locales gozan de autonomía para crear, modificar o suprimir plazas y puestos de trabajo, siempre que no vulneren los derechos del personal con derecho a reserva de éstos.

4. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Entidad en el inicio de su mandato. Estas determinaciones sólo pueden modificarse conjuntamente con la aprobación de los presupuestos anuales.

   Artículo 262

1. Las Entidades Locales deben elaborar una relación de puestos de trabajo que existen en su organización, en los términos previstos en la legislación básica de la función pública, que agrupan, si procede, en forma orgánica, o por programas.

2. Las Entidades Locales deben constituir un registro de personal coordinado con los de las otras Administraciones públicas, de acuerdo con los requerimientos que se establecen en la legislación de la Administración del Estado. En ningún caso pueden incluírseles en nómina nuevas remuneracio-Page 431nes sin que previamente se haya comunicado al registro de personal correspondiente la resolución o acto por los que hayan sido reconocidas.

   Artículo 263

1. Además de lo que se ha citado en los artículos anteriores, se rigen por las normas emitidas por la Administración del Estado los siguientes aspectos de la función pública local:

   1. Los grupos de clasificación de los funcionarios locales, la descripción de los puestos de trabajo tipo, y las condiciones requeridas para su creación.

   2. Las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios, y también los títulos académicos necesarios o complementarios para tomar parte en las pruebas selectivas.

   3. Las normas básicas de la carrera administrativa, y la promoción de los funcionarios a los niveles superiores.

   4. Las normas generales de procedimiento para la cobertura de puestos de trabajo, que se hará por el sistema de concurso de méritos, excepto los puestos calificados por la corporación como de libre designación.

   5. La determinación de la estructura y los límites máximos y mínimos de las cuantías de las retribuciones de los funcionarios locales, y la determinación de éstas en los presupuestos locales.

   6. La determinación, en cómputo anual, de la jornada de trabajo de los funcionarios locales, y la determinación de las normas de equivalencia y reducción de jornada.

   7. La participación de los funcionarios locales, mediante sus organizaciones sindicales, en la determinación de sus condiciones laborales.

   8. La participación de las Entidades Locales en los concursos de traslado de los miembros de los cuerpos de habilitación nacional, y la determinación del régimen jurídico de éstos.

   9. El sistema de previsión social y de derechos pasivos de los funcionarios locales.

2. Se rigen por la normativa básica estatal y, en su caso, por el desarrollo reglamentario de la Generalidad, las siguientes materias:

   1. Los criterios para la emisión de la oferta de ocupación pública, y los sistemas de selección del personal local.

   2. La determinación de funciones públicas cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente al personal sometido al Estatuto funcionarial.

   3. La reglamentación de la mobilidad de los funcionarios locales a otras Administraciones Locales, o a la Administración de la Generalidad.

   4. La determinación de las situaciones de los funcionarios locales.

   5. La relación de faltas muy graves.

   6. La jubilación de los funcionarios locales.

      Page 432

   7. Los otros aspectos que sean expresamente declarados como básicos por la legislación de la Administración del Estado.

   8. Los derechos y deberes de los funcionarios locales son los que se establecen en la legislación de la Generalidad, respetando los que se determinan en la legislación básica del Estado.

3. Se rigen por la normativa de la Generalidad el resto de aspectos sustantivos del régimen de los funcionarios locales. La legislación de la Generalidad sobre la función pública local debe inspirarse en los principios de eficacia de la actuación pública, y la defensa de los derechos de los funcionarios. Asimismo, esta legislación debe respetar el ámbito de autonomía de las entidades locales para determinar las condiciones de trabajo, y los aspectos materiales del régimen de funcionarios que inciden en la organización local.

4. En el caso de ausencia de normativa de la Generalidad sobre la función pública local, son de aplicación las normas de la legislación de los funcionarios de la Generalidad o de la Administración del Estado, excepto cuando se trate de aspectos que afectan a la autoorganización local, que deben ser resueltos por la misma Corporación.

   Artículo 264

1. El sistema de selección del personal local y las bases que la rigen son determinados por las Entidades Locales en el marco de lo que se establece en la legislación, y teniendo en cuenta la correspondencia entre el tipo de pruebas y el puesto de trabajo a cubrir, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas, psicotécnicas o cursos de selección adecuados.

2. La selección del personal local puede ser delegada por los Entes Locales en la Escuela de Administración Pública de Cataluña. En este caso, los Entes Locales pueden dictar instrucciones o requerimientos específicos para la selección.

3. El nombramiento del personal seleccionado corresponde en todo caso al alcalde o presidente de la Entidad.

   Artículo 265

   Las convocatorias para el acceso a la función pública local son siempre libres. No obstante, se puede reservar, previo informe del Comité de Personal de la Entidad, hasta un 50 por ciento de las plazas a cubrir para la promoción interna. Corresponde a cada Entidad la determinación del número de plazas reservadas para la promoción.

   Artículo 266

   La formación y reciclaje del personal local pueden ser llevados a caboPage 433 por la misma Entidad en que prestan los servicios, por la Escuela de Administración Pública de Cataluña, por las instituciones que con esta finalidad acuerden crear las entidades asociativas de los Entes locales, o por otras instituciones públicas o privadas. Los títulos correspondientes a los cursos de formación y reciclaje pueden ser incluidos como mérito o condición para la promoción interna y cobertura de puestos de trabajo.

   Artículo 267

   El régimen sancionador de los funcionarios locales es el que establece la Generalidad de Cataluña. Son principios rectores de este régimen tanto los de celeridad, economía procesal y eficacia, como los de presunción de inocencia, audiencia y defensa de los inculpados.

   Artículo 268

1. En los supuestos en que los trabajadores locales ejerzan el derecho de huelga, deben anunciarlo con una antelación mínima de diez días a la Entidad afectada y a la Dirección General de Administración Local de la Conselleria de Gobernación, que citará a las partes para ejercer las funciones de mediación. Asimismo, ambas partes pueden someter voluntariamente el conflicto al arbitraje de la citada Dirección General, cuya resolución es vinculante.

2. Una vez anunciada una huelga de personal local, las Entidades afectadas disponen, con una antelación suficiente, los servicios mínimos que el personal debe atender. La determinación de los servicios mínimos debe respetar necesariamente una atención suficiente a los servicios públicos esenciales, y también la efectividad material del derecho de huelga.

Artículo 269

1. Para el cumplimiento de las finalidades que tienen encomendadas, las Entidades Locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos a través de:

   1. Ordenanzas y bandos que regulen relaciones jurídico-privadas yPage 434 atribuyan a la Administración potestades para garantizar la efectividad de estas relaciones.

   2. Sometimiento a licencias previas y actos de control preventivo.

   3. órdenes individuales de mandato para la ejecución de un acto o para su prohibición.

2. Ninguna de estas medidas de intervención puede contener preceptos contrarios a las Leyes.

   Artículo 270

   La intervención de los Entes Locales en la actividad privada debe ajustarse a los principios siguientes;

   1. Igualdad de trato, y quedan prohibidas las medidas discriminatorias.

   2. El contenido de las medidas de intervención debe ser congruente y proporcional con los motivos e incluso justificarlas.

   3. De entre diversas medidas de intervención legalmente posibles, las Entidades Locales deben escoger las medidas menos restrictivas para la libertad o los derechos individuales.

Artículo 271

1. Los entes de gobierno local tienen plena autonomía para otorgar subvenciones y otros ajustes en favor de entidades públicas o privadas y de particulares que realicen actividades que complementen o suplan las actividades propias de las competencias locales, o colaboren en su ejercicio.

2. También pueden otorgarse ajustes a entidades públicas o privadas y a particulares que realicen actividades que coincidan con las finalidades de interés público de los Entes de gobierno local.

   Artículo 272

1. La actividad local de fomento debe ejercerse de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, y con plena adecuación a la legalidad presupuestaria.

2. Los Entes de gobierno local deben comprobar la efectiva aplicación de las cantidades otorgadas a las finalidades previstas.

   Page 435

   Artículo 273

   Las subvenciones pueden ser:

   1. Interadministrativas, o concedidas a otros entes públicos, de acuerdo con las normas que regulan las relaciones ínter administrativas.

   2. Destinadas a entidades privadas o a particulares que realicen actividades complementarias, coincidentes o suplementarias de las propias de las competencias locales.

   3. Subvenciones destinadas a gestores indirectos de servicios públicos locales.

   4. Destinadas a estimular y facilitar el desarrollo económico local.

      Artículo 274

      En el otorgamiento de subvenciones a entidades privadas y a particulares rigen los siguientes principios:

   1. Tienen carácter voluntario y eventual, excepto que por Ley se disponga lo contrario.

   2. Pueden ser renovables, salvo acuerdo en contrario.

   3. No son invocables como precedente del otorgamiento de nuevas ayudas.

   4. En su cómputo no pueden superar el porcentaje que se establezca en la normativa presupuestaria.

   5. Tienen como límite el cincuenta por ciento del coste de la actividad subvencionada.

      Artículo 275

1. La acción concertada puede tener la consideración de medida de fomento de las actividades sociales o económicas que se valoren de interés público.

2. Asimismo, los Entes Locales pueden utilizar cualquier otra técnica de fomento con la finalidad de incentivar el desarrollo de las actividades sociales o económicas, incluida la cesación de inmuebles o la articulación de bonificaciones fiscales. En su caso, estas técnicas se llevan a cabo ordinariamente previa licitación pública.

   Page 436

Artículo 307

1. El ejercicio por los particulares de actividades de interés público o servicios públicos impropios queda sujeto a la ordenación del sector, de acuerdo con la legislación sectorial correspondiente y, en su marco, sujeto a las medidas de intervención administrativa que correspondan a la planificación.

2. En el ámbito local, los Entes de gobierno local pueden intervenir estas actividades por medio de un régimen reglamentado de Ucencias y autorizaciones administrativas y de un régimen sancionador.

   Artículo 308

1. Las Entidades Locales pueden sujetar a los respectivos ciudadanos al deber de obtener previa licencia o autorización, en los supuestos previstos en las Leyes.

2. Para el otorgamiento de las autorizaciones o licencias se deben respetar y aplicar los principios de igualdad y de libre concurrencia. El otorgamiento de licencias no es discrecional y queda sometido al principio de legalidad y al principio constitucional de libertad de empresa, sin perjuicio de las limitaciones que se derivan de las Leyes, planeamiento y ordenanzas locales aplicables.

   Artículo 309

1. Las Ordenanzas y bandos que dicten las Entidades Locales pueden establecer regímenes sancionador.es en los límites que se contemplen en las Leyes sectoriales correspondientes.

2. Corresponde al presidente de la Entidad el ejercicio de las facultades sancionador as, salvo que por Ley se otorgue a otro órgano de la Entidad.

   Articulo 310

1. En el supuesto de que la Ley no establezca un régimen sancionador específico, los presidentes de las Entidades Locales pueden imponer multas por infracción de ordenanzas y bandos hasta de doscientas cincuenta mil pesetas.

   Page 446

2. Las multas impuestas por infracción de ordenanzas y reglamentos son inmediatamente ejecutivas.

3. En defecto de pago voluntario, se utilizan los procedimientos administrativo o judicial de apremio sobre el patrimonio del deudor.

   Artículo 311

   Por razón de interés público local, las Entidades pueden realizar expropiaciones en los supuestos autorizados por las Leyes.

   Artículo 312

1. La normativa aplicable en materia de expropiación forzosa es la legislación del Estado y de la Generalidad de Cataluña, en los términos establecidos en el artículo 149.1.18 de la Constitución.

2. Las Ordenanzas y Reglamentos de cada Entidad Local pueden establecer las especificidades propias de la Entidad.

3. Las expropiaciones que se reah'zan por causas urbanísticas deben ajustarse a lo que establece la legislación urbanística del Estado y de la Generalidad.

   Artículo 313

1. El ejercicio de actividades que hayan sido asumidas por los Entes Locales, en calidad de servicios reservados, y mediante el oportuno expediente, comporta inherente la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectados a la actividad o servicio público.

2. Cuando los expedientes a que se refiere el apartado anterior afecten a empresas de servicios públicos que gozan de concesiones locales anteriores las Entidades Locales pueden expropiar la concesión.

   Artículo 314

   Se puede ejercer la iniciativa local en el desarrollo de actividades económicas en los siguientes casos:

   1. Cuando la oferta privada o, en su caso, los servicios públicos no aseguren el suficiente abastecimiento de las necesidades locales.

   2. En los casos en que el mercado quede controlado por ofertas monopolísticas, o se produzcan conciertos que limiten la libre competencia, con perjuicio de consumidores y usuarios.

   3. Por las actividades de fomento, apoyo o relanzamiento de sectores económicos privados.

      Page 447

   4. Por el saneamiento de empresas que presten servicios de interés público local, cuando exista peligro grave y fundamentado de quiebra.

   5. Actividades similares de interés público, dentro de los límites territoriales de la respectiva Entidad.

      Artículo 315

1. El ejercicio de servicios de contenido económico por los Entes de gobierno local exige expediente previo de publicación, en el nivel que corresponda, en el cual debe acreditarse la conveniencia u oportunidad de la iniciativa pública.

2. El acuerdo inicial de la Entidad designa una Comisión de estudio, compuesta por consejeros y por personal técnico.

3. La memoria que, elaborada por la Comisión, ha de servir de base para la resolución del Expediente debe prever necesariamente:

   1. Situación actual del servicio o actividad y soluciones organizativas posibles.

   2. Concreción de mayores ventajas respecto a la iniciativa privada.

   3. Aspectos financieros, técnicos y jurídicos de la gestión del servicio, y sistema de administración.

4. Cuando el ejercicio de la actividad se realice en régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva corresponde al Pleno de la Entidad, que debe determinar la forma concreta de gestión de los servicios.

5. El ejercicio de actividades en régimen de monopolio requiere la aprobación definitiva del Consejo Ejecutivo de la Generalidad.

   Artículo 316

1. Los servicios o las actividades esenciales de los Entes Locales que, en el ámbito de sus competencias, les hayan sido reservados por Ley o tengan carácter obligatorio pueden ejercerse sin necesidad del expediente a que se refiere el artículo anterior.

2. Para el ejercicio de los servicios o las actividades reservadas, se puede utilizar cualquiera de las formas de gestión.

3. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales para las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de gas y calefacción; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros; servicio mortuorio; gestión y disciplina urbanística en general; señalización y alumbrado de las vías urbanas; protección y control del medio ambiente; servicios de protección del consumidor; servicios sociales de base.

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Artículo 317

Los Entes de gobierno local pueden concertar los contratos, pactos o condiciones que consideren adecuados, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deben cumplirlos de acuerdo con su contenido, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, si procede, en favor de los Entes Locales.

Artículo 318

Los contratos que celebren los Entes de gobierno local se rigen por las normas siguientes:

1. Por la legislación básica del Estado.

2. Por esta Ley, de la cual es supletoria la legislación sobre contratos de la Generalidad.

3. Por las ordenanzas de cada Ente Local.

4. Por las normas del derecho civil.

   Artículo 319

   1. El objeto de los contratos debe ser determinado , y debe justificarse en el expediente de contratación su necesidad para las finalidades del servicio u obra pública correspondiente. El expediente debe incluir también el presupuesto de gastos.

   2. Los contratos deben tener un precio cierto, que se abona al contratista en función de la prestación efectuada, y de acuerdo con los que se ha ya convenido.

   3. Los contratos se realizan de acuerdo con los principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas legalmente. Se perfeccionan cuando los aprueba el órgano de contratación correspondiente.

      Artículo 320

   1. Los contratos de ejecución de obras, gestión de servicios y suministros tienen carácter administrativo y se rigen por las normas presentes.

      2, Los otros contratos de contenido patrimonial que celebren los Entes Locales tienen carácter administrativo cuando:

1. Así lo determine una Ley.

   Page 449

2. Estén directamente vinculados al desarrollo regular de un servicio público.

3. Requieran una especial tutela del interés público para el desarrollo de su contenido.

   3. Estos contratos se rigen por sus normas administrativas especiales y, si no las hay, por analogía, por las normas generales sobre contratación de los Entes Locales.

   4. Los contratos administrativos de los Entes Locales se rigen supletoriamente por las otras normas del derecho administrativo y, si no las hay, por las normas del derecho privado.

      Artículo 321

   1. Los contratos que no tengan naturaleza administrativa se rigen:

1. Por lo que respecta a su preparación y adjudicación, por sus normas administrativas especiales y, si no las hay, por las disposiciones sobre preparación y adjudicación de los contratos de obras, gestión de servicios y suministros, que se aplican por analogía con la figura contractual de que se trate.

2. Por lo que respecta a sus efectos y extinción, por las normas del derecho privado que les sean aplicables en cada caso, a falta de sus normas especiales, si las hubiese.

   2. No tienen naturaleza administrativa los contratos celebrados por los entes autónomos de carácter económico dependientes de los Entes Locales.

   Artículo 322

   Son causas de incapacidad o de incompatibilidad para contratar con los Entes de gobierno local las que determine la legislación básica del Estado y, si procede, las que establezcan la legislación de contratos de la Generalidad y los Reglamentos sobre contratación local.

   Artículo 323

   Las atribuciones de los órganos de gobierno de las Entidades Locales en materia de contratación se rigen por las normas siguientes:

1. Es atribución del presidente la contratación de obras, servicios y suministros cuando su cuantía no exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni del cincuenta por ciento del límite general aplicable a la contratación directa.

2. Es atribución de la Comisión de Gobierno, o del presidente si ésta no existe, la contratación de obras que se adjudiquen mediante el sistema dePage 450 subasta, y las de contratación directa hasta la cifra máxima que determine el Pleno de cada Entidad. Los contratos de suministro y de gestión de servicios son también competencia de la Comisión de Gobierno, o del presidente si ésta no existe, salvo en aquellos supuestos en que la ordenación exige una mayoría calificada, con excepción de los previstos en el apartado anterior.

3. Es atribución del Pleno de la Entidad la contratación de obras públicas por el sistema de contratación directa, cuando superen la cifra máxima señalada como límite de las atribuciones del .presidente o de la Comisión de Gobierno, y los que le correspondan por el hecho de disponerlo las Leyes.

   Artículo 324

   1. El órgano competente para contratar tiene también la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimíeno, y las otras incidencias y actos de tramitación. Igualmente, por razón de interés público, puede modificar los contratos y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos establecidos legalmente.

   2. Las facultades establecidas en el número anterior se entienden sin perjuicio de la preceptiva audiencia del contratista y de las responsabilidades e indemnizaciones a que haya tugar.

   3. Los acuerdos que dicte el órgano competente para la interpretación, modificación y resolución de los contratos son inmediatamente ejecutivos y contra ellos se puede interponer recurso contencioso-administrativo.

      Artículo 325

   1. Los expedientes de contratación pueden ser:

1. De tramitación ordinaria.

2. De tramitación urgente, para las obras, suministros o adquisiciones que tengan este carácter.

3. De régimen excepcional, para las obras, servicios, suministros o adquisiciones de emergencia.

   2. Pueden ser objeto de tramitación urgente los expedientes que se refieran a obras, servicios, suministros o adquisiciones de reconocida o inaplazable necesidad, o la adquisición que convenga acelerar por razones de interés público. La declaración de urgencia corresponde al Pleno de la Entidad, y los expedientes así calificados siguen el trámite abreviado que prevé la legislación de contratos que sea aplicable.

   3. Los presidentes de las Entidades Locales ejercen las facultades excepcionales en materia de contratación que sean necesarios, cuando las Entidades locales hayan de realizar obras, servicios, adquisiciones o suministrosPage 451 de emergencia, a causa de hechos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro, o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública. En todo caso, deben dar cuenta al Pleno de la Entidad en la primera sesión que celebre.

      Artículo 326

   1. El acuerdo aprobatorio del expediente de contratación y de apertura del procedimiento de adjudicación comprende también la aprobación del pliego de cláusulas económico-administrativas.

   2. Los pliegos de condiciones de los contratos pueden contener cláusulas administrativas particulares o cláusulas administrativas generales.

   3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben ser aprobados antes de la perfección y, si procede, de la licitación del contrato, e incluyen los pactos y condiciones específicos, definidores de los derechos y de las obligaciones que asuman las partes contratantes. La aprobación de los pliegos corresponden al órgano competente para contratar. Después de aprobados, deben exponerse al público durante un plazo de ocho días, y anunciarse así en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, a fin de que puedan presentarse alegaciones o reclamaciones.

   4. Los Entes Locales deben establecer cláusulas administrativas generales, en las cuales se contierien las típicas a que debe acomodarse el contenido de los contratos. Determinan las declaraciones y condiciones jurídicas, económicas y administrativas que son de aplicación en los contratos de objeto análogo. Los pliegos de cláusulas administrativas generales son aprobados por el Pleno, de acuerdo con el procedimiento establecido para las ordenanzas locales.

   5. Los pliegos de condiciones deben prever los aspectos siguientes:

1. La ejecución del contrato y sus incidencias.

2. Derechos y obligaciones de las partes y régimen económico.

3. Modificaciones del contrato, supuestos y límites.

4. Causas de resolución del contrato.

5. Conclusión del contrato, recepciones, plazo de garantía y liquidación.

   Artículo 327

   Con anterioridad a la perfección o, si procede, licitación del contrato, deben elaborarse los pliegos de prescripción administrativas particulares, que han de regir la ejecución de la prestación, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada contrato. La aprobación de los pliegos corresponde al órgano competente para contratar.

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   Artículo 328

   1. Las formas de adjudicación de los contratos son las siguientes:

1. Subasta.

2. Concurso.

3. Contratación directa.

   2. Cuando se trate de obras, se aplicará, con carácter general, el sistema de subasta.

   3. Los contratos de gestión de servicios públicos y los de adquisiciones o suministros deben adjudicarse ordinariamente mediante el procedimiento de concurso.

   4. El procedimiento de licitación de las subastas puede ser abierto o restringido. En el primer caso, todos los empresarios pueden participar; en el segundo, sólo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados previamente por la Administración. El régimen que rige el procedimiento restringido es el que se establece en la legislación básica del Estado, y, en su caso, en la de la Generalidad.

      Artículo 329

   1. Se celebran por concurso los contratos de obras siguientes:

1. Aquellos en los que no sea posible la fijación definitiva de un presupuesto definitivo.

2. Los que se refieran a la ejecución de obras cuyos proyectos o prescripciones técnicas no hayan podido ser establecidos previamente por la entidad local, y cuyos presupuestos hayan de ser presentados por Hcitadores.

3. Cuando el Ente Local considere que el proyecto aprobado es susceptible de ser mejorado por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores.

4. Aquellos para cuya realización el Ente Local facilite materiales o medios auxiliares, cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas.

5. Los relativos a obras de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja o exija, por su naturaleza, garantías o condiciones especiales por parte de los contratistas.

   2. Si el Ente Local considera conveniente en los supuestos anteriores la admisión de los lidiadores previa al concurso, se procede al llamado concurso restringido.

      Artículo 330

   1. La contratación directa sólo puede ser acordada en los siguientes supuestos:

      Page 453

1. Aquellos en que no sea posible promover concurrencia en la oferta por tratarse de productos amparados por patentes o que constituyan modelo limitado o de cosas de las cuales sólo haya un solo producto o poseedor.

2. Los de adquisición de productos comprendidos en algunos de los monopolios del Estado o de artículos sometidos a tasa o restricción de consumo, respecto de los cuales no sea posible, por dichas circunstancias, promover licitación.

3. Los de reconocida urgencia, como consecuencia de necesidades patentes que exijan una inmediata ejecución, siempre que no se pueda obtener mediante la tramitación urgente prevista en la Ley. En estos casos, es necesaria la justificación razonada, que debe constar en el expediente.

4. Aquellos cuya cuantía no exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, y siempre que en ningún caso se supere el límite general establecido para la contratación directa en las normas básicas aplicables a todas las Administraciones públicas.

5. Las obras que se declaren de notorio carácter artístico, de acuerdo con el informe de la Administración competente,

6. Los que no lleguen a adjudicarse por falta de licitadores, porque las proposiciones presentadas no hayan sido declaradas admisibles o porque, una vez adjudicadas, el contratista no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato. En todos estos casos, el contrato deberá realizarse con sujeción a las mismas condiciones y precios a los anunciados, salvo que la entidad acuerde hacer de nuevo licitación que corresponda.

7. Los que tengan por finalidad continuar la ejecución de obras cuyos contratos hayan sido resueltos, y siempre que se cumplan los requisitos del apartado anterior. Lo que disponen estos apartados es sin perjuicio de lo que establece el c) anterior.

8. Los otros supuestos que se determinan en la legislación sobre contratación administrativa.

   2. A excepción de los supuestos establecidos en los anteriores apartados a) y b), el órgano de contratación debe consultar, antes de realizar la adjudicación, a tres empresas, al menos, si esto es posible, que estén capacitadas para la ejecución de las obras, y fijar con la seleccionada el precio justo del contrato, dejando constancia de ello en el expediente.

      Artículo 331

      Los Entes Locales pueden ejecutar directamente por administración las obras en que concurran alguna de las circunstancias establecidas en la legislación de contratos, sin perjuicio de las limitaciones que reglamentariamente se dispongan, teniendo en cuenta las características del Ente y de las obras a realizar.

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      Artículo 332

   1. En la adjudicación de los contratos mediante subasta o concurso podrá establecerse un trámite de admisión previa, por el cual la Administración, con anterioridad a la consideración de las proposiciones de los licitadores, excluirá aquellos que no cumplan los requerimientos previstos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

   2. A estos efectos, el órgano de contratación establecerá en el citado pliego los criterios objetivos que deben regular la admisión previa. Los documentos justificativos que se exigen para la citada admisión se acompañarán en sobre independiente a la proposición.

   3. A la vista de los documentos justificativos, el órgano de contratación resolverá sobre la admisión previa de los empresarios en la subasta. El presidente de la Mesa de Contratación, en el acto público de adjudicación provisional, notificará el resultado de la admisión a los licitadores y, a continuación, la Mesa acordará la adjudicación provisional al mejor postor, entre los admitidos.

      Artículo 333

   1. Las subastas, los concursos y los concursos-subasta deben anunciarse en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña o en el Boletín Oficial de la Provincia y, si procede, en el Boletín Oficial del Estado.

   2. El anuncio debe publicarse con veinte días de antelación al vencimiento del plazo para la presentación de proposiciones, y debe expresarse:

1. El plazo y las horas en que deben presentarse las proposiciones.

2. Lugar, día y hora en que haya de celebrarse la licitación.

3. El modelo de proposición, extracto de los pliegos de condiciones, fianza provisional y fianza definitiva.

   3. Asimismo, se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas las subastas y los concursos que superen la cifra que se fije por la Administración del Estado.

   Artículo 334

   En las subastas, el anuncio de licitación debe expresarse sucintamente:

1. Objeto y tipo de encuesta.

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista para su iniciación.

3. Lugar donde estén expuestos el proyecto, el pliego de cláusulas administrativas y particulares y el resto de documentos que convenga conocer para la mejor comprensión del contrato.

4. Fianza provisional que se exija a los licitadores.

5. Referencia al modelo de proposición.

   Page 455

6. Plazo y lugares para la presentación de las proposiciones y día, hora y lugar en que haya de celebrarse la licitación.

7. Documentos que hayan de presentar los lidiadores.

   Artículo 335

   1. El acto de abertura de las plicas lo realiza la Mesa de Contratación, que estará integrada por:

1. El presidente o consejero en que delegue.

2. Un máximo de dos consejeros, nombrados por el presidente.

3. El Secretario de la Entidad, o funcionario en que delegue.

   2. La Mesa de Contratación acuerda la adjudicación provisional del contrato al mejor postor. Los licitadores asistentes al acto pueden formular reclamaciones y reservas.

      Artículo 336

   1. La aprobación o adjudicación definitiva por el órgano competente perfecciona el contrato de obras tramitado mediante subasta.

   2. La adjudicación definitiva debe confirmar la provisional, salvo en los supuestos siguientes:

1. Cuando la Mesa de Contratación haya realizado la adjudicación provisional con infracción del ordenamiento jurídico, previo informe en este sentido.

2. Cuando se presuma fundamentalmente, previo informe técnico, que la proposición ganadora no puede ser normalmente cumplida, a causa de bajas desproporcionadas o temerarias.

   Artículo 337

   1. En los pliegos de cláusula de los concursos deben precisarse los criterios básicos que deben tenerse en cuenta para realizar la adjudicación del contrato, como el precio, el plazo de ejecución, los costes de utilización, la rentabilidad, el valor técnico, u otros parecidos.

   2. Los licitadores pueden introducir en sus proposiciones aquellas modificaciones que consideren más adecuadas para la realización del objeto del contrato, dentro de los límites que señale expresamente el pliego de cláusulas admnistrativas.

   3. La Mesa de Contratación procede a la abertura de las proposiciones presentadas y las eleva, juntamente con el acta y las observaciones que considere adecuadas, al órgano que debe realizar la adjudicados del contrato.

   4. El órgano competente puede optar entre adjudicar el contrato a laPage 456 proposición más ventajosa, sin atender necesariamente a su valor económico, o declarar desierto el concurso.

      Artículo 338

   1. La adjudicación del contrato, cualquiera que sea el procedimiento seguido, debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, o en el Boletín Oficial de la Provincia o, si procede, en el Boletín Oficial del Estado.

   2. Quedan exceptuados de esta obligación de publicación los contratos cuyo importe sea inferior a la cifra que reglamentariamente se establezca.

   3. La adjudicación se notifica directamente al adjudicatario. Los restantes licitadores son notificados si no se publica la adjudicación.

      Artículo 339

      El documento de formalización administrativa o notarial debe contener los requisitos generales que se establecen reglamentariamente. En el documento se une como anexo un ejemplar del pliego de ciásulas administrativas particulares, firmado por el adjudicatario, y que se archiva y, si procede, se protocolariza.

      Artículo 340

   1. Para poder participar en las subastas o concursos, los licitadores deberán cumplir los requerimientos señalados en la legislación básica del Estado, y deben quedar inscritos en el correspondiente registro de contratistas en los casos en que proceda.

   2. Asimismo, los licitadores deben consignar previamente una fianza, que se devuelve después de la adjudicación provisional del contrato salvo la del adjudicatario, que es retenida hasta la formalización del contrato.

   3. Los adjudicatarios están obligados a constituir una fianza definitiva que debe responder de todos los conceptos y consecuencias que se deriven del incumplimiento de las condiciones contractuales.

   4. No se exige fianza en los contratos de suministro cuya naturaleza o condiciones no requieran las prestación de garantías, ni cuando se garantice el contrato de acuerdo con las prácticas comerciales internacionales, en el supuesto de que la empresa suministradora sea extranjera.

   5. Las fianzas deben depositarse de la Entidad contratante.

   6. Se admite el aval como medio de garantía para constituir la fianza definitiva del contratista.

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      Artículo 341

      En aquellas Entidades en las que la importancia de los suministros lo justifique, se puede constituir una Junta de Compras. El acuerdo de constitución debe adoptarlo el Pleno, el cual determina también su composición.

      Artículo 342

   1. La adquisición de bienes en general y también de valores mobiliarios se lleva a cabo ordinariamente por el sistema de concurso, excepto en el caso en que se dé alguno de los supuestos de contratación directa.

   2. Para determinar el órgano competente para adquirir bienes y valores mobiliarios se siguen las reglas generales aplicables en materia de contratación.