Prólogo
| Autor | Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra |
| Páginas | 9-15 |
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No corren buenos tiempos para Europa. La amenaza de “desintegración” de la Europa política y democrática está cada vez más presente, y con ella la Europa social, de manera que resulta patente la “deconstrucción” de su imagen como un espacio de libertad que permitía hablar de una cierta condición de ciudadanía común a todos los que componían la Unión. Como ha escrito recientemente Joaquín Aparicio, “La Unión Europea fue el resultado de una construcción racional de un sueño, entendido como ilusión, que quería ver un continente, desgarrado por dos espantosas guerras en el siglo XX, vivir en paz mediante la construcción de una convivencia entre los pueblos de Europa occidental basada en los valores democráticos a los que los derechos sociales daban una nueva dimensión constituyéndose como su baricentro. Unos derechos que habían sido ignorados en las décadas anteriores produciendo miseria y exclusión social de amplias capas de la población europea, en especial la constituida por los trabajadores, que reaccionaron rebelándose contra aquel orden tan injusto. La “unión más estrecha” entre los pueblos de los distintos Estados, en tanto no tome forma un pueblo europeo, un demos, tenía que irse consiguiendo, en la idea original de los padres fundadores, no solo mediante el desarrollo económico, sino también “a través de la igualdad de todos nuestros derechos fundamentales, sean los derechos de libertad o los sociales”. Pero es un sueño que hoy se nos antoja muy lejano, a partir del rumbo que ha seguido la Unión Europea tras la irrupción de la gran crisis en el 2008.
En efecto, la gestión de la crisis a través de un directorio económicofinanciero con poderes de excepción que persigue la demolición progresiva de los marcos nacionales de garantía de los derechos sociales incluso al punto de modificar las constituciones de los mismos, ha conseguido que se implantara en los ordenamientos internos de las naciones europeas una consideración del campo de los derechos como un obstáculo a la recuperación económica. Las libertades europeas ya son sólo las libertades de empresa y de circulación del capital, y la ciudadanía europea sucumbe frente a estas políticas de austeridad que
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llevan aparejada la inaplicación selectiva de determinados derechos fundamentales de carácter colectivo y social. El principio de igualdad de trato y la libre circulación de personas ha sido por último negada con la crisis de los refugiados y el Brexit británico, con inquietantes consecuencias posibles en las sucesivas citas electorales de este año 2017.
En esa excepcionalidad económica, se transfiere la autoridad sobre el presupuesto económico de un país y por tanto sobre las decisiones fundamentales en materia de gastos y de ingresos, de un nivel relativamente democrático –el nacional estatal– a instituciones europeas intergubernamentales –como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE)– creando un nuevo modelo de intervención sobre las decisiones de gobierno que expropian de alguna manera la soberanía nacional de éstas, puesto que imponen unas políticas –las que realizan las “reformas de estructura” sobre la base de la llamada austeridad– a cambio de permitir la solvencia y liquidez financiera del Estado. La administración de estos procesos se lleva a cabo a través de nuevos instrumentos institucionales, como el MEE, gestionados por principios claramente oligárquicos, al servicio por otra parte de las instituciones financieras más fuertes. Son los mercados financieros y los mayores bancos los directos beneficiados por las políticas de recorte que satisfacen los intereses de los “acreedores” –esencialmente los bancos– en el marco de la financiarización internacional, y estos intereses resultan más vitales e importantes que los...
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